Ángel Puga Sacramento
Expediente 792/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 44 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 792/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 10/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ángel Puga Sacramento
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese
- Principal
Córdoba, Veracruz, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Notifíquese
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo 792/2022 promovido por ***********************, contra actos de la 1. Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XIII, con residencia en Huatusco, Veracruz, y otras autoridades, los cuales consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y turnado el día siguiente a este Juzgado, ************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la 1. Fiscal Primera Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XIII, con residencia en Huatusco, Veracruz, y otras autoridades, consistentes en: La orden de detención, aprehensión y/o localización, y su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. Previo cumplimiento de prevención, por auto de trece de octubre de dos mil veintidós, este juzgado, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridades inexistentes. Mediante acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas como responsables, 14. Comisario y/o Encargado de la Jefatura de Detectives de la Delegación Regional de la Policía Ministerial Zona Centro y 17. Coordinador de la Unidad de Detectives de la Policía Ministerial, ambos con residencia en esta ciudad. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. En esta data, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda se advierte que aquellos consisten en: La orden de detención, aprehensión y/o localización y su ejecución. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, 1. Fiscal Primero; Fiscal Tercera, encargada de la 2. Fiscalía Segunda, todas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia en contra de la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, con residencia en Huatusco, Veracruz; Fiscales 3. Primera, 4. Segunda, 5. Tercera, 6. Cuarta, 7. Quinta y 8. Sexta, todas Especializadas en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia Número Uno, con residencia en esta ciudad; licenciada 9. Charlotte Caballero Cano, Jueza de Control y Enjuiciamiento de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIII, con residencia en Huatusco, Veracruz; doctora en derecho 11. María Andrea García Zavaleta, por sí y en representación de los licenciados 10. Marco Antonio Rodríguez Lobato y 12. Marcelo Alfredo Campos Scougall, todos Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; 13. Policía de Investigación Encargado de la Jefatura de Detectives de la Policía Ministerial, con residencia en Huatusco, Veracruz; 15. Director de Seguridad Pública Municipal de Coscomatepec de Bravo, Veracruz; 16. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Córdoba, Veracruz y 18. Director de Protección Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Veracruz, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. En tales condiciones, se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio. Sustenta lo anterior, la tesis (...) También es aplicable la jurisprudencia (...) No pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito, a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario analizarlas, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio obligatorio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia (...) CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto admisorio, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****************, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, tres de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la Fiscal Tercera, encargada de la Fiscalía Segunda, ambas Especializadas en la Investigación de Delitos de Violencia en contra de la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas de Huatusco, Veracruz; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo de los oficios 34272/2022 y 34273/2022, de quince de diciembre de dos mil veintidós, por medio de los cuales se notificó la interlocutoria emitida en esa data. Cúmplase.
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