Angel Miranda Moreno

Expediente 1095/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1095/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
01/08/2017

Partes del expediente

  • Angel Miranda Moreno

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de julio de dos mil diecisiete. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve Ángel Miranda Moreno, regístrese bajo el número 1095/2017-II-A. DESECHAMIENTO. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante es el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Ahora, en el capítulo respectivo al acto reclamado de escrito de demanda el quejoso señala como tales "IV.- ACTO RECLAMADO: DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: Cámara de Diputados y Cámara de senadores reclamo: La discusión y aprobación por el que se promulga la ley del servicio profesional docente publicado en el diario oficial de la federación el 11 de septiembre del 2013, mismo que por orden del artículo 1, 2, 3, 4, fracciones IX, XXII, XXV, XXII, fracción III, inciso b), 8, fracción V, 52, 68, fracción I, 69, fracciones 1 y VI Y 80 de La Ley General del Servicio Profesional Docente, así como los artículos 1,5, fracciones XIII, XXII, XXIII Y XXVII, 6, 7, 8, 9, 16,21,22,36, 51 y sexto transitorio de los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente en Educación Básica y Media Superior en el ciclo escolar 2017-2018, LINEE-04-2017, aprobados por la junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de Marzo de 2017, en lo especifico reclamo su inconstitucionalidad por ser violatorio de derechos humanos. DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Reclamo la iniciativa. La expedición, la promulgación de la ley General del Servicio Profesional Docente por considerar ser violatorio de derechos humanos. DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: El refrendo y orden de publicación en el diario oficial de la federación. DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PUBLICA: La ley General del Servicio Profesional Docente DEL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: La publicación de la ley del Servicio Profesional Docente. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. El primer acto de aplicación consistente en: la evaluación educativa consiste en la notificación de la evaluación educativa de fecha Veintitrés de Junio del Dos Mil Diecisiete, mediante la cual se nos hace de nuestro conocimiento el haber sido seleccionados para la participación en la evaluación docente lo cual se puede advertir o copia simple del oficio que proviene de la página electrónica de la secretaria de educación pública en la que aparece la clave de usuario y contraseña para accesar a este medio de comunicación electrónica el cual es violatorio de derechos humanos por lo que reclamo su inconstitucionalidad." Mientras que de la lectura integral de sus conceptos de violación se concluye que la parte quejosa se duele también, de la aplicación retroactiva de la Ley General del Servicio Profesional Docente; ello, pues manifiesta que su ingreso al cargo que actualmente ocupa lo adquirió con anterioridad a la entrada en vigor de dicha legislación, esto es, antes del once de septiembre de dos mil trece. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, pues es evidente que ello no le irroga ningún perjuicio. Ahora, conviene señalar que la Ley que rige el juicio constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 6º, por su orden, establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme al artículo 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de garantías, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Octava Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. En consecuencia, si el quejoso reclama de las autoridades responsables la aplicación del examen de la evaluación educativa, es evidente que ello no le irroga ningún perjuicio, ello si se toma en cuenta que aun cuando en el propio oficio se indique que tiene el carácter de obligatorio, en el mismo no se contiene ningún apercibimiento, y que asimismo se hace referencia a una primera etapa, lo que indica que no constituye una evaluación única y que por tanto tendrá la oportunidad de regularizar el nivel de desempeño que requiere el ejercicio de su función, en caso de que se advierta insuficiencia por parte de las autoridades educativas que realizan la revisión. Ello si se atiende que la Ley General de Servicio Profesional Docente que se tacha de inconstitucional, en sus numerales 52 y 53 indican "Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto." "Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda." Dispositivos legales que disponen de manera específica que las autoridades educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado; que la evaluación será obligatoria y el Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. Destaca lo previsto por el segundo numeral invocado que dispone que cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. Asimismo, que el personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. Luego, contrario a lo que aduce el quejoso, no se ha concretizado el perjuicio que invoca, puesto que conforme a lo dispuesto por los transcritos preceptos legales, no se puede establecer la existencia de ningún perjuicio en concreto que le irrogue la emisión del citado oficio, pues aún y cuando se indique que tiene el carácter de obligatorio presentarse a la evaluación, esa sola circunstancia no hace procedente el juicio de garantías, pues aún no se concretiza ningún daño en su esfera jurídica, en cuanto tendrá otras oportunidades para presentarse a la evaluación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.XV/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LAS LIMITACIONES QUE LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA IMPONEN AL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO Y SON IDÓNEAS, NECESARIAS Y PROPORCIONALES. Las limitaciones impuestas al derecho humano a la estabilidad en el empleo por el nuevo modelo educativo, implementado por la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y contenido en los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, tienen un fin constitucionalmente legítimo, porque proponen establecer un modelo educativo orientado a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia, para lo cual buscan garantizar la idoneidad de los docentes mediante la sujeción de sus posibilidades de ingreso, promoción y permanencia a la aprobación de determinadas evaluaciones; asimismo, dichas limitaciones son idóneas, ya que es precisamente a través de mecanismos de evaluación que puede asegurarse la calidad en la preparación de los docentes; también son necesarias en razón de que el objetivo que persiguen no puede alcanzarse con un costo menor; y son proporcionales al permitir que el personal docente se prepare para presentar las evaluaciones, pues disponen que la consecuencia de no seguir al frente de un grupo como docente se actualice hasta la tercera evaluación en la que obtenga un resultado desfavorable." Por otra parte, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le irroga perjuicio al promovente respecto de su reclamo sobre la retroactividad legislativa que dice, se actualiza en su contra, pues el más alto tribunal ha sostenido que para analizar si un ordenamiento vulnera el derecho a la irretroactividad de la ley es necesario atender a los postulados de la teoría de los componentes de la norma, conforme a la cual, toda norma jurídica se compone de dos elementos Un supuesto, que puede ser complejo cuando se integra por diversos actos parciales sucesivos, y Una consecuencia, que al realizarse genera los derechos y las obligaciones correspondientes. En ese sentido, respecto a los supuestos complejos, una norma posterior viola el derecho invocado sólo cuando modifique los actos del supuesto que ya se hubieran realizado bajo la vigencia de la norma anterior, no así cuando modifique los que todavía no se hubieren realizado, esto es, los existentes hasta el momento de la entrada en vigencia de la norma modificadora, pues, en esta circunstancia, la norma posterior podría regular tanto los actos no llevados a cabo como las consecuencias vinculadas a ellos. Luego, en el supuesto que nos atañe, debe decirse que las consecuencias que emerjan con motivo de la norma anterior, respecto al derecho de los docentes con nombramiento definitivo a permanecer en el empleo, de ninguna manera se modifican con la entrada en vigor de la legislación General del Servicio Profesional Docente, ya que de la lectura sistemática de ésta se puede concluir que tal ordenamiento respeta la permanencia en el servicio de los docentes cuyo nombramiento fue emitido con anterioridad a su vigencia. Asimismo, del ordenamiento en estudio se obtiene que el personal docente que no obtenga un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública, sino que podrá ser readscrito para continuar en otras áreas dentro de dicho servicio, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro voluntario, es decir, no se prevé su cese cuando obtengan resultados insuficientes por tercera ocasión, con lo que se concluye, no vulneran su derecho a la irretroactividad de la ley. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 36/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro 22, septiembre de 2015, página 14, del rubro "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR.". Además, conviene precisar que el desechamiento decretado respecto del acto concreto de aplicación repercute también sobre la procedencia del amparo por cuanto hace a la promulgación, publicación, discusión, aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su carácter de ley heteroaplicativa o de individualización condicionada, es decir, con motivo de un acto de aplicación, pues al ser improcedente la demanda respecto de éste, la misma suerte corre la norma impugnada, ya que debe recordarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, estableció que cuando se promueve amparo contra leyes con motivo de un acto de aplicación, no se puede desvincular del examen de la norma que se ataca como heteroaplicativa. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Constitucional, Página: 235, del rubro y texto "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De modo que, con lo relatado con anterioridad resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de garantías indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6º, a contrario sentido, ambos de la Ley de la materia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE PRO MEDIO DE LISTA: " FORMACIÓN DE EXPEDIENTE. Vista la demanda que promueve Ángel Miranda Moreno, regístrese bajo el número 1095/2017-II-A. DESECHAMIENTO. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante es el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Ahora, en el capítulo respectivo al acto reclamado de escrito de demanda el quejoso señala como tales "IV.- ACTO RECLAMADO: DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: Cámara de Diputados y Cámara de senadores reclamo: La discusión y aprobación por el que se promulga la ley del servicio profesional docente publicado en el diario oficial de la federación el 11 de septiembre del 2013, mismo que por orden del artículo 1, 2, 3, 4, fracciones IX, XXII, XXV, XXII, fracción III, inciso b), 8, fracción V, 52, 68, fracción I, 69, fracciones 1 y VI Y 80 de La Ley General del Servicio Profesional Docente, así como los artículos 1,5, fracciones XIII, XXII, XXIII Y XXVII, 6, 7, 8, 9, 16,21,22,36, 51 y sexto transitorio de los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño del personal docente y técnico docente en Educación Básica y Media Superior en el ciclo escolar 2017-2018, LINEE-04-2017, aprobados por la junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de Marzo de 2017, en lo especifico reclamo su inconstitucionalidad por ser violatorio de derechos humanos. DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: Reclamo la iniciativa. La expedición, la promulgación de la ley General del Servicio Profesional Docente por considerar ser violatorio de derechos humanos. DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: El refrendo y orden de publicación en el diario oficial de la federación. DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN PUBLICA: La ley General del Servicio Profesional Docente DEL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: La publicación de la ley del Servicio Profesional Docente. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA: DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. El primer acto de aplicación consistente en: la evaluación educativa consiste en la notificación de la evaluación educativa de fecha Veintitrés de Junio del Dos Mil Diecisiete, mediante la cual se nos hace de nuestro conocimiento el haber sido seleccionados para la participación en la evaluación docente lo cual se puede advertir o copia simple del oficio que proviene de la página electrónica de la secretaria de educación pública en la que aparece la clave de usuario y contraseña para accesar a este medio de comunicación electrónica el cual es violatorio de derechos humanos por lo que reclamo su inconstitucionalidad." Mientras que de la lectura integral de sus conceptos de violación se concluye que la parte quejosa se duele también, de la aplicación retroactiva de la Ley General del Servicio Profesional Docente; ello, pues manifiesta que su ingreso al cargo que actualmente ocupa lo adquirió con anterioridad a la entrada en vigor de dicha legislación, esto es, antes del once de septiembre de dos mil trece. Puntualizado lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, en relación con el 6° de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, pues es evidente que ello no le irroga ningún perjuicio. Ahora, conviene señalar que la Ley que rige el juicio constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 6º, por su orden, establecen: "61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Conforme al artículo 6º de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de garantías, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 704 del Tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Octava Época, que dice: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. Al quejoso en el amparo, como actor en el juicio, al igual que en una contienda de carácter civil, le corresponde, de conformidad con el artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta el reconocimiento, por las autoridades responsables, de la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, puesto que el perjuicio depende de que existan legítimamente amparados los derechos cuya garantía constitucional se reclama." De acuerdo al criterio jurisprudencial invocado a la parte quejosa corresponde demostrar la procedencia de la acción constitucional; y para esto se requiere como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan. Por tanto no basta la existencia del acto, para concluir que necesariamente el mismo perjudica al promovente del juicio de garantías, sino que se requiere justificar el perjuicio que sufre con motivo del acto reclamado. En consecuencia, si el quejoso reclama de las autoridades responsables la aplicación del examen de la evaluación educativa, es evidente que ello no le irroga ningún perjuicio, ello si se toma en cuenta que aun cuando en el propio oficio se indique que tiene el carácter de obligatorio, en el mismo no se contiene ningún apercibimiento, y que asimismo se hace referencia a una primera etapa, lo que indica que no constituye una evaluación única y que por tanto tendrá la oportunidad de regularizar el nivel de desempeño que requiere el ejercicio de su función, en caso de que se advierta insuficiencia por parte de las autoridades educativas que realizan la revisión. Ello si se atiende que la Ley General de Servicio Profesional Docente que se tacha de inconstitucional, en sus numerales 52 y 53 indican "Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. El Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. En la evaluación del desempeño se utilizarán los perfiles, parámetros e indicadores y los instrumentos de evaluación que para fines de Permanencia sean definidos y autorizados conforme a esta Ley. Los Evaluadores que participen en la evaluación del desempeño deberán estar evaluados y certificados por el Instituto." "Artículo 53. Cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. El personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda." Dispositivos legales que disponen de manera específica que las autoridades educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado; que la evaluación será obligatoria y el Instituto determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada cuatro años y vigilará su cumplimiento. Destaca lo previsto por el segundo numeral invocado que dispone que cuando en la evaluación a que se refiere el artículo anterior se identifique la insuficiencia en el nivel de desempeño de la función respectiva, el personal de que se trate se incorporará a los programas de regularización que la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado determine, según sea el caso. Dichos programas incluirán el esquema de tutoría correspondiente. Asimismo, que el personal sujeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, tendrá la oportunidad de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de doce meses después de la evaluación a que se refiere el artículo 52, la cual deberá efectuarse antes del inicio del siguiente ciclo escolar o lectivo. De ser insuficientes los resultados en la segunda evaluación, el evaluado se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a una tercera evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses. Luego, contrario a lo que aduce el quejoso, no se ha concretizado el perjuicio que invoca, puesto que conforme a lo dispuesto por los transcritos preceptos legales, no se puede establecer la existencia de ningún perjuicio en concreto que le irrogue la emisión del citado oficio, pues aún y cuando se indique que tiene el carácter de obligatorio presentarse a la evaluación, esa sola circunstancia no hace procedente el juicio de garantías, pues aún no se concretiza ningún daño en su esfera jurídica, en cuanto tendrá otras oportunidades para presentarse a la evaluación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P.XV/2015, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veinticinco de septiembre de dos mil quince del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LAS LIMITACIONES QUE LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA IMPONEN AL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO Y SON IDÓNEAS, NECESARIAS Y PROPORCIONALES. Las limitaciones impuestas al derecho humano a la estabilidad en el empleo por el nuevo modelo educativo, implementado por la reforma al artículo 3o., fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y contenido en los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, tienen un fin constitucionalmente legítimo, porque proponen establecer un modelo educativo orientado a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia, para lo cual buscan garantizar la idoneidad de los docentes mediante la sujeción de sus posibilidades de ingreso, promoción y permanencia a la aprobación de determinadas evaluaciones; asimismo, dichas limitaciones son idóneas, ya que es precisamente a través de mecanismos de evaluación que puede asegurarse la calidad en la preparación de los docentes; también son necesarias en razón de que el objetivo que persiguen no puede alcanzarse con un costo menor; y son proporcionales al permitir que el personal docente se prepare para presentar las evaluaciones, pues disponen que la consecuencia de no seguir al frente de un grupo como docente se actualice hasta la tercera evaluación en la que obtenga un resultado desfavorable." Por otra parte, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se le irroga perjuicio al promovente respecto de su reclamo sobre la retroactividad legislativa que dice, se actualiza en su contra, pues el más alto tribunal ha sostenido que para analizar si un ordenamiento vulnera el derecho a la irretroactividad de la ley es necesario atender a los postulados de la teoría de los componentes de la norma, conforme a la cual, toda norma jurídica se compone de dos elementos Un supuesto, que puede ser complejo cuando se integra por diversos actos parciales sucesivos, y Una consecuencia, que al realizarse genera los derechos y las obligaciones correspondientes. En ese sentido, respecto a los supuestos complejos, una norma posterior viola el derecho invocado sólo cuando modifique los actos del supuesto que ya se hubieran realizado bajo la vigencia de la norma anterior, no así cuando modifique los que todavía no se hubieren realizado, esto es, los existentes hasta el momento de la entrada en vigencia de la norma modificadora, pues, en esta circunstancia, la norma posterior podría regular tanto los actos no llevados a cabo como las consecuencias vinculadas a ellos. Luego, en el supuesto que nos atañe, debe decirse que las consecuencias que emerjan con motivo de la norma anterior, respecto al derecho de los docentes con nombramiento definitivo a permanecer en el empleo, de ninguna manera se modifican con la entrada en vigor de la legislación General del Servicio Profesional Docente, ya que de la lectura sistemática de ésta se puede concluir que tal ordenamiento respeta la permanencia en el servicio de los docentes cuyo nombramiento fue emitido con anterioridad a su vigencia. Asimismo, del ordenamiento en estudio se obtiene que el personal docente que no obtenga un resultado suficiente en la tercera evaluación no será separado de la función pública, sino que podrá ser readscrito para continuar en otras áreas dentro de dicho servicio, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro voluntario, es decir, no se prevé su cese cuando obtengan resultados insuficientes por tercera ocasión, con lo que se concluye, no vulneran su derecho a la irretroactividad de la ley. Orienta lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 36/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro 22, septiembre de 2015, página 14, del rubro "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR.". Además, conviene precisar que el desechamiento decretado respecto del acto concreto de aplicación repercute también sobre la procedencia del amparo por cuanto hace a la promulgación, publicación, discusión, aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en su carácter de ley heteroaplicativa o de individualización condicionada, es decir, con motivo de un acto de aplicación, pues al ser improcedente la demanda respecto de éste, la misma suerte corre la norma impugnada, ya que debe recordarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, estableció que cuando se promueve amparo contra leyes con motivo de un acto de aplicación, no se puede desvincular del examen de la norma que se ataca como heteroaplicativa. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia(s): Constitucional, Página: 235, del rubro y texto "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De modo que, con lo relatado con anterioridad resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de garantías indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 6º, a contrario sentido, ambos de la Ley de la materia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizados a las personas que designa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; asimismo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles."

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