Ángel Román Estrada
Expediente 1329/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- Ángel Román Estrada
- ÁNGEL ROMÁN ESTRADA y Otros.
- Francisca González Navarro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo signados por la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, ante este órgano jurisdiccional el veintisiete de noviembre del año en curso (fojas 169 y 170), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Consecuentemente, por auto de veintiocho de noviembre de la anualidad que transcurre (foja 171), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó al impetrante del amparo el veintinueve de noviembre del año actual (foja 172), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del tres al cinco del presente año, sin que realizara alguna manifestación al respecto, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "****.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el diez de julio de dos mil diecinueve (fojas 57 a 84), se se aprecia que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y por inscripción de crédito hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por el pago del concepto de inscripción de documento público y el diverso remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, por el pago del concepto de inscripción de crédito hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. (.) 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado así como por inscripción de préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de las contribuciones analizadas, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y la diversa de $298.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establecen las fracciones I y XVIII, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)." Cabe precisar, que la responsable de referencia, a través de oficio y anexos remitidos ante este juzgado federal el cinco de agosto del año actual (fojas 102 a 114), interpuso recurso de revisión contra la citada sentencia, consecuentemente mediante comunicado suscrito por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad (foja 149), informó que había causó estado el proveído de veintiuno de agosto del presente año, mediante el cual se desechó el medio de impugnación de referencia dentro de los autos del amparo en revisión 584/2019, del índice del Tribunal Colegiado en cita. Ahora, de lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, era lo siguiente: A) Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 22, fracciones I y XVIII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en el presente y en el futuro; y, B) Devolverle al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y el diverso remanente de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional) que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado y por inscripción de crédito hipotecario; cantidad que debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por el ente responsable el veintisiete de noviembre del año en curso (fojas 169 y 170), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia bancaria el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por la cantidad de $14,641.28 (catorce mil seiscientos cuarenta y un pesos con veintiocho centavos, moneda nacional), cantidad que debía ser debidamente actualizada. Por tanto, se procede a corroborar lo anterior, ahora si al monto de $15,075.10 (quince mil setenta y cinco pesos con diez centavos, moneda nacional), se le resta las cuotas mínimas a pagar esto es $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional) y $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), por cada inscripción efectuada por la parte quejosa, nos da como resultado la cantidad de $14,505.10 (catorce mil quinientos cinco pesos con diez centavos, moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintidós de mayo de la anualidad que transcurre y en el veinticinco de noviembre del año en curso, la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada mediante transferencia bancaria a la parte quejosa; por tanto, el periodo de actualización comprende de mes de mayo del año actual al mes de noviembre del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de abril de la anualidad que transcurre (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue 103.531; y para el mes de octubre del año en curso de 104.503 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.009388492335629. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $14,641.28 (catorce mil seiscientos cuarenta y un pesos con veintiocho centavos, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $136.18 (ciento treinta y seis pesos con dieciocho centavos, moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la ejecutoria en análisis se encuentra cumplida en sus términos, pues la autoridad devolvió al quejoso la cantidad total de $14,641.28 (catorce mil seiscientos cuarenta y un pesos con veintiocho centavos, moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Juzgado Federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguense a los presentes autos el comunicado y anexo de cuenta, en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual, solicita una prórroga para estar en condiciones de dar total cumplimiento al fallo protector, toda vez que informa el veintitrés de octubre del año en curso, notifico a la parte quejosa a efecto de que remitiera los documentos necesarios para dar cumplimiento a la sentencia concesoria, como se advierte del anexo de cuenta; en consecuencia, agréguense a sus autos el comunicado y constancia de mérito para los efectos legales correspondientes. Por tanto, como el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce del derecho humano violado al disidente y a fin de dar prontitud a la ejecutoria de amparo, de conformidad con los artículos 192, último párrafo y 193, párrafo tercero de la Ley de Amparo en el párrafo que antecede, se le concede una prórroga por el plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que la responsable de mérito esté en condición de acatar la ejecutoria dictada en autos. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de diecisiete de octubre del año actual (fojas 150 y 151). Notifíquese.
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