Ángel Orozco Angelino
Expediente 562/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ángel Orozco Angelino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda, sin que la parte quejosa haya interpuesto el medio de impugnación referido; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara firme dicho proveído; por tanto, archívese como asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el contenido de la razón de cuenta, se advierte la imposibilidad del fedatario adscrito para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, notifíquese dicha determinación, así como las subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Atento a lo ordenado, el citado acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, es del tenor siguiente: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta de la que se advierte que ***, por propio derecho, ratificó el escrito registrado con el folio 7949, de este índice, por medio del cual desahoga la prevención formulada mediante acuerdo de doce de mayo del año en curso; por tanto, se provee: Desechamiento. Ahora bien, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora bien, el acto que se reclama a través del presente juicio de amparo es: El auto dictado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 1074/2022, del índice del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, que determinó la entrega de la menor de identidad reservada de iniciales A.C.O.G., a su progenitora ***. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Sobre ese contexto, se determina que el juicio de amparo intentado resulta improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." Del artículo transcrito se desprende un principio fundamental del juicio de amparo el de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el inconforme acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. De lo contrario, es decir, si las partes dentro del procedimiento de origen no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juez de origen. Al caso resulta aplicable la tesis I.6o.C. J/37 de la Novena Época, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV (mayo de 2002), página 902, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora, al respecto conviene precisar que los numerales 1.362 a 1.365, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, señalan lo siguiente: "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso." Con base en lo anterior, se advierte que el promovente del amparo, respecto del auto dictado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 1074/2022, del índice del Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, que determinó la entrega de la menor de identidad reservada de iniciales A. C. O. G., a su progenitora ***, debió interponer recurso de revocación; lo anterior, toda vez que el auto que por esta vía se reclama, no admite de manera expresa el recurso de apelación en su contra, por lo que dicho acto se encuentra en el supuesto previsto en la legislación adjetiva civil, que refiere que aquellos autos que no fueren apelables, serán revocables por el juez o tribunal que los dictó, por tanto, se insiste que el quejoso tuvo que hacer valer el recurso de revocación en contra el auto que determinó la entrega de la menor, ya que tal recurso es procedente contra aquellos autos que no fueren apelables. Por tanto, el promovente tiene la carga de agotar previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso de revocación, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige al primero, a través del cual pueda declararse la invalidez de los actos que en esta vía combate, lo que en el caso omitió. Lo anterior queda demostrado, toda vez que en su escrito de desahogo (promoción 7949), - bajo protesta de decir verdad- adujo textualmente: ".por lo que respecta al si se interpuso algún recurso, en este caso procedería el recurso de revocación pero cuando me entero ya se había pasado el tiempo para interponerlo, ya que el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 1.363, señala que ese recurso se interpondrá al día siguiente, por lo que tampoco se interpuso.". En las relatadas condiciones, al estar acreditado que el inconforme contaba con un medio de defensa que tiene el alcance de modificar la determinación recurrida (revocación), antes de acudir a la presente instancia, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, debió agotar éste; sin embargo, no lo hizo, entonces claro está que el acto reclamado carece de definitividad; de ahí que se actualice la improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo que se corrobora con la Jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, del Tomo VI, Materia Común, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del siguiente tenor: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De igual manera, la tesis 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ***, por notoriamente improcedente. Corolario a lo anterior, tampoco se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción del referido artículo 61 de la ley de la materia, toda vez que no se está ante alguna de las hipótesis descritas en tal numeral.
- Principal
Agréguese a los autos la comparecencia de cuenta de la que se advierte que ********************, por propio derecho, ratificó el escrito registrado con el folio 7949, de este índice, por medio del cual desahoga la prevención formulada mediante acuerdo de doce de mayo del año en curso; por tanto, se provee: ...Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por ********************, por notoriamente improcedente.
- Principal
Visto el escrito signado al parecer por ***, mediante el cual aduce desahogar la prevención formulada en proveído de doce de mayo pasado y en virtud de que es notorio a simple vista que el rasgo de la firma que calza dicho ocurso difiere con la que estampó en el escrito de demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que sea notificado del presente proveído, se presente debidamente identificado en el local de este Juzgado para el efecto de que, ante la presencia judicial y bajo protesta de decir verdad, manifieste sí reconoce como suya la firma que calza dicho escrito, es decir, si la plasmó de puño y letra.
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