Angel Sanchez Barrios

Expediente 646/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
646/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
05/01/2022

Partes del expediente

  • Angel Sanchez Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cinco de enero de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó su demanda. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo causó estado para todos los efectos legales. ANOTACIONES Y ARCHIVO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 2 artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente por tratarse de un asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 211, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desecho la demanda, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 152 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y 1 Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: ... d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; . 2 Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. José de Jesús Soto Rios 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7c.c4 18/04/24 19:30:40 3 Amparo indirecto 646/2021 Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. RPCR

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de Ricardo Toledo Duque, defensor particular del quejoso Ángel Sánchez Barrios, por el que da cumplimiento a lo requerido por este juzgado en proveído inicial, y aclara su demanda de amparo, precisando que el acto reclamado en esta vía constitucional es auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 01/2021, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Huixtla, Chiapas, en el que conminó a la fiscal conduzca dicha investigación apegada a lo que dispone el numeral 128, 129, párrafo tercero, 216, 218 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que se tiene por aclarada la demanda y se procede a proveer respecto a la procedencia o no de su admisión, en los términos que a continuación se enuncian. DESECHA DEMANDA Ahora bien, atento a la lectura de dicha demanda y aclaración de la misma, respecto del acto reclamado, a juicio de este juzgador, la misma debe desecharse de plano, bajo las siguientes consideraciones de derecho. El artículo 113 de la Ley de Amparo, textualmente establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el caso concreto, respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución que se reclama, no tiene sobre la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación. En efecto, los dispositivos invocados disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". En el caso concreto, de la lectura íntegra de la demanda y anexos, se obtiene que al acto reclamado, consiste en el auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 01/2021, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Huixtla, Chiapas, en el que conminó a la fiscal conduzca dicha investigación apegada a lo que dispone el numeral 128, 129, párrafo tercero, 216, 218 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Ahora bien, como se dijo, del análisis de la demanda y escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa se duele del auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 01/2021, por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Huixtla, Chiapas, en el que conminó a la fiscal conduzca dicha investigación apegada a lo que dispone el numeral 128, 129, párrafo tercero, 216, 218 párrafo cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales; en virtud de que según su apreciación dicha determinación viola derechos fundamentales del imputado, pues considera que existen diversas violaciones que se han cometido en contra de los derechos humanos del quejoso y que han traído como consecuencia que no tenga una impartición de justicia pronta y expedita en la que exista igualdad entre las partes y una defensa adecuada Sin embargo, contrario a lo que sostiene el quejoso, esa determinación no constituye un acto de imposible reparación, esto es, que afecte de un modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la parte impetrante, que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no tiene como característica una ejecución de imposible reparación, toda vez que no sufre una lesión inmediata en sus derechos personales o reales, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, que sean de carácter irreparable como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En efecto, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe entenderse aquéllos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo, el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, entre otros; esto, en razón de sus efectos, que no se pueden resarcir en ninguna actuación posterior dentro del proceso de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a dictarse. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera inmediata y material alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Federal por medio de los derechos fundamentales, como son la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la integridad personal, porque esa afectación o sus consecuencias no desaparecen en la realidad con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio de origen, pues aún con la resolución favorable, no podría ser resarcido el perjuicio ocasionado. Bajo ese orden, la resolución aquí reclamada, no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa, pues la determinación del Juez de Control dentro de la etapa de investigación complementaria, que se ocupa de proveer aspectos vinculados con el tema de los medios de prueba de las partes, sólo genera consecuencias de índole procesal, pues no produce una afectación material e inmediata de derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de esos derechos, ya que tal resolución en todo caso, podría ser susceptible de combatirse como parte de las violaciones ocurridas en el desarrollo de dicha fase, hasta el auto de apertura a juicio oral, al ser en dicha actuación en la que, entre otras cuestiones, se indican los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, según lo establece las fracciones V y VI del artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se afirma lo anterior, porque el plazo de investigación complementaria es común a las partes y surte efectos para ambas, es decir, para la defensa y el Ministerio Público, lo que implica que cada una puede realizar su propia investigación, acorde con su teoría del caso y plasmarla en registros idóneos, tienen cargas y reglas procesales establecidas para la etapa intermedia, tanto para el órgano de acusación como para la defensa, en el supuesto de que el proceso siga su curso ordinario. Por ello, el acto reclamado no trastoca algún derecho humano de los consagrados en la Carga Magna en perjuicio del quejoso, pues no le genera un agravio a sus derechos fundamentales, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Además, conforme al artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la conclusión del plazo de la investigación complementaria, una vez cerrada la investigación, el ministerio público deberá i) solicitar el sobreseimiento parcial o total; ii) la suspensión del proceso; o iii) formular acusación. De lo que se colige que, al concluir la fase complementaria, no se tiene la certeza de si el ministerio público formulará o no acusación en contra del imputado, pues en caso de no formular acusación, entonces desaparecerá el perjuicio que cause al inconforme las omisiones en que dice incurrió el fiscal, aquí reclamadas. Lo que conlleva a concluir, que el acto reclamado, en virtud del cual el Juez de Control responsable no advirtió según el criterio del quejoso de diversas violaciones cometidas por el fiscal investigador al dilatar acordar la solicitudes de la defensa para desahogar pruebas, no causa afectación alguna a los derechos del imputado, habida cuenta de que es una fase formalizada de investigación, en la que no se tiene la certeza de si el ministerio público formulará acusación en su contra, y por ende, si se pasará a las siguientes etapas. Por ello, no se trastoca contra el justiciable algún derecho humano de los consagrados en la Carta Magna, pues como se ha dicho, no le genera un agravio en sus derechos fundamentales; de ahí que, el acto que en esta vía se reclama no se trata de un acto de imposible reparación que viole los derechos sustantivos del solicitante de amparo. Apoya la anterior consideración, por el criterio que contiene, la tesis del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 1480, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2017337, que señala: "DATOS DE PRUEBA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE NO EXCLUIR LOS QUE SE OBTUVIERON CON VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la determinación del Juez de control emitida en la etapa de investigación complementaria del proceso penal acusatorio y oral, de no excluir datos de prueba que se aduce se obtuvieron con violación de derechos fundamentales, es improcedente el juicio de amparo indirecto, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta actual y materialmente y por sí, algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, como la vida, la dignidad, el patrimonio, la familia, la libertad personal, de conciencia, de expresión, etcétera; sino que dicha negativa constituye simplemente un acto que no rebasa lo puramente procesal, porque puede suceder que, una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público decida no formular acusación, o que, haciéndolo, no señale dichos datos como medios de prueba que pretenda ofrecer en juicio, supuestos en los que desaparecerá el perjuicio que cause la negativa referida; en caso contrario, en la audiencia intermedia puede controvertirse la prueba considerada ilícita, a efecto de que se excluya y no la aporte en juicio". Así como la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2866, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2017551, de rubro y texto: INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA. CONTRA LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE EL IMPUTADO O SU DEFENSOR COMPAREZCA A TODAS LAS DILIGENCIAS A CELEBRARSE DENTRO DE ESTA ETAPA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO O, EN SU CASO, LEGÍTIMO DEL QUEJOSO. El plazo de investigación complementaria es común a las partes y surte efectos para ambas, es decir, para la defensa y el Ministerio Público, lo que implica que cada una puede realizar su propia investigación, acorde con su teoría del caso y plasmarla en registros idóneos, pues de otro modo, las cargas y reglas rocesales establecidas para la etapa intermedia, tanto para el órgano de acusación como para la defensa, en el supuesto de que el proceso siga su curso ordinario y no concluya por alguna solución alterna o anticipada no tendrían razón de ser. De ahí que la negativa del Ministerio Público para que el imputado o su defensor comparezca a todas las diligencias a celebrarse dentro de la investigación complementaria del sistema penal acusatorio, no afecta los intereses jurídicos o, en su caso, legítimos de los imputados (quejosos), en términos de la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo, porque no existe obligación legal de comparecer al desahogo de esos actos de investigación, al desconocerse si el Ministerio Público concluirá la etapa intermedia con la formulación de la acusación, y si en este caso los utilizará como fundamento de ésta, y los imputados tienen acceso oportuno a dichos registros en cualquier momento que lo soliciten o en la etapa intermedia y pueden realizar su propia investigación conforme a su teoría del caso, actualizándose con ello, la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Y Finalmente, la Jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.) sustentada por la Primera Sala de Nuestro Alto Tribunal, consultable en la Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1743, Undécima Época, Materias(s): Penal, Registro digital: 2023589, de rubro y texto: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. En conclusión, la determinación reclamada no causa un perjuicio a la parte quejosa que sea de imposible reparación, y por lo mismo debe refutarse como un acto intraprocesal, que se debe impugnar al momento de inconformarse hasta el auto de apertura del juicio oral. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con apoyo en el ordinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística de este Juzgado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la razón que antecede, asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, de la que se advierte no fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el contenido del proveído de ocho de diciembre del presente año, por el motivo expuesto. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte referida dicho acuerdo, esta y las subsecuentes resoluciones así como las de carácter personal, por medio de lista que se fija diariamente en este Juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por José de Jesús Soto Ríos, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Ricardo Toledo Duque, con el carácter de defensor particular del inculpado Ángel Sánchez Barrios, y sus anexos, contra actos del Juez de Control Región 02 del Distrito Judicial de Huixtla, Chiapas, y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 646/2021-IV-B. PREVENCION Ahora bien, con la finalidad de establecer la procedencia de la acción intentada en esta vía, y debida integración de la litis constitucional, con fundamento en lo previsto en los artículos 112 y 108 fracciones I, III, IV, y V, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación, por escrito, al que deberá acompañar las copias relativas necesarias para correr traslado a la totalidad de las partes en este asunto, BAJO ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 2 PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare su demanda conforme a lo siguiente: En el capítulo de acto reclamado el quejoso refiere que los actos que se detallan han ocurrido dentro del plazo de investigación complementaria, y atribuye al Fiscal del Ministerio Público que señala como responsable, una serie de actos todos relacionados con omisiones, dilaciones y abstenciones en llevar a cabo los actos tendentes al desahogo de medios de pruebas propuestas por la defensa del imputado durante la fase de investigación complementaria; empero se ha establecido que en esa etapa no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en virtud de que la dirección de dicha fase se encuentra a cargo del juez de control. En ese tenor, la parte quejosa deberá aclarar: 1.- Cuál es el acto que realmente pretende reclamar ante esta vía constitucional inmediata, si son las omisiones, dilaciones y abstenciones en llevar a cabo los actos tendentes al desahogo de los medios de pruebas propuestos por la defensa del imputado, o la negativa de dicha responsable de permitirle el acceso para imponer de la carpeta de investigación 0008-71-0710-2021. 2.- O si realmente se duele del auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Huixtla, Chiapas, en que dio respuesta a su escrito de once de noviembre de la presente anualidad, en el que le hizo saber las omisiones y abstenciones en que incurrió el fiscal investigador. Los anteriores requerimientos encuentran justificación en el hecho de que, de admitirse así la demanda de amparo, propiciaría una amplia gama de incertidumbre, expectativas y opiniones respecto de cuáles son las circunstancias objetivas bajo las cuales la parte quejosa acciona este medio de control constitucional, lo cual tiene fundamento en lo previsto ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 3 en las fracciones I a V, del citado artículo 108, de la Ley de Amparo, estos, que deberá exponer, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado y que puedan servir de fundamento a los conceptos de violación, así como los actos y autoridades responsables; además, de no hacerlo, redundaría en la imprecisa e interminable configuración de la litis constitucional, con la consecuente inseguridad jurídica para las partes en el debido proceso del sumario de amparo, de no demostrarse exactamente los precedentes, naturaleza y sus características del acto reclamado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa y ordenada a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas por las partes y autoridad responsable, este tribunal advierte que la parte quejosa afirmó hechos falsos u omitió los que le constaba con relación al acto reclamado, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. Además debe precisarse a la parte quejosa que las copias del escrito por el que dará cumplimiento a esta prevención, será en cantidad igual a seis, para ser distribuidas de la siguiente manera: una para cada autoridad responsable, que son tres; una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y dos más para formar los cuadernos incidentales. Cobra aplicación, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 106/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 4 Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 170, que dice: COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 5 imposibilidad de acceder a la justicia constitucional. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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