Ángel Padilla Arellano y Otros.

Expediente 506/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
506/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
16/06/2023

Partes del expediente

  • Ángel Padilla Arellano y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Diligencia de aceptación de cargo del defensor público.5/06/2023 11:4810195 Se advierte que Axxxxxx aceptó y protestó el cargo de defensor público en tutela de los derechos del quejoso Ánxxxxxxxxxano, conferido en el presente asunto y se impuso de los autos. En consecuencia, se ordena notificar este proveído y todas las actuaciones posteriores al defensor público en el domicilio que señaló, ubicado en cxxxxx Hágase del conocimiento del impetrante de garantías el contenido de este proveído mediante notificación personal que para tal efecto se realice en el lugar de su reclusión y a partir de ahora todas las notificaciones se realizaran a su defensor. Toda vez que el quejoso está interno en el Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla; por tanto, se ordena girar despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a fin de que ordene a quien corresponda le notifique esta determinación de manera personal en el centro de su reclusión corriéndole traslado con copia autorizada de este proveído. Por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al referido Juez, para que habiliten días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el ordinal 17 Constitucional.

  2. Principal

    Oficio PJEP/IDP/DAP/674-2023 firmado por la Directora de Asuntos Penales del Instituto de Defensoría Pública. Dulce María García Chávez.12/06/2023 11:539919 Da cumplimiento al requerimiento realizado mediante proveído de ocho de julio pasado, designando a ******************** como defensor público del quejoso ********************. En consecuencia, por conducto de la Directora de Asuntos Penales del Instituto de Defensoría Pública, requiérase al citado defensor público para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva, comparezca a las oficinas de este juzgado, debidamente identificado a aceptar y protestar el cargo que le fue conferido; asimismo, deberá traer su cédula que lo autorice para desempeñar la profesión de licenciado en derecho, y la constancia que lo acredite dado de alta en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales de la Federación. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Sin perjuicio de lo anterior, téngase como forma especial y expedita de contacto con ********************, el correo electrónico y número telefónico que la oficiante menciona en su ocurso de cuenta, los cuales servirán para entablar comunicación no procesal.

  3. Principal

    Razón actuarial de siete de junio de dos mil veintitrés. Se advierte que el directo quejoso ******************** ratifica la demanda de amparo promovida a su nombre, y refirió ". se encuentra bien, que lo único que se adolece es de la incomunicación que sufrió el dieciocho de mayo de 2023, por parte de policías estatales quienes lo tuvieron detenido .Que después del veinte de mayo del 2023 ya tuvo contacto con sus familiares y que se encuentra bien."; en consecuencia, se acuerda: A fin de acordar lo procedente sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, IV y V 112 y 114, fracción II y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, es necesario prevenir al quejoso para los efectos que se indican enseguida. Al respecto, el artículo 108, fracciones III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los tribunales de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Ahora bien, del citado precepto legal se advierte que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece de manera clara y precisa los elementos que deberá contener el escrito inicial de demanda, ello, a fin de que el órgano jurisdiccional esté en aptitud de identificar claramente a las partes, entre los que se destaca, las autoridades a quienes les reviste el carácter de responsables, lo anterior con la finalidad de integrar debidamente el juicio de amparo de que se trate. Establecido lo anterior, debe destacarse que del análisis integral de la demanda de amparo que promueve ********************en representación de ********************, se advierte que en el capítulo relativo a las autoridades responsables del escrito de demanda inicial, el promovente señaló como autoridad responsable ordenadora y ejecutora al: "Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ahuazotepec, Puebla." Sin embargo, del informe rendido por el Fiscal General del Estado, se advierte que el quejoso directo está a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Norte, aunado a que del informe relativo a la suspensión de plano que le fue otorgada, la citada autoridad señalada inicialmente como responsable por conducto de su Director, manifestó que no tuvo ninguna persona detenida a partir del dieciocho de mayo del año en curso. Lo referido en el párrafo que antecede, impide a este órgano jurisdiccional conocer con total exactitud y claridad los requisitos de la demanda de amparo, como lo son: el señalamiento de manera clara y concreta de la autoridad señalada como responsable. En consecuencia, a fin de acordar lo procedente sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que, en el término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación que se le haga de este proveído, realice lo siguiente: Manifieste bajo protesta de decir verdad a que autoridad le atribuye los actos reclamados debiendo de precisar la denominación correcta y completa de la autoridad a quien señale como responsable. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al anterior requerimiento en el lapso indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Tomando en consideración que el impetrante de garantías está privado de su libertad personal en el Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial Zacatlán; por tanto, con el fin de potencializar la efectividad real del juicio de amparo, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4 y 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública, 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se solicita a la Directora de Asuntos Penales de la Dirección General de Defensoría Pública del Gobierno del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días, nombre defensor público al quejoso ********************, a fin de asistirlo en el presente asunto y garantizar de esta forma un efectivo acceso a la justicia, corriéndole traslado con copia de la demanda. Hecho lo anterior, haga del conocimiento a este órgano jurisdiccional el nombre del experto designado. Designación que le corresponde a aquélla, en virtud de que de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable del orden común; asignación de un asesor que resulta primordial para el quejoso a efecto de que esté debidamente asesorado y representado en el juicio de amparo en que se actúa. Tiene aplicación al caso, las consideraciones contenidas en la Contradicción de Tesis 1a./J.43/2019 (10ª.), resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 27 de marzo de 2019, publicada el 23 de agosto de 2019, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO" Siendo importante destacar de tal ejecutoria, lo siguiente: "95. Ahora bien, la Ley Federal de la Defensoría Pública señal que el servicio de defensoría pública comprende, entre otras cuestiones, el deber de promover, en cualquier eta a del procedimiento, juicio de amparo, recursos o cualquier diligencia necesaria para una eficaz defensa; vigilar I adecuado cumplimiento de las sentencias penales y procurar para la persona sentenciada los beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables. Y, en términos generales, realizar todos los actos tendentes a salvaguardar los derechos humanos de las personas representadas y los inherentes a una defensa adecuada. "96. Estas disposiciones de la Ley Federal de la Defensoría Pública deben interpretarse conforme con el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 1o. y 17 constitucionales, en el sentido de que durante el juicio de amparo indirecto en materia penal que promueve, por derecho propio, una persona quejosa recluida en virtud de un procedimiento penal, sin la asistencia de un abogado, el Estado tiene el deber de tomar acciones para garantizar ese derecho y, específicamente, el derecho a la asistencia letrada. "97. Y lo mismo debe decirse de las disposiciones de factura similar contenidas en las leyes de las defensorías estatales, cuando sea el caso, pues vale la pena destacar que las legislaciones de las entidades federativas en materia de defensoría pública regulan la prestación de los servicios de representación jurídica en términos esencialmente similares a la legislación federal. Estas disposiciones deben interpretarse, también, de manera conforme con el deber de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en los artículos 1o. y 17 constitucionales, en el sentido de que durante el juicio de amparo indirecto que promueve por derecho propio una persona recluida en virtud de un procedimiento penal, sin representación jurídica, el Estado tiene el deber de tomar acciones para garantizar ese derecho y, específicamente, el derecho a la asistencia letrada. "98. Esta conclusión se refuerza si se tiene en consideración que también por lo que hace a la privación de la libertad en la fase de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 103, párrafo cuarto, (40) establece el deber de que el condenado esté asistido de un abogado durante el procedimiento ordinario de ejecución, y que, incluso se le designará de oficio uno público si no lo nombra; por lo que sería absurdo sostener que aunque el sistema jurídico prevé el deber de que el Estado garantice el derecho a la asistencia letrada tanto durante el proceso penal como durante la ejecución de la pena, no es necesario garantizar ese derecho en el juicio de amparo indirecto en materia penal que promueve la persona quejosa privada de la libertad por virtud de un procedimiento d aquella naturaleza, sin la asistencia de un abogado, pues da o el carácter terminal del proceso constitucional en la defensa de los derechos fundamentales el riesgo para derechos como la vida, la integridad o la salud del quejoso, con mayor razón debería garantizarse se derecho. "99. Por ende, al existir la necesidad y los fundamentos normativos para justificar el deber de garantizar el derecho a la asistencia letrada durante el juicio de amparo indirecto en materia penal que promueve la persona quejosa privada de la libertad por virtud de un procedimiento de aquella naturaleza, sin la asistencia de un abogado; es ahora necesario determinar cómo debe satisfacer ese deber. "l00. En principio, conviene destacar que la satisfacción de esa necesidad es apremiante, a efecto de que no transcurran plazos procesales cruciales para que el abogado intervenga y se logre el éxito de la instancia constitucional, como por ejemplo: mejorar los conceptos de violación de la demanda de amparo si ello es posible, ampliarla por actos o autoridades, solicitar la suspensión de lo reclamado, ofrecer pruebas relevantes, promover algún medio de impugnación, o cualquier acto necesario para lograr que en el juicio de amparo indirecto efectivamente se estudie la violación a derechos humanos reclamada. "101. Esta Primera Sala considera que si convergen las circunstancias destacadas, el órgano de control constitucional, en el primer acuerdo que dicte en el juicio de amparo indirecto o inmediatamente después de que advierta esas circunstancias (cuando no se desprendan de la demanda), deberá prevenirle para que designe a un profesional del derecho que le asista durante el juicio de amparo indirecto penal, lo que el quejoso podrá hacer ante el actuario judicial en el acto mismo de la diligencia en la que se le comunique esa prevención, o bien, dentro de los tres días siguientes a que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. "102. Si al vencimiento del plazo de tres días concedido a la persona quejosa no quiere o no puede nombrar un abogado que le asista, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, con base en la interpretación conforme de las disposiciones relevantes, y esta institución no podrá negarse a prestar el servicio. "103. No está de más aclarar que, a pesar de que se haya realizado la designación oficiosa de un defensor público conforme al trámite recién expuesto, la persona quejosa privada de la libertad tiene la posibilidad de designar a un abogado de su preferencia en lugar de aquél, pero en todo caso, siempre deberá estar asistido jurídicamente en el juicio de amparo indirecto en materia penal. Apercibida la citada directora que de no hacerlo así, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente. Para no dejar en estado de indefensión al quejoso, toda vez que de la ratificación de la demanda se advierte que está interno en el Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla; por tanto, se ordena girar despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a fin de que ordene a quien corresponda le notifique esta determinación de matera personal en el centro de su reclusión corriéndole traslado con copia autorizada de este proveído. Por ello, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al referido Juez, para que habiliten días y horas inhábiles al funcionario judicial de su adscripción, para que lleve a cabo la diligencia encomendada cumpliendo con ello el imperativo previsto en el ordinal 17 Constitucional. Se autoriza al referido juzgador o el personal a su digno cargo realicen cualquier gestión que crean pertinente para lograr el éxito de la diligencia encomendada, ello sin que sea necesario hacerlo del conocimiento de este juzgado de Distrito; lo anterior para privilegiar la expedites en la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente. Lo firma Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Martin Alfaro Mena, quien da fe.

  4. Principal

    Oficio 247 firmado por el Juez de lo Civil y Penal de Zacatlán, Puebla.5/06/2023 9:009319 Informa que en los libros de gobierno de ese Juzgado no se localizó algún proceso en contra del aquí quejoso ********************. De igual forma, se agrega: NÚMERO PROGRESIVO DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA REGISTRO Oficio FGE/CGAJ/3943/2023-22 CONST firmado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en Representación del Fiscal General del Estado. Informa que se localizó un registro del aquí quejoso ********************, quien estuvo a disposición de la autoridad Ministerial el dieciocho de mayo del año en curso, por hechos constitutivos de delitos de ataques peligrosos y contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por lo que quedó a disposición del Juez de Control de la Región Judicial Norte, y se celebró la audiencia de vinculación a proceso el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, decretándose como medida cautelar la prisión preventiva justiciada. Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, se comisiona al actuario judicial a fin de que se constituya en el Centro Penitenciario de Zacatlán, Puebla, y proceda a dar cumplimiento al proveído de diecinueve de mayo pasado. Con fundamento en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comuníquese al Consejo de la Judicatura Federal que la diligencia que deberá practicar el actuario adscrito a este Juzgado, es en Zacatlán, Puebla; haciendo saber que se practicará en el día del acuerdo, regresando inmediatamente a que ello ocurra.

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