Ángel Morales Reyes

Expediente 512/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 23 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
512/2023
Año
2023
Actuaciones
23
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Ángel Morales Reyes
  • Gestión Judicial de los Juzgados de Control en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente, de la cual se desprende que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar En consecuencia, realícense las anotaciones de rigor y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. Seguidamente, se concluye que este juicio es susceptible de destrucción, transcurridos tres años de su terminación, lo anterior, en virtud de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, sin obrar documentos originales. Háganse las anotaciones de las circunstancias indicadas con anterioridad en la carátula del cuaderno, así como la fecha de su archivo. Luego, resulta innecesario conservar los anexos acompañados por la responsable Jue de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, a sus comunicados de ley; consecuentemente, devuélvansele vía oficio a la citada potestad. Por último, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio 116933/2023 signado por el Juez de Control y Juicio Oral Penal del Estado, a través del cual informa la reprogramación de la audiencia de formulación de imputación que pretendió desahogar el día veintidós de noviembre pasado, dentro de la carpeta judicial ********************; toda vez, el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa.

  2. Incidental

    Visto el auto dictado en esta misma fecha dentro del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, se advierte que causó estado la determinación que sobreseyó fuera de audiencia el expediente principal. En consecuencia, se concluye el presente cuaderno es conservable, transcurridos tres años de haberse concluido definitivamente, ya que se concedió la suspensión definitiva; además, no obran documentos originales.

  3. Principal

    Monterrey, Nuevo León, a treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se desglosa que por escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, el veinte de junio de la presente anualidad, ******************** demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León y otras autoridades, consistentes en la orden de aprehensión y comparecencia. Bajo ese contexto, la autoridad responsable Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, ello, toda vez que dentro de la carpeta judicial ********************, llevó a cabo una audiencia el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, misma en la que pretendió llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, empero, se hizo constar la incomparecencia del aquí quejoso, por lo que decretó orden de comparecencia por medio de la fuerza pública, y señaló las diez horas del nueve de junio de dos mil veintitrés a fin de que tuviera verificativo. Motivo por el cual, el nueve de junio del presenta año, compareció ante él, el elemento ministerial informando que no le fue posible localizar al aquí quejoso ********************, por lo que previa solicitud de la fiscalía dejó subsistente el medio de apremio consistente en la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública y reprogramo la audiencia para el día diez de agosto de dos mil veintitrés; audiencia que corrió con la misma suerte. Posteriormente, el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, allegó a este Tribunal el sendo ********************, anexando un disco en formato DVD, el cual contiene la audiencia de veintiocho de septiembre del año en curso, a través de la cual se advierte de nueva cuenta, la inasistencia del aquí quejoso ******************** y su defensa; sin embargo, la autoridad judicial no decretó ningún apercibimiento, únicamente informó a las partes que a salvo quedarían los derechos del fiscal para proceder de la forma que estime conducente en contra del imputado por inasistencias injustificadas, ello, en el momento procesal oportuno; señalando las diez horas del veintidós de noviembre próximo, a fin de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación. Para justificar las anteriores aseveraciones, la potestad antes citadas adjunto a sus comunicaciones, reproducción certificada de divrsas constancias relativas a dichas circunstancias, así como el disco versátil que contiene las audiencias celebradas en la carpeta judicial ********************, las cuales adquieren valor probatorio pleno, conforme a los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser instrumentos autorizados por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Cobra aplicación el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2153, del Semanario Judicial de la Federación, Parte XCIX, de contenido: "COPIAS EXPEDIDAS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, VALOR DE LAS. Las constancias ofrecidas por el quejoso y expedidas por la autoridad responsable, hacen prueba plena, de acuerdo con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por referirse a hechos legalmente afirmados por la autoridad de quien proceden". Asimismo, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.), número de registro 200436, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, intitulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Dado lo antes descrito, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este asunto, por los motivos que a continuación se expondrán. Como cuestión preliminar, se debe precisar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del Juez de Distrito que, tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga procedente el sobreseimiento en el juicio de amparo, deberá analizarla de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentando por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, materia común, página 1947, cuyo rubor y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto." En esa tesitura, respecto del acto de reproche, adquiere vigencia la causal de improcedencia estipulada en la fracción XXII, del artículo 61, de la Ley Reglamentaria, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y; [.]" Atinente a dicha causa de improcedencia existe la Jurisprudencia 2a./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.- En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En principio es pertinente precisar que siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de esas prerrogativas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de ese Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Asimismo señaló, que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad, cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de que se concluyera que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimen violados o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En ese sentido, de las constancias allegadas por la responsable se observa que la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública reclamada, fue emitida a efecto de que el hoy quejoso, sea conducido al procedimiento relativo a la carpeta judicial ********************, donde se pretende formularle imputación, por hechos con las características del delito de lesiones culposas. Ahora, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que la autoridad responsable a través del oficio ********************, informó la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la carpeta judicial ********************, mediante la cual el fiscal no solicitó ningún medio de apremio, por lo que únicamente citó al aquí quejoso ********************, a la audiencia de formulación de imputación señalando las diez horas del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de que tenga verificativo. Entonces, resulta claro que si la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública reclamada, fue emitida a efecto de que el investigado ********************, fuera conducido al proceso que se le instruye por hechos con las características del delito de lesiones a título de culpa, y este al no comparecer a la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, fue únicamente citado ante el Juez de Control responsable, a fin de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación, es inconcuso que los efectos de tal acto, ya no pueden concretarse, en virtud que la modificación del entorno en que se emitió, no dejó huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, ello, toda vez que como se ha expuesto el motivo principal de la orden de comparecencia por medio de la fuerza pública es para que se conduzca al procedimiento de origen, sin embargo el fiscal no solicitó ninguna medida de apremio ante sus inasistencias injustificadas. De ahí que, aun cuando llegara a concluirse que el citado acto reclamado resultara inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Se afirma lo anterior, en razón de que si bien subsiste el acto de reproche éste ya no tendrá efectos legales o materiales que surtir, toda vez que los efectos del reclamo, en esta vía constitucional, ya no lastiman la esfera jurídica de la parte quejosa. Así, para que el juicio de amparo sea procedente, además que el acto reclamado esté subsistiendo, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso; esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituirles en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ningún efecto jurídico. Así, en la fracción XXII antes transcrita, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Cabe precisar que ante lo evidente e indudable de la causal de improcedencia que se ha actualizado, es innecesario esperar hasta la audiencia constitucional para resolver, sino que en aras de la pronta administración de justicia que contempla el artículo 17 constitucional, se impone resolverlo desde luego y fuera de la audiencia, máxime que ello constituye una causa notoria e indudable de improcedencia. Tiene aplicación la jurisprudencia 2ª./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia. lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la existencia de la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXII del numeral 61 de la citada ley reglamentaria, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Dado lo antes descrito, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, misma que está programada para las ********************. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Martha Yadira Machado López, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante el Secretario Carlos Alejandro Loredo Martínez, que autoriza y da fe. (FIRMAS ELECTRÓNICAS)

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, en atención a las circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco de los actuales, suscritas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que declaró inhábiles del día jueves diecinueve al domingo veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Además, de forma retroactiva el dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que se hubieren celebrado subsistirá su validez. Bajo ese panorama, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles - de aplicación supletoria a la ley de la materia- se ordena la regularización de expediente, por lo que atento a ello, se reprograma la fecha de la audiencia constitucional, señalándose las ********************, para su celebración.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · 4,988 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano