Angel Rolando Castillón Valdes

Expediente 58/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
58/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
13/02/2018

Partes del expediente

  • Angel Rolando Castillón Valdes

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Magistrado del Tercer Tribunal Distrital del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en la ciudad de Monclova, y anexos; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a notificar a la parte quejosa de forma personal para que se imponga del mismo, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia , no constriñe al Juzgado a realizarlo de esa manera. No se soslaya que la fracción k), de la citada ley, indica que queda a juicio del órgano jurisdiccional notificar de forma personal las resoluciones que lo ameriten; sin embargo, dado que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte, este Juzgador no lo considera necesario, pues la carga de imponerse de autos es del impetrante de amparo, quien debe de estar al pendiente del procedimiento e imponerse de los informes justificados que tiene a su disposición en el presente sumario. Se tienen como pruebas de dicha autoridad responsable, la documental consistente en el toca penal 133/2017, y registro en audio y video de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil dieciocho, relativa a la causa penal 303/2017 (un disco compacto), que acompañó a su informe, las que se admiten y desahogan en atención a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia. En relación con el toca penal, ábrase el tomo I de pruebas relativo al presente juicio de amparo, a efecto de facilitar el manejo de este expediente, de conformidad con el precepto 65, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de que se trata. Por tanto, se pone a disposición de las partes la videograbación de que se trata, a fin de que si lo estiman necesario puedan consultar la información contenida en formato digital. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos tres, del Tomo I, Agosto de dos mil trece, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto, son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la diligencia uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 19), en la que se hace constar la comparecencia del quejoso ***, quien se identificó con credencial de elector (foja 20), comparecencia a través de la cual se desistió del presente juicio de amparo... En consecuencia, se le tiene por desistido en este asunto. Así, atendiendo al desistimiento del quejoso ***, se sobresee este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, dejándose sin efecto todas las providencias decretadas en el mismo, en virtud de que opera indubitablemente una causal de sobreseimiento directa de conformidad con el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo . Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número 82/2016, de la Segunda Sala, publicada en la página cuatrocientos sesenta y dos, tomo I, Julio dos mil dieciséis, Libro treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2012059, del rubro y texto siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios". Así como, la jurisprudencia número 161/2010, de la Segunda Sala, consultable en la página seiscientos ochenta y siete, tomo XXXIII, Enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 163160, que establece: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada". Ahora bien, resulta claro que el promovente, al manifestar su voluntad de desistirse del presente juicio de amparo ante la presencia judicial, evidencia que no recurrirá el presente auto; por ello, para dar cabal cumplimiento a los principios de expedites en la administración de justicia y economía procesal, como lo establece el artículo 17 Constitucional, de conformidad con la fracción III del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio, ha causado estado. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 13 vuelta). En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente asunto como concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la autoridad responsable denominada Instituto Federal de Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 58/2018, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo promovida. IV. Incidente de suspensión. Sin tramitar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado. IV. Informe justificado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contado a partir del siguiente a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, al que deberá acompañar en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del presente juicio. V. Apercibimiento a la autoridad responsable. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no hacerlo así, se presumirá cierto el acto que se le reclama, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, y se le impondrá una multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el diverso numeral 260, fracción II, de la citada legislación . Igualmente, en caso de que se niegue a recibir los oficios notificaciones que se emitan en el presente juicio, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo , se les impondrá multa por el equivalente de cien veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada; ello en términos de los numerales 245 , en relación con el 238 del citado ordenamiento legal . Sobre el tema se emitió la tesis VI.1o.A.35 K (10a.), bajo el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO NO RENDIDO DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO. NO AMERITA LA IMPOSICIÓN DE MULTA CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 260 DE DICHA LEY. La multa prevista en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se actualiza ante la falta de rendición del informe con justificación o la omisión de remitir las constancias necesarias para resolver el juicio de amparo. Así, el mencionado precepto únicamente autoriza al Juez de Distrito a imponer a las autoridades responsables una multa que oscila entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, cuando aquéllas no rindan su informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, debe tomarse en consideración que el párrafo tercero del artículo 117 del propio ordenamiento, prevé la posibilidad de que los informes justificados se rindan extemporáneamente, y que a pesar de ello puedan ser tomados en cuenta si la parte quejosa tuvo oportunidad de conocerlos; sin que en el citado precepto o en algún otro de la ley de la materia, se establezca que la rendición de los informes fuera del término de quince días, motive la imposición inmediata de sanción pecuniaria alguna. En efecto, una multa de ese tipo no es dable imponerla en un acuerdo de mero trámite, sino que en el caso de que las responsables no rindan sus informes con justificación, en la sentencia se les impondrá la multa respectiva. Ello tiene su razón de ser, ya que será hasta que se emita el fallo constitucional cuando el Juez de Distrito estará en aptitud legal de determinar si las responsables cumplieron con el imperativo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, consistente en la rendición de sus informes con justificación o, en su caso, de la remisión de las constancias necesarias; ya que aun cuando éstos se rindan extemporáneamente, podrán ser tomados en consideración en la sentencia, si las partes estuvieron en aptitud de conocerlos. Asimismo, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de normas generales, aun cuando las autoridades responsables que tengan el carácter de legislativas fueran omisas en rendir sus informes, ello no daría lugar a sancionarlas con multa, de conformidad con el último párrafo del artículo 260 de la Ley de Amparo." VII. Prevención para que las partes informen sobre las causas de improcedencia. Con fundamento en el numeral 64, párrafo primero, de la legislación de la materia, prevéngase a las partes para que informen inmediatamente a este Juzgado de Distrito, si llegasen a tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. VIII. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. IX. Pruebas. Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas las documentales que anexa a su demanda de amparo, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las que se admiten y se desahogan en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencia de ellas en la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. X. Notificación a las partes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se instruye al Actuario Judicial para que se notifique a las partes los posibles diferimientos de la audiencia constitucional por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del poder judicial federal, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente los actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo, de los cuales el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que, resulta suficiente que ese tipo de proveídos se notifiquen por medio de lista en términos del numeral 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y a los terceros interesados, pues a través de ella se le informa en el domicilio que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por tanto, resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo ini.asp. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Dicho de otra forma, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho auto se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. XI. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. XII. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones las oficinas de la Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, localizadas en el Edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado en calle Río Lerma, número 2610, colonia Nueva Americana, en esta ciudad y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Enrique Martínez Zamorano y Ma. Carmen Minerva Lozano Escobedo, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los profesionistas Emma Alicia Sosa Rivera y Eduardo Espinoza Luna. XIII. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. XIV. Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. XV. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. XVI. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. XVII. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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