Ángel Misael Rodríguez Solís
Expediente 1477/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1477/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/09/2018
Partes del expediente
- Ángel Misael Rodríguez Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad del actuario adscrito para notificar a la parte quejosa la sentencia de diecinueve de septiembre del año en curso, toda vez que al constituirse en el mismo advirtió que el mismo se encuentra deshabitado y en remodelación, por lo que fue atendido por procedió a investigar con *** uno de los trabajadores que se encontraban en el interior de dicho lugar, quien le manifestó ser albañil y que éste fue contratado para remodelar dicho inmueble desde aproximadamente dos semanas, ignorando el domicilio en el cual se hayan cambiado las personas que ahí lo habitaban,; en consecuencia, se provee: Notifíquese por lista a la parte quejosa la sentencia de diecinueve de septiembre del año en curso, así como las subsecuentes notificaciones que son de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este juzgado o en la zona conurbada al mismo, dado lo asentado con anterioridad, de conformidad con el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Que en lo conducente dice: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías 2361/2017, promovido por ******, en contra de los actos y de la autoridad que han quedado fijados en el considerando segundo, en términos del considerando último de esta resolución.
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Agréguese a los autos los oficios y escrito de cuenta. Téngase al Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, informando que no localizó el oficio ********************, de veintisiete de febrero de dos mil seis, por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento contenido en el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Asimismo, téngase al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiendo copia certificada del oficio referido, en consecuencia, déjese sin efectos el apercibimiento contenido en el auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades, se provee: INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA En principio, cabe puntualizar que las cuestiones de competencia son de orden público y de pronunciamiento oficioso, por imperativo del artículo 16 constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309, Tomo XCVII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ahora bien, debe decirse que la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe determinarse atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda". En ese tenor, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La orden de mantener el aseguramiento de su cuenta bancaria ******************** a cargo de ********************, embargada desde el ocho de marzo de dos mil dieciséis, y su ejecución. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente: Mediante oficio con registro 2798, ******************** aceptó como cierto el acto que se le reclamó, y refirió que esa institución solo actúo en cumplimiento a lo ordenado por la Procuraduría General de la República ******************** mediante oficio ********************, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el diverso número ********************, expediente ********************, con fecha de recepción ocho de marzo de dos mil dieciséis (fojas 25 y 26). En este tenor, ante el requerimiento de esta Juzgadora, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su oficio con registro 18839, remitió copia certificada del diverso número ********************, del cual se desprende que el Gerente de esa Comisión remitió a ********************, el diverso ********************06, a fin de que diera cumplimiento al mismo (foja 174). A su vez, en cumplimiento al requerimiento de esta Juzgadora, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su oficio con registro 24252, remitió copia certificada del diverso número ********************06, del cual se advierte lo siguiente: "(.) ********************OFICIO NÚM: ******************** Asunto: Se solicita dejar a disposición del SAE cuentas bancarias y cheques de caja. (.) Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. PRESENTE. En cumplimiento al acuerdo dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación dentro de los autos de la indagatoria que al rubro se indica (.) gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que se notifique a las instituciones de crédito referidas, el contenido del presente, con el objeto de que de manera inmediata pongan a disposición del Servicio de Administración y Enajenación, tanto el saldo de las cuentas bancarias que se enlistan a continuación, como los intereses que dichas cuentas hayan generado a la fecha, mismas que se encuentran aseguradas en autos de la indagatoria en que se actúa, y el citado organismo descentralizado ejercite sus facultades previstas en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, debiéndose informar a la brevedad a esta autoridad, el cumplimiento dado al presente requerimiento ministerial: (.) 23 ******************** ." De lo anterior, se advierte que el acto reclamado se hace derivar de la indagatoria ********************del índice de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. En consecuencia, dado el contenido del oficio transcrito es dable establecer que este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla no es competente para conocer del presente juicio de amparo, en virtud que el acto reclamado no deriva de un asunto de índole administrativo sino de orden penal, se insiste, al encontrarse relacionado con una averiguación previa. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que los actos relacionados con una averiguación previa, son de naturaleza penal, ya que tales actuaciones se fundamentan en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal. La jurisprudencia en comento es la número 1a./J. 89/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, Diciembre de 2004, página 22, del rubro y texto siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INTERPUESTO CONTRA LOS ACTOS REALIZADOS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE LA INTEGRACIÓN DE AQUÉLLA. Cuando se trate de juicios de amparo interpuestos en contra de actos realizados por el agente del Ministerio Público durante la integración de la averiguación previa, que no incidan en la libertad personal del quejoso ni se esté en presencia de un procedimiento de extradición, en atención a su naturaleza intrínsecamente penal, independien-temente de la procedencia del juicio de garantías, es competente para conocer de ellos el Juez de Distrito en Materia Penal y, en consecuencia, el Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia para resolver el recurso de revisión respectivo. Ello es así, en virtud de que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de conflictos competenciales suscitados entre Tribunales Colegiados o Jueces de Distrito atiende a la naturaleza del acto reclamado para decidirlos, prescindiendo de la naturaleza formal de la autoridad de la que emana el acto; de ahí que aun cuando durante la integración de la averiguación previa el agente del Ministerio Público es una autoridad formalmente administrativa, los actos que realiza son de naturaleza penal, ya que practica toda clase de diligencias con fundamento en leyes penales, tanto sustantivas como adjetivas, por lo que se actualiza la competencia de los Jueces de Distrito en Materia Penal, prevista en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues de la interpretación sistemática de sus fracciones se advierte que su teleología no está informada por el carácter orgánico de la autoridad que emite el acto, sino por la naturaleza penal de su actuación, aunado a que dicho análisis respeta el principio de especialización, el cual garantiza la expeditez en el fallo, ya que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican en forma específica a una determinada rama del derecho, y que por ello pueden ponderar en forma más expedita y autorizada las distintas soluciones al caso concreto.". Robustece lo anterior, lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de Tesis 26/2017, en sesión de dieciséis de abril del dos mil dieciocho, por mayoría de siete votos -cuyos datos se obtuvieron de la versión taquigráfica, en virtud de que la sentencia correspondiente se encuentra en engrose-; en la que determinó que la competencia para conocer del juicio de amparo en que se reclame la orden de bloqueo de cuentas bancarias emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, al derivar de un procedimiento administrativo, empero, si fuera el caso que derivara de un procedimiento de carácter penal, de una averiguación previa o de un proceso de esta naturaleza, en ese supuesto, se surte la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia Penal. Por tanto esta Juzgadora estima se surte el supuesto contenido en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Así, dicho preceptos establece que es competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra asuntos del orden penal. Bajo esos lineamientos, se estima que la competencia para conocer de los actos reclamados se actualiza en favor de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por tanto, se ordena remitir copia certificada del expediente del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, para que por su conducto sea turnada al Juzgado que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo. Solicitando el acuse el recibo correspondiente y comunique el Juez que por turno le corresponda conocer de la demanda de amparo, si se avoca o no al conocimiento del presente asunto. Asimismo, deje sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Finalmente, respecto de la petición del quejoso consistente en que envíe fax a las autoridades a fin de que remitan las constancias solicitadas, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que preceden. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO ELADIO VALENCIA GARZÓN, EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO Y LA SENTENCIA DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECEN: "Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, visto su contenido se provee: RECEPCIÓN DE RESOLUCIÓN DEL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. Se tiene a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con Residencia en San Andrés Cholula Puebla, remitiendo los autos del juicio de amparo en que se actúa y cuatro cuadernos auxiliares, recepcionados el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Acúsese el recibo correspondiente. Comuníquese a las partes la llegada de los autos originales del juicio en que se actúa y la resolución dictada por el Juzgado oficiante, quien determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******, en contra de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo; en términos de lo razonado y para los efectos precisados en los diversos considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo correspondiente. Archívese el expedientillo de referencia. Destrúyanse las constancias restantes del citado cuadernillo transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I del citado Acuerdo General. Levántese el acta circunstanciada correspondiente, en términos del último párrafo del punto quinto del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, como lo solicita el Juzgado de Distrito oficiante, una vez que se dicte el acuerdo por el que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos o en caso de que la misma sea impugnada, el sentido de la resolución del Tribunal Colegiado de Circuito, se hará de su conocimiento con la oportunidad debida."
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Agréguese el escrito de cuenta signado por la parte quejosa ********************, a través de su apoderada general para pleitos y cobranzas ********************, visto su contenido se provee DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, según el artículo 2º, de la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte promovente, los documentos que solicita en el escrito de mérito, previo cotejo y certificación de las copias simples de las aludidas constancias que obren en su lugar. ********************Entréguense los mismos previa identificación y razón que por su recibo se deje en autos para constancia.
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