Angel Roberto Arizpe Govea

Expediente 811/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
811/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
23/09/2019

Partes del expediente

  • Angel Roberto Arizpe Govea

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la resolución de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda promovida por ***, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Único de Partido Penal, con residencia en Yuriria, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 811/2019-III.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, de un análisis integral del libelo constitucional, se desprende que el acto que la parte impetrante del amparo reclama en esta vía constitucional, es el auto de dieciséis de agosto del año en curso, mediante el cual, el Juez Único de Partido Penal, con sede en Yuriria, Guanajuato, dentro de la causa penal 40/2016, instruida en contra de ***, mediante el cual determina que no es posible eliminar diverso apodo. El artículo 62, de la Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece), a la letra dice: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Fijado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo (publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece), a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Sin que se ubique en alguna de las excepciones que marca el artículo 61, fracción XVIII de la invocada Ley. En efecto, el artículo 349 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, dispone: Artículo 349. Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia. Del contenido del precepto legal transcrito se desprende que en contra de los autos que no se conceda el recurso de apelación, procederá el de revocación. Por lo tanto, se insiste, si lo que reclama la parte peticionaria de amparo es el auto de dieciséis de agosto del año en curso, mediante el cual, el Juez Único de Partido Penal, con sede en Yuriria, Guanajuato, dentro de la causa penal 40/2016, instruida en contra de ***, mediante el cual determina que no es posible eliminar diverso apodo, mismo que no se prevé que sea apelable, pero en virtud de que la parte quejosa es parte en el juicio penal de origen, es inconcuso que en contra del acto reclamado procede el recurso de revocación, por lo que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aunado a que la circunstancia de que dicho medio de defensa ordinario tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 61, fracción XVIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis II.1o.P.20K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, octubre de 1998, página 1158, que reza: INCIDENTE DE RESTITUCIÓN PROVISIONAL DE BIENES DERIVADOS DE LA PROBABLE COMISIÓN DEL DELITO DE DESPOJO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN CONTRA DEL. La interlocutoria que resuelve el incidente de restitución provisional de bienes derivados de la probable comisión del delito de despojo es de aquellos respecto de las cuales, la ley del acto prevé un medio ordinario de defensa, por virtud del cual pueden ser modificados, revocados o anulados, además de que por su naturaleza, no se trata de los casos de excepción a que se refiere el artículo 73 fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues no es un acto que importe el peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución, por lo que en atención a lo dispuesto por la fracción III, del diverso numeral 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio de garantías interpuesto en su contra. Así mismo, es aplicable la jurisprudencia 573, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, página 515, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional. Es aplicable la tesis VI.2o.50P, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 475, de rubro y texto siguientes: RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL, OBLIGACIÓN DE AGOTARLOS CUANDO NO ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DE LA AGRAVIADA. Si la resolución reclamada fue dictada en un proceso penal, por virtud de la cual se requirió a la hoy quejosa que restituyera provisionalmente el inmueble en controversia a la ofendida, y ésta no ataca la libertad personal de la agraviada, debió combatirla a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, requisito indispensable que debió agotar la recurrente previamente a interponer la tramitación del juicio de garantías, por lo cual sí debió hacer valer ante el juez de la causa los medios ordinarios de defensa que la ley otorga, por lo que en esas condiciones se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las Tesis invocadas en el presente asuntos son aplicables de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, dado que su contenido no se opone en lo substancial a la nueva ley. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, toda vez que no se observó el principio de definitividad que impera para la procedencia del juicio de amparo, puesto que en contra del auto que constituye el acto reclamado no se interpuso el recurso de revocación, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, de conformidad con el artículo 62 de la invocada Ley. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado Federal y como autorizado de su parte en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***, en virtud de que tiene debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos, en términos restringidos del numeral invocado, conforme a su segundo párrafo, segunda parte, a ***, en virtud de que no tienen registradas sus cédulas profesionales en la base de datos mencionada. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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