Ángel René Martínez López
Expediente 2920/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2920/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/04/2019
Partes del expediente
- Ángel René Martínez López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la razón del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la que hace constar que no fue posible dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido de notificar personalmente a la parte quejosa, el aludido acuerdo, por las razones que expone en la constancia de mérito. En razón de lo anterior, túrnense nuevamente los presentes autos al Actuario que corresponda, a fin de que realice la aludida notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto la parte quejosa señale diverso domicilio para tal efecto.
- Principal
Como está ordenado en proveído de uno de abril de dos mil diecinueve, por este medio se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el catorce de marzo de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "De no haberlo hecho aún, dicte acuerdo en el que se pronuncie acerca de la promoción que presentó el quejoso el nueve de agosto de dos mil dieciocho, atendiendo a lo ahí peticionado y ordene hacerlo del conocimiento de la parte promovente". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el que se pronunció acerca de la promoción que presentó el quejoso el nueve de agosto de dos mil dieciocho, atendiendo a lo ahí peticionado. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el catorce de marzo de dos mil diecinueve. Pronunciamiento. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y la protección constitucional, para el efecto de que: "De no haberlo hecho aún, dicte acuerdo en el que se pronuncie acerca de la promoción que presentó el quejoso el nueve de agosto de dos mil dieciocho, atendiendo a lo ahí peticionado y ordene hacerlo del conocimiento de la parte promovente". En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que la autoridad responsable el ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictó un acuerdo en el que se pronunció acerca de la promoción que presentó el quejoso el nueve de agosto de dos mil dieciocho, atendiendo a lo ahí peticionado. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. Acuerdo general. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que se concedió la protección constitucional; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.
- Principal
Visto el escrito signado por el autorizado en amplios términos de la parte quejosa, mediante el cual, solicita copias certificadas de la sentencia definitiva de veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, además, indica que dicha expedición deberá realizarse sin costo alguno. En primer término, debe destacarse que el contenido del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2, que a la letra establece: "Artículo 278.- Las partes, en cualquier asunto judicial, pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos, la que les mandará expedir el Tribunal, sin audiencia previa de las demás partes." De la anterior transcripción, puede advertirse que si bien, la parte promovente puede, en cualquier momento, solicitar la expedición de copias certificadas y este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a expedirlas, no menos cierto es, que dicha tramitación debe realizarse a costa del interesado, ello dado que el gasto que se origina por su expedición es una erogación que está a cargo del peticionario, puesto que ésta le es en su beneficio para poder aportar elementos de convicción en un juicio de amparo. En tal virtud, dígasele al quejoso que las copias certificadas a que hace referencia en su escrito de cuenta, únicamente serán otorgadas hasta en tanto el costo por su expedición sea cubierto por el interesado, entendiéndose por ello que el costo que origina el fotocopiado, para lo cual, se pone a su disposición el expediente en que se actúa.
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