Ángel Ramírez Rodríguez

Expediente 34/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
34/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2022

Partes del expediente

  • Ángel Ramírez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintidós por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual, comunica el contenido del proveído de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en el recurso de inconformidad 17/2021, de su estadística, por el que solicita se acuse de recibo del testimonio de la ejecutoria pronunciada el dos de diciembre de dos mil veintiuno y de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa. En tales condiciones, como esta ordenado en auto de seis de enero de dos mil veintidós, acúsese el recibo del mencionado testimonio; así como de la devolución de los autos originales del presente sumario constitucional. ...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo, suscrito por la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de los magistrados Presidente, y Representante del Estado, a través del cual rinde su informe justificado, designa delegados, expresa causales de improcedencia y sobreseimiento, y ofrece pruebas. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se tiene a la autoridad mencionada designando como delegados a las personas que menciona en su oficio de cuenta. Ahora bien, de la constancia que se remite al informe justificado se advierte que el veintiséis de enero de dos mil veintidós, la autoridad responsable admitió a trámite el juicio laboral D-437/2021 promovido por Ángel Ramírez Rodríguez en contra del Ayuntamiento de Cuatlancingo, Puebla, del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, documental que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado.Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso Ángel Ramírez Rodríguez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de admitir a trámite el juicio laboral D-437/2021 y notificarle dicha determinación; y, la autoridad responsable el veintiséis de enero de dos mil veintidós admitió el juicio laboral de mérito, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y notificó dicha determinación a la aquí parte quejosa el veintisiete de enero pasado, mediante cedula de notificación, lo que se acredita con las constancias recibidas, mismas que adjuntó a su informe justificado. Por tanto, con tal actuación, la responsable suprimió en su totalidad la omisión reclamada, ya que, el veintiséis de enero de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda (la cual fue depositada en el Buzón Judicial el cinco de enero de dos mil veintidós, recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, en esa misma fecha, y la que se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado el siete de enero pasado), admitió el juicio laboral de mérito, ordenó el emplazamiento de la parte demandada y notificó dicha determinación a la aquí parte quejosa el veintisiete de enero pasado, mediante cedula de notificación. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse señalado fecha para la audiencia de mérito, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional.Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este contexto, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado, pues con ningún medio podría desvirtuarse que la responsable señaló fecha para el desahogo de la audiencia de la que se duele no se había fijado, dado que ello ha quedado plenamente acreditado con la constancia remitida por la autoridad responsable, siendo evidente que la omisión reclamada por la quejosa ha cesado. Es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla a través del cual remite copia certificada del laudo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral D-3/404/2020, de su índice. En tales condiciones, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que de inmediato notifique a las partes el laudo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral D-3/404/2020. Hecho lo anterior, en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, deberá remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Por tanto, se apercibe a las referidas autoridades que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa, a cada uno, de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. ...

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