Ángel Omar Leyva Vázquez

Expediente 686/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
686/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Ángel Omar Leyva Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Agréguese al presente asunto el oficio del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; comisiónese a la Oficial Judicial "A" adscrita a este órgano de control constitucional, a fin de que facilite el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al del juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por oficio al Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, sin que se hayan inconformado; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes, se declara que ha causado ejecutoria; por tanto, dése el aviso correspondiente a las partes y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Destino del expediente Este juicio no es de relevancia documental y no contiene documentos originales exhibidos por las partes; es susceptible de destrucción, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, así como en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración,destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Y ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva, únicamente el original del incidente es susceptible de depuración, por lo cual se conservarán en este caso, todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, por lo que su duplicado es susceptible de destrucción. Devolución de documentos Al resultar innecesaria la conservación de las documentales remitidas por la autoridad responsable, devuélvansele sin que haya necesidad de solicitar el acuse de recibo correspondiente. Archivo Finalmente, con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 686/2020; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Antecedentes. El uno de diciembre de dos mil veinte se admitió la demanda de amparo de ..., presentada oportunamente por conducto de su defensor privado; tramitado el juicio, el seis de mayo del año que transcurre se celebró audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio conforme con lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de la litis. Del análisis integral a los autos, se obtiene que la parte promovente en concreto reclama respectivamente de (1) ..., Juez adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del (2) agente del Ministerio Público supervisor, encargado de la Unidad de Investigación 03 sin detenido de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas: Las resoluciones emitidas en audiencias de dieciocho y veintiséis de noviembre de dos mil veinte, celebradas dentro de la carpeta judicial 002/927/2020, así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de actos. El agente del Ministerio Público señalado como responsable, al rendir su informe, negó los actos de ejecución reclamados, sin que la parte quejosa lo desvirtuara mediante elemento de prueba idóneo y conducente a ello, no obstante que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, le correspondía la carga de acreditar su existencia. En las narradas circunstancias, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere demostrado que no existen los actos reclamados. CUARTO. Certeza de actos. El Juez encargado del trámite de la Unidad de Gestión Judicial Dos del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al rendir informe justificado, aceptó la existencia de los actos reclamados de la juez ..., además remitió diversas documentales relacionadas con ese expediente, que adquieren valor probatorio de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por lo que se tienen plenamente probados. QUINTO. Causa de improcedencia. En el caso se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Se explica: El ejercicio de la acción del juicio de amparo no es ilimitado, sino que está sujeto a requisitos que pueden extraerse de la Constitución Federal, de la propia Ley de Amparo, y en algunos casos, es el quehacer jurisdiccional el que los ha establecido a través de la jurisprudencia. El jucio de amparo indirecto contra actos emitidos en juicio, sólo es procedente si el acto afecta materialmente de manera directa e inmediata un derecho sustantivo; en sentido contrario, si el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata un derecho sustantivo, el juicio de derechos se tornará improcedente. Con la emisión de la actual Ley de Amparo, legislativamente se conceptuó a los actos de imposible reparación, entendiendo por ellos los que afectan derechos sustantivos; y, en relación con tal texto legal, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se trata de actos cuyas consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior se obtiene de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página39, de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En el caso que nos ocupa, las consecuencias de los actos reclamados no son de imposible reparación, ya que no afectan inmediata y directamente los derechos fundamentales del quejoso, para que sea susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo. Veamos: De autos se obtiene que las resoluciones emitidas en sendas audiencias de solicitud de auxilio judicial para la entrevista de testigos presentada por el imputado -aquí quejoso-, celebradas en la carpeta judicial 002/927/2020 -en esa época, en etapa de cierre de investigación complementaria-, en la parte cuestionada, son del tenor siguiente: 1. Resolución de dieciocho de noviembre de dos mil veinte. La jueza responsable resolvió autorizar el resguardo de identidad de las víctimas indirectas y requerir que en la próxima diligencia compareciera un diverso agente del Ministerio Público adscrito al área de Estrategias Procesales, así como otro asesor jurídico público. 2. Resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte. La jueza responsable resolvió establecer las pautas o lineamientos para el desahogo del acto de investigación solicitado por la defensa, consistente en las entrevistas de las víctimas indirectas y de un diverso testigo. Como se observa, se tratan de resoluciones en etapa de cierre de investigación complementaria que, en todo caso, producirían afectación únicamente a derechos adjetivos, con efectos de carácter meramente formal o intraprocesal, pues el perjuicio podría ocasionarse eventualmente hasta que en su caso se dicte la resolución que cierre la etapa procesal correspondiente [investigación complementaria] y, hasta entonces, será posible considerar si las consecuencias de aquéllas trascienden a la esfera de defensa del imputado y, por ende, a la de sus derechos fundamentales. En efecto, del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales se obtiene que la investigación complementaria inicia con la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado dicha investigación; que en términos de su diverso 213, tiene como finalidad que la fiscalía recabe los datos de prueba para sustentar la acusación contra el imputado, lo que no excluye la posibilidad de que dicha etapa no culmine necesariamente en una acusación, sino también en alguna de las posibilidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales podrían ser inclusive favorables al hoy quejoso. De ello que, mientras no culmine la etapa de investigación y, en todo caso, a la manera en que esto ocurra, no podrá estarse en aptitud de establecer si en su devenir procesal, y específicamente por los aspectos que en particular reclama el imputado, se ocasionó o no agravio en la esfera de derechos sustantivos que al quejoso le reconoce la Constitución Federal. Por lo que, efectivamente, los reclamados se tratan de actos intraprocesal que no afectan derechos sustantivos del quejoso, como lo podría ser el derecho a una adecuada defensa, previsto en el artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni cualquier otro, en tanto puede ocurrir que una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público decida no formular imputación en su contra, incluso, podría ocurrir que venza el plazo sin que la fiscalía la formule, con la consecuencia jurídica que para ello indica la legislación adjetiva penal nacional. De esa manera, no constituyen actos de imposible reparación, entendiéndose como tal que sean de aquellos que afectan material y directamente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la libertad personal o la garantía de defensa adecuada, entre otros, sino únicamente se vinculan a derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, y que son aquellos que constituyen el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo, pero tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos. Y es en ese orden que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V -aplicada en sentido contrario-, ambos de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio con fundamento en el numeral 63, fracción V, de esa misma Ley. Dado el sentido del presente fallo y las razones que lo soportan, resulta innecesario el estudio de los argumentos de la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo: SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio por las razones asentadas en esta sentencia. Notifíquese; y, personalmente a las partes.

  4. Principal

    CITATORIO.Se notifica por medio de lista de acuerdos al tercero interesado F.M.G. el proveído de siete de marzo del año en curso, que en lo conducente dice: "Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual remite la información solicitada por este juzgador. En atención a lo informando por la responsable, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la ley de la materia, téngase a las víctimas indirectas de identidad reservada con iniciales F.M.L. y F.M.G., como parte tercero interesada en el presente juicio. Consecuentemente, se comisiona al actuario judicial adscrito, a efecto de que, conforme con los ordinales 26, fracción I, inciso b), y 116 de la Ley de Amparo, con copia del escrito de demanda, auto admisorio y el presente proveído, guardando el sigilo correspondiente, los emplace a juicio en el domicilio proporcionado por la autoridad responsable, requiriéndolos, para que en el momento de la diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos su notificación, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir todo tipo de notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo así, las subsecuentes diligencias, aún las de carácter personal les serán practicadas por medio de lista, sin ulterior acuerdo. De no encontrarlos en el domicilio proporcionado, pero de enterarse de uno diverso dónde puedan ser localizados, se le autoriza constituirse en este último y lleve a cabo las diligencias de que se trata, ello sin necesidad de previo acuerdo. Notifíquese; y personalmente a los terceros interesados." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.

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