Ángel Sánchez Arzate

Expediente 1012/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1012/2022
Año
2022
Actuaciones
21
Última actuación
08/09/2023

Partes del expediente

  • Ángel Sánchez Arzate

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, informando el auto de cinco de septiembre del año en curso, dictado en su juicio de amparo 917/2023, del que se desprende que solicita que se haga disponible el expediente electrónico del presente asunto. En ese sentido, se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el Juzgado de Distrito oficiante esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente. Finalmente, dado que este asunto se encuentra concluido, devuélvase al lugar de donde se sustrajo para su debido resguardo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es destruible, en términos del artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. En ese sentido, toda vez que se trata de un asunto concluido y se considera innecesaria la retención de las constancias que adjuntó a su escrito inicial de demanda la parte quejosa, requiérasele para que en el lapso de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en su escrito inicial, apercibido que de no hacerlo así en el término indicado, en su momento, se procederá a su destrucción junto con este expediente. Notifíquese y por lista electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia del catorce de diciembre de dos mil veintidós, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación, háganse las anotaciones respectivas, y glósese a este expediente los cuadernos relativos al incidente de suspensión. Notifíquese y por lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cincuenta y ocho minutos catorce de diciembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 1012/2022-III, promovido por *****************, por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente; asimismo, en este acto se da cuenta con el escrito del quejoso registrado bajo en el número de correspondencia 17078. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar; y, con relación al ocurso de cuenta, acuérdese lo conducente en el periodo respectivo. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la prueba documental ofrecida por la parte quejosa, así como las rendidas y ofrecidas por la responsable Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, al remitir su informe justificado; así como con el ocurso del quejoso, por el que solicita se admita la prueba de inspección a la que recayó el auto de cinco de diciembre del año en curso, así como la anunciada en la demanda de amparo. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por las partes, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana ofrecidas por la autoridad responsable que así lo hizo, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente; y, por cuanto hace a la prueba de inspección que refiere, dígase al promovente que el auto emitido el cinco de diciembre del año en curso, atiende expresamente al ofrecimiento de la prueba de inspección ocular contenida en el ocurso al que recayó tal proveído y no así respecto del anuncio de la prueba (inspección) realizado en el escrito inicial de amparo, la que por su parte se desechó por diverso pronunciamiento del ocho de los cursantes, al no haber sido ofrecida conforme a las formalidades previstas al efecto en la Ley den Amparo, tal como se expuso en el contenido del pronunciamiento correspondiente. Sin pruebas pendientes por acordar, se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario da cuenta con los formulados por el quejoso; sin que las demás partes ofrecieran alegatos. El Juez acuerda: Con fundamento en artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos realizó el quejoso. Al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1012/2022-III; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado a este órgano jurisdiccional el treinta y uno de agosto del mismo año, **************** y otros, por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec y otra autoridad. II. Por auto del uno de septiembre de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa y se registró bajo el número 1012/2022-III; en auto del diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se proveyó el escrito aclaratorio formulado únicamente por los quejosos ******************** y ********************, y se tuvo por no presentada la demanda por los demás quejosos que no desahogaron las prevenciones; auto del seis de octubre de dos mil veintidós, por el que en una parte se tuvo por no presentada la demanda por la quejosa ********************, al no haber desahogado las prevenciones que le fueron formuladas y, por otra, se admitió a trámite únicamente por el quejoso ********************; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues los actos reclamados tuvieron verificativo dentro de la demarcación territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, con apoyo además en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, que se puede leer en la página treinta y dos, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", con el fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que, de la lectura integral de la demanda, y demás constancias que obran en el expediente, se observa que el acto reclamado por la parte quejosa es: Del Titular de la Comisión del Agua del Estado de México, la omisión de entregar al Municipio de Ecatepec de Morelos, las cantidades de agua para proporcionar a la población; y, Del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, la omisión de otorgar el acceso o suministrar por medio de la red hidráulica agua para consumo personal y doméstico, suficiente, salubre, aceptable y asequible. TERCERO. La autoridad responsable Titular de la Comisión del Agua del Estado de México, al rendir su informe justificados si bien niega la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, también vierte manifestaciones de certeza, motivo por el cual, se tiene como cierto el acto que se le reclama. Por su parte, del contenido del informe justificado rendido por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, no precisa la certeza o no del acto que se le reclama, sin embargo, de su contenido, se desprenden manifestaciones de certeza, motivo por el cual, se le tiene como cierto. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio. Sobre el particular, este juzgado de distrito advierte que se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Del precepto reproducido se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causen perjuicio al quejoso, es decir, que no le generen una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otro lado, los artículos 5o., fracción I, y 6o., de la ley de la materia, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En dichos numerales se prevé uno de los principios que rige el juicio de amparo, consistente en que éste sólo es procedente a instancia de parte agraviada. Lo anterior significa que un juicio de amparo no se puede iniciar de oficio por un tribunal, sino que siempre se deberá promover por aquel que considere que una ley o acto de autoridad vulnera su esfera jurídica, pudiendo hacerlo por sí, por su representante o por su apoderado; por su defensor si se trata de un acto que corresponda a un procedimiento penal, por medio de cualquier persona en los casos en que la Ley de Amparo lo permita de manera expresa; y sólo se podrá seguir por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Bajo ese entendido, cabe destacar que por "agravio", se debe entender todo menoscabo u ofensa a la persona (física o moral), que puede ser o no patrimonial, siempre que sea material y apreciable de manera objetiva. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el promovente, debe ser real y no sólo subjetivo; y, ese agravio debe recaer en persona determinada, concretarse en ésta, no ser abstracto ni genérico y de realización pasada, presente o inminente; es decir, se debe haber producido o estar efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no sólo eventual, aleatorio o hipotético. Por ello, los actos probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquellos existan o haya elementos de los cuales se pueda deducir su realización futura con certeza. Luego, el agravio implica causar daño, un menoscabo patrimonial o no patrimonial, o un perjuicio, no considerado como la privación de una garantía lícita, sino como cualquier afectación cometida a la persona en su esfera jurídica. La presencia del daño o del perjuicio constituye, pues, el elemento material de agravio, pero no basta que exista dicho elemento para que haya una afectación desde el punto de vista jurídico, sino que es menester que sea causado o producido en determinada forma. En efecto, es necesario que el daño o perjuicio sean ocasionados por la autoridad al transgredir un derecho fundamental. Por ello, para que el agravio pueda ser causa generadora del juicio de amparo, necesita también ser personal, esto es, que recaiga sobre persona determinada (física o moral). Por ende, todos aquellos daños o perjuicios en que se pueda manifestar el agravio que no afecten a persona especificada de manera concreta, no se pueden reputar como agravios desde el punto de vista constitucional y no originan, por tanto, la procedencia del amparo. Además de la personal determinación del agravio, éste debe ser directo, lo cual significa que sea de realización presente, pasada o futura de manera inminente. En consecuencia, aquellas posibilidades o eventualidades en el sentido de que cualquier autoridad cause a persona determinada daño o perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no se pueden reputar como integrantes del concepto de agravio. Por ende, el agravio se traduce en daños o perjuicios que experimente una persona en los diversos bienes u objetos tutelados de forma constitucional mediante las garantías individuales en especial, ya que los bienes jurídicos de un sujeto son algo real, objetivo, de existencia ontológica, pues, los entes ideales, considerados como meras suposiciones del individuo producto de una elaboración subjetiva son indiferentes al Derecho. Por ello, toda afectación de los bienes u objetos protegidos de manera jurídica debe participar de la naturaleza real u objetiva de éstos, a fin de que sea susceptible de reparación por el Derecho. En consecuencia, para acreditar el interés jurídico es necesario que la parte quejosa demuestre que es titular de un derecho subjetivo legítimamente tutelado y que el acto de autoridad afecta ese derecho. En ese sentido, cuando los daños y perjuicios que una persona pueda sufrir en sus diversos bienes jurídicos no afectan de forma real u objetiva a éstos, no se puede decir que exista un agravio en el sentido jurídico del concepto; pues, si las afectaciones que constituyen un agravio deben ser reales, es evidente que su causación o existencia es susceptible de apreciación objetiva, por lo que, cuando exista daño o perjuicio en los bienes jurídicos del quejoso, tal circunstancia debe ser estimada por el Juez de Distrito. En ese orden de ideas, se debe estimar que en la especie el peticionario de amparo, no satisface el requisito indispensable para la promoción del juicio constitucional, relativo al agravio personal y directo, ya que el acto reclamado en esencia se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables de suministrar agua potable para consumo personal y doméstico en su domicilio particular; y, atento a las constancias que obran en autos, el quejoso no se acreditó que cuente con relación contractual con el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec, para la prestación del servicio de agua potable, puesto que, con relación al quejoso únicamente se exhibió copia simple de la credencial para votar con fotografía expedida pretendidamente a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documental que no resulta suficiente para acreditar su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, pues de autos no se desprende ningún otro elemento; aunado que dicha documental fue ofrecida en copia simple, lo que no puede generar en este juzgador la convicción que con tal documental, se acredite la afectación de su interés jurídico con los actos de autoridad que reclama. Apoya la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro: 196457, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 21/98, página: 213, bajo el rubro texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Por lo que resulta inconcuso, que no se surte alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo previstas en los artículos referidos de la Ley de Amparo, pues, el reclamante carece de interés jurídico, ya que no acreditó que el acto reclamado le cause algún agravio personal y directo, para que se considere que el acto de autoridad afecta su interés jurídico o legítimo del gobernado, ya que se requiere la existencia de un derecho subjetivo o derivado de su particular situación en el orden jurídico y el resentimiento de un menoscabo en esa prerrogativa; por lo que, al no encontrarse acreditado tal extremo, no le genera perjuicio, para tener por actualizado el requisito de procedencia del juicio de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero 2008, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." De tal suerte, que como en la especie, cuando el acto no genera una afectación por sí mismo, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, pues sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado, ya que no acreditó, con prueba idónea, tener un interés legítimo individual que se vea afectado con motivo de éstos. En consecuencia, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo. Atento al sentido del presente fallo, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este juzgador se encuentra vedado para analizar su fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del Tomo VI, Octava Época, página setecientos ocho, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 79, 119, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ***************, por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, por lista electrónica a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

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