Ángel René del Valle Villanueva

Expediente 390/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 49 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
390/2018
Año
2018
Actuaciones
49
Última actuación
04/12/2019

Partes del expediente

  • Ángel René del Valle Villanueva
  • Juez Primero Especializado En Materia Familiar de la Ciudad de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Causa estado cumplimiento. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto de referencia, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo Décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Asimismo, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, toda vez que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue negada, por lo que una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, el juicio principal y el original del incidente de suspensión trasládense al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero, de la normatividad en consulta. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de derechos, constituye una cuestión de orden público. *** De lo anterior, se aprecia que la responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector, puesto que atendió en su totalidad los efectos de la sentencia concesoria de amparo. En consecuencia se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la Juez responsable, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por lo que, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Manifestaciones de la parte quejosa. *** Notifíquese, por oficio al representante de la menor y personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a las partes mediante auto del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que se hayan pronunciado al respecto; por tanto, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de derechos, constituye una cuestión de orden público. Al respecto, se precisa que mediante sentencia del trece de febrero de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos plasmados en los párrafos 119 y 120 de la misma. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y, en consecuencia se requirió a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Por oficio 1231, presentado en la Oficialía de partes de este juzgado, la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, informó el cumplimiento dado a la sentencia definitiva dictada en el presente juicio, del que se advierte que la Juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente el acuerdo del veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho dictado en el expediente ... -relacionado con el del ocho de noviembre de esa anualidad-, y en su lugar, emitió el auto del doce de marzo de dos mil diecinueve. 2. Por otra parte, en la determinación del doce de marzo pasado, desechó la medida provisional solicitada, consistente en permitir de manera inmediata la visita y convivencia del provente con el menor. 3. Asimismo, ordenó hacer del conocimiento al menor las medidas adoptadas en relación con él, mediante la elaboración del formato de lectura fácil y accesible. 4. Además, ordenó girar oficio a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que se realizara una valoración psicológica al menor con el fin de descartar la existencia de aleccionamiento o alienación parental por parte del núcleo materno. Respecto de la valoración de mérito, estableció los parámetros para que se llevara a cabo ajustándose a los protocolos de actuación, tales como informar al menor en un lenguaje accesible y amigable sobre el procedimiento y su derecho a participar, así como que dicha diligencia debía llevarse a cabo en forma de entrevista y no de un interrogatorio, con la participación del perito en psicología designado y de una persona de confianza del infante -sin que entre ellos pudiera ser alguno de los abuelos maternos, ni la progenitora-. 5. En otro aspecto, en la nueva determinación requirió a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para que la prueba psicológica que se desahogara también debía comprender una valoración de los abuelos maternos Guadalupe Domínguez Guerrero y Javier Octavio Iglesias Álvarez, por ser las personas con quienes convive habitualmente y pudieran incidir en el aleccionamiento del menor. Por lo anterior, mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecinueve se tuvo al Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica DIF remitiendo en sobre cerrado las valoraciones psicológicas del menor E.V.I. y de sus abuelos maternos María Guadalupe Domínguez Guerrero y Javier Octavio Iglesias Álvarez, y el cinco de junio siguiente, se recibió el informe de la psicóloga Gabriela Angélica Romero García relativo a la valoración psicológica del menor, del que se advirtió lo siguiente: "Con base a la etapa de desarrollo y a los resultados obtenidos de la entrevista y pruebas psicológicas que se aplicaron al adolescente con fecha 16 de Abril de 2019, se puede descartar la presencia del SAP (Síndrome de Alienación Parental), en E.V.I." 6. Finalmente, ordenó girar oficio a la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para que se llevaran a cabo terapias de integración familiar, en las que se trabajara lo relativo a que el menor quejoso asimilara la existencia de un padre, y su aceptación, y además que se trabajara sobre el beneficio que pudiera representar que se incorporara en su vida cotidiana a través de la convivencia, y precisó que sólo cuando le profesional en psicología designado determinara que ya podía ser oportuna la convivencia, entonces se podría ordenar la ejecución del convenio. Ahora, respecto al punto antes indicado, por auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve se tuvo al Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica DIF, informando que el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se había iniciado el proceso terapéutico al quejoso Ángel René del Valle Villanueva y a su menor hijo E.V.I. bajo el número de expediente 790/2019, y posteriormente hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional la secuela de dicho proceso. Sin embargo, mediante auto de nueve de octubre siguiente, se determinó que la autoridad responsable no estaba dando cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en razón a que se advirtió que las terapias llevadas a cabo en el expediente 790/2019 fueron respecto del quejoso con su menor hijo, sin observar que en dichas terapias debía trabajarse en primer término, lo relativo a que el menor quejoso asimilara la existencia de un padre, y su aceptación, aunado a que se trabajara sobre el beneficio que pudiera representar que se incorporara a su vida cotidiana a través de la convivencia, lo que debería realizarse únicamente con el menor, y posteriormente, si la profesional en psicología lo consideraba viable, se podrían llevar a cabo terapias conjuntas -entre el quejoso y el menor-. Motivo por el cual, se requirió nuevamente a la Juez responsable para que realizara lo siguiente: "Ordene que realice un proceso terapéutico, en primer lugar, únicamente por lo que respecta al menor E.V.I. a fin de que se trabaje lo relativo a que dicho menor asimile la existencia de un padre, su aceptación, y además que se trabaje sobre el beneficio que puede representar que Ángel Rene del Valle Villanueva se incorpore en su vida cotidiana a través de la convivencia. Posteriormente, el profesional en psicología que lleve a cabo dichas terapias, deberá hacer del conocimiento del Juzgado responsable la determinación que emitió al respecto, lo que implica que se pronuncie respecto de si es o no viable que se lleve a cabo un proceso terapéutico respecto del menor con su padre no custodio. Por lo que, una vez que el Juez responsable cuente con dicha información, en el supuesto de ser viable -llevar a cabo un proceso terapéutico con el quejoso y el menor E.V.I., -, se procederá con las terapias correspondientes. Y sólo cuando el profesional en psicología determine que ya puede ser oportuna la convivencia con su padre no custodio, entonces se podrá ordenar la ejecución del convenio relativo al régimen de convivencias, en la modalidad que se determine por dicho profesional, por lo que es hasta ese momento en el cual, se determinará si es o no oportuna la convivencia con su padre no custodio." De igual forma, se requirió a la autoridad responsable para que asumiera una conducta procesal activa en el juicio de origen, a fin de tutelar el interés superior del menor, y en ese caso, ejecutar lo convenido por los padres, esto es, ordenar que se desarrollaran terapias de integración con el menor, de manera previa a ordenar la convivencia con el padre no custodio. En ese orden, la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla mediante oficio 5468 informó el contenido del proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, del que se advierte que, en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, realizó lo siguiente:  Ordenó girar oficio al Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica DIF para informarle que dejara sin efecto las terapias de integración familiar que se estaban realizando entre el menor y su padre no custodio, toda vez que se advertía que se le estaba imponiendo de manera tajante dicha convivencia al menor.  Requirió a la psicóloga Gabriela Angélica Romero García para que en el plazo de veinticuatro horas procediera a señalar día y hora a fin de que se llevara a cabo un proceso terapéutico únicamente con el menor E.V.I. para efecto de trabajar lo relativo a que asimilara la existencia de su progenitor y su aceptación, así como el beneficio que podía representar para él que su padre se incorporara a su vida cotidiana a través de la convivencia.  Por otra parte, requirió a la profesional en psicología que informara la determinación que emitiera al respecto, esto es, si era o no viable iniciar un proceso terapéutico entre el menor y su padre no custodio.  En el entendido que, sólo cuando la psicóloga determinara que ya podía ser oportuna la convivencia entre padre e hijo, la Juez responsable podía ordenar la ejecución del convenio relativo a las visitas y convivencias. Por otra parte, respecto de las terapias del menor la autoridad responsable precisó que debía ser asistido de una persona de su confianza, las cuales se llevarían a acabo de manera gradual y en la forma que determinara la perito en psicología, para que posteriormente se incremente el número de convivencias o su duración. Asimismo, acreditó haber requerido a la tercera interesada Coral Iglesias Domínguez para que asistiera a las diligencias programaras por el Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y Dirección de Asistencia Jurídica DIF, y la apercibió para el caso de no asistir sin causa justificada. Finalmente, mediante oficio 5649 la Juez responsable informó el contenido del auto del veintiuno de octubre del presente año, en el que tuvo al Titular de la mencionada Procuraduría informando que señaló las diecisiete horas del seis de noviembre de dos mil diecinueve, para iniciar las terapias únicamente con el menor E.V.I., ordenando notificar a la parte tercera interesada y requiriéndola a fin de que presente al menor a las referidas terapias, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se haría acreedora a una multa. De lo anterior, se aprecia que la responsable dio cabal cumplimiento al fallo protector, puesto que atendió en su totalidad los efectos de la sentencia concesoria de amparo. En consecuencia se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la Juez responsable, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por lo que, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. ? Manifestaciones de la parte quejosa. Ahora bien, respecto del escrito del quejoso presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veinticuatro de octubre del año en curso, se advierte que se opone al cumplimiento que realizó la autoridad responsable, pues indicó lo siguiente:  Considera que se le dejó en estado de indefensión en virtud de que la responsable ordenó la suspensión de las terapias que se estaban llevando a cabo con su menor hijo. Al respecto, resulta necesario precisar que, toda vez que se acreditó en autos que las terapias llevadas a cabo en el desarrollo del proceso terapéutico fueron respecto del quejoso con su menor hijo, resultaba evidente que se le estaba imponiendo de manera tajante dicha convivencia al menor, lo cual lejos de beneficiarlo, le podría causar un impacto negativo al asimilar dicha convivencia como una obligación o carga que debía cumplir aun en contra de su voluntad. En consecuencia, se estimó necesario ordenar un proceso terapéutico en primer término con el menor, a fin de que se trabajara lo relativo al hecho de asimilar la existencia de un padre, su aceptación, así como el beneficio que representaba que su padre estuviera en la vida cotidiana a través de la convivencia del menor, por lo que dicha circunstancia no implica dejar en estado de indefensión, pues si bien la convivencia del menor con sus padres constituye un elemento beneficioso y esencial para el desarrollo de su personalidad, especialmente con el progenitor que no ejerce la custodia, lo cierto es que dicha convivencia debe realizarse en un entorno que de manera efectiva beneficie al infante, por lo que resultaba imperioso que a fin de salvaguardar el interés superior del menor E.V.I, se efectuaran terapias únicamente con él. Lo anterior conllevaría a que la psicóloga a cargo de las referidas terapias, pudiera pronunciarse respecto de si es o no viable que se lleve a cabo un proceso terapéutico respecto del menor con su padre no custodio.  Solicita que se requiriera a la Juez responsable que informe los avances de las terapias llevadas a cabo con la psicóloga correspondiente, y que la psicóloga rinda informe respecto a si existe o no alienación parental reciente respecto el menor. Respecto a tales solicitudes, dígasele que resultan inatendibles sus peticiones toda vez que no forman parte de los efectos de la sentencia de amparo, en todo caso, podrá formularlas ante la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, quien en su caso determinará lo que en derecho corresponda en relación a la procedencia de la medida precautoria -régimen de convivencia con el padre no custodio-. En ese orden, si la parte quejosa estima que a la presente fecha existe alienación parental respecto de la madre y abuelos del menor, se reitera que corresponde al Juez responsable pronunciarse al respecto, pues es su obligación velar que las terapias se llevan a cabo de forma eficaz, y en todo caso tomar las medias de premio que estime conducentes para descartar la presencia del SAP (Síndrome de Alienación Parental), con el menor E.V.I., que incluso puede requerir a la profesional que lleva a cabo la terapias con el menor, que vigile tal aspecto. Finalmente, en atención a su petición a fin de que se de vista al Ministerio Público Federal en razón a que se están violando los derechos de su menor hijo al no permitir la convivencia entre ambos; dígasele que la determinación emitida por la Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, en el sentido de ordenó la suspensión de las terapias que se estaban llevando a cabo con el menor y su padre no custodio, fue realizada en cumplimiento al requerimiento que le fue realizado en el proveído del nueve de octubre pasado, esto a fin de salvaguardar el interés superior del menor, pues este Juzgado Federal advirtió que en tal proceso terapéutico se le estaba imponiendo al menor la convivencia con su padre no custodio, situación que contravenía los efectos para los cuales se concedió el amparo y podría causarle un impacto negativo al asimilar dicha convivencia como una obligación o carga que debía cumplir en contra de su voluntad. Motivo por el cual, se requirió a la Juez responsable para que dejara sin efecto el proceso terapéutico que se había estado llevando y en su lugar, se iniciara un proceso terapéutico en un primer momento únicamente con el menor E.V.I.; por las anteriores consideraciones, no es dable dar vista a la representación social. Finalmente, contrario a las manifestaciones vertidas por la parte quejosa y tomando en consideración las razones expuestas en la presente determinación, se estima que la autoridad responsable sí acató la sentencia emitida en autos.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Manifestaciones Agréguese a los autos el escrito del quejoso Ángel René del Valle Villanueva, mediante el cual desahoga la vista otorgada en el proveído del dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, y realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia dictada en el presente juicio, las cuales serán tomadas en consideración, una vez que este órgano jurisdiccional provea lo que en derecho corresponda respecto al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.

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