Angel Morales Valentin
Expediente 118/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2019
Partes del expediente
- Angel Morales Valentin
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, a través del cual rinde su informe justificado y hace del conocimiento de este Juzgado que emitió acuerdo de admisión de pruebas y señalo fecha para su desahogo, cuya omisión de emitir el mencionado auto, constituye el acto reclamado, por parte la parte quejosa en el presente juicio. Ahora, no obstante la certeza del acto reclamado, y por ser de análisis preferente, se examina en primer lugar la procedencia del juicio de amparo, ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, de actualizarse alguna de las hipótesis del aludido precepto, deberá sobreseerse en el juicio constitucional, sin juzgar la legalidad del acto reclamado y mucho menos atender a los conceptos de violación. Ahora bien, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado: La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. Así, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que la justiciable se duele, en esencia, de la omisión por parte de la junta responsable de emitir auto en el que se pronuncie respecto de la admisibilidad de las pruebas ofrecidas; así como la omisión de señalar fecha para el desahogo, dentro del expediente laboral 04589/2016/51. Ahora bien, de las constancias que remitió la Junta responsable, se advierte que el catorce de febrero de la presente anualidad, se pronunció respecto de los medios probatorios ofrecidos por las partes, admitió los ahí precisados y señaló fecha para el desahogo de las probanzas que así lo ameritan Constancias a las que se le confiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de copias certificadas expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades. Por tanto, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, pues ya se dictó el acuerdo cuya dilación causaba perjuicio a la parte quejosa; en esa medida, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Así pues, a esta situación, conviene mencionar que el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia y, que conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, 62 y 63, fracción V de la Ley de Amparo. En consecuencia, se dejan sin efecto las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. La presente determinación deberá notificarse por oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables.
- Principal
ADMISIÓN. ADMÍTASE a trámite la demanda de que se trata. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que sea el caso formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INFORMES JUSTIFICADOS. pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO A LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Nueva Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de los quejosos, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, fracción III, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto a que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. NOTIFICACIONES Y CONSULTA ELECTRÓNICA La parte quejosa, proporciona el nombre de usuario a efecto de que se le permita el acceso y consulta del expediente electrónico; de igual forma solicita recibir notificaciones de manera electrónica. En consecuencia, de conformidad con el artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico con el nombre de usuario "VICTORARRIAGA", así como la recepción de notificaciones. En tal virtud, hágase el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); igualmente, se ordena al actuario de la adscripción realice los movimientos correspondientes en el citado sistema, para el efecto de que dicha parte procesal pueda recibir la notificaciones de la forma referida. De tales registros, agréguense a los autos las constancias respectivas. Asimismo, téngase como autorizado de su parte, únicamente en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a Uriel Iván Arriaga Ramírez, por así solicitarlo expresamente; sin que haya lugar a tener como domicilio procesal el señalado, lo anterior, en virtud de que como se precisó en párrafos anteriores, solicitó y se autorizó que dichas notificaciones se le realicen vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que se revoque las notificaciones electrónica y en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. PRUEBAS. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como pruebas de la parte quejosa la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales respectivos
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