Ángel Sandoval Vargas

Expediente 234/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
234/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
06/03/2019

Partes del expediente

  • Ángel Sandoval Vargas
  • Magistrado en Turno del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con residencia en Colima, Colima

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Glósese a los autos el oficio 382/2019, signado por el Secretario de Acuerdos del tribunal Agrario Distrito 38, con sede en Colima, Colima, atento a su contenido téngase al oficiante de mérito acusando la recepción del diverso 2308, enviado por este Juzgador en fecha once de febrero pasado, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, finalmente tomando en consideración que este expediente fue solicitado al archivo de este órgano jurisdiccional, y al resultar innecesaria su permanencia en este Juzgado, remítase de nueva cuenta al aludido archivo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra la sentencia de diez de enero del dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que la sentencia de diez de enero del dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el presente juicio, en este proveído causó ejecutoria; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. También se hace la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el juicio de amparo en que se actúa, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que el presente asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, devuélvanse el tomo de pruebas a la autoridad responsable, por ser innecesaria su retención. Notifíquese.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a los terceros interesados Salvador Manjares Valladares y Asamblea Ejidal Ticuiz, municipio de Coahuayana, Michoacán, la SENTENCIA dictada en autos, misma que en sus puntos resolutivos establece: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Sandoval Vargas, contra los actos que reclamó al Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 38, residente en Colima, Colima, así como de la Jefa de Área de Registro y Encargada de la Subdelegación de Registro del Registro Agrario Nacional, con domicilio en Morelia, Michoacán, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.- Se hace constar que la publicación de esta resolución se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    En razón de que el quejoso ***, a TRAVÉS DE SUS APODERADAS LEGALES *** Y *** o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el trece de enero del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación dela SENTENCIA de diez de enero del dos mil diecinueve, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Resolución que lo conducente dice:R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante oficio OCC/C11/JDM/124/2018, de ocho de mayo de dos mil dieciocho, el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, turnó a este Juzgado Quinto de Distrito la demanda de amparo que promovió Ángel Sandoval Vargas, por conducto de sus apoderadas legales Gabriela Margarita Avellaneda Barriga y Evelyn Reyes Barajas, derivada de la separación de juicios tramitada en proveído de tres de mayo de dos mil dieciocho, ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado; el cual se recibió en este juzgado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, en la que el promovente solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: "V. AUTORIDADES RESPONSABLES. Como ordenadoras. 1.- C. Magistrado en Turno del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, en la Ciudad de Colima, Colima, con domicilio en Avenida José G. Alcaraz N° 1651, Fraccionamiento Real Vista Hermosa, Colima, Colima, a cargo de los expedientes números 133/2011, 134/2011, 135/2011, 136/2011, 137/2011, 138/2011, 139/2011, 140/2011, 141/2011, 142/2011, 143/2011, 144/2011, 145/2011, 146/2011, 147/2011, 148/2011, 149/2011 y 150/2011; solicitando desde este momento se gire atento exhorto al juzgado competente en la ciudad de Colima, Colima, para que en auxilio de este H. Juzgado se les notifique del presente juicio. Como ejecutoras 2.- Director del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán. La cancelación de los certificados parcelarios que expidió en consecuencia de la sentencias dictadas por el C. Magistrado en Turno del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, en la Ciudad de Colima, Colima, con domicilio en Avenida José G. Alcaraz N° 1651 del fraccionamiento Real Vista Hermosa, Colima, Colima, 133/2011, 134/2011, 135/2011, 136/2011, 137/2011, 138/2011, 139/2011, 140/2011, 141/2011, 142/2011, 143/2011, 144/2011, 145/2011, 146/2011, 147/2011, 148/2011, 149/2011 y 150/2011; solicitando desde este momento se gire atento exhorto al juzgado competente en la ciudad de Colima, Colima, para que en auxilio de este H. Juzgado se les notifique del presente juicio. IV. ACTOS RECLAMADOS. Reclamo la inconstitucionalidad de los siguientes actos: De la autoridad ordenadora, es decir, el C. Magistrado en turno del Tribunal Unitario Agrario Distrito 38: 1. Falta de llamamiento de nuestro representado C. Ángel Sandoval Vargas al proceso de los expedientes números 133/2011, 134/2011, 135/2011, 136/2011, 137/2011, 138/2011, 139/2011, 140/2011, 141/2011, 142/2011, 143/2011, 144/2011, 145/2011, 146/2011, 147/2011, 148/2011, 149/2011 y 150/2011, radicado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, por medio del cual se ordenó la asignación de la parcela número tal 445 en el ejido del Ticuiz, municipio de Coahuayana, del Estado de Michoacán, del cual es legítimo dueño nuestro representado, mismo que identificaremos ampliamente en el capítulos de hechos de esta demanda, afectación que se produce bajo el falso supuesto de que el predio se encontraba sin asignar. De la autoridad ejecutora: 1. Todos y cada uno de los actos tendientes a dar cumplimiento a la resolución definitiva emitido en los expedientes números 133/2011, 134/2011, 135/2011, 136/2011, 137/2011, 138/2011, 139/2011, 140/2011, 141/2011, 142/2011, 143/2011, 144/2011, 145/2011, 146/2011, 147/2011, 148/2011, 149/2011 y 150/2011, emitida por el Tribunal Unitario Agrario distrito 38, en el cual concité en la expedición de certificados parcelarios que ampara la parcela número 445." SEGUNDO. En acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho, el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, ordenó la separación de juicios y ordenó dividir el expediente 610/2017-V de su índice, por cada uno de los juicios agrarios de los que emana el acto reclamado, para estar en condiciones de estudiar el fondo de cada una de los mismos; atento a ello, remitió los asuntos formados como nuevos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, residentes en esta ciudad, para que les asignara el turno aleatorio correspondiente (fojas 4 a 6). Por razón de la aludida separación, en auto de diez de mayo de dos mil dieciocho (fojas 172 a 176), este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda respecto del reclamado emanado del juicio agrario 142/2011 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XXVIII de Colima, Colima, la admitió con el número 234/2018; se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; fue señalada hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo el veintitrés de octubre del año en curso, en términos del acta que antecede (fojas 412 a 413); y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la jurisdicción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En principio, se considera oportuno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, precisar los actos que se reclaman en este juicio y que serán materia de la litis constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: Tesis: P. VI/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 181810 1 de 1 Pleno Tomo XIX, Abril de 2004 Pag. 255 Tesis Aislada(Común) "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 38, residente en Colima, Colima, así como de la Jefa de Área de Registro y Encargada de la Subdelegación de Registro del Registro Agrario Nacional, con domicilio en Morelia, Michoacán, lo siguiente: La falta de llamamiento al juicio agrario 142/2011; y como consecuencia la emisión de la sentencia definitiva de veinte de mayo de dos mil once, donde se reconoció a Hipólito Manjares Mendoza, como cotitular de la parcela 445, polígono ¾, que tiene una superficie de 01-07-76.541 hectáreas, en un porcentaje del 5% (cinco por ciento), que se ubica en el núcleo agrario denominado "El Ticuiz", Municipio de Coahuayana, Estado de Michoacán, en su calidad de ejidatario, así como la expedición del certificado parcelario correspondiente. Al caso es aplicable el criterio siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192097 1 de 1 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Pag. 32 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Una vez establecido el acto reclamado sobre el que versará la litis constitucional, procede determinar su existencia o inexistencia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192097 1 de 1 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Pag. 32 Jurisprudencia(Común) "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." Bajo la precisión anotada, el Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 38, residente en Colima, Colima, así como de la Jefa de Área de Registro y Encargada de la Subdelegación de Registro del Registro Agrario Nacional, con domicilio en Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, señalaron que son ciertos los actos reclamados, lo que se corrobora con las constancias del expediente 142/2011, que obran en un tomo por separado y que remitió como apoyo la primera de las nombradas, así como con la inscripción de sentencia que obra a foja 73; de ahí que deben tenerse como existentes los mismos. Con relación a este punto, cobra aplicación la tesis: Tesis: 226 Apéndice de 1995 Quinta Época 394182 1 de 1 Pleno Tomo VI, Parte SCJN Pag. 153 Jurisprudencia(Común) "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Respecto de los actos reclamados, en el presente asunto como aduce el magistrado responsable, se actualiza la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La citada porción normativa dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; causa de improcedencia que está en función del principio general que rige para la procedencia del juicio de amparo, relativo a la existencia del agravio personal y directo que debe acreditar el promovente, pues sólo así legitimará su interés jurídico para instar la acción constitucional. Esto es, tal improcedencia se actualiza cuando el acto de autoridad que se reclama no lesiona los derechos legítimamente tutelados en favor del quejoso. En tal sentido, el interés para acudir al juicio de amparo, deriva de lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los diversos 5°, fracción I, 61, fracción XII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, preceptos conforme a los cuales se fija la procedencia de la acción constitucional respecto del acto de autoridad. Así, el artículo 5° de la Ley de Amparo exige, para la procedencia del juicio de amparo, la existencia de un agravio personal y directo, atendiendo con ello la disposición constitucional contemplada en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el principio de instancia de parte agraviada, según el cual el juicio de amparo debe instarse a petición del gobernado que resulte lesionado en sus derechos fundamentales, lo que en suma viene a constituir el interés jurídico para efectos del juicio de amparo. De tal suerte que, en materia de amparo sólo tiene legitimación para acudir a la instancia constitucional quien tiene en su favor un derecho o garantía constitucional que estima ha sido lesionada o perjudicada por el acto de autoridad; esto es, se requiere, como presupuesto, la existencia de un derecho legítimamente tutelado en favor del gobernado que, con motivo del acto de autoridad, resulta afectado o resentido. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, destacándose que dicho interés debe acreditarse fehacientemente, de tal manera que no se infiera con base en meras presunciones. En ese tenor, los criterios para identificar el interés jurídico en el juicio de amparo, son los siguientes: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. b) La tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos. c) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio. d) No puede hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, foja 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En ese contexto, para la procedencia de la acción constitucional de amparo, en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño, es un presupuesto necesario, que éste acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados. En el caso, el quejoso Ángel Sandoval Vargas, quien se ostenta como tercero extraño aduce que los actos reclamados vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales consignados en los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque desde el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y dos, por medio de un contrato de compraventa verbal que celebró con Isidro Bucio Gómez, adquirió la parcela 445, del núcleo agrario denominado "El Ticuiz", Municipio de Coahuayana, Estado de Michoacán. En ese contexto, por persona extraña, debe entenderse aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; quedando incluida en este concepto, como equiparada, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Expuesto lo anterior, de las constancias que integran el juicio agrario 142/2011, que remitió el magistrado responsable como justificación de su informe, ciertamente se desprende que el quejoso Ángel Sandoval Vargas, no es parte material ni formal, pues éste lo promovió Salvador Manjares Valladares contra la Asamblea General de Ejidatarios, del Ejido "El Ticuiz", Municipio de Coahuayana, Michoacán. Sin embargo, tal circunstancia no es suficiente para reconocer una afectación a la esfera de derechos del promovente del amparo, pues para que ello suceda, es menester que los actos de autoridad efectivamente vulneren o restrinjan su esfera jurídica, lo que de suyo implica que tenga la carga de probar, por un lado, esa afectación y, por el otro, el derecho tutelado, a fin de legitimarlo a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, de manera que si no se demuestra lo anterior, el juicio constitucional será improcedente. El quejoso a fin de acreditar que el acto reclamado afecta su interés jurídico, ofreció los siguientes medios de convicción: 1. Documental consistente en una constancia de posesión que expidió el Jefe del Orden del Poblado de Boca de Apiza, colonia del Ejido de Ticuiz, Municipio de Coahuyana, Michoacán, a favor de Ángel Sandoval Vargas, el veinte de enero de dos mil diecisiete, donde dice hacer constar que el quejoso ha tenido en posesión pública, pacífica y continua a título de dueño por más de veinticinco años de la totalidad de la parcela 445 del Ejido El Ticuiz, Municipio de Coahuayana, Michoacán; sin embargo, no tiene el valor probatorio de un documento público en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque la autoridad emisora no externó que esa información constara en archivos públicos de esa oficina, es más, afirma que esa información procede de un tercero, esto es, del ejido El Ticuiz; de ahí que los hechos que asienta en el documento, no se hicieron constar ante él; de ahí no es eficaz para demostrar la posesión que el quejoso dice detentar del bien en controversia (foja 24, juicio de amparo). 2. Documental Pública consistente en una constancia que expidió el Director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cohuayana el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, donde se advierte que el lote que se encuentra en el interior de la parcela 445 del Ejido El Ticuiz, Municipio de Coahuayana, Michoacán a nombre de Ángel Sandoval Vargas, cuenta con el Servicio de Agua Potable desde el año dos mil y se encuentra al corriente del pago de agua potable; misma que acuerdo al artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno; sin embargo, tiene eficacia solo para demostrar los hechos enmarcados en su contenido, esto es quien tiene contratado el servicio de agua potable y que esta corriente con su pago, pero no tiene el alcance para demostrar que esa persona ejerza un poder de hecho sobre el inmueble porque tal dato no obra en el documento (foja 23, juicio de amparo). 3. Documental privada consistente en las firmas de los colindantes del poblado de Boca de Apiza (fojas 25 a 51, juicio de amparo), donde dicen reconocer que Ángel Sandoval Vargas, es el legítimo dueño de la parcela 445 del Ejido El Ticuiz, Municipio de Coahuayana, Michoacán de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, documento que no tiene el alcance pretendido y, por ende carece de valor probatorio, porque se trata de un testimonio que no se desahogó en este juicio bajo las reglas de la prueba testimonial, violando así, el derecho de su contraparte a intervenir en el examen de testigos y a repreguntar. Por lo expuesto en cada punto las pruebas aportadas por el quejoso son insuficientes para acreditar su interés jurídico, por los motivos y consideraciones que se expondrán: Como punto de partida y marco de estudio es menester señalar que el artículo 80 de la Ley Agraria, refiere: "Artículo 80.- Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere: a) La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante fedatario público; b) La notificación por escrito al cónyuge, concubina o concubinario y los hijos del enajenante, quienes, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Será aceptable para este efecto la renuncia expresada por escrito ante dos testigos e inscrita en el Registro Agrario Nacional. En caso de que se desconozca el domicilio o ubicación de las personas que gozan del derecho del tanto, se procederá en términos de lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 84 de esta Ley, y c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal. Realizada la enajenación, el Registro Agrario Nacional, procederá a inscribirla y expedirá los nuevos certificados parcelarios, cancelando los anteriores. Por su parte, el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. En ese tenor, según el precepto invocado los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación se requiere: La manifestación de conformidad por escrito de las partes ante dos testigos, ratificada ante Notario Público. Expuesto lo anterior, si bien el quejoso dice que adquirió la parcela que defiende vía contrato de compraventa verbal pero no lo demostró al no haber ofrecido pruebas sobre el particular, tal circunstancia es insuficiente para que éste acredite su interés jurídico, máxime que incluso un acuerdo de voluntades verbal no reúne los requisitos que contempla el artículo 80 de la Ley Agraria y no puede sostener su interés. Entonces, el quejoso no justificó tener derecho alguno para ser llamado al juicio agrario 142/2011, al no demostrar su interés jurídico con la parcela materia de la controversia, pues no demostró en el presente juicio de amparo, la causa que generó la posesión que dice tener respecto de la parcela 445, que se ubica en el núcleo agrario denominado "El Ticuiz", Municipio de Coahuayana, Estado de Michoacán, ya que el citado acuerdo de voluntades no reúne los requisitos que contempla la ley de la materia a efecto de que acredite plenamente esa causa que le dio origen a la posesión de la parcela a título de dueño. Por lo que, como se dijo las documentales que han quedado reseñadas en puntos 1, 2 y 3 que allego a su libelo constitucional, sólo acreditan en este caso que Ángel Sandoval Vargas, cuenta con el Servicio de Agua Potable en la parcela 445 del Ejido El Ticuiz, Municipio de Coahuayana, Michoacán desde el año dos mil y se encuentra al corriente del pago de agua potable, pero en ningún caso la propiedad que dice tener con motivo de la causa que le dio origen, que dice fue el contrato de compraventa verbal, pues dicha figura jurídica no se encuentra contemplada en la Ley Agraria, como causa que genere la posesión de la parcela que defiende, aunado a que el quejoso tampoco acreditó que la persona que le vendió tuviese el carácter de ejidatario del Ejido El Ticuiz, Municipio de Coahuayana, Michoacán. Finalmente, no es el caso de tomar en consideración la testimonial e inspección judicial que ofreció el quejoso en su libelo constitucional porque la primera se tuvo por no presentada al no haber dado cumplimiento al artículo 119 de la Ley de amparo, y la segunda, fue desechada; ambas en autos de nueve de octubre de dos mil dieciocho. Luego, al resultar ineficaces los medios de convicción que ofreció el impetrante de amparo, para demostrar el derecho de propiedad que dice tener respecto de la parcela controvertida, debe concluirse que carece del interés jurídico para promover el presente juicio de garantías, por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, toda vez que es evidente la falta de afectación en la esfera jurídica del quejoso. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 80/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 456, Tomo XXX, Julio de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "RECONOCIMIENTO DE DERECHOS POSESORIOS SOBRE UNA PORCIÓN DE PARCELA EJIDAL. SI LA ASAMBLEA EJIDAL NO HA OTORGADO AL EJIDATARIO EL DOMINIO PLENO SOBRE ELLA, ÉSTE NO PUEDE DIVIDIRLA O ENAJENAR SUS DERECHOS RELATIVOS A UN TERCERO AJENO AL NÚCLEO DE POBLACIÓN, NI ESTE ÚLTIMO PUEDE EXIGIR EL RELATIVO PRONUNCIAMIENTO. Los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81 de la Ley Agraria establecen la posibilidad de que la asamblea de un núcleo de población ejidal, realizada con las formalidades establecidas en los artículos 24 a 28 y 31 de este último ordenamiento, otorgue a sus miembros el dominio pleno sobre las parcelas que se les hubieran asignado. En tanto ello no ocurra, el ejidatario no puede fraccionar la parcela y ponerla en venta a personas ajenas al núcleo ejidal, pues la prerrogativa que le concede el artículo 80 de la indicada ley, para enajenar sus derechos sobre las tierras parceladas que poseen, exclusivamente pueden ejercerla entre los ejidatarios o avecindados del núcleo de población, previa observancia del derecho de preferencia en favor de los primeros. De lo anterior se concluye que no es factible que la autoridad agraria pueda declarar el reconocimiento de derechos posesorios a personas ajenas al núcleo de una población, sobre la fracción de una parcela de la cual la asamblea no ha otorgado el dominio pleno ni se ha dado de baja en el régimen agrario, aunque la posesión la hayan adquirido por virtud de un contrato de compraventa, pues éste no puede surtir efectos jurídicos, ante todo, porque la autoridad jurisdiccional a quien compete fijar su valor no puede dejar de observar la normatividad que le rige." Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos de ejecución atribuidos al Director del Registro Agrario Nacional en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, porque no se reclaman por vicios propios, sino que derivan de los actos atribuidos a la autoridad ordenadora. Al efecto, es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 134, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 163-168 primera parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto de los de las autoridades que tienen el carácter de ejecutoras, ya que no se puede examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." De manera que, ante la existencia de esa causal de improcedencia, el suscrito se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías. Sirve de apoyo a este razonamiento, la tesis de jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO.- Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Sandoval Vargas, contra los actos que reclamó al Magistrado del Tribunal Agrario Distrito 38, residente en Colima, Colima, así como de la Jefa de Área de Registro y Encargada de la Subdelegación de Registro del Registro Agrario Nacional, con domicilio en Morelia, Michoacán, conforme a los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.- Se hace constar que la publicación de esta resolución se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano