Ángel Moreno Santos

Expediente 199/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
199/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • Ángel Moreno Santos

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.199/2019-1A*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de cinco de marzo del año en curso (fojas 31 a 38), que desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa estado acuerdo de desechamiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 6. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 7. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 8. Devolución de tomo anexo. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, Tribunal Unitario Agrario del distrito 21, residente en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la documental que remitió al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca, por oficio número TUA21-573/2019 (foja 6), consistente en original del juicio agrario 574/2018, con la que se ordenó formar el tomo anexo I (foja 31 reverso). 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 199/2019 MESA I-A° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil diecinueve. ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. PRAL. 199/2019.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de marzo de dos mil diecinueve. I. Se reciben autos. Por recibido el oficio número **************, dirigido a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, por el que el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, remite: a) Demanda de amparo promovida en la vía directa por **************, contra la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitido en el expediente agrario **************, por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 21. b) Informe justificado rendido por el magistrado de dicho Tribunal Unitario Agrario. c) Copia certificada de la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitida por la responsable. d) Copia certificada del acuerdo de siete de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la autoridad responsable, mediante el cual formó el cuaderno de amparo directo **************y concedió la suspensión solicitada por la parte quejosa; y, e) Original del juicio agrario **************, del índice del Tribunal Unitario Agrario responsable. Acúsese recibo a la autoridad oficiante. II. Formación de expediente. Se ordena formar el expediente impreso y electrónico, y de acuerdo con las anotaciones en los libros de gobierno respectivo, se registra su ingreso con el número **************. Así también, se forma el tomo anexo I con el original del juicio agrario remitido, respetando el folio y entresello respectivo. III. Se avoca al conocimiento del asunto. Toda vez que por acuerdo dictado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el amparo directo **************, el magistrado presidente de dicho Tribunal Colegiado determinó que contra el acto reclamado por el quejoso no procedía el juicio de amparo directo, por ello, la competencia se surtía a favor de un juez de Distrito; motivo por el cual, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que tocó conocer por razón de turno, en términos del numeral 45 de la Ley de Amparo, se avoca al conocimiento del asunto, lo que se comunica a la superioridad para los efectos legales procedentes. IV. Integración del expediente electrónico e instrucción al (a la) secretario (a) para ello. Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. V. Estudio de la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se realiza el análisis de dicha promoción inicial constitucional y de las constancias que anexó la autoridad responsable en vía de informe justificado, con valor probatorio en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1º. Demanda de amparo. ************** reclama la resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente agrario 574/2018, por el Tribunal Unitario Agrario del distrito 21. 2º. Juicio agrario. a) El dos de agosto de dos mil dieciocho el Tribunal Unitario Agrario responsable recibió escrito del quejoso, por el cual, en vía de controversias agrarias, demandó de los integrantes del Comisariado Ejidal de Santa Cruz Xoxocotlán, Centro, Oaxaca, y otras, la declaración judicial de nulidad absoluta o inexistencia de la constancia de posesión de fecha nueve de febrero de dos mil siete, sobre la fracción de terreno ubicada en **************, Oaxaca, exhibida en el juicio ordinario civil número **************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del centro, en el que el aquí quejoso demandó la reivindicación del bien inmueble referido (fojas 1 a 9 del tomo anexo I). b) En el juicio agrario **************, que se ordenó formar con motivo de esa demanda, la responsable previno al actor para que la aclarara, mediante acuerdo de tres de agosto de dos mil dieciocho (foja 52 del tomo anexo I). c) Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho el actor dijo aclarar los aspectos requeridos (fojas 54 a 56 del tomo anexo I). d) Mediante resolución de once de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 62 a 64 del tomo anexo I) el Tribunal Unitario Agrario determinó: 1. Carecer de competencia para sustanciar y resolver el asunto planteado en ese expediente agrario; y, 2. Ordenó remitir los autos al Juzgado Civil al que correspondiera conocer y resolver del asunto, mismo que se encontraba relacionado con el juicio civil **************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del centro. Siendo ese el acto reclamado y encontrándose en esa etapa el juicio agrario, ya que el expediente aún no ha sido remitido, pues fue enviado al Tribunal Colegiado para sustanciar el juicio de amparo directo que promovió el quejoso y que, en la vía indirecta, ahora conoce este Juzgado. 4º. Causa de improcedencia. Así planteado ese acto, se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: CONSTITUCION FEDERAL. "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Fracción III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. . ." LEY DE AMPARO "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: Fracción XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: Fracción V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." De conformidad con el principio de procedencia del juicio de amparo establecido por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto únicamente procede cuando los actos, en el juicio, tengan una ejecución de imposible reparación al afectar de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Federal o tratados internacionales en el que el Estado Mexicano sea parte, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación señaló en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", en lo que interesa, lo siguiente: "Finalmente, la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo -que es la que interesa a este estudio- prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto "... Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Como se advierte, la propia norma legal dota de contenido a la disposición constitucional, toda vez que el artículo 107, fracción III, constitucional, se instituyó como una de las bases bajo la cual debía reglamentarse la procedencia del juicio de amparo indirecto en la legislación secundaria. Así, en la creación del numeral 107 de la Ley de Amparo, con el afán de respetar las instituciones y principios constitucionales que rigen el juicio de garantías, el legislador fue enfático en precisar que los actos susceptibles de impugnarse a través de esa vía, ya fueran legislativos, administrativos o jurisdiccionales, suscitados dentro o fuera de juicio, en un procedimiento o en uno seguido en forma de juicio o fuera de él, provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo o distintos de ellos: causen perjuicio al quejoso, sean de imposible reparación y se traten de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o aquella que le ponga fin por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, pero siempre que por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Sin que obste que el legislador no haya hecho las mismas precisiones en la totalidad de las fracciones que integran tal numeral, pues acorde con lo expuesto en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma del artículo 107 constitucional, en los que se explicó que uno de los problemas que se advertían fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la sustanciación y resolución de este medio de control, en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios, tal como quedó explicado en el siguiente fragmento de la exposición de motivos que antecedió a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once (lo transcribe). Luego, es claro que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en una sola ejecutoria se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva; ello, pues una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo, el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles. De ahí que resulte evidente que las hipótesis de procedencia establecidas en el numeral 107 de la Ley de Amparo, necesariamente tiene que estar relacionadas con actos que causen perjuicio al quejoso, que sean de imposible reparación o bien se traten de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o aquella que le ponga fin. Entenderlo de otra manera, pugnaría con la intención del Constituyente Permanente, quien delegó en el Legislador la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines y que no pugne con el espíritu constitucional que los creó. Así, determinada la justificación constitucional de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, conviene pasar al examen del siguiente punto, esto es, los alcances de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. II. Alcances de la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el numeral 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo En principio, es dable precisar que en la fracción VIII del citado numeral, no existe mayor justificación respecto al supuesto de procedencia que ahí se contempla, es decir, si los actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, deben provenir de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o dentro de juicio propiamente dicho. No obstante, el estudio de la presente contradicción debe acotarse únicamente respecto de actos emitidos en sede jurisdiccional, toda vez que la contienda entre los tribunales que participan en esta contradicción, se originó con motivo, precisamente, de actos jurisdiccionales, pues como se vio, uno de los actos reclamados fue una resolución interlocutoria en la que una Junta local dirimió un incidente de competencia promovido por una de las partes en el juicio laboral de origen, mientras que en el otro juicio de amparo el acto reclamado consistió en el acuerdo mediante el cual un Tribunal Unitario Agrario se declaró incompetente, sin dar lugar a la admisión de la demanda promovida por el actor. Precisado lo anterior, ahora procede desentrañar los alcances de la hipótesis de procedencia del juicio biinstancial, relativa a la competencia establecida en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente. Tradicionalmente esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado a las cuestiones competenciales como adjetivas o procesales. Durante la Novena Época, bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, sostuvo que el juicio de amparo indirecto era procedente, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque se consideraba que en esta resolución, se afectaba a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada se debería reponer el procedimiento, lo que traería como consecuencia, retardar la impartición de justicia contrariando el espíritu del artículo 17 constitucional. . Bajo ese criterio, en el nuevo sistema constitucional, la hipótesis de procedencia prevista en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, no guardaría congruencia, ya que establece la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sin especificar más, no obstante que, como se precisó, las cuestiones competenciales generalmente se identifican con derechos adjetivos o procesales. Tampoco el proceso legislativo que dio origen a la inclusión de dicha hipótesis de procedencia ofrece mayor justificación al respecto, ya que la citada fracción fue producto de una propuesta elaborada por los presidentes de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, y fue admitida por votación económica en sesión de trece de octubre de dos mil once, bajo un argumento de "garantismo" por parte del legislador, lo que no permite identificar cuál fue la verdadera intención legislativa para su incorporación. No obstante, este Tribunal Pleno considera que más allá de descubrir las razones que motivaron la inclusión de tal porción normativa en el capítulo relativo al "amparo indirecto" como hipótesis destacada para su procedencia, esto es, si el legislador tuvo o no la intención de identificar a las cuestiones competenciales como sustantivas o de imposible reparación, ni así tampoco que sobre tal aspecto versaran los criterios aquí contendientes; lo verdaderamente trascedente es que ahora, al existir disposición expresa en dicho capítulo respecto al tema relativo a la competencia, en la que el legislador estatuyó que los actos de autoridad que determinen inhibir y declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, son impugnables en amparo indirecto, es a la que deben ceñirse los órganos jurisdiccionales. Sin que pase inadvertido que este Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, determinó que, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte."; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, indicó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso en la reforma para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo así este Alto Tribunal, que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J.4/2001(6) y cuya determinación llevó a emitir la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."(7) Sin embargo, dicho criterio no puede resultar orientador para la solución del presente asunto sólo por el hecho de que en él se haya examinado la legislación de la materia a partir de la publicación de su reforma, en particular, el artículo 107, fracción V, de la ley, en el que se ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación", con la cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de esa naturaleza. Ello, pues no debe perderse de vista que tal precedente se relaciona con el análisis de las cuestiones de "personalidad", cuya figura jurídica no está expresamente contemplada en la Ley de Amparo para efectos de la procedencia del juicio biinstancial, lo que sí acontece con el tema relativo a la competencia, respecto del cual, como se ha señalado, existe disposición expresa en el capítulo relativo al "amparo indirecto", en la que el legislador estatuyó que los actos de autoridad que determinen inhibir y declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, son impugnables en amparo indirecto. En conclusión, tal como se sostiene, más allá del análisis de si el tema de competencia pudiera considerarse o no de imposible reparación, o bien, si pudiera asemejarse al de personalidad, lo cierto es que al existir disposición expresa en la ley, debe atenderse a ésta. Ahora bien, no obstante que la intención del legislador haya sido que los actos de autoridad que determinen inhibir y declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, sean impugnables en amparo indirecto; este Tribunal Pleno estima que la disposición normativa que contempla tal posibilidad, no podría interpretarse literalmente y aseverar que, por el solo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá, indefectiblemente, cuando se reclame ese tipo de actos de autoridad. Por tanto, lo siguiente es determinar, si para que proceda el juicio de amparo indirecto en su contra, éstos deben ser definitivos, es decir, si su impugnación debe hacerse a partir de la decisión de la autoridad que acepta o rechaza la competencia declinada o inhibida; pues acorde con lo estatuido en el artículo 107 constitucional, los actos susceptibles de impugnarse a través de la vía biinstancial, ya sean legislativos, administrativos o jurisdiccionales, suscitados dentro o fuera de juicio, en un procedimiento o en uno seguido en forma de juicio o fuera de él, provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo o distintos de ellos, deben: causar perjuicio al quejoso, ser de imposible reparación y tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo o de aquella que le ponga fin por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento, pero siempre que por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. En efecto, este Alto Tribunal considera que la norma en cuestión, no podría interpretarse literalmente y aseverar, como se dijo, que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. Lo anterior encuentra justificación en tanto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como garante supremo de la eficacia jurídica de la Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan las previsiones de la Carta Magna y particularmente, tratándose de las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito emergen de manera típica en ámbitos o respecto de puntos en los que la interpretación de las leyes puede hacerse de varios modos, y cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación establece cuál de estas posibilidades debe prevalecer, uno de los elementos de juicio sin ninguna duda más relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas materializa de modo más efectivo, en el caso concreto, las previsiones constitucionales. Para lo cual, este Alto Tribunal debe tener presente siempre el contenido de los imperativos constitucionales, no solamente en aquellas vías jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de la Corte desemboca en la declaración de inconstitucionalidad de un acto o una norma, sino en la totalidad de tareas que tiene encomendadas, incluida la resolución de contradicciones de tesis, ello a fin de seleccionar como criterio a prevalecer, el que sea más coherente con los contenidos constitucionales y hacer presente la fuerza normativa suprema de la Constitución y su capacidad para moldear el entendimiento y la aplicación de todo el ordenamiento jurídico. En ese contexto, al no ser posible acudir a la interpretación gramatical de la norma, por las razones dadas; entonces, el método para definir el alcance que debe dársele al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo. Esto, pues no puede pasarse por alto que en el artículo 107 constitucional están instituidas las bases que deben reglamentarse en la legislación secundaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, encomendándose al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición, como se dijo, de mantener intactos sus principios y fines, es decir, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, pero siempre que ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. En tal virtud, si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: "... Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", sin hacer mayores especificaciones al respecto; luego, es necesario acudir, como se dijo, a la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo; entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no sólo en el artículo 107 de la Ley de Constitución Política de este país, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. Para ello, en principio, es dable señalar que la "competencia" se entiende como el conjunto de facultades que la ley otorga a una autoridad para actuar en un determinado sentido. Esto es, es un presupuesto de validez de todo acto, procedimiento o juicio. Se trata de una condición necesaria para que se pueda desarrollar un procedimiento o un proceso judicial. En este último caso, la autoridad tiene la obligación de comprobar que está facultada para resolver un determinado conflicto de intereses y, de no ser así, debe declararse de oficio incompetente. Adicionalmente, las partes tienen la facultad para cuestionar la competencia de una autoridad administrativa o jurisdiccional, a través de la declinatoria y la inhibitoria. Aunque esas dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional tienen la misma finalidad, esto es, precisar qué órgano es el facultado para conocer de un determinado asunto, siguen procedimientos distintos. La declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de éste y envíe el expediente correspondiente a la que se considera competente. Por otro lado, la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondientes. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales, se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1. Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocará al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conociendo del mismo. 2. Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuará conociendo del asunto. De lo anterior, se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Lo anterior es acorde con los principios rectores del juicio de amparo previstos en la Constitución Federal y, además, es congruente con la creación de la nueva Ley de Amparo, pues aun cuando la disposición en examen no establezca expresamente que para la procedencia del juicio biinstancial, el acto que se reclame debe ser aquel en el que la autoridad acepta o rechaza la competencia, teniendo en cuenta que uno de los problemas que se advirtieron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional, fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal, que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes". De ahí que, aunque la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, determine la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial se produce cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria) o cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. Así, el acto que ahora se reclama no es de imposible reparación, ya que el juez Civil del distrito judicial del Centro, al que se declinó competencia por parte del Tribunal Unitario Agrario, para conocer y resolver del asunto, aún no ha determinado si acepta la misma; por lo que tampoco se ha producido una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del quejoso. Así, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por **************. Autorizados. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene por autorizados en términos amplios a ************** y **************, mismos que tienen registrados con los números 93347 y 176892 su cédula profesional 5787389 y 10503041, ante el sistema de registro de profesionales del derecho (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf/Entrada_Login.asp). Y por autorizados únicamente para recibir notificaciones, a las demás personas que indica, por así solicitarlo expresamente, como lo dispone el diverso precepto 24 de la ley invocada. Domicilio. Se autoriza el domicilio que menciona el quejoso para recibir notificaciones. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de resoluciones y sentencia que en su caso se llegue a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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