Angel Mora Negrete
Expediente 192/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Director del Centro de Reinserción Social Zona Uno, con sede en Pacho Viejo, Veracruz.
- Angel Mora Negrete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "...Xalapa, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez de Control de Pacho Viejo, Veracruz, mediante el cual, remite las constancias certificadas de la resolución de la suspensión condicional dictada en trece de abril de dos mil dieciocho, en los autos del proceso penal 20/2018-ll; por tanto téngase por cumplido el requerimiento efectuado en autos. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." A fin de evidenciar lo anterior, resulta menester puntualizar que, con la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, nació un nuevo sistema de justicia penal, un cambio de paradigma que obligó a replantear por completo la totalidad de elementos que definen la manera en que se administra justicia en este ámbito. Así pues, la reforma constitucional introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, en materia penal, a través de la creación de nuevos caminos de solución para encausar, mediante los mecanismos alternativos, todos aquellos conflictos de naturaleza penal que podrían encontrar mejor solución que en el juicio. Luego, aunque la justicia restaurativa no deja de tener como presupuesto la comisión de un delito, no busca declarar la responsabilidad penal del imputado y la imposición de una pena de prisión; su prioridad es reparar el daño causado por la comisión de un delito. Este cambio de paradigma, debe entenderse desde el punto de vista en que las partes involucradas en el conflicto penal son los protagonistas, no un tercero, que en el juicio es el Estado: tanto como parte actora (Ministerio Público), como decisora (Juez). De manera que los mecanismos que buscan justicia restaurativa requieren, como punto de partida, el consentimiento libre y voluntario de la víctima y del imputado de someter el conflicto a un proceso restaurativo, lo que implica que el imputado, acepte los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione. Los beneficios inmediatos hacia los partícipes -reparación del daño para la víctima y para el imputado evitar la tramitación de un proceso que culmine con la imposición de una pena privativa de libertad- no llega al extremo de considerarse un asunto privado, razón por la cual es necesario que el Estado regule su aplicación, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables. En este sentido, el tránsito del conflicto penal por medio de mecanismos alternativos de solución, servirá, entre otras cosas, para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, debe destacarse que la legislación penal prevé los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, mismos que constituyen mecanismos alternativos de solución al conflicto penal. Los dos caminos de solución alterna, que buscan justicia restaurativa, requieren -como presupuesto,-como se dijo, el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, dado que ese consentimiento no es gratuito, pues a cambio logra paralizar la continuación del proceso penal y, con ello, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva: que se le imponga una pena, principalmente la privación de su libertad. Una vez aprobado el cumplimiento pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio o transcurrido el plazo -si se trata de la suspensión condicional del proceso - que se fije, sin que la suspensión fuere revocada, pagada la reparación del daño material y cumplidas las condiciones establecidas, en ambos casos el Juez decretará la extinción de la acción penal, lo que se traduce en la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión, sino privilegiando la voluntad de las partes que las llevó a una solución alterna del conflicto. En cambio, si el imputado decide incumplir con las obligaciones pactadas en el acuerdo o incurre en alguna causa de revocación de la suspensión condicional del proceso, asumirá como consecuencia la reanudación del proceso penal con todo lo que implica: enfrentar un juicio y una eventual condena, con la limitante de que la información que se genere como producto de esos mecanismos alternativos no podrá ser utilizada dentro del proceso penal. Ahora, bien, en el caso, el acto reclamado en este asunto consiste en: ? El auto de vinculación a proceso de nueve de febrero del año en curso, dictado en el proceso penal 20/2018 por el Juzgado de Control del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo agravado, robo de vehículo en grado de tentativa y robo agravado en grado de tentativa. Asimismo, de las constancias que integran los autos, se observa que en auto de diecisiete de abril del año, se tuvo al Juez de Control de Pacho Viejo, Veracruz, informando que en el proceso penal 20/2018-ll el trece de abril de dos mil dieciocho, se celebró un acuerdo de terminación anticipada, por lo que se acordó favorable la suspensión condicional del proceso, sin que al efecto remitiera las constancias respectivas. En consecuencia, en auto de esa misma fecha, se solicitó al juez responsable remitiera copia certificada de dicha resolución. En cumplimiento a dicho requerimiento, el día de hoy, se exhibió en este órgano jurisdiccional, copia certificada del acta mínima de audiencia de suspensión condicional del proceso 20/2018-ll, en la que se observa, que a propuesta de la defensa del imputado, aquí quejoso, se tuvo por justificadas las causas de procedencia de la suspensión condicional a proceso. Motivo por el cual, se decretó la suspensión del proceso por el término de un año, contado a partir del trece de abril pasado; se ordenó la inmediata libertad al quejoso, dejándose sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva; y, se archivó provisionalmente dicho proceso penal. Pues bien, tomando en cuenta todo lo anterior, se estima actualizada la causa de improcedencia invocada con antelación, en la medida que, cuando el quejoso -en su calidad de imputado- suscribe un acuerdo reparatorio o la suspensión condicional del proceso (o suspensión del proceso a prueba), dicha acción entraña el consentimiento del auto de vinculación a proceso respectivo, dado que su voluntad de concluir el proceso penal, a través de un mecanismo de solución alterna quedó de manifiesto. Es así, porque el presupuesto para transitar por la justicia restaurativa, consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter el conflicto a un mecanismo restaurativo, lo que implica la aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no la cuestione. Pues al consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación, se pasa a buscar una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito. Y, a cambio, evita la posibilidad de resentir los efectos de la justicia retributiva, esto es, que se le imponga una pena, privativa de su libertad, principalmente, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan, pueden ser renunciables. Lo anterior, propicia una adecuada interacción entre el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Juicio de Amparo, pues implica que el juez constitucional pondere que la paralización del proceso motivado por haber alcanzado algún mecanismo alternativo de solución, se debe al único propósito que distingue a la justicia restaurativa: reparar el daño causado por el delito, sin sanción penal. Estimar lo contrario, no sólo se traduciría en un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles, uno que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en un mecanismo alternativo y, otro, que lo cuestiona, mediante el juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. En esa virtud, si el acto reclamado en este biinstancia es el auto de vinculación a proceso; empero, el quejoso con posterioridad aceptó que se diera por terminado el proceso a través de una solución alterna, como lo es la suspensión condicional; resulta patente que esa circunstancia conlleva el consentimiento del imputado respecto del acto impugnado, al constituir una manifestación de voluntad de optar por esa salida alterna. Circunstancia que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la ley de la materia. Es exactamente aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.) establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, Materia Común, página 461, registro 2014495, que dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO." En esta línea argumentativa, al acreditarse plenamente la causa de improcedente prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO y, en consecuencia, dejar sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación el respecto la jurisprudencia II.2o.P. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se localiza en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 173878, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho artículo, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. También es cierto que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causa de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional. Pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causas de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Apoya lo anterior, por su contenido y alcance, la tesis la. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Así como, la tesis 1a. CCLXXXVI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Notifíquese personalmente a las partes..."
- Principal
Requiérase a autoridad responsable remita constancias que acrediten la procedencia de la suspensión condicional del proceso concedida a quejoso, emitido en juicio de su índice.
- Principal
No ha lugar a celebrar audiencia constitucional prevista para el día de hoy, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.
- Principal
Emplácese a tercero interesado en domicilio proporcionado por autorizado de quejoso.
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