Ángel Moisés Hernández Gómez

Expediente 1235/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1235/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
14/02/2019

Partes del expediente

  • Ángel Moisés Hernández Gómez
  • Ángel Moisés Hernández Gómez y Otros.
  • Blanca Esthela Ortíz Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que en auto de veinticuatro de octubre del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; en consecuencia, deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y por lo que respecta al duplicado deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la sentencia interlocutoria que resolvió la suspensión definitiva. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de enero del año en curso; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, aun cuando en estos autos se sobreseyó en el presente juicio de amparo, toda vez que por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, por lo que respecta a los actos que consistieron en la detención e incomunicación, que se adujo sufría el aquí directo quejoso, se concedió de oficio la suspensión de plano, para que cesaran de inmediato dichos actos, en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción III del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, por lo que de acuerdo a las instrucciones de las nuevas disposiciones relacionadas con la destrucción, depuración y transferencia de expedientes, aplicables a partir del martes veintinueve de enero de dos mil trece, en relación al punto número uno, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el presente expediente es susceptible de depuración, pero debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo al otorgamiento de la suspensión de plano; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, debiendo conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento y que carece de relevancia documental. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos, para resolver el juicio de amparo 1235/2018-IV promovido por María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Ángel Moisés Hernández Gómez, en contra de los actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, y otras autoridades, por violación al artículos 1, 11 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, del Estado, María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Ángel Moisés Hernández Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado respecto a la incomunicación que se adujo era víctima el directo quejoso, ordenándose buscarlo con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor (fojas 7 a 10); por lo que una vez que se realizó la localización del directo quejoso en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública éste manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida en su favor (foja 13). Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cuarto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Posteriormente, mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que este Juzgado advirtió que la detención del aquí quejoso concluyó con una sanción administrativa consistente en un arresto por veinticuatro horas, la cual fue calificada por el en encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en suplencia del Director Jurídico de dicha dependencia, pues en términos del artículo 263, fracción XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública, corresponde a dicha autoridad calificar el arresto, se le requirió para que dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo manifestara si señalaba como acto reclamado dicho arresto y a la autoridad que intervino en dicha calificación (foja 35). Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por Ernesto Flamenco Gamboa, autorizado del quejoso, solicitó la ampliación de la demanda de amparo respecto del mencionado acto y la citada autoridad responsable, sin embargo, por auto de veintiocho del mismo mes y año, no se tuvo por ampliada la demanda, dado que no fue suscrita por el directo quejoso (fojas 45-54). Quinto. Nueva ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado ante este Juzgado el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el directo quejoso solicitó nuevamente la ampliación su demanda de amparo señalando como acto reclamado el arresto administrativo por veinticuatro horas, y como nuevas autoridades responsables al Director del Jurídico y el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública, la cual fue admitida en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 63 a 71). Posteriormente, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la incomunicación, detención y arresto administrativo impuesto por las autoridades responsables por el término de veinticuatro horas, así como la desposesión de una motocicleta. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Titular y el Comandante del Cuartel en turno de dicha corporación, admitieron únicamente los actos reclamados consistentes en la detención y arresto, por tanto, es inexistente el acto reclamado en cuanto a la incomunicación; por su parte, el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, manifestó que no es cierto ninguno de los actos reclamados, por lo que deben tenerse por inexistentes los referidos actos reclamados a dichas autoridades, y procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en su informe justificado manifestó ser cierto el acto consistente en la detención del directo agraviado y el arresto por el término de veinticuatro horas, por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados consistentes en la detención y el arresto del aquí quejoso. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la desposesión de una motocicleta, el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación del Director Jurídico y Secretario de Seguridad Pública del Estado, no se pronunció categóricamente sobre la certeza del acto reclamado, sin embargo, de las constancias remitidas se desprende que al momento de la detención el quejoso iba a bordo de una motocicleta la cual se custodió en espera de la grúa para ser trasladada al depósito vehicular, por tanto, el acto reclamado debe tenerse por cierto. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en el arresto administrativo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a la detención y el arresto administrativo por veinticuatro horas que le fue impuesto a Ángel Moisés Hernández Gómez, por parte del encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante acta levantada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo aplicable. El artículo 61, fracción XIV, de citado ordenamiento legal, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 de la legislación de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo promovido fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Cobra aplicación por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931 del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De lo expuesto se sigue que en el presente asunto, se actualiza esta causal de improcedencia, pues el quejoso omitió promover la ampliación de la demanda de amparo dentro del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo aplicable. Se afirma lo anterior, ya que de las constancias que remitieron las autoridades responsables se puede apreciar que el quejoso tuvo conocimiento de la detención y del arresto administrativo impuesto por el término de veinticuatro horas desde el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, fecha en el que le fue notificado que sería liberado en base a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado, y en la cual se le hizo saber que había cumplido un arresto de siete horas de las veinticuatro impuestas, firmando al calce del acta para debida constancia (foja 37). Bajo esa óptica, debe señalarse que el plazo de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, empezó a transcurrir del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho y feneció el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, sin contar los días veintisiete y veintiocho de octubre de dos mil dieciocho, así como el uno, dos, tres, cuatro, diez y once de noviembre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles. Por consiguiente, si la ampliación de amparo fue presentada hasta el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, según se observa del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia de este Juzgado; es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En virtud de lo anterior, al resultar extemporánea la ampliación de demanda de amparo y en consecuencia actualizarse la causal de improcedencia de referencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sexto. Estudio de las causales de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en el desposeimiento de una motocicleta. Este juzgador considera que en el presente asunto, respecto al acto reclamado consistente en el desposeimiento de la motocicleta de la marca Bajaj 150 CC, con placas de circulación Y3ZY1, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Precepto legal que guarda relación con los diversos artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior, se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario de amparo demuestre su interés jurídico o derecho subjetivo que estime transgredido por la actuación de una autoridad. El interés jurídico consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia particularmente ilustrativa, con número 1a./J. 168/2007, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, por derecho subjetivo se entiende la facultad o potestad de exigencia que tiene una persona, facultad que deriva de una norma y que pueda ser oponible a terceros. En consecuencia, el interés con afectación que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, es aquel que ha sido reconocido por el derecho. De manera que para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que el agravio o menoscabo realizado con la conducta de la autoridad recaiga sobre derechos subjetivos públicos, es decir aquellos que pueden hacerse valer de forma coercitiva para su respeto. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo y a fin de acreditar el interés jurídico, debe demostrarse plenamente que se es titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley y que ese derecho se ve lesionado o afectado en virtud del acto de autoridad que se reclama. De lo contrario, ello traerá como consecuencia el sobreseimiento en el juicio. Además, la afectación causada por el acto de autoridad al interés jurídico de la quejosa, debe ser plena, indubitable, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que ésta encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Así, la afectación debe ser real, susceptible de demostrarse objetivamente, es decir, debe comprobarse plenamente que la actuación de la autoridad produce realmente un menoscabo en el derecho legítimamente tutelado de la quejosa. Por ello, cuando la parte quejosa, quien aduce le pertenece el derecho de posesión de la motocicleta Bajaj 150 CC, con placas de circulación Y3ZY, acude a solicitar la protección constitucional respecto a la desposesión de dicho bien, debe acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para impugnar dicho acto; lo cual sólo se demuestra con la documentación que acredite la titularidad del derecho de posesión del cual aduce ha sido privado. Como se ve, sólo con la acreditación de tales extremos, puede la ahora parte quejosa crear convicción de que existía un derecho jurídicamente tutelado y que además él es el titular de ese derecho; lo cual no acontece en el presente caso. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto que la parte quejosa manifestó tener la posesión el mencionado bien, al momento de su detención, también lo es, que se abstuvo de exhibir durante la tramitación del juicio documento fehaciente del cual se derive la razón para poseerlo. En efecto, el derecho de posesión que aduce tener la parte quejosa sobre el citado bien mueble, está condicionado a que el interesado cuente con la documentación correspondiente que así lo acredite. Esto es así, pues aun cuando el quejoso se haya ostentado como quien tiene la posesión de la motocicleta Bajaj 150 CC, con placas de circulación Y3ZY, no demostró que cuenta con tal derecho, lo que denotaría el derecho subjetivo propio de ser protegido, puesto que no exhibió documento alguno. Luego, al no haberlo hecho así, no demuestra la titularidad de un derecho jurídicamente tutelado por la ley, y por tanto, no demuestra el interés jurídico que le permita obtener la protección constitucional; entonces no se acreditó el derecho subjetivo o el interés jurídico para acudir al amparo, actualizándose por ende la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, resultando procedente sobreseer el presente juicio de amparo respecto de dicho acto reclamado. Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de las causas de improcedencia actualizas. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo aplicable. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Ángel Moisés Hernández Gómez, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciado Azucena Sosa García, quien autoriza y da fe hasta el día de hoy veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por así permitirlo las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VI. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Vistos, para resolver el juicio de amparo 1235/2018-IV promovido por María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Ángel Moisés Hernández Gómez, en contra de los actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado, y otras autoridades, por violación al artículos 1, 11 y 22 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, del Estado, María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Ángel Moisés Hernández Gómez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. Segundo. Acuerdo suspensión de plano. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se decretó de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado respecto a la incomunicación que se adujo era víctima el directo quejoso, ordenándose buscarlo con el fin de que manifestara si era su deseo ratificar la demanda de amparo presentada a su favor (fojas 7 a 10); por lo que una vez que se realizó la localización del directo quejoso en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública éste manifestó que sí ratificaba la demanda de amparo promovida en su favor (foja 13). Tercero. Admisión de la demanda. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Cuarto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Posteriormente, mediante acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, toda vez que este Juzgado advirtió que la detención del aquí quejoso concluyó con una sanción administrativa consistente en un arresto por veinticuatro horas, la cual fue calificada por el en encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en suplencia del Director Jurídico de dicha dependencia, pues en términos del artículo 263, fracción XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública, corresponde a dicha autoridad calificar el arresto, se le requirió para que dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo manifestara si señalaba como acto reclamado dicho arresto y a la autoridad que intervino en dicha calificación (foja 35). Mediante escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por Ernesto Flamenco Gamboa, autorizado del quejoso, solicitó la ampliación de la demanda de amparo respecto del mencionado acto y la citada autoridad responsable, sin embargo, por auto de veintiocho del mismo mes y año, no se tuvo por ampliada la demanda, dado que no fue suscrita por el directo quejoso (fojas 45-54). Quinto. Nueva ampliación de la demanda. Mediante escrito presentado ante este Juzgado el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el directo quejoso solicitó nuevamente la ampliación su demanda de amparo señalando como acto reclamado el arresto administrativo por veinticuatro horas, y como nuevas autoridades responsables al Director del Jurídico y el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Seguridad Pública, la cual fue admitida en acuerdo de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 63 a 71). Posteriormente, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; lo anterior, porque el acto reclamado tuvo ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo y su ampliación, se puede advertir que la parte quejosa lo que reclama es la incomunicación, detención y arresto administrativo impuesto por las autoridades responsables por el término de veinticuatro horas, así como la desposesión de una motocicleta. Tercero. Sobreseimiento por inexistencia de actos. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en representación del Titular y el Comandante del Cuartel en turno de dicha corporación, admitieron únicamente los actos reclamados consistentes en la detención y arresto, por tanto, es inexistente el acto reclamado en cuanto a la incomunicación; por su parte, el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General, manifestó que no es cierto ninguno de los actos reclamados, por lo que deben tenerse por inexistentes los referidos actos reclamados a dichas autoridades, y procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. El Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, en su informe justificado manifestó ser cierto el acto consistente en la detención del directo agraviado y el arresto por el término de veinticuatro horas, por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados consistentes en la detención y el arresto del aquí quejoso. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la desposesión de una motocicleta, el Encargado Provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por sí y en representación del Director Jurídico y Secretario de Seguridad Pública del Estado, no se pronunció categóricamente sobre la certeza del acto reclamado, sin embargo, de las constancias remitidas se desprende que al momento de la detención el quejoso iba a bordo de una motocicleta la cual se custodió en espera de la grúa para ser trasladada al depósito vehicular, por tanto, el acto reclamado debe tenerse por cierto. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en el arresto administrativo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este Órgano Jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto a la detención y el arresto administrativo por veinticuatro horas que le fue impuesto a Ángel Moisés Hernández Gómez, por parte del encargado provisional de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante acta levantada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo aplicable. El artículo 61, fracción XIV, de citado ordenamiento legal, dispone que el juicio de amparo es improcedente: "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Por su parte, los numerales 17 y 18 de la legislación de la materia, establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días. "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierte que el plazo para promover el juicio de amparo, es de quince días, teniendo como base tres oportunidades, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En caso contrario, el juicio de amparo promovido fuera de ese plazo será considerado extemporáneo y, por ende, el acto reclamado se entenderá consentido tácitamente actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia. Cobra aplicación por identidad de razón, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1931 del Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De lo expuesto se sigue que en el presente asunto, se actualiza esta causal de improcedencia, pues el quejoso omitió promover la ampliación de la demanda de amparo dentro del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo aplicable. Se afirma lo anterior, ya que de las constancias que remitieron las autoridades responsables se puede apreciar que el quejoso tuvo conocimiento de la detención y del arresto administrativo impuesto por el término de veinticuatro horas desde el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, fecha en el que le fue notificado que sería liberado en base a la suspensión de plano otorgada por este Juzgado, y en la cual se le hizo saber que había cumplido un arresto de siete horas de las veinticuatro impuestas, firmando al calce del acta para debida constancia (foja 37). Bajo esa óptica, debe señalarse que el plazo de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal para acudir a la presente instancia, empezó a transcurrir del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho y feneció el dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, sin contar los días veintisiete y veintiocho de octubre de dos mil dieciocho, así como el uno, dos, tres, cuatro, diez y once de noviembre de dos mil dieciocho, por ser inhábiles. Por consiguiente, si la ampliación de amparo fue presentada hasta el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, según se observa del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia de este Juzgado; es evidente que el juicio de amparo resulta extemporáneo y por ende, la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado que pretende combatir a través de esta vía constitucional, lo que hace improcedente el presente juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, por similitud de razón, la tesis visible en la página 202 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, enero de 1994, materia común, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Así como la diversa tesis de jurisprudencia, consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". En virtud de lo anterior, al resultar extemporánea la ampliación de demanda de amparo y en consecuencia actualizarse la causal de improcedencia de referencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sexto. Estudio de las causales de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en el desposeimiento de una motocicleta. Este juzgador considera que en el presente asunto, respecto al acto reclamado consistente en el desposeimiento de la motocicleta de la marca Bajaj 150 CC, con placas de circulación Y3ZY1, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual prevé lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Precepto legal que guarda relación con los diversos artículos 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, que literalmente establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De lo anterior, se colige que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario de amparo demuestre su interés jurídico o derecho subjetivo que estime transgredido por la actuación de una autoridad. El interés jurídico consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. En ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia particularmente ilustrativa, con número 1a./J. 168/2007, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por otra parte, por derecho subjetivo se entiende la facultad o potestad de exigencia que tiene una persona, facultad que deriva de una norma y que pueda ser oponible a terceros. En consecuencia, el interés con afectación que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, es aquel que ha sido reconocido por el derecho. De manera que para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que el agravio o menoscabo realizado con la conducta de la autoridad recaiga sobre derechos subjetivos públicos, es decir aquellos que pueden hacerse valer de forma coercitiva para su respeto. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo y a fin de acreditar el interés jurídico, debe demostrarse plenamente que se es titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley y que ese derecho se ve lesionado o afectado en virtud del acto de autoridad que se reclama. De lo contrario, ello traerá como consecuencia el sobreseimiento en el juicio. Además, la afectación causada por el acto de autoridad al interés jurídico de la quejosa, debe ser plena, indubitable, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que ésta encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Así, la afectación debe ser real, susceptible de demostrarse objetivamente, es decir, debe comprobarse plenamente que la actuación de la autoridad produce realmente un menoscabo en el derecho legítimamente tutelado de la quejosa. Por ello, cuando la parte quejosa, quien aduce le pertenece el derecho de posesión de la motocicleta Bajaj 150 CC, con placas de circulación Y3ZY, acude a solicitar la protección constitucional respecto a la desposesión de dicho bien, debe acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para impugnar dicho acto; lo cual sólo se demuestra con la documentación que acredite la titularidad del derecho de posesión del cual aduce ha sido privado. Como se ve, sólo con la acreditación de tales extremos, puede la ahora parte quejosa crear convicción de que existía un derecho jurídicamente tutelado y que además él es el titular de ese derecho; lo cual no acontece en el presente caso. Se afirma lo anterior, pues si bien es cierto que la parte quejosa manifestó tener la posesión el mencionado bien, al momento de su detención, también lo es, que se abstuvo de exhibir durante la tramitación del juicio documento fehaciente del cual se derive la razón para poseerlo. En efecto, el derecho de posesión que aduce tener la parte quejosa sobre el citado bien mueble, está condicionado a que el interesado cuente con la documentación correspondiente que así lo acredite. Esto es así, pues aun cuando el quejoso se haya ostentado como quien tiene la posesión de la motocicleta Bajaj 150 CC, con placas de circulación Y3ZY, no demostró que cuenta con tal derecho, lo que denotaría el derecho subjetivo propio de ser protegido, puesto que no exhibió documento alguno. Luego, al no haberlo hecho así, no demuestra la titularidad de un derecho jurídicamente tutelado por la ley, y por tanto, no demuestra el interés jurídico que le permita obtener la protección constitucional; entonces no se acreditó el derecho subjetivo o el interés jurídico para acudir al amparo, actualizándose por ende la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, resultando procedente sobreseer el presente juicio de amparo respecto de dicho acto reclamado. Lo anterior, impide analizar las cuestiones que atañen al fondo del asunto, en razón de las causas de improcedencia actualizas. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo aplicable. Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Guadalupe Chagoyan Lara a favor de Ángel Moisés Hernández Gómez, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciado Azucena Sosa García, quien autoriza y da fe hasta el día de hoy veintiuno de enero de dos mil diecinueve, por así permitirlo las labores del juzgado. Doy fe.

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