Ángel Pérez Mendoza

Expediente 90/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
90/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Ángel Pérez Mendoza
  • María Inés Gómez Hernández
  • ÁNGEL PÉREZ MENDOZA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por *** En atención a la certificación secretarial que antecede y tomando en cuenta lo manifestado por la parte quejosa, se procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que, se tiene por prelucido su derecho de la parte tercero interesada para promover incidente de reparación de daños y perjuicios en la presente cuaderno, ello en razón de que no realizo manifestación alguna. Por otra parte, en relación a la devolución del billete de depósito exhibido por la citada parte quejosa, dígasele que la recepción del billete de depósito podrá realizarla dentro del término de dos años, al que se refiere el artículo 50 de la Ley de Amparo el cual trascurre de dieciséis de junio del año en curso al quince de junio de dos mil veinticinco y previa cita que al efecto tramite en la página www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, en los días martes o jueves en horario de 10:00 am a 13:30 pm horas, de no ser así no podrá realizarse dicho trámite. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Por recibido el oficio 424/2021, firmado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, residente en esta ciudad, deducido del recurso de revisión 77/2021, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 90/2020-5, promovido por Ángel Pérez Mendoza y otra; asimismo, envía copia certificada de ejecutoria dictada en sesión celebrada vía remota de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, la cual en sus resolutivos establece: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ángel Pérez Mendoza y María Inés Gómez Hernández, contra los actos reclamados al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otras autoridades; por los motivos indicados en el considerativo último de la sentencia recurrida. Notifíquese." Acúsese el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y glósese el cuaderno de antecedentes. Atento a lo anterior, acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión que deriva de este juicio. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso a) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto de todos los actos reclamados. Hágase la devolución de las copias certificadas del expediente 959/2019 al Juez Segundo de lo Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  3. Incidental

    Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia emitida en el mismo y se ordenó su archivo definitivo, se determina que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 12, 14 y 18, fracción I inciso a) del indicado Acuerdo General, se establece que el original de la presente incidencia es depurable, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado tanto en su aspecto provisional como definitivo. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos de los artículos 130 y 154 de la Ley de Amparo, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Asimismo, se establece que el duplicado es destruible al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a) del artículo 20 del referido Acuerdo. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Por otra parte y toda vez que en el cuaderno en que se actúa, la parte quejosa exhibió billete de depósito para garantizar la suspensión del acto que le fue otorgada; y en virtud que ha concluido el juicio de amparo promovido por Ángel Pérez Mendoza y María Inés Gómez Hernández, contra los actos reclamados al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otras autoridades, del que deriva este incidente, debido que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, sede en esta ciudad confirmó la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio de amparo de mérito. Debe decirse que si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover en el plazo de seis meses, el incidente que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Por tanto, requiérasele a las partes para que en el plazo de seis meses promuevan el incidente correspondiente; plazo que contará a partir del día siguiente a la notificación de este auto que derivó del acuerdo emitido en el principal que se proveyó respecto a la recepción del testimonio que resolvió el recurso de revisión contra sentencia que confirmó la sentencia de sobreseimiento recurrida, conforme a las reglas determinadas en el artículo 27 de la referida Ley de Amparo. Transcurrido los referidos seis meses, si no se promueve el indicado incidente, el quejoso tendrá dos años para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente, a recibir el billete de depósito, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado en último orden, se procederá a su prescripción, en favor de la Tesorerías, en términos del artículo 50 de Tesorería de la Federación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 20/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 28, Décima Época, de rubro y textos, siguientes: "GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 PARA PROMOVERLO, SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión en el juicio de amparo es una medida precautoria por la cual la autoridad judicial federal ordena detener temporalmente la ejecución del acto reclamado mientras se decide si es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo abrogada, si la autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar advierte que su concesión causará daños y perjuicios al tercero perjudicado, debe fijar garantía suficiente a cargo del beneficiario de la medida para responder por ellos. Por su parte, el tercero perjudicado puede otorgar contragarantía para ejecutar el acto cuya constitucionalidad se reclama. Una vez concluido el juicio de amparo, si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover, dentro del plazo de 6 meses, el incidente regulado en el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Para tales efectos, específicamente en un juicio de amparo indirecto en el que se promueve recurso de revisión, el plazo de 6 meses contará a partir del día siguiente a aquel en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito notifican a las partes la ejecutoria de amparo, de acuerdo con las reglas estipuladas en el artículo 29 de la referida Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese personalmente

  4. Incidental

    TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DEL PROVEIDO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE EL REFERIDO PROVEÍDO A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, EL CUAL ENUNCIA: "Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, causó ejecutoria la sentencia emitida en el mismo y se ordenó su archivo definitivo, se determina que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 12, 14 y 18, fracción I inciso a) del indicado Acuerdo General, se establece que el original de la presente incidencia es depurable, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado tanto en su aspecto provisional como definitivo. Atento a lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos de los artículos 130 y 154 de la Ley de Amparo, queda sin efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Asimismo, se establece que el duplicado es destruible al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a) del artículo 20 del referido Acuerdo. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Por otra parte y toda vez que en el cuaderno en que se actúa, la parte quejosa exhibió billete de depósito para garantizar la suspensión del acto que le fue otorgada; y en virtud que ha concluido el juicio de amparo promovido por Ángel Pérez Mendoza y María Inés Gómez Hernández, contra los actos reclamados al Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo y otras autoridades, del que deriva este incidente, debido que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, sede en esta ciudad confirmó la sentencia recurrida que sobreseyó en el juicio de amparo de mérito. Debe decirse que si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover en el plazo de seis meses, el incidente que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Por tanto, requiérasele a las partes para que en el plazo de seis meses promuevan el incidente correspondiente; plazo que contará a partir del día siguiente a la notificación de este auto que derivó del acuerdo emitido en el principal que se proveyó respecto a la recepción del testimonio que resolvió el recurso de revisión contra sentencia que confirmó la sentencia de sobreseimiento recurrida, conforme a las reglas determinadas en el artículo 27 de la referida Ley de Amparo. Transcurrido los referidos seis meses, si no se promueve el indicado incidente, el quejoso tendrá dos años para que comparezca ante este Juzgado de Distrito, con identificación oficial vigente, a recibir el billete de depósito, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado en último orden, se procederá a su prescripción, en favor de la Tesorerías, en términos del artículo 50 de Tesorería de la Federación. Apoya esta consideración, la jurisprudencia P./J. 20/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, página 28, Décima Época, de rubro y textos, siguientes: "GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 PARA PROMOVERLO, SE COMPUTA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NOTIFICA A LAS PARTES LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión en el juicio de amparo es una medida precautoria por la cual la autoridad judicial federal ordena detener temporalmente la ejecución del acto reclamado mientras se decide si es violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo abrogada, si la autoridad que se pronuncia sobre la medida cautelar advierte que su concesión causará daños y perjuicios al tercero perjudicado, debe fijar garantía suficiente a cargo del beneficiario de la medida para responder por ellos. Por su parte, el tercero perjudicado puede otorgar contragarantía para ejecutar el acto cuya constitucionalidad se reclama. Una vez concluido el juicio de amparo, si el tercero perjudicado o el quejoso consideran -el primero en caso de que se niegue la protección constitucional y el segundo en caso de que se le conceda- que resintieron daños o perjuicios derivados de la suspensión o de la ejecución del acto reclamado, tienen la oportunidad de promover, dentro del plazo de 6 meses, el incidente regulado en el artículo 129 de la Ley de Amparo abrogada, para hacer efectiva la garantía o la contragarantía otorgada a propósito de la suspensión. Para tales efectos, específicamente en un juicio de amparo indirecto en el que se promueve recurso de revisión, el plazo de 6 meses contará a partir del día siguiente a aquel en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito notifican a las partes la ejecutoria de amparo, de acuerdo con las reglas estipuladas en el artículo 29 de la referida Ley de Amparo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Notifíquese personalmente". NOTIFÍQUESE

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