Angel Piedrola Neri
Expediente 1412/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1412/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Angel Piedrola Neri
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veintidós minutos del día diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio la audiencia constitucional del juicio de amparo 1412/2017, promovido por Ángel Piedrola Neri, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas aquí en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que acompañó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, y las enviadas por la autoridad responsable, Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se advierte que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló pedimento alguno, con lo que se procede a cerrar este periodo; en consecuencia, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se da por terminada la presente audiencia, pasándose a dictar la siguiente resolución de ley. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo número 1412/2017, promovido por Ángel Piedrola Neri; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Promoción de la demanda de amparo.- Mediante escrito presentado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Ángel Piedrola Neri, reclama de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclaman de la responsable los siguientes actos: La falta de acuerdo a la petición hecha en veintitrés de junio de 2017, y la falta de notificación del acuerdo respectivo a la suscrita no obstante que señalé domicilio para oír y recibir la respuesta en el escrito de petición respectivo." SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman vulnerados.- La parte impetrante del amparo invocó como derechos humanos violados los contenidos en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo.- Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de garantías, registrándose con el número 1412/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso ofrecer documentales, precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite en los términos siguientes; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, así como los Acuerdos Generales números 03/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia administrativa en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado.- La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, tenemos que en el presente juicio, en esencia el acto de molestia se hace consistir en la omisión de la responsable de dar respuesta a la solicitud realizada mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete. TERCERO. Existencia del acto reclamado.- Al respecto, el Secretario de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que dio contestación a la petición realizada mediante acuerdo de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. CUARTO. Causal de improcedencia fundada.- Previo al estudio del concepto de violación expresado por la parte quejosa, procede a analizar de oficio si se actualiza alguna causal de improcedencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente y con apoyo en la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El presente juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse en particular por actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el artículo 61, fracción XXI de la ley de la materia, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Del citado precepto legal, se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presentan en el momento en que se constituye una situación jurídica que destruya la que dio motivo a la promoción de la acción de control constitucional, de tal manera que por esa nueva situación se reponga a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, que para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En el presente juicio de garantías, tal causa de improcedencia se actualiza, pues el acto reclamado fue destruido en todos sus efectos en forma total e incondicional, ya que mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable, dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, que refiere el inconforme, había sido omisa la autoridad responsable en acordar, mismo que fue notificado al impetrante de amparo mediante cédula de notificación el veintinueve de septiembre del año en curso, tal como se aprecia de las constancias que en copia fotostática certificada remitió la responsable, a las que, por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de modo tal, que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En apoyo a las anteriores consideraciones, se cita la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Materia Común, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Igualmente, tiene sustento la Jurisprudencia ciento tres, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las condiciones relatadas, por lo que hace al acto reclamado precisado, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXI, 62, 63 fracciones IV y V, 73, 74, 75, 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Piedrola Neri, en contra del acto reclamado y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo y resultando primero de este fallo, por las razones expuestas en el considerando cuarto del mismo. SEGUNDO. Por las razones vertidas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese Así lo resolvió y firma, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, Jorge Carenzo Rivas, ante el Secretario, José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con doce minutos del día de hoy para la celebración de la audiencia constitucional, quedando encargado del Despacho el licenciado Mario Andrés Lesher González, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien únicamente está facultado para practicar diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente. En esas condiciones, con el objeto de no violentar las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, establecidas en el artículo 124 de la Legislación de la Materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su desahogo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis identificada con el número de registro 175438, que sostiene Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2112, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la novena época, la cual es del tenor siguiente: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL JUZGADOR DE AMPARO. REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA CELEBRAR AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y DICTAR SENTENCIA EN CASOS NO URGENTES. De conformidad con lo previsto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando un Juez de Distrito se ausente menos de quince días, el secretario respectivo practicará diligencias y dictará providencias de trámite, así como resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia es mayor, sólo podrá resolver en definitiva si está autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal; consecuentemente, en ausencia de un juzgador de amparo, ya sea por lapso inferior o mayor a quince días, para celebrar audiencia constitucional y resolver en definitiva requerirá la aludida autorización, a menos que en el primer supuesto se trate de caso urgente. Lo anterior, porque las jurisprudencias P./J. 26/2003 del Pleno y 1a./J. 88/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO." y "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO CON MOTIVO DE LAS VACACIONES DEL TITULAR. NO PUEDE DICTAR SENTENCIA SI LA AUDIENCIA NO FUE PRESIDIDA POR ÉL, SINO POR EL JUEZ A QUIEN SUSTITUYE.", se refieren a la ausencia del titular con motivo de sus vacaciones y no a los casos que prevé el párrafo primero del numeral 43 de la invocada ley orgánica." Ahora, por lo que hace al presente acuerdo, se estima que el mismo no amerita de notificación personal a las partes, en consecuencia, se ordena practicar la citada notificación y las subsecuentes que no ameriten el citado tratamiento, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576 , que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Secretario de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado de Morelos, con el contenido del informe de cuenta y anexos que acompaña, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley de la Materia, se tienen como Delegados a las personas que designan las autoridades de cuenta; sin que hay lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican, toda vez que a las autoridades responsables se les notifica por medio de oficio en el domicilio de su residencia oficial, en términos de lo dispuesto por artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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