Ángel Montes Ochoa
Expediente 1429/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1429/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/01/2023
Partes del expediente
- Titular del Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializado en Juicios Orales.
- Ángel Montes Ochoa
- Ángel Montes Ochoa y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como se encuentra ordenado en el juicio principal del cual deriva este incidente, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión que se tramitó en original y duplicado. De autos se advierte que se concedió la suspensión provisional y definitiva, a la parte quejosa. Archivo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Archívese este asunto como concluido. Depúrese el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurridos 6 meses siguientes a su archivo, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y una vez transcurrido el termino establecido en el artículo 18 del Acuerdo General de referencia transfiéranse las constancias depuradas del expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. Toda vez que este expediente se tramitó con INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, acuérdese lo relativo a su destino en los cuadernos incidentales. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado procesal se advierte que la Actuaria Judicial adscrita encargada de notificar el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintidós y por consiguiente la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, aún no ha dado cabal cumplimiento a dicho auto, toda vez que no es visible el acuse de notificación electrónica correspondiente. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo En tales condiciones, se comisiona nuevamente a la Actuaria Judicial para que de manera inmediata proceda a notificar electrónicamente a la parte quejosa la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós; y, en caso de ya haber notificado dicha resolución, genere el acuse electrónico o asiente razón justificada de esto. Cúmplase. se tiene dando cumplimiento al auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, y se notifica el diverso de diecisiete de octubre de dos mil veintidós únicamente a la parte quejosa: ANTECEDENTES 1. Demanda de amparo indirecto. Por escrito recibido el cuatro de agosto de dos mil veintidós en este Juzgado de Distrito, Ángel Montes Ochoa -a quien, en lo subsecuente, será denominado parte quejosa- solicitó el amparo y protección de la Justicia del Poder Judicial de la Federación contra los actos que se precisarán en el considerando correspondiente. 2. Trámite. En proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se radico´ la demanda de que se trata, originándose la formación del juicio número 1429/2022; y se admitió a trámite. 3. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA. 4. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos Primero, fracción VI, Segundo, fracción VI, numeral 3, y Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. B. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en los siguientes: a. La orden emitida el siete de junio de dos mil veintidós, en los autos del juicio oral mercantil 176/2022, consistente en el desahogo de la prueba de inspección judicial en el bien inmueble que defiende el quejoso. b. Su ejecución. C. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 6. Las autoridades responsables Jueza Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializado en Juicio Orales y el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados que les atribuye el quejoso, lo que resulta suficiente para tenerlos como ciertos. 7. Circunstancia que se corrobora con las constancias que la Jueza del procedimiento adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio de origen generador del acto reclamado, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2º, y de la que se aprecia la existencia del acto reclamado. 8. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". 9. Por su parte el Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil de Atlixco, Puebla, al rendir su informe justificado se adhirió al rendido por su superior jerárquico, por lo que al haber aceptado la existencia del acto reclamado aquella autoridad superior, debe tenerse por cierto el reclamo que se le atribuye al citado diligenciario. D. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. 10. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. 11. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, Parte VIII, Quinta Época, cuyos rubros y texto establecen: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." 12. Una vez analizadas las constancias que integran el presente sumario constitucional, se llega a la conclusión que respecto al acto reclamado en estudio se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. 13. En principio resulta conveniente conocer el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". 14. Como se ve dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. 15. Ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los Tribunales Colegiados de Circuito, que el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto de autoridad violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se vea afectado por el acto de la autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos e intereses del gobernado. 16. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/97, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a páginas 364, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte- 1, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. 17. En lo conducente, también es aplicable la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, que aparece publicada en la página 35, Tomo 60, Diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. 18. Además, la propia jurisprudencia ha sido coincidente y reiterativa en el sentido que el interés jurídico, esto es, la afectación a los derechos del gobernado debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, el quejoso no sólo debe acreditar que tiene interés jurídico, sino que, además, debe probar que resiente un agravio directo y concreto. 19. En el presente asunto, debe decirse que el quejoso Ángel Montes Ochoa, es tercero extraño al juicio oral mercantil 176/2022, promovido por Alejandro Juárez Liceaga, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Continental Vidriería Collar, sociedad anónima de capital variable, en contra de Ferretería El Talismán, sociedad anónima de capital variable, por lo tanto, lo actuado en los autos del juicio de origen, en específico el desahogo de la prueba de inspección judicial que tendrá verificativo en el bien inmueble que defiende el impetrante del amparo, no afecta por sí mismo el interés jurídico de éste al no haber acreditado fehacientemente ser titular del derecho de posesión que defiende. 20. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1513, Tomo XXII, Agosto de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, misma que es del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo. 21. Así es, el peticionario de amparo Ángel Montes Ochoa, afirma que el desahogo del medio probatorio consistente en la inspección judicial en el domicilio que defiende ubicado en calle 1, lote 13 del fraccionamiento La Alfonsina en Atlixco, Puebla, vulnera su esfera jurídica en virtud de que es posesionario del referido inmueble. 22. Al respecto, debe precisarse que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. 23. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada página 5 del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión el bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". 24. No debe perderse de vista que el acto reclamado es susceptible de transgredir el derecho humano a la intimidad, como parte del derecho sustantivo a la vida privada, y también susceptible de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio. 25. Sin embargo, para que sea procedente el juicio de amparo en ese caso, constituye requisito indispensable que quien se dice agraviado con el acto reclamado, acredite de manera fehaciente, lo siguiente: a) El título justo del cual deriva la tenencia física; esto es, la causa legal que la generó y, b) Que efectivamente detenta el inmueble respectivo. 26. En el caso concreto, el quejoso se duele del desahogo de la prueba de inspección en el domicilio personal en el que, aduce, habita con su familia; sin embargo, no exhibió medio probatorio alguno del que se advierta que la posesión que ostenta esté sustentada en alguna causa legal que la generó. 27. Luego, el suscrito estima que el impetrante omitió allegar dentro del presente juicio constitucional algún medio probatorio como una causa generadora del interés jurídico, pues éste debe demostrarse de manera fehaciente, por lo que la sola manifestación de que es poseedor del bien inmueble en el que tendrá verificativo el desahogo de la inspección judicial de la que se duele, sin allegar prueba alguna en la que sustente el derecho de posesión que pretende sea protegido a través de la acción constitucional, debe acreditarse de manera fehaciente, con datos inequívocos, esto es, debe demostrarse la existencia de un derecho sustantivo protegido a nivel constitucional, como en el caso el derecho de posesión, así como la afectación directa ocasionada a dicho derecho mediante el acto reclamado. 28. Por consiguiente, en el juicio de amparo debe demostrarse la afectación al derecho de posesión derivado de un justo título, verbigracia un contrato de arrendamiento o compraventa de fecha cierta anterior al acto reclamado, para que pueda considerarse existente el derecho creado mediante dicho contrato, y poder determinar si el acto reclamado generó la afectación descrita. 29. No se soslaya la jurisprudencia 1a./J. 58/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la que se determina la procedencia del juicio de amparo cuando se ordena el desahogo de un estudio socio económico en el domicilio del quejoso, dado que se trata de una acto de imposible reparación, ello en aras de privilegiar la protección al derecho a la intimidad del domicilio; sin embargo, como se destacó con anterioridad, para que sea materia de protección el derecho a la inviolabilidad del domicilio era necesario que el quejoso acreditara la afectación de ese derecho a través de un justo título, lo que no aconteció. Conclusión. 30. En las relacionadas condiciones, debe concluirse que el quejoso no acreditó su interés jurídico para comparecer al juicio de origen, por lo que al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ha lugar a sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. 31. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica. 32. El sobreseimiento se hace extensivo al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de lo Civil de Atlixco, Puebla, en virtud de que no se combatió por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la atribuida a la Jueza Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, respecto del cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo. 33. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, visible en el tomo VI, página 339, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". 34. No es impedimento para estimarlo de este modo, el hecho de que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. 35. Tiene sustento lo antes señalado, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional. 36. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Montes Ochoa, por las consideraciones esgrimidas en la presente sentencia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se ordenó notificar electrónicamente al quejoso ya que mediante el auto admisorio se le tuvo señalando nombre de usuario "Rojovera" el cual se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Se comisiona al personal de actuaría. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción a fin de que de manera inmediata procedan a notificar de manera electrónica la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, a la parte quejosa, tal y como se ordenó en la misma. Notifíquese. se tiene dando cumplimiento al auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, y se notifica el diverso de diecisiete de octubre de dos mil veintidós unicamente a la parte quejosa: ANTECEDENTES 1. Demanda de amparo indirecto. Por escrito recibido el cuatro de agosto de dos mil veintidós en este Juzgado de Distrito, Ángel Montes Ochoa -a quien, en lo subsecuente, será denominado parte quejosa- solicitó el amparo y protección de la Justicia del Poder Judicial de la Federación contra los actos que se precisarán en el considerando correspondiente. 2. Trámite. En proveído de cinco de agosto de dos mil veintidós, se radico´ la demanda de que se trata, originándose la formación del juicio número 1429/2022; y se admitió a trámite. 3. Audiencia constitucional. Seguidos los trámites de ley se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA. 4. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, párrafo tercero, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los puntos Primero, fracción VI, Segundo, fracción VI, numeral 3, y Cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. B. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en los siguientes: a. La orden emitida el siete de junio de dos mil veintidós, en los autos del juicio oral mercantil 176/2022, consistente en el desahogo de la prueba de inspección judicial en el bien inmueble que defiende el quejoso. b. Su ejecución. C. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 6. Las autoridades responsables Jueza Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, Especializado en Juicio Orales y el Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados que les atribuye el quejoso, lo que resulta suficiente para tenerlos como ciertos. 7. Circunstancia que se corrobora con las constancias que la Jueza del procedimiento adjuntó a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio de origen generador del acto reclamado, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2º, y de la que se aprecia la existencia del acto reclamado. 8. Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". 9. Por su parte el Diligenciario adscrito al Juzgado de lo Civil de Atlixco, Puebla, al rendir su informe justificado se adhirió al rendido por su superior jerárquico, por lo que al haber aceptado la existencia del acto reclamado aquella autoridad superior, debe tenerse por cierto el reclamo que se le atribuye al citado diligenciario. D. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. 10. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. 11. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 262, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, Parte VIII, Quinta Época, cuyos rubros y texto establecen: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." 12. Una vez analizadas las constancias que integran el presente sumario constitucional, se llega a la conclusión que respecto al acto reclamado en estudio se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del numeral 61 de la Ley de Amparo. 13. En principio resulta conveniente conocer el contenido del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;.". 14. Como se ve dicho precepto establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. 15. Ha sido criterio reiterado de la jurisprudencia tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de los Tribunales Colegiados de Circuito, que el interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto de autoridad violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se vea afectado por el acto de la autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos e intereses del gobernado. 16. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/97, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a páginas 364, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte- 1, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 1990, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona. 17. En lo conducente, también es aplicable la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, que aparece publicada en la página 35, Tomo 60, Diciembre de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. 18. Además, la propia jurisprudencia ha sido coincidente y reiterativa en el sentido que el interés jurídico, esto es, la afectación a los derechos del gobernado debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, y para que se satisfaga el principio de instancia de parte, el quejoso no sólo debe acreditar que tiene interés jurídico, sino que, además, debe probar que resiente un agravio directo y concreto. 19. En el presente asunto, debe decirse que el quejoso Ángel Montes Ochoa, es tercero extraño al juicio oral mercantil 176/2022, promovido por Alejandro Juárez Liceaga, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de Continental Vidriería Collar, sociedad anónima de capital variable, en contra de Ferretería El Talismán, sociedad anónima de capital variable, por lo tanto, lo actuado en los autos del juicio de origen, en específico el desahogo de la prueba de inspección judicial que tendrá verificativo en el bien inmueble que defiende el impetrante del amparo, no afecta por sí mismo el interés jurídico de éste al no haber acreditado fehacientemente ser titular del derecho de posesión que defiende. 20. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1513, Tomo XXII, Agosto de 2005 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, misma que es del tenor siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo. 21. Así es, el peticionario de amparo Ángel Montes Ochoa, afirma que el desahogo del medio probatorio consistente en la inspección judicial en el domicilio que defiende ubicado en calle 1, lote 13 del fraccionamiento La Alfonsina en Atlixco, Puebla, vulnera su esfera jurídica en virtud de que es posesionario del referido inmueble. 22. Al respecto, debe precisarse que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña a juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. 23. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada página 5 del Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión el bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". 24. No debe perderse de vista que el acto reclamado es susceptible de transgredir el derecho humano a la intimidad, como parte del derecho sustantivo a la vida privada, y también susceptible de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio. 25. Sin embargo, para que sea procedente el juicio de amparo en ese caso, constituye requisito indispensable que quien se dice agraviado con el acto reclamado, acredite de manera fehaciente, lo siguiente: a) El título justo del cual deriva la tenencia física; esto es, la causa legal que la generó y, b) Que efectivamente detenta el inmueble respectivo. 26. En el caso concreto, el quejoso se duele del desahogo de la prueba de inspección en el domicilio personal en el que, aduce, habita con su familia; sin embargo, no exhibió medio probatorio alguno del que se advierta que la posesión que ostenta esté sustentada en alguna causa legal que la generó. 27. Luego, el suscrito estima que el impetrante omitió allegar dentro del presente juicio constitucional algún medio probatorio como una causa generadora del interés jurídico, pues éste debe demostrarse de manera fehaciente, por lo que la sola manifestación de que es poseedor del bien inmueble en el que tendrá verificativo el desahogo de la inspección judicial de la que se duele, sin allegar prueba alguna en la que sustente el derecho de posesión que pretende sea protegido a través de la acción constitucional, debe acreditarse de manera fehaciente, con datos inequívocos, esto es, debe demostrarse la existencia de un derecho sustantivo protegido a nivel constitucional, como en el caso el derecho de posesión, así como la afectación directa ocasionada a dicho derecho mediante el acto reclamado. 28. Por consiguiente, en el juicio de amparo debe demostrarse la afectación al derecho de posesión derivado de un justo título, verbigracia un contrato de arrendamiento o compraventa de fecha cierta anterior al acto reclamado, para que pueda considerarse existente el derecho creado mediante dicho contrato, y poder determinar si el acto reclamado generó la afectación descrita. 29. No se soslaya la jurisprudencia 1a./J. 58/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en la que se determina la procedencia del juicio de amparo cuando se ordena el desahogo de un estudio socio económico en el domicilio del quejoso, dado que se trata de una acto de imposible reparación, ello en aras de privilegiar la protección al derecho a la intimidad del domicilio; sin embargo, como se destacó con anterioridad, para que sea materia de protección el derecho a la inviolabilidad del domicilio era necesario que el quejoso acreditara la afectación de ese derecho a través de un justo título, lo que no aconteció. Conclusión. 30. En las relacionadas condiciones, debe concluirse que el quejoso no acreditó su interés jurídico para comparecer al juicio de origen, por lo que al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ha lugar a sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia normatividad legal. 31. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 340, publicada en la página 288, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, establecida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que literalmente señala: "POSESIÓN. CUANDO SE RECLAMA SU PRIVACIÓN Y NO SE DEMUESTRA AQUELLA, PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO Y NO NEGAR EL AMPARO (INTERRUPCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 217, PUBLICADA EN LA PAGINA 631, CUARTA PARTE DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1985). De lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción V de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Ahora bien, tratándose de los actos de desposeimiento es manifiesto que el supuesto básico en que descansa tal reclamación es la posesión; luego, si no llega a probarse ese hecho medular, lo correcto es estimar que falta el interés jurídico que obliga a sobreseer en el juicio, pues no sería lógico negar la protección constitucional a quien en modo alguno se ve afectado por el acto de desposeimiento impugnado si la posesión de la cosa sobre la cual se dirige no pertenece a su esfera jurídica. 32. El sobreseimiento se hace extensivo al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de lo Civil de Atlixco, Puebla, en virtud de que no se combatió por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de la atribuida a la Jueza Primero de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Puebla, respecto del cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo. 33. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, visible en el tomo VI, página 339, bajo el rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". 34. No es impedimento para estimarlo de este modo, el hecho de que al momento de su presentación haya sido admitida la demanda de amparo y que se hubiese seguido el trámite del presente juicio hasta culminar con la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que por ser las causales de improcedencia una cuestión de orden público deben estudiarse preferentemente en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. 35. Tiene sustento lo antes señalado, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional. 36. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ángel Montes Ochoa, por las consideraciones esgrimidas en la presente sentencia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.
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