Angel Salas Castillo

Expediente 739/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
739/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
24/06/2016

Partes del expediente

  • Angel Salas Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el que da cumplimiento al requerimiento de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, y remite las constancias que le fueron solicitadas, para que surtan sus efectos legales procedentes. De las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, advierte que el quejoso Ángel Salas Castillo, señaló como acto reclamado: "Primero.- La omisión del tribunal responsable de notificar a juicio a los absolventes Óscar Torres y Alma García Garcilazo, en los términos y en el domicilio que le fue solicitado en el ofrecimiento de pruebas. Segundo.- El acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis donde señala las diez horas del día dieciséis de julio de dos mil dieciséis para la audiencia confesional para hechos propios del expediente laboral número 2845/2012." La Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justiciado confesaron la existencia del acto reclamado, así mismo, de las constancias remitidas con esta fecha, se advierte que por auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dejó sin efectos la fecha y la hora señalados y fijó las ocho horas del veinticuatro siguiente; sin embargo, el treinta y uno subsecuente, decretó la deserción de la prueba confesional ofrecida por la parte actora en el juicio natural. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Ángel Salas Castillo acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del tribunal responsable de notificar a juicio a los absolventes Óscar Torres y Alma García Garcilazo, en los términos y en el domicilio que le fue solicitado en el ofrecimiento de pruebas y del acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis donde señala las diez horas del día dieciséis de julio de dos mil dieciséis para la audiencia confesional para hechos propios del expediente laboral número 2845/2012. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, fue declarada desierta la prueba confesional ofrecida, en atención a que no se pudo notificar a los absolventes al no haber proporcionado los domicilios donde debían ser notificados y ante la falta impulso de la parte actora de proporcionar alguno diverso. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dado constatación al escrito cuya falta de acuerdo se reclama, cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, ya que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Ángel Salas Castillo reclamó de la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del nueve de junio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de treinta y uno de mayo de esta anualidad, ya que se estima que esa actuación no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, razón por la cual el juicio de amparo resultaría improcedente, en tanto que esa actuación solamente recaería en derechos adjetivos susceptibles de ser subsanados con posterioridad.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por el que da cumplimiento al requerimiento de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, y remite las constancias que le fueron solicitadas, para que surtan sus efectos legales procedentes. De las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías, advierte que el quejoso Ángel Salas Castillo, señaló como acto reclamado: "Primero.- La omisión del tribunal responsable de notificar a juicio a los absolventes Óscar Torres y Alma García Garcilazo, en los términos y en el domicilio que le fue solicitado en el ofrecimiento de pruebas. Segundo.- El acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis donde señala las diez horas del día dieciséis de julio de dos mil dieciséis para la audiencia confesional para hechos propios del expediente laboral número 2845/2012." La Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justiciado confesaron la existencia del acto reclamado, así mismo, de las constancias remitidas con esta fecha, se advierte que por auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dejó sin efectos la fecha y la hora señalados y fijó las ocho horas del veinticuatro siguiente; sin embargo, el treinta y uno subsecuente, decretó la deserción de la prueba confesional ofrecida por la parte actora en el juicio natural. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto de los actos reclamados a la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Ángel Salas Castillo acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la omisión del tribunal responsable de notificar a juicio a los absolventes Óscar Torres y Alma García Garcilazo, en los términos y en el domicilio que le fue solicitado en el ofrecimiento de pruebas y del acuerdo de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis donde señala las diez horas del día dieciséis de julio de dos mil dieciséis para la audiencia confesional para hechos propios del expediente laboral número 2845/2012. Así, de las constancias remitidas por las responsables a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que por auto de treinta de mayo de dos mil dieciséis, fue declarada desierta la prueba confesional ofrecida, en atención a que no se pudo notificar a los absolventes al no haber proporcionado los domicilios donde debían ser notificados y ante la falta impulso de la parte actora de proporcionar alguno diverso. Bajo esa óptica, es dable concluir que la autoridad responsable al haber dado constatación al escrito cuya falta de acuerdo se reclama, cesaron los efectos de la omisión de la que se duele el peticionario de amparo, ya que los efectos de dicha omisión desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto de los actos que Ángel Salas Castillo reclamó de la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con veintinueve minutos del nueve de junio de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. En el entendido que este órgano de control constitucional no se encuentra facultado para analizar la legalidad del proveído de treinta y uno de mayo de esta anualidad, ya que se estima que esa actuación no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, razón por la cual el juicio de amparo resultaría improcedente, en tanto que esa actuación solamente recaería en derechos adjetivos susceptibles de ser subsanados con posterioridad.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos los oficios de la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, mediante los cuales rinden su informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, para que dentro del término de tres días a partir de su notificación, se sirva remitir fotocopia certificada legible, en orden progresivo, foliada, rubricada y entre sellada de las constancias de la notificación practicada a las partes del juicio laboral 2845/2012, del auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, que son necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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