Ángel Reyes Medina
Expediente 281/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Ángel Reyes Medina
Actuaciones
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo. de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que recobró vigencia respecto de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales distintos a los pertenecientes a los del Primero, Segundo, Decimoctavo, Decimosexto y Decimoquinto, Circuitos, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, según lo dispone la circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el ocho de enero anterior, este juzgado determina el levantamiento de la suspensión decretada, lo que implica la continuación del trámite del presente asunto -desde el punto en que quedó pausado, pero no su reinicio-, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, pero con los debidos ajustes derivados del citado Acuerdo. Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en los numerales 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del referido Acuerdo General 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que la reanudación de labores de este órgano judicial, atenderá a preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, por lo que como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará´ de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta y, toda vez que ha transcurrido el plazo legal de diez días, dentro del que las partes pudieron recurrir en revisión el acuerdo dictado en este juicio de amparo el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio constitucional, sin haberlo hecho, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al citado ordenamiento legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a las responsables; háganse las anotaciones en el libro respectivo, y como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido y se ordena su archivo Haciéndose la precisión que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la demanda de amparo fue promovida en contra de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, y el acto que en lo medular consiste en: La omisión emitir el auto de requerimiento de pago y embargo, con el fin de ejecutar el laudo emitido en el juicio laboral. En consecuencia, con apoyo en los artículos 63, fracción V y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, esta juzgadora estima necesario analizar si durante la sustanciación de este juicio ha sobrevenido, o no, alguna causa de improcedencia. Lo anterior, porque de existir alguna causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con el ímpetu de privilegiar el principio de acceso efectivo a la justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." I. Actualización de una causa de improcedencia. Al respecto, cabe señalar que este juzgado advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos de los actos reclamados. Para justificar lo anterior, se acude al contenido del citado ordenamiento legal que establece la causal relativa a la cesación de efectos, el cual a la letra dice lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" . Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se combate. Lo anterior también se produce cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Así, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos del gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación coherente a los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo en vigor, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora, de la copia certificada que remitió la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, mediante oficio SA./2653/2020, de once de septiembre de dos mil veinte, se advierte que el quince de junio del año en curso, la junta responsable se pronunció respecto al escrito de quince de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por la parte actora, aquí quejosa, con el que solicita se ejecute el laudo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve; y en atención al contenido del referido escrito, dictó auto de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral. Dicha constancia adquiere pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. De lo anterior, se colige que en el presente caso sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues si bien a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo (veintiséis de febrero de dos mil veinte), existía la actitud omisiva atribuida a la autoridad responsable al no emitir auto de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral, a fin de ejecutar el laudo emitido el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en el juicio laboral en comento; lo cierto es, que durante la sustanciación de este juicio, el quince de junio del presente año, se emitió auto de requerimiento de pago y embargo dentro del juicio laboral, y si bien la junta responsable no remite constancia de notificación practicada a la parte actora, derivada del auto en mención, el impetrante de garantías queda notificado mediante lista de estrados de treinta de septiembre de la presente anualidad, que se fijó en este juzgado federal, al poner a la vista de las partes que integran el presente juicio, el informe y anexo remitido por la junta responsable; circunstancia que produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos de la omisión reclamada, borrando sus efectos, en forma inmediata, total e incondicional, y reanudando las cosas al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Pues bien, al haberse acreditado los lineamientos establecidos por el más alto tribunal de la nación, es evidente la materialización en el caso de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. De este modo, en el supuesto de una hipotética concesión de amparo, la justiciable no podría haber obtenido mayores beneficios que los señalados, lo cual viene a corroborar que la cesación de los efectos de la omisión controvertida sí trajo consigo el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la existencia del acto objeto de impugnación constitucional. De ahí que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Es puntualmente aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así, se estima que la improcedencia del juicio constitucional es manifiesta e indudable. Es manifiesta, porque la causa de improcedencia, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado quedó demostrada con las constancias que integran este expediente. También es indudable, si se toma en cuenta que lo anterior de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente puedan ofrecer las partes en la audiencia constitucional, de modo que el sentido de la sentencia sería el mismo. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracciones V, ambos de la Ley de Amparo, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE ESTE JUICIO, FUERA DE AUDIENCIA, y por ende, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos, del veintiuno de octubre de dos mil veinte. Se comunica lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes. Asimismo, se ordena al secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la certificación secretarial respectiva, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente.
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