Ángel Misael Adrían Pérez
Expediente 600/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 18/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ángel Misael Adrían Pérez
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tampico, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, donde se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado para los efectos legales correspondientes...
- Principal
Tampico, Tamaulipas, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Se reciben constancias. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio con el anexo que remite la autoridad responsable Director de la Unidad de Médica de Alta Especialidad, Número 25, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León, a través del cual, en atención al requerimiento realizado por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, remite diversas constancias relacionadas con al acto reclamado. En ese sentido, resulta pertinente precisar el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del contenido literal de ese precepto legal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en contra del acto reclamado que ha cesado en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que esta causa de improcedencia surge cuando la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio. Estas consideraciones tienen su fuente en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, febrero de 1998, página 210, cuyo texto es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Dicha jurisprudencia tiene plena aplicación, pues el contenido normativo de los artículos interpretados en ella, esto es, el 73, fracción XVI y el 80 de la Ley de Amparo anterior, es similar al de los artículos 63, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Sobre el tema, el Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se impugna; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma de aquél, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, la improcedencia de mérito está orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II1 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la responsable a que actúe en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. Así las cosas, la causal de improcedencia establecida en el ordinal 61, fracción XXI, de la ley reglamentaria en consulta, consiste en la cesación de efectos del acto reclamado y se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ninguna huella. Ahora, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexas al oficio que se recibe, de las que se advierte, el diecinueve de julio del año en curso, recibió el medicamento denominado RUXOLITINIB, constancias a las cuales serán consideradas en el apartado correspondiente de la presente determinación. Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del referido Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. En consecuencia, si la litis constitucional en el presente juicio se constriñe en brindar atención médica oportuna y acorde con los padecimientos de Hemoglobinaria Paroxística Nocturna y Discapacidad visual seguida a trasplante de médula ósea, así como suministrar del medicamento denominado Ruxolitinib, comercialmente conocido como JAKAVI, Thealost duo, Maxus y Mousik (ciclosporina oftálmica), es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, así como las consecuencias que estos generaron. Ello, pues se advierte, mediante oficios con folios 11203 y 12924 en el libro de correspondencia de este Juzgado, el Director del Hospital General Regional Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, en cumplimiento a la suspensión de plano, y atendiendo a la atención medica proporcionada al quejoso, el cuatro de mayo del presente año, se realizó al quejoso interconsulta, asimismo, el dieciocho de mayo del presente año, la Dra. María Lucero Sosa López, Coordinador de Gestión Medica, adscrita al Hospital General Regional Número 6, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, remitió correo electrónico a la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE #25, en Monterrey, Nuevo León, a efecto de gestionar el medicamento Ruxolitinib. De igual forma, mediante oficio con registro 19630, en el libro de correspondencia de este Juzgado, la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE #25, en Monterrey, Nuevo León, remitió constancias de las que advierte la nota médica y prescripción de atención médica de diecinueve de julio del presente año, en la que realizó el seguimiento a la atención médica acorde al padecimiento del aquí quejoso. Asimismo, por oficio con folio 17041, en el libro de correspondencia de este Juzgado, se tuvo al Director del Hospital General Regional Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Madero, allegando diversas constancias de las que se advierte, el uno de julio del presente año, se entregaron al aquí quejoso los medicamentos MAXUS, THEALOZ DUO y MODUSIK-A. De igual forma, en esta fecha, se tuvo a la autoridad vinculada al cumplimiento a la suspensión de plano Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE #25, en Monterrey, Nuevo León, remitiendo copia de la receta médica en la que se advierte que el diecinueve de julio del presente año, se realizó la entrega del medicamento RUXOLITINIB al aquí quejoso. Lo anterior, en aras de otorgar los servicios y tratamientos médicos especializados, así como los medicamentos prescritos al aquí quejoso; cuya omisión reclamaba la parte quejosa, resulta evidente que en el presente caso se acredita de manera plena la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI2 , de la Ley de Amparo, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular; de modo tal que resulte ocioso el estudio del acto reclamado que ya no está surtiendo efectos. Cobra aplicación al presente caso, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, publicada en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin necesidad de esperar a la fecha señalada para la celebración de la audiencia en el presente asunto; por lo que, déjese sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con veinte minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea el caso dar vista a la quejosa con dichas constancias en términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de Amparo, toda vez que no causa perjuicio al derecho de audiencia de la parte quejosa, pues resulta obvio que su pretensión se le restituyó al haberse otorgado a la atención médica y prescrito los medicamentos acordes a su padecimiento, pues debe decirse que, se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes del acto reclamado. De igual forma, se estima aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, novena época, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia número 2011905, visible en la página dos mil setecientos nueve, del tomo IV, junio de dos mil dieciséis, decima época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. ES INNECESARIO OTORGARLA CUANDO LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA NO PRODUCE PERJUICIO AL QUEJOSO QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DE SU DERECHO HUMANO DE AUDIENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.", la vista establecida en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo tiene como finalidad privilegiar el derecho humano de audiencia, en los casos en que, de oficio, el órgano jurisdiccional de amparo advierta alguna causa de improcedencia respecto de la cual el quejoso no ha tenido oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica. Por lo tanto, es innecesario otorgarla al quejoso en términos del artículo invocado, cuando la causa de improcedencia que se actualiza no le produce perjuicio alguno que justifique el ejercicio de dicho derecho humano, como ocurre en los casos en que el inconforme materialmente obtuvo la pretensión por la que promovió el juicio de amparo, ya sea porque se le restituyó en el pleno goce del derecho que estimó violado y se restablecieron las cosas al estado que guardaban antes del acto reclamado, o bien, porque la autoridad responsable respetó el derecho involucrado y cumplió lo que éste exige". Asimismo, la Tesis XI.P.1 K (10a.), visible en la página dos mil doscientos cincuenta y ocho, del tomo III, julio de dos mil dieciséis, décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. DEBE OMITIRSE, SI ÚNICAMENTE TENDRÍA UN EFECTO DILATORIO EN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OTORGADA AL QUEJOSO O EN LA CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO. Cuando se examina por primera vez una causa de improcedencia, cuyo efecto es inocuo para la esfera jurídica del quejoso o recurrente, es innecesario proceder en términos del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, y de las jurisprudencias P./J. 51/2014 (10a.) y P./J. 5/2015 (10a.), publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, y Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 8, de títulos y subtítulos: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO." e "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN.", respectivamente. Así, casos en los que conjuntamente con el sobreseimiento se otorgue la protección constitucional respecto del acto de autoridad que generó el reclamo del quejoso, o bien, en que la improcedencia tiene su origen en una actuación favorable a éste dentro del proceso de origen, el cual concluye a su favor, es indudable que el trámite de la vista al quejoso con la novedosa causal de improcedencia, únicamente tendría un efecto dilatorio en la protección constitucional otorgada o en la conclusión del procedimiento del cual derivó el acto reclamado, con el consecuente retardo en la actualización de los beneficios que de la concesión del amparo o la eventual conclusión del procedimiento de origen deriven para el promovente; por lo que en aras de una más efectiva tutela del deber constitucional a proporcionar una justicia pronta, completa e imparcial, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe omitirse dar vista al quejoso con la causa novedosa de sobreseimiento". **** Notifíquese personalmente; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y cúmplase.
- Principal
Tampico, Tamaulipas, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Se agrega oficio. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos los oficios que remiten las autoridades responsables que en los mismos se consignan, a través del cual, en atención al requerimiento realizado por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, remiten diversas constancias relacionadas con al acto reclamado. Al respecto, se tiene a la autoridad responsable dando cumplimiento al citado requerimiento, y con el contenido de las referidas constancias, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer nuevamente relación de tales constancias, al celebrarse la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, como lo establece el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de las constancias allegadas por el Director de la Unidad de Médica de Alta Especialidad, Número 25, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León, no se advierte la entrega al quejoso del medicamento RUXOLITINIB; por tanto, y a efecto de contar con las actuaciones necesarias para resolver el fondo del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Director de la Unidad de Médica de Alta Especialidad, Número 25, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León, para que dentro del término de tres días legalmente computados remita a este Juzgado copia certificada completa y legible de la constancia en donde se advierta que el aquí quejoso recibió el medicamento RUXOLITINIB, que fue prescrito en la receta con folio 20 D 5060551. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J.17/97, publicada en la página ciento ocho, tomo V, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se autoriza a la autoridad responsable, para que remita las documentales requeridas, vía correo electrónico 9jdo19cto@correo.cjf.gob.mx. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, aunado a que, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la ley de la materia. *** Notifíquese por lista de acuerdos a las partes; y cúmplase.
- Principal
Tampico, Tamaulipas, a doce de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal actual que guardan los presentes autos, de los que se advierte, la autoridad responsable Director del Hospital General Regional Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, hizo del conocimiento que se citó a la parte quejosa el seis de junio del año en curso, en la Unidad Médica de Alta Especialidad UMAE #25, en Monterrey, Nuevo León, para la entrega del medicamento denominado RUXOLITINIB, sin que se advierta de las constancias que obran en el presente juicio de amparo constancia alguna que acredite la entrega del mismo. Por tanto, y a efecto de contar con las actuaciones necesarias para resolver el fondo del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director del Hospital General Regional Número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas; y Director de la Unidad de Médica de Alta Especialidad, Número 25, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monterrey, Nuevo León, para que dentro del término de tres días legalmente computados remitan a este Juzgado copia certificada completa y legible de la constancia de entrega del medicamento RUXOLITINIB al aquí quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J.17/97, publicada en la página ciento ocho, tomo V, correspondiente a febrero de mil novecientos noventa y siete, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. Con fundamento en el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se autoriza a la autoridad responsable, para que remita las documentales requeridas, vía correo electrónico 9jdo19cto@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, aunado a que, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la ley de la materia. Diferimiento constitucional. En tales consideraciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las diez horas con veinte minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el artículo 115 de la ley de la materia, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal.***
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