Angel Quintana Martinez
Expediente 641/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Angel Quintana Martinez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este juzgado, el siete de octubre de dos mil veinte, en el cual se desechó la demanda de amparo presentada por ANGEL QUINTANA MARTÍNEZ; en consecuencia, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un expediente que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho1 anótese en el libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS PUBLICADA EN LOS ESTRADOS Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A SIETE DE OCTUBRE DE DOS ML VEINTE. Vista la demanda de garantías formulada por Ángel Quintana Martínez, contra actos del Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 641/2020-1A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora, derivado de un análisis integral del escrito petitorio de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Del estudio efectuado al ocurso de cuenta, se advierte que la parte promovente señaló textualmente como acto reclamado, lo siguiente: "A).- DEL C. JUEZ DE CONTROL, LA ORDEN DE COMPARECENCIA dictada para efecto de que comparezca a las DOCE (12) HORAS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2020, para el efecto de que se me formule IMPUTACION, sobre el DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA." Robustece lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, respecto de los actos atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV del propio ordenamiento legal, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]" El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece, por regla general, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio; sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo contra todos los actos que se realicen fuera de juicio, ya que debe afectar un derecho sustantivo de la parte quejosa, o bien, en el caso que nos ocupa, este acto debe afectar de manera directa y actual a la libertad del promovente. Ahora bien, conforme a lo artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, establece que para efectos de dicha ley, el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control. En términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Bajo dicha premisa, resulta destacar que en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, que establecen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna. [.]" En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia,con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 3091 del ordenamiento procesal antes citado. En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Sin que resulte obstáculo a lo anterior, lo establecido en la fracción II, del artículo 141 antes mencionado, que establece que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su com parecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: 1) La inasistencia del citado; 2) Que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y 3) Que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar; por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En consecuencia, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley, este último aplicado en sentido contrario. Consideraciones que fueron expuestas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, de la que derivo la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.),2 titulada: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]." Sobre el particular, cabe ponderar que en virtud de que el caso en estudio fue abordado en la jurisprudencia que antecede, la cual es de carácter obligatorio de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, lo que de suyo es motivo de notorio y manifiesta la improcedencia del presente juicio de amparo. Por otra parte, por lo que hace a los actos que reclama del Agente del Ministerio Público del Común de la Fiscalía de la Unidad de Investigación Foránea de la Ciudad de Guadalupe Victoria, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 105 fracción V, del propio ordenamiento. En primer término, el dispositivo 61, fracción XXIII3, de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del numeral legal antes transcrito, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, dicho precepto también prevé que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales. De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan,sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, se precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, los acto relacionados a la integración de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En esos términos, en los términos mencionados con antelación, resulta ser notoriamente improcedente el juicio intentado por la parte quejosa en contra de los actos atribuidos a la responsable Agente del Ministerio Público del Común de la Fiscalía de la Unidad de Investigación Foránea de la Ciudad de Guadalupe Victoria, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.3o.48 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable a página 1947, Libro 48, Tomo III, noviembre de dos mil diecisiete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015500, de rubro: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO." De igual manera, sustenta lo anterior, la tesis XXVII.3o.47 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado Del Vigésimo Séptimo Circuito., consultable a página 1959, Libro 48, Tomo III, noviembre de dos mil diecisiete, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2015501, titulada: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Por tanto, como ya se anticipó, es evidente que se actualizan de forma manifiesta e indudable las causales de improcedencia antes analizadas; por lo que, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo y por autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, al profesionista indicado en el mismo. EXHORTACIÓN Ahora bien, frente al fenómeno de salud pública con carácter de pandemia generado por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ha establecido lineamientos para el funcionamiento de los órganos y áreas administrativas, así como diversas medidas de índole sanitarias en concordancia a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para contención y evitar la propagación del contagio del mencionado patógeno. Se hace énfasis a las partes que en cuanto a la tramitación del presente juicio de amparo, en todo momento habrán de ponderar prudentemente la necesidad de su presencia acorde a los criterios de sanidad conocidos y subsecuentes que se divulguen oficialmente, para lo cual se les exhorta para que continúen la sustanciación del presente sumario constitucional, mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que las partes puedan promover,consultar y notificarse electrónicamente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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