Ángel Meneses García
Expediente 1370/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 35 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1370/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 13/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ángel Meneses García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación, la circunstancia de que no obren los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables; pues, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado y, en este juicio al haberse sobreseído, es obvio que no le afecta y, por tal motivo, no están en aptitud de interponer el citado medio de impugnación. Lo anterior tiene apoyo, por su sentido e idea jurídica, en la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que textualmente se lee: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ." Al respecto también tiene aplicación, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, sirve de apoyo la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. SI LA RESOLUCIÓN QUE RECLAMA LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LE PERJUDICA, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL." Del incidente de suspensión Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado, debiendo guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c) el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. Asimismo, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a las autoridades responsables, las documentales que exhibieron en el presente asunto, para los efectos legales procedentes; en el entendido que la constancia que se emita con motivo del envío de las citadas documentales, a su vez será el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, se tiene por recibido el escrito signado por el abogado del tercero interesado, mediante el cual solicita cause ejecutoria el presente juicio, en ese sentido, dígasele al promovente que deberá de estarse a lo acordado en líneas que anteceden; lo anterior para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno Agréguese a los autos el escrito signado por el abogado del tercero interesado, mediante el cual solicita cause ejecutoria la resolución dictada en autos. En ese sentido, dígasele al promovente que no ha lugar acordar de conformidad su petición, en virtud de que no ha transcurrido el termino previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, en virtud de que la notificación a la parte quejosa se realizó con fecha veinte de septiembre del año curso; lo anterior para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de septiembre de dos mil veintiuno Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, a través del cual solicita copia certificada de diversas constancias que obran en el presente asunto; en tales condiciones, expídase copias autorizadas de las constancias que solicita, entregándosele previa razón de recibo que se asiente en autos. Asimismo, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Ángel Meneses García solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Juez Tercero Civil del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Acto reclamado. ".la falta de emplazamiento y llamamiento formal al juicio civil radicado bajo el número de expediente 312/13-II radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, cuyas partes son ALBERTO BRITO MEZA vs NANCY GÁLVEZ SALAS." SEGUNDO. El catorce de octubre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1370/2019, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede. TERCERO. Mediante acuerdo de siete de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional dio vista a la parte quejosa, para que manifestara si era su deseo señalar como acto reclamado el llamamiento al procedimiento de remate efectuado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio especial hipotecario 312/2013, del índice de la autoridad responsable. CUARTO. Por escrito recibido el veintiuno de febrero de dos mil veinte, el quejoso amplió su demanda de amparo, en la que señaló como acto reclamado: "La falta de notificación de la cesión de derechos de crédito hipotecario y como consecuencia de ello la falta de emplazamiento y llamamiento formal a juicio.- Lo constituye la falta de llamamiento formal al juicio civil radicado bajo el número de expediente 312/13-II radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, cuyas partes son Alberto Brito Meza VS Nancy Gálvez Salas, respecto al remate del bien inmueble del cual soy propietario y en el cual no se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento". QUINTO. Una vez subsanada la prevención, el cuatro de marzo de dos mil veinte, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por cuanto hace al acto precisado en el resultando anterior; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 primer párrafo y 107 de la Ley de Amparo; 1° fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, es menester precisarlo, en términos de lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad la demanda. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis número VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de privada de veinticinco de marzo del año en curso, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y del análisis tanto de aquélla como de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, se desprende que en esencia se reclama: - La falta de llamamiento al juicio 312/13-II, radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y el remate del bien inmueble del cual aduce ser propietario. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con la técnica que rige al juicio, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para que, de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, ya que al no ser ciertos los actos combatidos, es innecesario ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, del análisis de alguna causal de improcedencia, o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tenga la seguridad de que los actos reclamados son ciertos, y así, estar en posibilidad de analizar causales de improcedencia y de no actualizarse alguna, estudiar el fondo del asunto. Tiene aplicación a lo precedente, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo título a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." En ese sentido se tiene que la autoridad señalada como responsable Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Delegación Morelos, al rendir el informe justificado, no aceptó ni negó categóricamente la existencia del acto que se le atribuye, sin embargo, debe tenerse por inexistente ya que de autos se desprende que dicho Instituto no figuró como parte y mucho menos como autoridad jurisdiccional en la contienda hipotecaria de donde emana el acto reclamado. Es decir, el hecho de haber celebrado o no un contrato de cesión de hipoteca con otro particular, y haberlo hecho del conocimiento al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, Delegación Morelos, no lo torna en autoridad responsable si en el caso, el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación al juicio especial hipotecario 312/13-II. Aunado a que la circunstancia de haber o no registrado dicha cesión no puede generar un acto concreto de autoridad, pues en dado caso se estaría ante la presencia de un acto entre particulares y hecho del conocimiento a la entidad financiera en su carácter de acreedor de ese crédito hipotecario. Por su parte, si bien es cierto que el Juez Tercero Civil del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, aceptó la existencia del acto reclamado, lo cierto es que no se advierte su participación en acto alguno que afecte al quejoso, sino que su intervención fue en colaboración procesal con la finalidad de emplazar a juicio a la parte demandada Nancy Gálvez Salas. Por lo que procede decretar el sobreseimiento del presente juicio por lo que hace al acto reclamado, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado, aceptó la existencia del acto que se les atribuye, en el sentido de sustanciar el juicio especial hipotecario materia del acto reclamado. Lo cual se corrobora con las actuaciones que envió en apoyo al citado informe; documentales públicas que adquieren valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo segundo. QUINTO. Procedencia del juicio. Previo al estudio de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, lo aleguen o no las partes, resulta necesario analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio oficioso, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En primer lugar, se establece que el impetrante comparece a esta instancia constitucional con el carácter de tercero extraño a juicio -en estricto sentido-, debido a que como ya se dijo, no figura como parte en el procedimiento natural, sin embargo, aduce una afectación a su prerrogativa de posesión que dice tener respecto del inmueble que ahí se controvierte sin haber sido oído ni vencido, con infracción a su derecho humano de audiencia previa contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, se tiene que no procede entrar al estudio del fondo del medio de control de constitucionalidad que nos ocupa, atento a que en la especie, se advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, establece: "Artículo 61.El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.". En efecto, los ordinales 17 y 18, del mismo ordenamiento disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como puede apreciarse, de la trascripción de los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, se desprende que el consentimiento expreso implica la conducta que desarrolla la quejosa, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que le cause un agravio o perjuicio, lo que implica la manifestación de voluntad que entraña el consentimiento del acto reclamado, al no impugnarse dentro del plazo que se puntualiza en los citados preceptos, que por regla general es de quince días. En la inteligencia de que el lapso referido se computará de la siguiente manera: a) Al día siguiente al en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al día siguiente en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al día siguiente en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el caso concreto, el quejoso acude a esta instancia señalando como acto reclamado, la falta de llamamiento al juicio especial hipotecario 312/2013, pues sostiene que sin ser parte, se afectan sus derechos. Luego, al tener a la vista las constancias que integran el expediente de origen, se advierte que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, la actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial notificó al aquí quejoso Ángel Meneses García, en los siguientes términos: ".mediante cédula de notificación personal que contiene los datos del juicio, el número de expediente, las partes, el juzgado y la secretaría a la que pertenecen, por lo que le notifico el contenido íntegro de los autos de diez de julio de dos mil diecinueve, emitido por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por lo que le hago saber que en el término de cinco días contados a partir de la presente notificación, deberá manifieste (sic) lo que a su derecho corresponda a efecto de que intervenga en el acto del remate, pudiendo hacer al Tribunal las observaciones que estime oportunas para garantizar sus derechos." Atento a lo anterior, es que debe concluirse como se hace, que la demanda de amparo con que se da cuenta es extemporánea, pues si como se vio, la notificación del acuerdo que sirvió de base para que el quejoso tuviera pleno conocimiento de la existencia del juicio que según su exposición, le afectaba en sus derechos fundamentales, se llevó a cabo el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, por lo que si surtió efectos ese mismo día, el cómputo empezó a correr al día siguiente; entonces, debió haber hecho valer su derecho, dentro del plazo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, el lapso para promover su demanda trascurrió del veintiséis de agosto al trece de septiembre. Entonces, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, hasta el once de octubre de dos mil diecinueve; la misma resulta extemporánea, ya que trascurrió en exceso el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2º. J/21, publicada en la página 291, Tomo II, de Agosto de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que a continuación se transcribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Pues, al notificarse la existencia del juicio de origen, e incluso formulársele un requerimiento en torno a los derechos posesorios que pudieran estar involucrados, es evidente que a partir de esa data, tuvo conocimiento del mismo, pues estimar lo contrario implicaría dejar al arbitrio de una de las partes la presentación de una demanda de amparo, lo cual implicaría atentar contra el principio de seguridad jurídica, ya que los demás intervinientes del juicio nunca podrían tener la tranquilidad de que no se interpondrían recursos o medios de defensa en contra de las determinaciones que pudiesen estimarse como cosa juzgada. Máxime que se reitera, la finalidad de dicha notificación, fue precisamente incorporarlo a la etapa de ejecución del juicio para que pudiera hacer valer sus derechos posesorios involucrados, situación que decidió no llevar a cabo, y tampoco acudir al juicio de amparo, en el plazo previsto por el artículo 17 de la normatividad aplicable. Ahora bien, solo resta decir que al propio quejoso mediante auto de siete de enero de dos mil veinte y notificado el cuatro de febrero siguiente, se le dio vista para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por cuanto hace al llamamiento al procedimiento de remate efectuado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio especial hipotecario 312/2013, del índice de la autoridad responsable. Lo cual se corrobora que fue del conocimiento del quejoso, pues en su escrito de ampliación de demanda, refirió que la efectuaba en términos del requerimiento de esa data; sin embargo, de su contenido no se desprende que en efecto hubiese pretendido reclamar la ilegalidad de dicha notificación, y mucho menos incorporar a la actuaria que practicó la diligencia como autoridad responsable. Razón por la cual, al quedar incólume dicha notificación al no poder ser materia de análisis constitucional, por así haberlo decidido la parte quejosa al no reclamarla pese a la vista ordenada en autos, es que de acuerdo a la presunción de legalidad de los actos de autoridad, debe tomarse como data en que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado, la plasmada en la diligencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Al respecto, cobra aplicación por los argumentos que la sustentan, la jurisprudencia 1a./J. 5/2006, con registro digital 174744, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. TRATÁNDOSE DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO DEBE DESCONTARSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, EL PERIODO DE VACACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE (APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL 3a./J. 42 30/89).el artículo 21 de la Ley de Amparo se advierte que el término para promover la demanda en el juicio de garantías se computará, entre otros supuestos, a partir de que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado. Ahora bien, si se atiende a que por disposición expresa de la ley los terceros extraños a juicio tienen derecho de acudir al juicio de garantías a partir de que adviertan la afectación a su interés jurídico, es decir, cuando se percaten de que en un proceso judicial o procedimiento seguido en forma de juicio no han sido escuchados previamente, resulta indudable que, a fin de preparar su demanda, deben conocer directa, exacta y completamente las consideraciones y fundamentos legales sustentados por la autoridad responsable, de lo que se sigue que tratándose de tercero extraño a juicio sí debe descontarse del cómputo del término para presentar su demanda de amparo el periodo de vacaciones de la autoridad responsable, pues si a aquél se le diera un tratamiento diverso, se atentaría contra el principio de igualdad procesal entre las partes, ya que cualquier quejoso, por el solo hecho de serlo, debe estar sujeto a las mismas disposiciones procesales. En tal virtud, resulta aplicable al caso la tesis jurisprudencial de la anterior Tercera Sala, identificable bajo el rubro: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", que aparece publicada con el número 3a./J. 42 30/89 en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 279; máxime, que uno de los criterios en contradicción de los cuales derivó la citada jurisprudencia emanó de un amparo seguido por un tercero extraño a juicio." Ante tales circunstancias, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la ley de la materia, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente, expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por Ángel Meneses García, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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