Ángel R. Osoyo Cortés

Expediente 153/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
153/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Ángel R. Osoyo Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    ...MORELIA, MICHOACÁN, OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponían las partes en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, el cual transcurrió del trece de septiembre al siete de octubre de este año, sin que lo hicieran; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar...Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido...Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo y/o resolución de fecha ocho de octubre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término quince días que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, del que disponían las partes en el presente asunto, para interponer el recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, el cual transcurrió del trece de septiembre al siete de octubre de este año, sin que lo hicieran; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído para los efectos legales a que haya lugar...Por otra parte, con apoyo en el artículo 196, cuarto párrafo en relación con el 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio al archivo como asunto totalmente concluido...Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y Décimo Primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que es susceptible de depuración al ubicarse en la hipótesis previstas en las fracciones III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado; por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ...Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el quejoso ..., no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, respecto al cumplimiento que dio a la ejecutoria emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: Mediante sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 95 a 108), por un lado, se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, en los siguientes términos: ".NOVENO. Efectos de la sentencia de amparo. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a los derechos fundamentales de la parte quejosa, precisadas en el considerando que antecede, se traducen en la concesión del amparo solicitado, únicamente para los efectos que se destacarán a continuación. 1. No se aplique al quejoso Ángel R. Osoyo Cortés, el artículo 17, fracción II, inciso A) de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, expedida en Decreto 112, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, misma que entró en vigor el día uno de enero de este año, y se le reintegre, por la autoridad exactora, el importe del pago por concepto de derechos de alumbrado público que se tilda de inconstitucional, que hubiere enterado desde su entrada en vigor. 2. Asimismo, para el efecto de que no se le aplique el numeral 17, fracción II, inciso A) de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, expedida en el Decreto 112, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, mismo que entró en vigor el día uno de enero de esta anualidad, esto es, para que no le sean exigidos los pagos sucesivos del derecho por servicio de alumbrado público, por lo que respecta a este año; en el entendido de que la concesión del amparo no exime al peticionario de continuar efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". 3. Determinación que se hace extensiva en relación al acto de ejecución atribuido a la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, para que, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, restituya al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales, esto es, para que le devuelva las cantidades que enteró por concepto de derechos por servicio de alumbrado público, en el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; lo anterior, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento; igualmente, para que no se aplique en su agravio, en el futuro, el numeral combatido, dado que las obligaciones o afectaciones de que se dolió no surgieron de forma automática, con la sola entrada en vigor de la ley, sino que para actualizar el perjuicio se sirvieron de un acto diverso que condicionó su aplicación, el cual se hace consistir en el pago del derecho por servicio de alumbrado público, verificado el día treinta de enero de dos mil diecinueve. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 88 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de esta". En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que ocurrieron a su formación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con el criterio plasmado en la tesis P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". 2) En acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento de la misma al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán (foja 119 y 121). 3) El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: A) Por oficio sin número, presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el once de julio del año en curso, adjuntó, entre otras constancias, copia certificada del diverso SSB/DF-07-193-2019, de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual informó el listado de cobros que efectuó al quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, en los meses de enero y marzo de dos mil diecinueve, sumando un total de $865.20 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); asimismo, que a partir de esa fecha quedó sin efecto el cargo por concepto de derechos de alumbrado público en lo que resta del año dos mil diecinueve, respecto del suministro 155 951 101 480 y adjuntó copia certificada de los cheques 0017506 y 0076700, a favor del quejoso, valiosos cada uno por la cantidad de $432.60 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.), por concepto del reintegro de pago de derechos de alumbrado público del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, respecto del suministro 155 951 101 480 (fojas 134 a 139). Ahora bien, mediante oficios sin número presentados en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el ocho y veintiocho de agosto de la presente anualidad, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, informó que el quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, no había comparecido a recoger los cheques emitidos a su favor por concepto del reintegro del pago del derecho de alumbrado público descritos en el párrafo que antecede (fojas 150 y 157), por lo que este órgano jurisdiccional procedió a requerir al aludido impetrante, a efecto de que se presentara ante la autoridad responsable en cita, a recibir los cheques de que se trata, lo que no hizo, no obstante los diversos requerimientos que para ese efecto se le realizaron. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que el Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, acreditó que el Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, no aplicaría al quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, los artículos tildados de inconstitucionales y, además, dejó a disposición de dicho promovente los cheques 0017506 y 0076700, por concepto de reintegro de pago de derechos de alumbrado público que se cobraron en el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, los cuales no fue posible entregar a la parte quejosa, en razón al desinterés de la misma de comparecer ante dicha responsable a recoger los mismos, no obstante que fue requerida en diversas ocasiones para ese efecto. Por tanto, con apoyo en lo anterior, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, conminó al Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, para que no aplicara al quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, los artículos tildados de inconstitucionales y, además, dejó a disposición de dicha promovente los cheques 0017506 y 0076700, por concepto de reintegro de pago de derechos de alumbrado público que se cobraron en el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, sin que el impetrante compareciera hasta la fecha a recoger los referidos cheques. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa la tesis número 2a. CXXXVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433, aplicada por identidad de razón, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA SI LA RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, PONE A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO, LA COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE Y ÉSTE SE NIEGA INJUSTIFICADAMENTE A RECIBIRLA. En los términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de una ejecutoria implica restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, pero si el bien que debe de restituirse deja de existir durante la sustanciación del juicio de garantías, las autoridades responsables están obligadas a compensar al quejoso con un bien equivalente al desaparecido o mediante indemnización económica, por lo que, si el quejoso, se niega a recibirlo sin causa justificada, debe tenerse como cumplida la ejecutoria correspondiente". Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...Vistos los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que el quejoso ..., no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Tesorero del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, respecto al cumplimiento que dio a la ejecutoria emitida en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: Mediante sentencia de treinta de abril de dos mil diecinueve (fojas 95 a 108), por un lado, se sobreseyó y por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, en los siguientes términos: ".NOVENO. Efectos de la sentencia de amparo. En términos de los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, las violaciones a los derechos fundamentales de la parte quejosa, precisadas en el considerando que antecede, se traducen en la concesión del amparo solicitado, únicamente para los efectos que se destacarán a continuación. 1. No se aplique al quejoso Ángel R. Osoyo Cortés, el artículo 17, fracción II, inciso A) de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, expedida en Decreto 112, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, misma que entró en vigor el día uno de enero de este año, y se le reintegre, por la autoridad exactora, el importe del pago por concepto de derechos de alumbrado público que se tilda de inconstitucional, que hubiere enterado desde su entrada en vigor. 2. Asimismo, para el efecto de que no se le aplique el numeral 17, fracción II, inciso A) de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, expedida en el Decreto 112, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, mismo que entró en vigor el día uno de enero de esta anualidad, esto es, para que no le sean exigidos los pagos sucesivos del derecho por servicio de alumbrado público, por lo que respecta a este año; en el entendido de que la concesión del amparo no exime al peticionario de continuar efectuando oportunamente el pago que se cobre por concepto del uso de energía eléctrica. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 92, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro". 3. Determinación que se hace extensiva en relación al acto de ejecución atribuido a la Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, para que, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo, restituya al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales, esto es, para que le devuelva las cantidades que enteró por concepto de derechos por servicio de alumbrado público, en el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve; lo anterior, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento; igualmente, para que no se aplique en su agravio, en el futuro, el numeral combatido, dado que las obligaciones o afectaciones de que se dolió no surgieron de forma automática, con la sola entrada en vigor de la ley, sino que para actualizar el perjuicio se sirvieron de un acto diverso que condicionó su aplicación, el cual se hace consistir en el pago del derecho por servicio de alumbrado público, verificado el día treinta de enero de dos mil diecinueve. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 88 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de esta". En la inteligencia de que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que ocurrieron a su formación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con el criterio plasmado en la tesis P. CXXXVII/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente establece: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general". 2) En acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento de la misma al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán (foja 119 y 121). 3) El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: A) Por oficio sin número, presentado ante la Oficialía de Partes de este juzgado el once de julio del año en curso, adjuntó, entre otras constancias, copia certificada del diverso SSB/DF-07-193-2019, de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual informó el listado de cobros que efectuó al quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, en los meses de enero y marzo de dos mil diecinueve, sumando un total de $865.20 (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 20/100 MONEDA NACIONAL); asimismo, que a partir de esa fecha quedó sin efecto el cargo por concepto de derechos de alumbrado público en lo que resta del año dos mil diecinueve, respecto del suministro 155 951 101 480 y adjuntó copia certificada de los cheques 0017506 y 0076700, a favor del quejoso, valiosos cada uno por la cantidad de $432.60 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.), por concepto del reintegro de pago de derechos de alumbrado público del ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, respecto del suministro 155 951 101 480 (fojas 134 a 139). Ahora bien, mediante oficios sin número presentados en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el ocho y veintiocho de agosto de la presente anualidad, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, informó que el quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, no había comparecido a recoger los cheques emitidos a su favor por concepto del reintegro del pago del derecho de alumbrado público descritos en el párrafo que antecede (fojas 150 y 157), por lo que este órgano jurisdiccional procedió a requerir al aludido impetrante, a efecto de que se presentara ante la autoridad responsable en cita, a recibir los cheques de que se trata, lo que no hizo, no obstante los diversos requerimientos que para ese efecto se le realizaron. De lo hasta aquí expuesto, se desprende que el Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, acreditó que el Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, no aplicaría al quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, los artículos tildados de inconstitucionales y, además, dejó a disposición de dicho promovente los cheques 0017506 y 0076700, por concepto de reintegro de pago de derechos de alumbrado público que se cobraron en el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, los cuales no fue posible entregar a la parte quejosa, en razón al desinterés de la misma de comparecer ante dicha responsable a recoger los mismos, no obstante que fue requerida en diversas ocasiones para ese efecto. Por tanto, con apoyo en lo anterior, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que el Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, conminó al Responsable de la Zona Comercial Morelia de la Comisión Federal de Electricidad, para que no aplicara al quejoso ÁNGEL R. OSOYO CORTÉS, los artículos tildados de inconstitucionales y, además, dejó a disposición de dicha promovente los cheques 0017506 y 0076700, por concepto de reintegro de pago de derechos de alumbrado público que se cobraron en el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, sin que el impetrante compareciera hasta la fecha a recoger los referidos cheques. Sirve de apoyo a lo anterior en lo que aquí interesa la tesis número 2a. CXXXVIII/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 433, aplicada por identidad de razón, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "INCONFORMIDAD. DEBE DECLARARSE INFUNDADA SI LA RESPONSABLE, EN CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, PONE A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO, LA COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE Y ÉSTE SE NIEGA INJUSTIFICADAMENTE A RECIBIRLA. En los términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de una ejecutoria implica restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, pero si el bien que debe de restituirse deja de existir durante la sustanciación del juicio de garantías, las autoridades responsables están obligadas a compensar al quejoso con un bien equivalente al desaparecido o mediante indemnización económica, por lo que, si el quejoso, se niega a recibirlo sin causa justificada, debe tenerse como cumplida la ejecutoria correspondiente". Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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