Ángel Rey Martínez Raymundo

Expediente 193/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
193/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Ángel Rey Martínez Raymundo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca acusa recibo de los autos originales del juicio laboral 16/2020 que fueron devueltos mediante el oficio 13196/2021 de trece de mayo del año en curso. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que se haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de pruebas relativos a las copias certificadas de diversos comunicados y las actuaciones originales del juicio laboral 16/2020 que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca remitió en apoyo de su informe justificado, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio que al efecto se elabore; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.

  3. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 193/2021 promovido por Ángel Rey Martínez Raymundo, por conducto de su apoderada ***z, en contra de los actos de la autoridad que se precisarán más adelante. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de una sentencia de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio del inconforme el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva reconocido por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. ANTECEDENTES 1. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca,** demandó al Gobierno de Oaxaca, a la Secretaría de Administración del Gobierno local, a la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado y a la Casa de la Cultura Oaxaqueña del Gobierno de esta entidad federativa el otorgamiento de un nombramiento de base y otras prestaciones; en su ocurso inicial el actor ofreció diversos medios de convicción. 2. Por auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el referido Tribunal burocrático registró el citado asunto bajo el expediente **/2020, desechó parcialmente la demanda respecto del Gobierno de Oaxaca y admitió a trámite el escrito inicial de manera parcial en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno local, de la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado y de la Casa de la Cultura Oaxaqueña del Gobierno de esta entidad federativa, por lo que dispuso que se emplazara a las entidades públicas enjuiciadas para que en el plazo de cinco días contestaran la demanda instaurada en su contra, opusieran sus excepciones y defensas y ofrecieran las pruebas que estimaran pertinentes; finalmente, formuló distintas prevenciones a las partes. 3. El doce y el diecinueve, ambos de marzo de dos mil veinte, se emplazó a la Casa de la Cultura Oaxaqueña del Gobierno local, a la Secretaría de las Culturas y Artes del Estado y a la Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca para que ejercieran su derecho de defensa; también se detecta que al veinte de marzo de esa anualidad, aún no transcurría el lapso concedido a las demandada para que ejercieran esa prerrogativa. 4. Precisa señalar que mediante acuerdos de diecinueve de marzo, de catorce de abril, de cuatro de mayo, de uno, de quince y de treinta de junio, de quince y de treinta y uno de julio, de diecisiete y de treinta y uno de agosto, de quince y de treinta de septiembre, de quince de octubre, de tres y de diecisiete de noviembre, de uno y de treinta de diciembre, todos de dos mil veinte, así como de quince y de veintinueve de enero, de quince y de veintiséis de febrero y de doce de marzo, las últimas cinco fechas de dos mil veintiuno, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca dispuso la suspensión de actividades laborales, jurisdiccionales y administrativas en ese Tribunal burocrático y que no correrían plazos y términos procesales en los lapsos comprendidos del veinte de marzo al quince de diciembre de dos mil veinte, y del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, al cinco de abril de dos mil veintiuno, precisándose que el segundo período vacacional de dos mil veinte abarcó del dieciséis al treinta de diciembre de esa anualidad. 5. En consideración de la titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales y ocasionan perjuicios en su esfera jurídica. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el cual se recibió en la propia data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ángel Rey Martínez Raymundo, por conducto de su apoderada Griselda Rodríguez Muñoz, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se precisarán. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda registrándola con el progresivo 193/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que se atribuyen a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama los actos siguientes: De la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca combate: ? Las omisiones (i) de pronunciar el acuerdo en donde se tenga por contestada la demanda en el juicio laboral 16/2020, (ii) de dar vista con la contestación de los enjuiciados y (iii) de continuar con la substanciación de ese contradictorio. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS COMBATIDOS No son ciertos los actos impugnados a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, consistentes en las omisiones (i) de pronunciar el acuerdo en donde se tenga por contestada la demanda en el juicio laboral **/2020, (ii) de dar vista con la contestación de los enjuiciados y (iii) de continuar con la substanciación de ese contradictorio, a pesar de que en su informe justificado aceptó la existencia de esas actuaciones, porque de este medio extraordinario de defensa se desprende una situación contraria a su afirmación. En efecto, la inexistencia de esas actuaciones se desprende de las constancias originales del juicio de origen que la mencionada responsable aportó, así como de las copias certificadas de los acuerdos de diecinueve de marzo, de catorce de abril, de cuatro de mayo, de uno, de quince y de treinta de junio, de quince y de treinta y uno de julio, de diecisiete y de treinta y uno de agosto, de quince y de treinta de septiembre, de quince de octubre, de tres y de diecisiete de noviembre, de uno y de treinta de diciembre, todos de dos mil veinte, así como de quince y de veintinueve de enero, de quince y de veintiséis de febrero y de doce de marzo, las últimas cinco fechas de dos mil veintiuno. A esos documentos se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En otro punto, es necesario indicar que de los últimos instrumentos se colige que la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca dispuso la suspensión de actividades laborales, jurisdiccionales y administrativas en ese órgano jurisdiccional y que no correrían plazos y términos procesales en los lapsos comprendidos del veinte de marzo al quince de diciembre de dos mil veinte, y del treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, al cinco de abril de dos mil veintiuno, precisándose que el segundo período vacacional de dos mil veinte abarcó del dieciséis al treinta de diciembre de esa anualidad. En este punto, se sostiene que las abstenciones atacadas no pueden ser reprochadas a la Junta responsable en la medida en la que no existe alguna norma jurídica que la obligue a actuar en el sentido que el disidente pretende. Para evidenciar tal aserto es necesario precisar el concepto de "omisión" porque no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión" no basta con hacer referencia al curso de una actuación humana (un no hacer o una abstención), sino que se requiere de un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, ya que sin duda sólo se omite algo en el contexto en el que es relevante una actuación determinada, dado que existe una obligación que así lo indica; en suma, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley obliga. Ahora, para que exista una omisión (como una conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho) se deben reunir dos elementos, a saber: Un elemento deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa el acto omisivo impuesta por una norma jurídica, ya sea por una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal) o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, Un elemento óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer debe destacarse que para verificar la certeza del acto omisivo atacado es necesario examinar si la autoridad a la cual se atribuye esa conducta se encontraba constreñida a actuar en el sentido que el justiciable indica, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución jurisdiccional o administrativa que así lo ordene. Lo anterior tiene respaldo en la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del País , que expone: ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. Con sustento en el marco referencial anterior enseguida es necesario examinar si la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca conforme alguna norma jurídica se encontraba obligada a actuar en el sentido que el solicitante de la protección constitucional indica, es decir, si acorde con las facultades que puede ejercer y las obligaciones que ineludiblemente está constreñida a realizar tiene el deber (i) de pronunciar el acuerdo en donde se tenga por contestada la demanda en el juicio laboral **/2020, (ii) de dar vista con la contestación de los enjuiciados y (iii) de continuar con la substanciación de ese contradictorio. Para dilucidar lo anterior, es necesario tener presente el contenido de los arábigos 82, 84 y 85 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, los cuales prescriben: Articulo 82. El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan a la Junta de Arbitraje se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la respuesta que se dé en igual forma, y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y en la que se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio de la propia Junta se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda. Artículo 84. La contestación de la demanda deberá reunir los mismos requisitos que ésta, y se presentará en un término que no exceda de cinco días contados a partir de la fecha en que aquella fuere notificada." "Articulo 85. Si no se contestó la demanda, se dará por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario que sólo podrá referirse a destruir los hechos afirmados en la reclamación. Contestada la demanda, la Junta dictará las medidas necesarias para la preparación de las pruebas ofrecidas por las partes y que no estuvieren a su disposición a efecto de que no sufra dilación la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. De los dispositivos insertos se obtienen, en lo que interesa, las premisas siguientes: El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan a la Junta de Arbitraje se reducirá a la presentación de la demanda respectiva, que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia; a la respuesta que se dé de manera similar y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y en la que se pronunciará resolución. La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de cinco días contados a partir de la fecha en la que la enjuiciada fuere notificada y emplazada. Si no se contestó la demanda, se dará por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario que sólo podrá referirse a destruir los hechos afirmados en la reclamación. Contestada la demanda, la Junta dictará las medidas necesarias para la preparación de las pruebas ofrecidas por las partes y que no estuvieren a su disposición para que no se dilate la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia. Lo anterior pone de relieve que los actos combatidos no puede ser reprochados al Tribunal burocrático responsable, dado que de los segmentos normativos transcritos ni de alguna otra disposición jurídica se advierte que tenga la obligación (i) de pronunciar el acuerdo en donde se tenga por contestada la demanda en el juicio laboral **/2020, (ii) de dar vista con la contestación de los enjuiciados y (iii) de continuar con la substanciación de ese contradictorio, cuando aún no ha fenecido el plazo otorgado a los demandados para contestar la demanda, ni cuando sea inexistente esa contestación esté obligado a dar vista y tampoco que pueda continuar con el trámite del juicio natural a pesar de la suspensión de actividades jurisdiccionales, pues la propia Junta dispuso que no correrían los plazos y términos procesales en el período comprendido del veinte de marzo de dos mil veinte, al cinco de abril de dos mil veintiuno. Es necesario tener presente que conforme a los antecedentes relatados en el primer apartado de esta sentencia, en dicho contradictorio apenas se integró la relación jurídica procesal con el emplazamiento de las entidades públicas demandadas, por lo que el plazo que les fue concedido para contestar la demanda aún no fenece, dado que del período comprendido del veinte de marzo de dos mil veinte, al cinco de abril de dos mil veintiuno, fueron suspendidas las actividades jurisdiccionales en ese Tribunal burocrático y no corrieron plazos ni términos procesales en ese lapso. Así, si el doce y el diecinueve, ambos de marzo de dos mil veinte, se emplazó a las enjuiciadas Casa de la Cultura Oaxaqueña del Gobierno local, Secretaría de las Culturas y Artes del Estado y Secretaría de Administración del Gobierno de Oaxaca para que contestaran la demanda, es inconcuso que al veinte de marzo del año próximo pasado, cuando inició la suspensión de actividades jurisdiccionales en la Junta responsable, aún no fenecía el plazo de cinco días que se otorgó a los enjuiciados para que ejercieran su derecho de defensa, porque a las dos primeras entidades públicas apenas les había transcurrido cuatro días para ejercer esa prerrogativa y a la última aún no le comienza a correr ese lapso. Luego, si aún no fenece el plazo de cinco días concedido a las enjuiciadas en el auto admisorio, es indudable que la Junta responsable no puede (i) dictar un proveído en donde tenga por contestada la demanda en el juicio laboral 16/2020, porque ese acto procesal no existe. Ahora, si la contestación de la demanda es inexistente, entonces esa autoridad no puede (ii) dar vista con tal documento. Finalmente, si del período comprendido del veinte de marzo de dos mil veinte, al cinco de abril de dos mil veintiuno, fueron suspendidas las actividades jurisdiccionales en el Tribunal responsable y no corrieron plazos ni términos procesales en ese lapso, entonces la Junta está imposibilitada para (iii) continuar con la substanciación del contradictorio de origen. 33. Lo anterior pone de relieve que no existen los actos omisivos que se reclaman a la Junta responsable, dado que no se colman los elementos deóntico y óntico indicados con anterioridad para que se actualice una omisión como conducta cualificada por el derecho, en la medida en la que conforme a los dispositivos examinados no es factible advertir que tiene el deber de realizar las conductas cuya omisión le fue atribuida. Luego, si no existe la obligación de hacer -(i) de pronunciar el acuerdo en donde se tenga por contestada la demanda en el juicio laboral ** (ii) de dar vista con la contestación de los enjuiciados y (iii) de continuar con la substanciación de ese contradictorio- a cargo de la mencionada autoridad que sea impuesta por una norma jurídica es inconcuso que no se le puede reprochar que incurrió en las omisiones atacadas, porque ese Tribunal burocrático no estaba obligado a actuar en el sentido que el solicitante de la protección constitucional pretende; de ahí que se evidencie la inexistencia de los actos reclamados a esa entidad pública; por tanto, se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto en cuanto a los actos combatidos a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, consistentes en las omisiones (i) de pronunciar el acuerdo en donde se tenga por contestada la demanda en el juicio laboral **/2020, (ii) de dar vista con la contestación de los enjuiciados y (iii) de continuar con la substanciación de ese contradictorio, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **do en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las razones expuestas en el apartado V de esta sentenci Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la responsable Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca informa que ya remitió las constancias requeridas en el auto de veintinueve de marzo pasado. Al respecto, hágase del conocimiento a la citada autoridad que el seis de abril del año en curso, se le tuvo por atendido el requerimiento indicado, dado que exhibió las constancias solicitadas; por tanto, deberá estarse a esa determinación. Notifíquese.

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