ANGEL REYNALDO CRUZ REYES y Otros.

Expediente 459/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
459/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • ANGEL REYNALDO CRUZ REYES y Otros.
  • Angel Reynaldo Cruz Reyes
  • A. L. G. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    MESA "... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto,... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, dada la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte agraviada y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el asunto. De la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos reclaman de: Presidente Municipal, Regidor de Movilidad y Transporte, y Elementos de la Policía Vial, del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca: a)-La privación de la libertad de los quejosos. b) La desposeimiento del vehículo Marca ... Frontier, Camioneta P... con placas de circulación... propiedad de ..., efectuado el día siete de mayo de dos mil veintitrés; c) El pago para la devolución de ese vehículo. Y del Tesorero Municipal y, Comisión de Seguridad Pública y Policía Vial, del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca: a).El acta de infracción 3156 de siete de mayo de dos mil veintitrés; b) El pago de...en recibo folio ... de dieciocho de mayo del actual; c) El pago de grúa efectuado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por ..., recibo 0244; y, d) La eliminación del registro de infracciones. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados de una autoridad. Son inexistentes los actos reclamados de la autoridad responsable designada como Regidor de Movilidad y Transporte de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca; ya que conforme al auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, los quejosos no formularon manifestación alguna de aclaración o precisión de la inexistencia de esa autoridad; en consecuencia, se hace efectiva la prevención realizada a los peticionarios y se declara como autoridad inexistente, por ende, no pueden existir los actos a ella atribuidos. En esa tesitura, ante la inexistencia de los actos reclamados a esa autoridad, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio de amparo respecto de dicha autoridad. ... CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades municipales responsables Presidente Municipal, Regidor de Movilidad y Transporte, Tesorero Municipal, Comisión de Seguridad Pública y Policía Vial, y Elementos de la Policía Vial, del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, NO rindieron sus respectivos informes justificados; en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. La presunción de certeza de los actos reclamados alcanza plena convicción, porque a requerimiento por este Juzgado, las autoridades responsables remitieron copia certificada de: 1) ACTA DE INFRACCIÓN de siete de mayo de dos mil veintitrés; 2) RECIBO DE PAGO DE INFRACCIÓN folio ... de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés; y 3) COMPROBANTE DE PAGO folio ... de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, por tratarse de documentos públicos conforme a lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo; y que se adminiculan con las pruebas de los quejosos: 1. Credencial de elector de Ángel Reynaldo Cruz Reyes; 2. Licencia para conducir del quejoso Ángel Reynaldo Cruz Reyes; 3. Tarjeta de circulación; 4. Factura ... de la camioneta Frontier; 5. Credencial de elector de Eva Gaytán Hernández; 6. Acta de infracción 3156 de siete de mayo de dos mil veintitrés; 7. Recibo ... de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por ... por concepto de pago de grúa; 8. Oficio de liberación del vehículo de dieciocho de mayo del actual, firmado por la Encargada de la Policía Vial Municipal de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca; 9. Licencia para conducir de Miguel Gaytán Hernández. 10. Recibo de pago ... de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por.. (veinticinco mil novecientos doce pesos, cero centavos, moneda nacional). 11. Credencial para votar con fotografía de Miguel Gaytán Hernández. 12. Credencial para votar con fotografía de Andrea Montserrat García Jijón; y 13. Acta de nacimiento de ... Pruebas que relacionadas con las ya valoradas con anterioridad, se les concede pleno valor probatorio para acreditar la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, el juicio de amparo es improcedente, por CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO consistente en: a)-La privación de la libertad de los quejosos. Ello es así, porque en la demanda de amparo los quejosos, bajo protesta de decir verdad, manifestaron esencialmente (HECHOS 1, 2 y 3) que el siete de mayo de dos mil veintitrés, estaban en el interior de la camioneta en cuestión, y aproximadamente a las 03:30 horas se acercaron elementos de seguridad vial de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca y expresaron que la camioneta estaba mal estacionada y se la iban a llevar al corralón; procedieron a traer una grúa, sin permitir que ninguno de los tripulantes bajara del vehículo; una vez que lo subieron a la plataforma, con todos los pasajeros al interior, el vehículo fue trasladado al corralón de Santa Cruz Amilpas, dejando al vehículo en posición diagonal y elevado, por lo que descender representaba un peligro; e informaron al conductor Ángel Reynaldo Cruz Reyes, que ahí estarían detenidos hasta que los jefes superiores dieran instrucciones para dejarlos en libertad. Que aproximadamente a las 6:00 horas de ese día, se acercó un policía vial a petición del conductor, y permitió bajar la camioneta de la grúa, igualmente permitió el descenso de todos los pasajeros, informándoles que ya podían irse y la camioneta se quedaba en garantía para el pago de la infracción vial (HECHO 6). Luego, al desahogar la prevención inicial respecto de los actos reclamados en un diverso amparo, manifestaron, bajo protesta de decir verdad, que los hechos materia del diverso amparo sí estaban relacionados pero eran diferentes, porque en aquel se reclamó la desaparición forzada, diferente a este juicio "ya que al estar en libertad se efectuó un amparo distinto, básicamente dirigidos a la privación de la libertad por considerar que en ese momento cesó la desaparición forzada, así como para recuperar la camioneta e impugnar el pago inconstitucional que se pretende realizar", hechos novedosos de los cuales no se tenía conocimiento en la primera demanda (Punto 3). De ahí que resulte evidente que los quejosos fueron PUESTOS EN LIBERTAD el mismo día de la referida detención o privación de la libertad, en consecuencia, cesó el acto restrictivo de su libertad, lo cual impide su análisis en el juicio de amparo, conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Robustece anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página 28, tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." El anterior sobreseimiento por la cesación del acto privativo de la libertad de los quejosos, no restringe el derecho de los afectados en instar en la vía administrativa y/o penal, por la responsabilidad penal de las autoridades responsables implicadas en tal hecho, ya que lo determinado solo atiende a una condición de improcedencia del análisis del fondo para efectos del juicio de amparo, pero sin juzgar sobre la legalidad o no de la detención acontecida pues ello pertenece a la jurisdicción de las instancias ministeriales o administrativas respectivas. Por otra parte, del contenido de los restantes actos reclamados, consistentes en: 1.- La DESPOSEIMIENTO del vehículo Marca Nissan ... Frontier, Camioneta Pickup, Modelo 2019, con placas de circulación ..., propiedad de Ángel Reynaldo Cruz Reyes, efectuado el día siete de mayo de dos mil veintitrés; 2. El PAGO para la devolución de ese vehículo. 3. El ACTA DE INFRACCIÓN ... 4. El PAGO de $... en recibo folio ...de dieciocho de mayo del actual; 5. El PAGO DE GRÚA efectuado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por ...), recibo .. y, 6. La eliminación del registro de infracciones. Cabe concluir que estos actos, NO AFECTAN EL INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO DE LOS QUEJOSOS (2) E... ya que como se ha identificado, la DETENCIÓN DEL VEHÍCULO en cuestión, según expresa el acta de infracción, se levantó a ... quien acreditó para efectos de esta instancia constitucional, la propiedad del vehículo Marca ... Camioneta P... placas de circulación... y la correspondiente tarjeta de circulación a su nombre. En congruencia con lo anterior, los recibos de los pagos reclamados, se encuentran expedidos únicamente a nombre de ese quejoso. De ahí que si los actos de desposesión del referido vehículo, y los pagos impuestos derivados del acta de infracción levantada por la autoridad municipal, incluyendo el registro municipal, NO AFECTAN EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DE LOS CITADOS QUEJOSOS, como lo preceptúan los artículo 1º, 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, es improcedente el sumario constitucional. En esa tesitura, ante la causa de improcedencia del amparo, acorde con el numeral 63, fracción IV, de la ley de la materia, se SOBRESEE en la instancia constitucional respecto del precisado acto de autoridad. Al no advertirse algún diverso motivo de improcedencia, se aborda el análisis de constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes respecto a los restantes actos consistentes en la desposesión del referido vehículo, y los pagos impuestos derivados del acta de infracción levantada por la autoridad municipal al quejoso ..., incluyendo el registro de infracciones: En el primer concepto de violación, que las autoridades responsables transgreden los derechos humanos de los quejosos, incluyendo los de cuatro menores de edad, por lo que debe resolverse el presente amparo con perspectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prevaleciendo el interés superior de los menores. En el segundo concepto de violación, aducen que la detención e inconstitucional desposesión del vehículo vulnera el artículo 11 constitucional porque injustificadamente realizaron la detención de todos los ocupantes de la camioneta, y el traslado al corralón en su interior, deteniéndolos indebidamente por aproximadamente dos horas y media. En el tercer concepto de violación señalan que se le priva al quejoso ..., legítimo propietario de la camioneta materia del amparo, sin cumplirse con las formalidades del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En el cuarto concepto de violación, arguyen los quejosos que no existe un mandamiento de la autoridad que funde la detención y desposesión del vehículo. En la ampliación de la demanda de amparo, los quejosos expresan que el vehículo detenido se encontraba estacionado, con el motor apagado, los ocupantes dormidos, y contrario a lo manifestado por el policía vial en el acta de infracción, el vehículo sí estaba bien estacionado. Agregan, que el acta de infracción es incierta en cuanto al lugar exacto en el que se encontraba el vehículo. En el segundo concepto de violación, impugnan que se les obliga a pagar una infracción sin llevarlo ante un juez calificador o ministerio público, ni se realizó un registro de su detención, llevándose de manera clandestina la camioneta. En el cuarto concepto de violación, los peticionarios alegan que es procedente la restitución de los pagos realizados, porque durante la detención jamás se le solicitó la licencia de manejo, ni practicó alguna prueba o examen para acreditar que estaba con aliento alcohólico, independiente que el vehículo estaba estacionado, sin conducirlo, por lo que la infracción impuesta no precisa las circunstancias especiales de la conducta estimada por la autoridad. Agrega que el acta de infracción genera incertidumbre porque carece de fundamentación y motivación, pues no se encuentra totalmente requisitada y contiene expresiones incomprensibles de los motivos de su imposición. SÉPTIMO. Análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso. Es así porque la infracción reclamada viola en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, que prevé que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, lo que no ocurre en el caso y por ende, resulta violatorio de dichas garantías contempladas en el artículo 16 Constitucional, que dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." De lo dispuesto en el artículo citado se desprende que para la emisión de un acto de molestia deben concurrir tres requisitos mínimos, a saber: 1. Que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2. Que provenga de autoridad competente; y, 3. Que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Requisitos que en esencia refieren: a) La primera de esas exigencias tiene como propósito que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia a efecto de que el agraviado pueda conocer con precisión la autoridad de la que proviene, su contenido y sus consecuencias; b) el segundo presupuesto tiene como efecto garantizar que la autoridad emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de expedirlo; c) la fundamentación entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto impositivo, en tanto que la motivación es la expresión de las razones por las cuales considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son, precisamente, los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, deben coexistir, porque no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Sirve de apoyo la tesis I.3o.C.52 K, registro 184546, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XVII, Abril de 2003, Materia(s): Común, página 1050, siguiente: "ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES. De lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Presupuestos, el de la fundamentación y el de la motivación, que deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento." Así, el particular debe estar en aptitud de conocer la norma legal y los motivos que permitan a la autoridad molestarlo en su esfera jurídica y, en su caso, controvertir tal actuación si considera que la misma no se encuentra ajustada a derecho. Acorde con lo anterior, en la especie, el acta de infracción 3156 de siete de mayo de dos mil veintitrés, con valor probatorio pleno, ya dicho en anteriores párrafos, evidencia que se trata de un acta consignada en un formato de la Comisión de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, prediseñado y posteriormente requisitado por la autoridad vial responsable. Sin embargo, para que el acto de autoridad cumpla con la condición de que conste por escrito, tratándose de actas pre elaboradas en formatos que contiene o expresa diversos fundamentos legales y supuestos de infracciones, para la posterior concreción del caso que habrá de especificarse en la ..., incluyendo también los diversos alcances de sanción al infractor, conforme al artículo 4 ARTÍCULO 4.- ... Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, deben estar publicados previamente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, para que puedan producir efectos; lo cual no consta que así esté cumplimentado por la autoridad administrativa. En esa condición, el acta de infracción reclamada incumple con ese requisito legal para satisfacer la condición de que conste por escrito, condición de certeza jurídica del acto de molestia de la autoridad, ya que como se precisó, se trata de un formato de acta que expresa múltiples hechos, faltas administrativas, fundamentos legales, consecuencias y sanciones, de manera que al no acreditarse por la autoridad que esté publicado dicho formato, carece de eficacia jurídica en perjuicio de gobernado. No es óbice que el formato en cuestión, refiera que el diez de enero de dos mil veintidós, ese formato fue "turnado" a la Secretaría Municipal para su publicación en la Gaceta Municipal, y se encuentra a la vista en los tableros de avisos de las dependencias y entidades de la administración municipal, ya que es requisito formal que se haya llevado a cabo su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Más aún que como se advierte de la referida acta de infracción, insuficientemente expresa como "MOTIVACIÓN" "por conducir con aliento alcohólico, y negarse a entregar documentos oficiales la tarjeta de circulación en caso de.- Por negarse a realizar las pruebas."; lo cual no cumple con la condición de que exprese la fundamentación y motivación del acto de autoridad, pues lo asentado no podría convalidar la necesidad de consignar el exacto y concreto ordenamiento legal, esto es, la ley o el reglamento aplicado, incluso el supuesto concreto para el caso de tratarse de una norma de previsión compleja, así como las particularidades del hecho, a fin de poder ser individualizado de sanción administrativa. Es así porque no existe un soporte que indique que el conductor del vehículo fuere examinado y valorado con "aliento alcohólico", y sobretodo, que en la misma circunstanciación, se asienta el conductor se negó a realizarse las "pruebas", lo cual la hace incierta en parte de su motivación, y contradictoria de su certeza. En tales condiciones es sustancialmente fundado que el acto de autoridad, no cumple con el imperativo constitucional de los actos de molestia. Sirve de apoyo la tesis con número de registro 251051, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 145-150, Sexta Parte, séptima época, visible en la página 284, de rubro y texto siguiente: "TRÁNSITO, MULTAS DE. Para que una multa por infracción al Reglamento de Tránsito esté debidamente fundada y motivada, se requiere que se haga la descripción clara y completa de la conducta que satisface la hipótesis normativa y que se dé con absoluta precisión el artículo, y la fracción e inciso, en sus casos, que tipifican la conducta sancionadora. Y sería inconstitucional mermar o anular la garantía del artículo 16 constitucional por razones de aptitud o comodidades burocráticas, permitiendo la imposición de sanciones con motivaciones imprecisas y como en clave interna administrativa, o con la mención de varios preceptos, o de varias fracciones, o de varios incisos, o en reenvío a un grupo de infracciones, sin precisar con toda exactitud cuál fue la conducta realizada y cuál fue la disposición legal aplicada." Ante esa inobservancia de la autoridad responsable el acto reclamado viola el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 Constitucional, toda vez que no está debidamente fundado ni motivado; y por vía de consecuencia, por vicios derivados, los restantes actos reclamados. OCTAVO. Efectos del fallo protector. En términos del artículo 74, facciones V y VI, de la Ley de Amparo, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ÁNGEL REYNALDO CRUZ REYES, para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, y a fin de restituir al solicitante de amparo en el goce del derecho humano violado, las autoridades responsables, Presidente Municipal, Tesorero, Comisión de Seguridad Pública y Policía Vial, y Elementos de la Policía Vial, todos del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, en el ámbito de sus funciones, deberán realizar: a).Dejar insubsistente el acta de infracción 3156 de siete de mayo de dos mil veintitrés; b) Por consecuencia de vicios derivados, restituir los cobros reclamados, esto es, el pago de ... en recibo folio ... en recibo...; y, c) Elimine el registro de infracción del quejoso. En el entendido de que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, tratándose de actos administrativos, las autoridades responsables no podrán emitir una nueva boleta de infracción purgando los vicios que llevaron a conceder el amparo, pues ante la falta de complementación de esos aspectos en el informe justificado, debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. ... NOVENO. Vista al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2712 de la Ley de Amparo, en relación a los preceptivos 16, 17, 19 y 21, constitucionales y, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la posible actualización de hechos constitutivos de delitos de al menos de abuso de autoridad y privación de la libertad de los quejosos (que incluye cuatro menores de edad, ajenos a la persona aparentemente relacionada con una evidentemente ilegal infracción administrativa o vial) más los injustos que puedan actualizarse; CÓRRASE TRASLADO AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, determine el ejercicio de la acción penal contra las autoridades responsables: Presidente Municipal, Tesorero, Comisión de Seguridad Pública y Policía Vial, y Elementos de la Policía Vial, todos del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca. Al efecto, una vez que quede firme esta resolución, remítase copia certificada de las actuaciones al Fiscal General del Estado de Oaxaca, para su cumplimiento. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 204/2016, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común, Penal; Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, registro digital 2014917, del contenido: "Artículo 271. Cuando al concederse definitivamente al quejoso el amparo aparezca que el acto reclamado además de violar derechos humanos y garantías constituye delito, se pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Público que corresponda." "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato.". Por lo expuesto y fundado; se, R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ..., y los menores de edad de iniciales ... contra los actos y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... contra los actos reclamados del Presidente Municipal, Tesorero, Comisión de Seguridad Pública y Policía Vial, y Elementos de la Policía Vial, todos del Municipio de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, precisados y para los efectos señalados en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. TERCERO. Remítase copia certificada de esta resolución al Fiscal General del Estado de Oaxaca, para los efectos precisados en el considerando noveno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito del representante de los quejosos, ..., que solicita se lleve a cabo el dictado de sentencia en el presente juicio; téngase por hechas sus manifestaciones, y comuníquesele que una vez que lo permitan las labores del juzgado, se dictará la sentencia que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA II ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ... por medio del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente juicio; y comuníquesele, que en fecha trece de los corrientes se celebró la audiencia constitucional, por lo que el presente asunto se encuentra pendiente de emitir la resolución correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA "... AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las diez horas con un minuto del TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 459/2023, promovido por ... y otros; por tal motivo en audiencia pública RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa asistido de Román Fierros Zárate, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. En la misma fecha, el Secretario da cuenta con el escrito del quejoso, con el que proporciona pruebas documentales. Promoción 11178 RELACIÓN DE CONSTANCIAS El Secretario certifica que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenida en el apercibimiento dictado en el auto inicial. Acto continuo, el Secretario hace una relación de las constancias de autos, en los que se encuentran copia autorizada de la demanda de amparo y auto admisorio, de la ampliación de la demanda y auto de ampliación. El Juez acuerda: téngase por formulada la relación de constancias que hace el Secretario. PERIODO DE PRUEBAS Abierto el período probatorio, se hace constar que la autoridad responsable, Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Santa Cruz Amilpas, Oaxaca, remitió: 1. Acta de infracción con folio .., de siete de mayo de dos mil veintitrés. 2. Comprobante de pago de folio ..., de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por la cantidad de ...(un mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional). 3. Recibo de pago con folio ..., de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por... (veinticinco mil novecientos doce pesos cero centavos, moneda nacional). Por su parte, el quejoso ofreció las DOCUMENTALES, consistentes en copia de: 1. Credencial de elector del quejoso ... 2. Licencia para conducir del quejoso; 3. Tarjeta de circulación del quejoso; 4. Factura...de la camioneta ..., del quejoso; 5. Credencial de elector de... 6. Acta de infracción .. de siete de mayo de dos mil veintitrés; 7. Recibo ... de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por ... (mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de pago de grúa; 8. Oficio de liberación del vehículo ..., firmado por la Encargada de la Policía Vial Municipal de Santa Cruz Amilpas; 9. Resolución de Recurso de Queja ... del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de tres de febrero de dos mil veintitrés; 10. Licencia para conducir de ... Asimismo, las diversas DOCUMENTALES consistente en: 1. Recibo de pago ... de fecha dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por ... (veinticinco mil novecientos doce pesos, cero centavos, moneda nacional). Finalmente, en el escrito de cuenta, el quejoso ofrece las DOCUMENTALES: 1. Credencial para votar con fotografía de Miguel Gaytán Hernández. 2. Credencial para votar con fotografía de Andrea Montserrat García Jijón. 3. Acta de nacimiento de la infante ... Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se ADMITEN y tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas; y no habiendo más pruebas que ofrecer, el Juez ordena se cierra dicho período. PERÍODO DE ALEGATOS El Secretario hace constar que el quejoso formuló alegatos, en virtud que el quejoso hizo valer tal derecho, se cierra dicho período y se procede a dictar la siguiente resolución. JUEZ OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. RODOLFO SÁNCHEZ ZEPEDA EL SECRETARIO DE JUZGADO ROMÁN FIERROS ZÁRATE

Quedan 20 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano