Ángel Meza Zamudio

Expediente 805/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
805/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Ángel Meza Zamudio

Actuaciones

  1. Principal

    Estado desechamiento. Vista la certificación asentada en primer término, de la que se advierte que el proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Archivo del expediente. Por otra parte, en cuanto al estado procesal de autos, se obtiene que no existe diligencia pendiente por acordar, por tanto, háganse las anotaciones en Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes y archívese el presente asunto como concluido. Destino del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto.

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ******** por propio derecho, contra actos de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Valle de Chalco, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 805/2023-V. Decisión sobre la instancia constitucional (desechamiento). Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y de la lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano, como se verá enseguida. A efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso, a consideración de esta juzgadora, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que la parte quejosa estaba obligada a agotar el principio de definitividad, promoviendo al respecto el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Federal; y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Debe destacarse que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la ley de la materia para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en ese caso y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previo a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo anterior, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, han establecido que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto en distintos casos, como cuando se reclaman normas generales, con motivo del primer acto de aplicación. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a. LVI/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 156, Tomo Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario: a) Que el acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Que contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) Que el medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución del acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. Caso concreto. Ahora bien, en el caso en estudio, la parte quejosa reclama como acto destacado la colocación de sellos de suspensión de obra de construcción de manera provisional, ejecutada el siete de junio de dos mil veintitrés, en el inmueble ubicado **********, Estado de México y/o ******, Estado de México. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que el acto reclamado se atribuye a autoridades administrativas, a saber: Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Valle de Chalco, Estado de México. Ejecutor adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Valle de Chalco, Estado de México. Autoridades, que por su naturaleza son de carácter administrativo, ya que no forman parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo; de ahí que se colme el primer requisito en comento. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. Los artículos 1°, fracción II, y 229, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en su texto vigente, prevén lo siguiente: "Artículo 1°. Para efectos del presente Código, se entenderá por: (.) II. Autoridad: Entes del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios o de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal, que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar actos o resoluciones administrativas y fiscales; Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: (.) II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación" De la interpretación armónica de los numerales transcritos se advierte que son autoridades los servidores públicos estatales o municipales, así como de los organismos auxiliares de carácter Estatal o Municipal. En ese sentido, debe entenderse que los sujetos afectados por los actos administrativos tienen a su alcance el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. De igual modo, se tiene que el medio de defensa -juicio contencioso administrativo- procede contra actos administrativos que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Lo anterior, porque el acto reclamado se hace consistir en la colocación de sellos de suspensión de obra de construcción de manera provisional, ejecutada el siete de junio de dos mil veintitrés, en el inmueble ubicado *******, municipio de Valle de Chalco, Estado de México. Por consiguiente, es palmario que contra el acto reclamado procede el juicio contencioso administrativo, toda vez que fue realizado por autoridades municipales y, con dicho medio ordinario la parte quejosa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate; de ahí que se colme el segundo requisito consistente en que exista un juicio, recurso o medio de defensa ordinario susceptible de nulificar, revocar o modificar los actos reclamados. Además, dicho medio de impugnación se encuentra contenido en una ley formal y material, ya que el Código de Procedimientos Administrativos fue emitido por la Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Ahora bien, respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho, pues el Código del Procedimiento Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión que los que para ese efecto establece la Ley de Amparo. Además, así lo determinó el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2015, y al efecto emitió la jurisprudencia de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL". En las relatadas condiciones, al haberse demostrado que la Ley de Amparo y la ley administrativa de la Entidad, en esencia, son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado; luego, debe concluirse que la parte interesada en obtenerla se encuentra obligada a observar el principio de definitividad consagrado en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, agotando el juicio contencioso administrativo, dado que en la ley que rige el medio de defensa no se prevén mayores requisitos para conceder la suspensión de los efectos de los actos impugnados en esa instancia contenciosa, que los enunciados en la Ley de Amparo, como se explicó en los párrafos anteriores, máxime que tiene por efecto nulificar el acto emitido por la autoridad administrativa del Estado. Por tanto, con la sola existencia de medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales, se garantiza el derecho a una tutela judicial efectiva. En efecto, al existir medios de impugnación idóneos en la legislación nacional, que permitan a los particulares acceder a vías por las que se les administre justicia por tribunales expeditos en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, es más que suficiente para tener por acreditada la obligación impuesta al Estado Mexicano en el artículo 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sirve de sustento a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 772, Tomo: Libro 6, Mayo de 2014 Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Así como la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 487, Tomo: Libro 3, Febrero de 2014 Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por otra parte, debe decirse que tampoco la parte quejosa se ubica en alguna excepción al principio de definitividad en materia administrativa, toda vez que si bien puede promoverse en forma inmediata el juicio de amparo, sin agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley señale, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución Federal, situación que no acontece en el asunto que se analiza, dado que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que reclama la colocación de sellos de suspensión de obra de construcción de manera provisional, ejecutada el siete de junio de dos mil veintitrés, en el inmueble ubicado en camino *******, Estado de México y/o calle Rosario, en *********; acto que si bien considera contrario a derechos fundamentales, la quejosa también hace valer argumentos de legalidad. Además, no se puede dejar al arbitrio de la parte quejosa determinar la procedencia del juicio de amparo con sólo invocar violaciones directas a la Ley Suprema, lo que no puede permitirse en aras de preservar el carácter de medio extraordinario de defensa del juicio de amparo; máxime que las violaciones que alega la parte quejosa pueden ser materia de análisis ante la autoridad administrativa ordinaria. Sobre esa base, se concluye que la parte peticionaria del amparo debió agotar el medio ordinario de defensa procedente antes de acudir a la vía constitucional, dado que no se actualizó el supuesto de excepción de la causa de improcedencia anunciada. En esa virtud, si en la especie, la parte quejosa no acreditó haber agotado previamente a la promoción del juicio de amparo, en contra de los referidos actos, el juicio contencioso administrativo contemplado en la ley estatal de la materia, resulta inconcuso que es improcedente la acción constitucional intentada por vía de amparo, dada la inobservancia del principio de definitividad en que incurrió, pues mediante la interposición de dicho medio ordinario de defensa estuvo en condiciones de obtener la modificación, revocación o nulificación de los actos que combate; máxime que según se ha visto, no se actualiza alguna de las excepciones que para tal efecto existen. En efecto, esta Juzgadora estima que no se surte alguna otra excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que no se hacen valer únicamente violaciones directas a la Constitución, sino que se alegan cuestiones de mera legalidad, como lo es la indebida fundamentación y motivación de ese acto o el cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. Incluso, no es obstáculo para llegar a la anterior conclusión el hecho de que se pudiera considerar que los actos reclamados son dictados dentro de un procedimiento administrativo y de imposible reparación, pues aun así, esa circunstancia no exime de la obligación de agotar el recurso o medio ordinario de defensa contra el acto reclamado. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, el hecho de que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de una resolución favorable a sus intereses; mientras que la regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado. Así, se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), que lleva por rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD". En las condiciones anotadas, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por ******* No es inadvertido para quien ahora provee, que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Designación de domicilio. Tomando en consideración que la parte quejosa de manera expresa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente procedimiento, los estrados de este juzgado de Distrito, y ante tal manifestación de voluntad, del lugar en que la parte quejosa desea se le notifiquen los acuerdos que se emitan en este procedimiento constitucional incluyendo las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, háganse ésta y las subsecuentes notificaciones incluyendo las de carácter personal por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado. Orienta esta determinación la tesis XXII.1º.22K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Diciembre de 1998, Materia Común, visible a página 1067, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Autorizados. Se tiene por autorizado en términos limitados de la parte final, párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no obra registro de su cédula profesional, por lo cual, una vez que realice lo anterior, se le reconocerán las facultades previstas en el artículo en mención. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos; apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que, de ser necesario, notifique los autos que deriven del presente juicio, en días y horas inhábiles. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación; asimismo, infórmeseles que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente, este órgano jurisdiccional procederá a generar la versión pública de las resoluciones requeridas, y en su caso, de las demás constancias solicitadas, suprimiendo el nombre de las partes, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan; y que aún y cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, de la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener.

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