Ángel Parral Archundia
Expediente 1754/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1754/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ángel Parral Archundia
Actuaciones
- Principal
MESA IV.-Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito del quejoso Ángel Parral Archundia, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la especie, con copia certificada que se deje en autos para los efectos conducentes, devuélvanse al promovente las documentales que refiere, consistentes en un acuse de recibo y un certificado de libertad de gravamen, previa identificación y razón de recibo para debida constancia legal, teniéndose por autorizadas para recibirlos a las personas que indica. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de tres de enero de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por********************por propio derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar.****************************************Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido...., Notifíquese.
- Principal
MESA IX.-Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio remitido por el apoderado del tercero interesado Instituto Nacional de Salud Pública, mediante el cual solicita se le genere una cita para imponerse de los presentes autos y estar en condiciones de dar cumplimiento a la vista concedida en auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Atento a lo anterior, y tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en cuyo artículo 2, levantó la suspensión de plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, con las precisiones que ahí se indican, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, así como el esquema de comparecencia personal por citas programadas implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; se fijan las DOCE HORAS DEL DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a fin de que el tercero interesado Instituto Nacional de Salud Pública se presente ante este órgano jurisdiccional a efecto de imponerse de los presentes autos. No obstante lo anterior, queda el tercero interesado Instituto Nacional de Salud Pública, en libertad de generar una cita para asistir en una fecha previa a la fijada. Asimismo, con fundamento en el artículo 6, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena generar el comprobante de cita respectivo con el Código QR necesario para el ingreso a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, debiendo entregarse dicha constancia al perito al momento de notificar el presente acuerdo, lo que deberá asentarse al momento de que le sea notificado, para los efectos legales conducentes; o en caso de notificarse por lista, dicho código se dejará en la puerta de acceso principal de la sede judicial el día de la cita, de modo que dicha parte pueda acceder a las instalaciones de este juzgado. Cabe precisar que el "Código QR" podrá presentarse de manera electrónica a través un dispositivo móvil o en forma impresa; asimismo, toda vez que se encuentran implementadas medidas especiales en los órganos jurisdiccionales, como consecuencia de la contingencia sanitaria derivada del fenómeno de salud pública provocado por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), hágase del conocimiento a la perito requerida, que deberá tomar las medidas de seguridad y protección pertinentes, como el mantenimiento de una sana distancia conforme a la señalización respectiva, así como el uso de cubrebocas y guantes. De igual forma, deberá acatarse estrictamente lo dispuesto en el artículo 71 del citado Acuerdo General, que prevé las medidas sanitarias que deben establecerse en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación y consecuencias de su incumplimiento. Notifíquese. HRM
- Principal
MESA IV.- DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto; de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: La omisión de acordar el escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio laboral 01/358/13-JE2, por medio del cual, el aquí quejoso solicitó el remate del inmueble embargado en el referido juicio. En ese sentido, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que, el acto que se combate en esta vía constitucional es un acto que no tiene una ejecución de imposible reparación, es decir, no afecta materialmente de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. Así, de acuerdo al principio de procedencia del Juicio de Amparo Indirecto establecido en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por aquellos actos cuyas consecuencias necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Sobre la base expuesta, es evidente que los actos de procedimiento que pretende combatir la parte quejosa en esta instancia constitucional no se encuentran dentro de los presupuestos legales exigidos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que el promovente reclama actos que no le producen a su representada de manera directa una afectación a algún derecho fundamental, ya que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a sus derechos personales (propiedades, posesiones o derechos), lo anterior en virtud de que el acto reclamado en esencia consiste en la omisión de acordar el escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio laboral 01/358/13-JE2, por medio del cual, el aquí quejoso solicitó el remate del inmueble embargado en el referido juicio. Resulta pertinente precisar que los actos dictados dentro de juicio que admiten su impugnación en vía indirecta, son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la citada Ley de Amparo. En la especie, el acto que se reclama, no tiene una ejecución de imposible reparación para efectos del juicio de amparo. En los términos expresados, se concluye que el acto que reclama la parte quejosa no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo juicio laboral: la omisión de acordar el escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio laboral 01/358/13-JE2, por medio del cual, el aquí quejoso solicitó el remate del inmueble embargado en el referido juicio. Aunado a que no se advierte una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; toda vez que la supuesta omisión de la autoridad responsable de acordar la promoción presentada el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 01/358/13-JE2, fue reclamada mediante amparo indirecto ante este juzgado, en fecha treinta de diciembre de dos mil veintiuno, de lo cual se advierte que únicamente han transcurrido veintitrés días naturales de dilación, contados a partir de la fecha en que concluyó el plazo de cuarenta y ocho horas que tiene la autoridad para acordar promociones. Lo anterior es así, tomando en consideración que el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone lo siguiente: "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." (Énfasis añadido) En razón de lo anterior, si de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en su demanda se advierte que el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, presentó ante la responsable un escrito, y a partir de esa fecha la autoridad responsable tenía un término de cuarenta y ocho horas para dictar el acuerdo correspondiente; entonces, dicho término feneció el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Por lo que se puede concluir, que a la fecha de la presentación de la demanda (treinta de diciembre de dos mil veintiuno) sólo han transcurrido veintitrés días naturales de dilación, tomando en consideración el segundo periodo vacacional de la autoridad responsable que transcurrió del quince al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Cabe agregar, que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido por lo menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que la junta responsable debió legalmente pronunciarse o realizar los actos procesales respectivos, lo anterior, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que se establece en el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo para que un juicio permanezca inmóvil. Dicho precepto establece un lapso de cuarenta y cinco días naturales para que la autoridad responsable oficiosamente provea lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite, bajo la condición de que si no se activa éste por la parte actora, la sanción procesal será la caducidad; periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y además resulta un referente útil, en el presente caso, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento. En los términos expresados, se concluye que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos en los que se conculcan los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por las garantías constitucionales; cuestión que en el caso concreto no sucede, porque el acto reclamado por sí mismo no denota una abierta dilación. Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Ángel Parral Archundia, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizadas en los términos que refiere a las personas que designa, por tratarse de la parte trabajadora en el juicio laboral. Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo, así como 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se faculta al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Actuario adscritos, a efecto de que permita al ocursante la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, así como se realicen las notificaciones que en el mismo se ordenen, aún las de carácter personal, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "gilberto760322". Ahora, en relación al domicilio que señala para el efecto de oír y recibir notificaciones, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a tenerlo por designado, en razón de que solicitó que las notificaciones se le realizaran vía electrónica, por lo que no pueden subsistir ambos medios de notificación. Por otra parte, respecto a su solicitud de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número telefónico que refiere, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud; ello, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 27 fracción I y 108 fracción I, en virtud de que las notificaciones serán realizadas en el domicilio indicado por la parte quejosa y de no señalar domicilio se harán por medio de lista. No obstante lo anterior, se tiene el correo electrónico y número telefónico proporcionados, como medios de comunicación no procesal con dicha parte. HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Asimismo, se instruye al Actuario Judicial para que los diferimientos que se lleguen a presentar, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo que el juzgador está obligado a comunicarles de manera personal; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que en esos casos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que, de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. HRM
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