Ángel Sánchez Vázquez
Expediente 1158/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Ángel Sánchez Vázquez
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito.Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes.Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos.Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto de desechamiento dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha determinación y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la parte quejosa para que desahogara la prevención ordenada en auto de once de octubre de dos mil dieciséis; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aludido proveído y se precisa lo siguiente: Únicamente se tiene como actos reclamados los que se atribuyen al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, y Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco Tlaxcala; consistentes en el auto de formal prisión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en su contra por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 14, 16, 17 fracción I, 18, 21 fracción I, y 388 fracción V, y 399 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Ernesto Ramírez Cruz y su ejecución, deducidos de la causa penal 96-2016. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI. Ahora bien, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contra el auto de formal prisión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en su contra por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 14, 16, 17 fracción I, 18, 21 fracción I, y 388 fracción V, y 399 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Ernesto Ramírez Cruz y su ejecución, deducidos de la causa penal 96/2016, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: ... El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Bajo esa óptica jurídica, también procede esta causa de improcedencia, cuando la autoridad responsable en cumplimiento a un auto dictado en un juicio amparo cuya sentencia otorgó la protección constitucional al justiciable, deja sin efecto el acto reclamado y emite un auto de libertad por falta de elementos para procesar. Así, conviene señalar que el quejoso Ángel Sánchez Vázquez reclama el auto de formal prisión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en su contra por el delito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 14, 16, 17 fracción I, 18, 21 fracción I, y 388 fracción V, y 399 fracción I del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de Ernesto Ramírez Cruz y su ejecución, deducidos de la causa penal 96/2016. Inconforme con esta resolución, el quejoso Ángel Sánchez Vázquez promovió el presente juicio de amparo, en el que esencialmente alegó la inconstitucionalidad del auto de formal prisión dictado en su contra el veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis, y notificado el mismo día, dentro de la causa penal 96/2016, como probable responsable del delito de fraude genérico, cometido en agravio de Ernesto Ramírez Cruz. Sin embargo, mediante oficio 3755/2016, de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala, comunicó que en la resolución de trece de octubre de dos mil dieciséis (fojas 17 a la 28), determinó lo siguiente: ... De la transcripción anterior, se advierte que el Juez responsable dejó sin efectos el auto de formal prisión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en contra de Ángel Sánchez Vázquez, por su probable comisión del delito de fraude genérico; y en su lugar emitió un auto de libertad por falta de elementos para procesar. En este orden, se advierte que el acto combatido cesó en sus efectos, en tanto se sustituyó procesalmente por el auto de libertad en favor de Ángel Sánchez Vázquez de trece de octubre de este año; lo que provocó que los efectos del acto reclamado desaparecieran de forma inmediata, total e incondicional como si se hubiera concedido el juicio de amparo, pues la resolución de trece de octubre de este año es el que ahora rige la situación procesal en la causa penal de origen, determinación que, por cierto, no se advierte que haya sido impugnada. Esta conclusión se corrobora, al ponderar que, en la resolución de trece de octubre de dos mil dieciséis, se decretó en favor de Ángel Sánchez Vázquez auto de libertad por falta de elementos para procesar, siendo esta la que rige la situación jurídica, lo que revela que los efectos del auto de formal prisión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, han sido destruidos, quedando sustituidos procesalmente por aquella. De ahí que, surja la causa de improcedencia en comento, y desechar en el juicio de amparo. Asimismo, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo en el que se actúa, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal que contempla los principios de interpretación conforme a los derechos humanos y pro persona, al disponer lo siguiente: ... El principio de interpretación conforme a los derechos fundamentales, exige del órgano jurisdiccional optar por aquella interpretación de la ley aplicable que derive un resultado que sea acorde a los mismos, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, buscando siempre la protección más amplia de los gobernados. Así, según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. Sin embargo, en el caso, es innecesario realizar la interpretación que impone el numeral constitucional, pues las normas citadas son claras y congruentes con el orden jurídico nacional y supranacional, resultando evidente la actualización de la causal de improcedencia; aunado a que, desde la perspectiva del principio pro homine, no podría flexibilizarse el análisis de la causa de improcedencia que, en este asunto, se actualiza, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tal aspecto, por sí mismo, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Ángel Sánchez Vázquez.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, por el que da cumplimiento al proveído de once de octubre de dos mil dieciséis, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en ese mismo auto.
- Principal
Vista la demanda que promueve Ángel Sánchez Vázquez, contra actos del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1158/2016-II. Ahora, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, debe destacarse que el artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, prevé los requisitos que debe contener la demanda de amparo indirecto, entre los que se encuentran los establecidos en las fracciones III y IV, que a la letra dicen: ... Del precepto legal transcrito se desprende que la parte quejosa se encuentra obligada a señalar las autoridades responsables y actos reclamados que de cada una reclame, pues ello constituye información indispensable para que el Juez de Distrito esté en posibilidad de requerir, en su caso, sus correspondientes informes justificados y se esté en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos que se les atribuyen. Además, de que la demanda de amparo fija la Litis constitucional. Al respecto, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que señala como autoridades responsables a las siguientes: ... Sin embargo, de la anterior transcripción, no se advierte cuál es el acto que le atribuye al Secretario de Acuerdos Par del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, pues a la autoridad con carácter de ordenadora, es decir, al juez responsable, le reclama el auto de formal prisión de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso 96/2013, y al Director del Centro de Reinserción Social de Sánchez Piedras, le atribuye la identificación administrativa, sin que se adviertan más actos reclamados de la lectura integral del escrito de demanda. En ese tenor, a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 108, fracciones III y IV, y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo, para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad precise: El acto que reclama del Secretario de Acuerdos Par del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Se le apercibe que en caso de no dar cumplimiento a los requerimientos señalados, se admitirá su demanda únicamente respecto de los actos reclamados al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, y Director del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala. Para mejor proveer, en términos del artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, para que en el plazo de cuarenta y ocho horas, remita copia certificada de la causa penal 96/2016 de su índice, cuidando que las mismas se encuentren debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo, para estar en aptitud de proveer lo conducente a la procedencia del presente juicio de derechos; apercibido que en caso de no hacerlo en el término señalado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero, de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo.
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