Ángel Ortiz García
Expediente 1018/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ángel Ortiz García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Xalapa, Veracruz, uno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de catorce de junio del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplidos tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido al promovente, a fin de que diera cumplimiento a la prevención que se le practicó en auto de veinte de mayo del presente año, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó a la quejosa en el acuerdo de referencia, y se provee la demanda de amparo en los términos indicados en su escrito inicial. No obstante, se estima oportuno considerar en lo que se proveerá, lo expuesto por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, en el oficio número 3169/2022, por los motivos que a continuación se expondrán. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ACTO RECLAMADO. La resolución de treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ordinario Civil número 661/2020/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia de Xalapa-Veracruz, en la que resuelve el recurso de revocación interpuesto contra del auto de diecisiete de agosto del mismo año, que ordenara presentar en el recinto judicial a los menores de iniciales A.O.F., R.O.F., E.O.F., para ser escuchados en la audiencia prevista en los artículos 345 y 346, del Código Civil vigente en el Estado. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.) Sobre el tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe tenerse presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En relación con la causa de improcedencia prevista en el numeral transcrito el Máximo Tribunal del país estableció que el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Cabe destacar, que la causa de improcedencia invocada tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir la materia del mismo; de ahí que, la no realización de los efectos del acto impugnado en el caso previsto en la fracción XXII, es mucho más restringida que en la hipótesis a que se refiere la fracción XXI, puesto que está subordinada a una condición: que deje de existir el objeto o la materia del acto reclamado. Además, la distinción entre ambas causas de improcedencia, radica en que, por lo que se refiere a la cesación, requiere de la actividad o participación de la autoridad respectiva, que es la única que puede hacer cesar los efectos del acto autoritario; mientras que para la actualización de la causa establecida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando, por haber dejado de existir totalmente el objeto o materia del acto, lo que acontece por causas ajenas a la voluntad de la autoridad de mérito. Es aplicable a la anterior consideración, el criterio 2a. XLVIII/98, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así, la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece como presupuestos necesarios para que se actualice tal causal de improcedencia los siguientes: a.- Que subsista el acto reclamado; y, b.- Que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Bajo este orden de ideas, el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la resolución de treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ordinario Civil número 661/2020/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia de Xalapa-Veracruz, en la que resuelve el recurso de revocación interpuesto contra del auto de diecisiete de agosto del mismo año, que ordenara presentar en el recinto judicial a los menores de iniciales A.O.F., R.O.F., y E.O.F., para ser escuchados en la audiencia prevista en los artículos 345 y 346, del Código Civil vigente en el Estado. Sin embargo, mediante oficio 3169/2022, el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, informó lo siguiente: 1. Que el veintiocho de enero del año en curso, se llevó a cabo la audiencia prevista en el número 345 y 346 del Código Civil Vigente en el Estado de Veracruz. 2. Asimismo, en consecuencia de la audiencia, en fecha ocho de febrero del presente año, se resolvió la convivencia entre los menores de identidad resguardada A.O.F., R.O.F., y E.O.F., y su progenitora no custodia. Asimismo, remitió copia certificada de las actuaciones antes descritas, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, pues se trata de un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".3 Ahora, sin bien es cierto que las partes del juicio ordinario civil 571/2021/II, celebraron convenio en el que pactaron lo relativo a la guarda y custodia del menor de iniciales G.G.V., convivencias y pensión alimenticia, el cual fue aprobado en resolución de nueve de febrero pasado, misma que causó estado; también es cierto que del contenido de dichas actuaciones no se desprende que se haya dejado sin efectos la resolución que constituye el acto reclamado en el que se fijaron las dieciséis horas del veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia prevista en los artículos 345 y 346, del Código Civil vigente en el Estado, por lo que, es una resolución valida y legítima, por tanto, se cumplió con el primer requisito de la causal de improcedencia que se analiza, el cual se ha identificado en el inciso "a" que antecede ("a.- Que subsista el acto reclamado"). De igual forma, se colmó el diverso requisito señalado en el inciso "b", puesto que aun cuando subsiste la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno; sin embargo, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir su objeto o materia, que en el caso consistió en resolver lo concerniente respecto a la convivencia de los menores de iniciales A.O.F., R.O.F., y E.O.F., y su madre; en ese sentido, aun y cuando subsiste el acto combatido, la esfera jurídica de la parte quejosa se ha modificado de modo tal que sería imposible restituirla en las garantías violadas en el supuesto de que éstas existieran. ... En esas condiciones, atendiendo a las razones que han quedado expuestas en los párrafos que anteceden, deviene inconcuso que, en la especie, sí se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia del Decimoprimer Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por acuerdo de veinte de mayo del año en curso, remitiendo al efecto las constancias respectivas; al respecto, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto transcurra el término que se le concedió a la parte quejosa en el proveído de referencia, o en su caso, hasta que cumpla con lo requerido. Cúmplase.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución emitida en la queja 340/2021, de su índice, en la que se resolvió lo siguiente. "ÚNICO. Se DECLARA FUNDADA la queja interpuesta por Ángel Ortiz García, por conducto de su autorizado Juan Antonio Mendoza Montes, contra el auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictado por la Titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, derivado del juicio de amparo indirecto número 1018/2021, promovido por la propia parte recurrente." Al respecto, acúsese el recibo de estilo correspondiente... Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Ángel Ortiz García, señaló como acto reclamado lo siguiente: La resolución de treinta de septiembre del año dos mil veintiuno, emitida dentro del Juicio Ordinario Civil número 661/2020/I del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia de Xalapa-Veracruz, en la que resuelve el recurso de revocación interpuesto contra del auto de diecisiete de agosto del mismo año, que ordenara presentar en el recinto judicial a los menores de iniciales A.O.F., R.O.F., E.O.F., para ser escuchados en la audiencia prevista en los artículos 345 y 346, del Código Civil vigente en el Estado. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera oportuno prevenir a la parte quejosa, para que indique si se llevó a cabo la precitada audiencia que se encontraba señalada en los autos del juicio ordinario civil 661/2020/I, del índice de la responsable, o en su caso, si actualmente ya se resolvió respecto de la convivencia de los referidos menores, o cuál es el estado procesal que guarda el juicio, esto es, si se encuentra fijada una diversa fecha para proveer lo relativo a la convivencia. Por tanto, tomando en consideración que es obligación del impetrante de amparo indicar, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, a fin de reunir los requisitos que establecen los mencionados numerales de la ley de la materia, previo a acordar sobre la admisión del escrito de demanda, es menester, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción II, y 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requerir a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, exhiba un escrito aclaratorio en el que bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo, cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Deberá indicar si se celebró la audiencia prevista en los artículos 345 y 346, del Código Civil vigente en el Estado, en los autos del juicio ordinario civil 661/2020/I, del índice de la responsable, y de ser el caso, deberá precisar qué se resolvió respecto a la convivencia entre los menores de iniciales A.O.F., R.O.F., E.O.F, y su progenitora; o en su caso, cuál es el estado procesal que guarda el juicio, esto es, si se encuentra fijada una diversa fecha para proveer lo relativo a la convivencia. Datos que resultan indispensables para proveer lo que en derecho corresponda en relación a la demanda que se intenta. APERCIBIMIENTO. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado en párrafos que anteceden dentro del plazo concedido, se proveerá la demanda de amparo en los términos indicados en su escrito inicial de demanda. Ahora bien, no obstante que la parte quejosa debe cumplir en su cabalidad la prevención de que se trata, requiérase al Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas contadas a partir de que sea debidamente notificado del presente auto, informe a este Juzgado Federal, si se llevó a cabo la audiencia prevista en los artículos 345 y 346, del Código Civil vigente en el Estado, señalada en los autos del juicio ordinario civil 661/2020/I, de su índice, o en su caso, si ya resolvió lo relativo a la convivencia entre los menores de iniciales A.O.F., R.O.F., E.O.F, y su progenitora, debiendo remitir copia certificada de las constancias donde acredite su dicho, o bien, informe la imposibilidad legal que tenga para ello; lo anterior, a efecto de obtener elementos para determinar lo relativo a los alcance pretendidos con la suspensión solicitada. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la responsable y a la superioridad.
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