Ángel Sabino Mora Alarcón

Expediente 453/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
453/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Ángel Sabino Mora Alarcón
  • Titular de la Contraloría General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente Ángel Sabino Mora Alarcón, interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de quince de mayo del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo origen de este juicio, sin que haya ejercido ese derecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que causó estado el referido acuerdo. Archivo. Con fundamento en artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido...

  2. Principal

    En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama la quejosa, en el cual puede obtener la suspensión de ellos, con apoyo con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. notifíquese personalmente...

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE QUINCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACIÓN, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Sabino Mora Alarcón, por propio derecho, contra actos del Contraloría General del Estado de Veracruz y otra autoridad; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 453/2023. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263 fracción II, párrafo segundo, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten a la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Acto reclamado. Del análisis a la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: "La resolución y/o mandamiento y/o determinación de realizar el alta del suscrito en el sistema de expedición de constancias de no inhabilitación temporal por nueve meses, menciona, estado de la sanción: en cumplimiento; autoridad sancionadora: Contraloría General del Estado de Veracruz." "toda vez que, se me deja en completo estado de indefensión, puesto que dicho actuar, se llevó acabo, sin que la resolución que me impone la sanción administrativa de inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos por nueve meses, aun no se encuentre firme, ya que, fue impugnada a través del Juicio Contencioso Administrativo." Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece la obligación de examinar la demanda y si existe una manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XX del artículo 612 y el diverso 1133 de la propia ley de la materia, de los que se desprende en esencia, la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Lo anterior, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio bi-instancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4 , permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la Ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además, de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado en la demanda que se provee, esto es, el alta en el sistema de expedición de constancias de no inhabilitación y de registro de sanciones, es consecuencia de la ejecución de la resolución en la que se le impone al quejoso nueve meses de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por nueve meses, emitido por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General del Estado de Veracruz, debe tomarse en consideración el artículo 280 fracción II5 , del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, el cual permite advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; donde además es posible decretar la suspensión del acto controvertido. Y en el caso que nos ocupa, es claro que el acto que reclama la parte quejosa le afectan sus derechos particulares, puesto que el alta en el sistema de expedición de constancias de no inhabilitación y de registro de sanciones, es consecuencia de la ejecución de la resolución en la que se le impone al quejoso nueve meses de inhabilitación temporal, aun cuando no ha quedado firme dicha determinación, tal y como lo manifiesta la quejosa. En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual pueden ser modificados, revocados o nulificados, los actos que reclama. Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este juzgado, que desde el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz Llave, fue reformado el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, y se estableció un plazo de veinticuatro horas para que el tribunal correspondiente, se pronuncie respecto de la suspensión del acto controvertido, ello una vez presentada la demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo que resulta procedente contra los actos que impugna; pues los artículos 296 y 305 del referido código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados, analizados en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 126/2019 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro 2020596, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.- La excepción al principio de definitividad prevista en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, encuentra su justificación constitucional en el derecho humano a un recurso rápido, sencillo y efectivo establecido en el diverso 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el propio 107 mencionado. Por tanto, si en una legislación se prevén mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado que los establecidos en la Ley de Amparo, tal circunstancia se erige en una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es innecesario agotar el recurso previsto en dichas legislaciones a efecto de hacer procedente el juicio de amparo. En este sentido, sí existe la obligación de agotar el juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave antes de acudir al juicio de amparo, en razón de que los alcances que se dan a la suspensión en éste son, en esencia, similares a los que otorga el juicio contencioso administrativo, aunado a que el citado Código no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado que los exigidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado. Además, por lo que hace a los alcances de la suspensión prevista en el referido Código, no pueden entenderse menores a los establecidos en la Ley de Amparo, en virtud de que en ambos ordenamientos se permite al juzgador tomar todas la medidas necesarias y establecer los efectos que considere pertinentes para mantener las cosas en el estado en que se encuentren para preservar la materia del juicio, y le permiten restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva, es decir, en ambos casos es posible otorgar efectos restitutorios a la suspensión decretada. En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama la quejosa, en el cual puede obtener la suspensión de ellos, con apoyo con los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Rubén Pineda Castillo y Ruth Islas Vista, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario sabino.mora, es válido; por tanto, se autoriza el acceso de a parte promovente al expediente electrónico. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Oposición relativa a datos personales. La parte promovente no manifiesta su oposición a la publicación de sus datos personales. Integración de expedientes. Se instruye a la secretaria, tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales....

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