Angel Santiago Salinas Reyes
Expediente 1227/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1227/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angel Santiago Salinas Reyes
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, informa la literalidad del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado dentro del amparo en revisión 248/2022, en el que se advierte que, el órgano jurisdiccional de su adscripción, declaró firme el diverso auto de trece de julio de dos mil veintidós, por el que dicho tribunal revisor tuvo por no interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la Secretaria Municipal de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y la Titular de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Cuautla, Morelos; ello, en virtud de que no acreditaron la personalidad con la que se ostentaron. Ejecutoria. En otro aspecto, visto el estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que ninguna de las demás partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y glósese el cuaderno original del incidente de suspensión con antelación al presente auto. Requerimiento. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la persona Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautla, Morelos, para que dentro del plazo de diez días, contado a partir de la notificación del presente auto, cumpla con la ejecutoria de amparo, la cual se concedió para el efecto de que: "1. Que la autoridad responsable Director o Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuautla, Morelos, deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad de quince de enero de dos mil veinte, dictado en el expediente ***********; 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción y conforme a los lineamientos esta sentencia, emita uno nuevo en el que, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre la actualización o no de la prescripción, conforme las directrices establecidas por este Juzgado de Distrito en la presente sentencia; 3. De determinar que ésta no se actualiza, establezca de igual forma fundada y motivadamente, cuál es la hipótesis normativa en la que se encuadrará la conducta desplegada por el quejoso; así como los motivos por los cuales debe considerarse que el Teniente Juan Carlos Pérez Santiago, Encargado del Despacho de la Policía Estatal de Morelos en el Municipio de Cuautla, es el superior jerárquico del aquí quejoso; y, 4. Hecho lo anterior, proceda conforme a derecho corresponda.". Con el apercibimiento de que, para el caso de desacato a dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se aplicará una medida de apremio consistente en una multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, por lo que debe evitarse realizar gestiones o actuaciones tendientes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, es decir, deberán cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Apoya a la anterior determinación, la tesis P./J. 56/2014 (10a.), con el registro digital 2007915, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones de la Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, así autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós; quien actúa asistido de Marco Antonio García Cortez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Guadalupe Lizbeth Reyes Castro, quien refiere acudir en representación de su hijo de identidad reservada con iniciales A.S.S.R., en contra de actos que atribuye al Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos, y otra autoridad. En primer término, se precisa que es insuficiente la documental con que Guadalupe Lizbeth Reyes Castro pretende acreditar la representación con que se ostenta, en razón de que la constancias relativa al acta de nacimiento que exhibe al efecto, está en copia simple y ello no constituye el documento idóneo para acreditar tal circunstancia. No obstante este juzgado prescinde de realizar la prevención correspondiente -para que la promovente acredite adecuadamente su personalidad-, en razón de que aún subsanando tal deficiencia no cambiaría la causa de improcedencia manifiesta para desechar la demanda de amparo; lo que se realiza a efecto de garantizar el derecho humano a que se imparta una justicia pronta y expedita, en términos de los artículos 1 y 17 constitucionales. En esas condiciones, se provee con relación a la demanda de amparo como se precisa a continuación. 1).- Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada, tanto con el artículo 1o., fracción I, y último párrafo, como con la fracción II del numeral 5, todos de la Ley de Amparo, puesto que para los efectos del juicio de amparo, la institución pública señalada carece del carácter de autoridad responsable. Tal consideración parte de las características del acto destacado, pues para efectos del juicio de amparo, no encuadra en el supuesto que contiene la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo; es decir, no se realizó por la autoridad en su calidad de supra a subordinación, y por ende no le reviste el carácter de autoridad responsable. En efecto, el citado artículo dispone, que tendrán carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, aquellas que dictan, ordenan, ejecutan o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse tenga dichos efectos; y los particulares tendrán tal carácter cuando realicen actos equivalentes, que afecten derechos en dichos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y estableció que es aquella que con fundamento en una norma legal pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal; b) Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se advierte de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 161133 y de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Del criterio anterior se advierte, que la nota distintiva del concepto jurídico de autoridad responsable, consiste en el ente público que, actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular, mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa por iniciativa propia; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público; por tanto, se conserva así en la Ley de Amparo el concepto jurídico de "autoridad responsable", que sobre dicho concepto normativo ya existía respecto de la anterior ley. En ese sentido, el acto de autoridad debe ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo y coercitivo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de las personas. Como se ve, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que precisa el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la tesis emitida por el máximo tribunal de la Nación, con la diferencia de que conforme a la nueva legislación, la definición de autoridad es más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es importante tener en cuenta la clasificación de las relaciones jurídicas que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 904/2014, y que se refiere a tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son aquellas que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y las personas, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, entre las que se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 194367, la cual indica: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De lo anterior se colige, que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Bajo ese panorama, este órgano de control constitucional advierte que al Ayuntamiento del Miacatlán, Morelos y Tesorero municipal de Miacatlán, no les reviste el carácter de autoridades para los efectos del juicio de amparo, por cuanto que en el acto que se les atribuye, en tanto que la actuación que se les atribuye carece de las características para que sea contemplado como de autoridad. Así, como se ha precisado, la parte quejosa reclama la omisión de realizar el pago de pensión alimenticia a favor de su menor hijo de iniciales A.S.S.R., correspondiente a la segunda quincena del mes de julio del año en curso, que en vía transferencia bancaria venía realizando la respectiva autoridad municipal señalada como responsable a la cuenta de la quejosa, a razón del 25% (veinticinco por ciento) del total del salario y demás prestaciones ordinarias, así como extraordinarias percibidas por Santiago Salinas Coria, -demandado en el juicio de controversia del orden familiar 95/2020-, quien funge como Elemento de Seguridad Publica adscrito al Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos; al efecto, se precisa, que todo ello, derivó de lo determinado en el juicio de pensión alimenticia 95/2020, del índice del Juzgado de Primera Instancia del segundo Distrito Judicial, con sede en Tetecala, Morelos -conforme a las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por la propia quejosa-. En ese sentido, como se ha señalado, no asiste el carácter de autoridad responsable al Ayuntamiento del Miacatlán, Morelos y Tesorero municipal de Miacatlán, pues la omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de tal institución pública, la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. En apoyo a lo anterior, se destaca que tal postura fue reiterada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la tesis jurisprudencial VII.2o.C. J/28, con registro digital 168203, la cual se comparte por las razones que la sustentan, cuyo contenido es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad.". En conclusión, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo. 4).- Domicilio de la parte quejosa y autorizados. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37, 38 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas [por así haberlo solicitado de manera expresa], siempre y cuando se realice con el respectivo usuario que menciona en el escrito que se provee y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se instruye a la actuaría de este juzgado de Distrito que a partir del siguiente acuerdo que se emita en este juicio de amparo, las notificaciones para la parte quejosa, se realicen electrónicamente en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a tener por señalado el correo electrónico que proporciona para oír y recibir notificaciones, en razón de que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, son formas especiales de comunicación no procesal en el juicio de amparo, por tanto se le tiene para tal efecto. En otro aspecto, se reconoce a Martha Eréndira Luna Jiménez como asesora jurídica de la parte quejosa, al ser una denominación análoga de la persona autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por estar registrada como profesional del derecho ante el sistema respectivo, de lo que se aprecia que tiene la capacidad técnica para defender los derechos inherentes al acceso a la justicia y defensa adecuada de la solicitante del amparo. En otro aspecto, no ha lugar a reconocer dicho carácter a la diversa persona que refiere, pues no se encuentra registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por tanto, se le tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos -hasta en tanto demuestre su registro respectivo-. 5).- Copias y medios electrónicos. Se hace del conocimiento de las partes que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, están en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesiten, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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