Ángel Pérez Ibarra

Expediente 333/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
333/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Ángel Pérez Ibarra

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 LEY AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356 FRACCIÓN II CÓDIGO FEDERAL PROCEDIMIENTOS CIVILES. CONCLUYÓ TÉRMINO IMPUGNACIÓN PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR PIEZA ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ÁNGEL PÉREZ IBARRA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE ACORDO: León, Guanajuato, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. Cuenta. En diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, da cuenta a la Juez, con la demanda de amparo presentada por Ángel Pérez Ibarra, y anexos, con número de registro 8172, a fin de que se sirva determinar lo conducente. Conste. León, Guanajuato, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. I. Formación del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 333/2018-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Quejoso. Ángel Pérez Ibarra. III. Autoridad responsable. Juez Menor Mixto de San Felipe, Guanajuato. IV. Análisis de procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada; aunado a que es una cuestión de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en el auto de once de abril de dos mil dieciocho, que no admite a trámite el incidente no especificado sobre nulidad de actuaciones, a través del cual el quejoso solicita la nulidad de todas actuaciones a partir de la foja 674 (del contradictorio de origen), en virtud de que estima que el perito que propuso su contraria no cuenta con cédula profesional y por tanto no ésta acreditado en la Dirección de profesiones de la Secretaria de Educación Pública; circunstancia que se advierte de las documentales que allegó la parte quejosa a su escrito de demanda (escrito de incidente no especificado sobre nulidad de actuaciones, foja 8-9 de autos y proveído de once de abril de dos mil dieciocho, foja 10 a 11 del presente juicio); asimismo, resulta pertinente precisar, que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, por parte del demandante del amparo, el juicio ejecutivo mercantil M539/2011 del índice de la autoridad responsable, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. En ese tenor, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos de ejecución de sentencia, el amparo indirecto solo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama (auto de once de abril de dos mil dieciocho, que no admite a trámite el incidente no especificado sobre nulidad de actuaciones), no tiene el carácter de definitivo, por lo que es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que no se ha dictado la resolución que en forma definitiva ordena la entrega del bien rematado, menos aún se ha ordenado la entrega material del inmueble. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado en caso de que éste fuera el supuesto, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al sentido de la resolución. De igual manera, no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación la tesis VI.1o.C.51 C (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1728, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006630, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE. EL AUTO QUE LO DESECHA, NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva se ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional." Así como, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS". Tampoco se encuentra ubicada en el diverso caso de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que de un análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el auto de once de abril de dos mil dieciocho, que no admite a trámite el incidente no especificado sobre nulidad de actuaciones, el cual no constituye un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el procedimiento de ejecución de sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil M 539/2011, ello revela que no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes que se ordena rematar, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como los que en el caso se alegan. Lo anterior tiene como propósito el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia, que en el caso que ocupa la atención, se homologa a la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en el juicio natural y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata el segundo de los actos reclamado, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia en análisis; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. V. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Roberto Méndez Barajas y Juan Aboytes Pizano, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del citado numeral a Paulino Hernández Lorea, por no encontrase en dicho supuesto. VI. Acuerdos generales. Se autorizan la expedición de las copias que soliciten las partes durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente al quejoso. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa ante el licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, Secretario que autoriza y da fe.

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