Ángel Melendez Hernández
Expediente 104/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ángel Melendez Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se inconformara contra el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo. se ordena archivar el presente asunto. se procede a determinar la clasificación documental de este expediente.
- Principal
1. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese con el número 104/2022, en el libro de gobierno respectivo de este órgano jurisdiccional. 2. DESECHAMIENTO. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Ángel Meléndez Hernández señala como actos reclamados: "ACTO RECLAMADO: De las autoridades señalada como Responsable Ordenadora, la ilegal orden de Traslado girada en mi contra por ella, manifestado bajo protesta de decir verdad que mediante notificación del juzgado oral penal del distrito 7 de esta Ciudad fui notificado, en el lugar donde actualmente me encuentro recluido por la presunta participación en la comisión de un delito del orden del fuero común, donde me manifestaron que me trasladarían a un lugar diverso a donde actualmente me encuentro recluido y procesado, es por ello que considero que al ocurrir esto se me estarían violentando con ello las garantías consagradas dentro de los artículos 16 y 18 Constitucionales pero ante el hecho inminente de ser trasladado a otra Ciudad, vengo de manera fundada a denunciar hechos futuros inminentes a raíz de que pueden ser vulneradas mis garantías, y se realicen actos que puedan entorpecer la restitución de las cosas al estado que guardan ocasionando con ellos transgresión de las garantías al hoy quejoso, es por ello que solicito el amparo y protección de la Justicia Federal, y se impida por medio de este recurso de amparo mi inminente traslado a otra ciudad ya que violaría con ese acto el artículo 18 Constitucional Cuando la ley de readaptación social marca que Podrá convenirse también que los reos procesados del fuero común sufran su prisión preventiva en sus penas en los centros penitenciarios a cargo de los Gobiernos Estatales más cercanos a su domicilio familiar y donde se encuentre llevando su procedimiento, cuando estos centros se encuentren más cercanos a su domicilio y su Juzgador competente." En ese tenor, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de cuenta, respecto del acto reclamado, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso a estudio, respecto de la orden de traslado reclamada, se estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Lo anterior, porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente a la promoción del juicio constitucional. Por consiguiente, previamente al ejercicio de la acción constitucional se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, por virtud de los cuales pueda ser modificado, revocado o nulificado, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, en razón de que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario. Ahora, con la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se introdujo el modelo penitenciario con características de reinserción social y de judicialización, por lo que, conforme con el nuevo sistema, se asignó al Poder Ejecutivo la facultad de administrar las prisiones y se confirió a las autoridades judiciales el régimen de reinserción social y judicialización de modificación y duración de las penas; en consecuencia, el Poder Judicial es el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de la pena dictada, de manera que todos los eventos de trascendencia jurídica que surjan durante la ejecución de la pena, queden bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal. Por otro lado, los artículos 2, 5, fracción II y último párrafo, 9, fracciones IV y IX, 51, 52, 107, 114, 115 y 116, 117 y 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, disponen: "Artículo 2. Ámbito de aplicación Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales." "Artículo 5. Ubicación de las personas privadas de la libertad en un Centro Penitenciario. Los Centros Penitenciarios garantizarán la separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente: (.) II. Las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas; (.) Adicionalmente la Autoridad Administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo en los criterios de igualdad, integridad y seguridad (.)." "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; (.) IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes;(.)." "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." "Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas (.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa (.)." "Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto." De la transcripción de dichos artículos, en primer término se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal es de observancia obligatoria respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, esto es, respecto de procesados y sentenciados. De igual forma, que los procesados o sentenciados podrán iniciar el procedimiento administrativo ante las autoridades penitenciarias y si éstas resultan contrarias a lo solicitado por el inconforme, o no fuesen atendidas dentro del término legal, el peticionario podrá formular controversia o demandar la omisión ante el Juez de Ejecución. Y por lo que a los traslados se refiere, en todos los supuestos de excepción sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. En ese tenor el aquí peticionario del amparo reclama la orden de traslado del Centro Penitenciario a otro diverso. Y toda vez que los diversos artículos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén los medios de defensa que deben agotarse respecto de las condiciones de internamiento que consideren los internos les agravian y en particular respecto de la orden de traslado se contempla el recurso de apelación cuando la orden de traslado ha sido ordenada por el juez y, en caso, de no existir autorización judicial, deberá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, es inconcuso, que previo acudir a esta instancia constitucional, debe impugnar la orden de traslado y al no haber agotado los medios ordinarios de defensa, el juicio de amparo es improcedente, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo biinstancial. Por lo que al no tener el carácter de definitivo el acto que por esta vía constitucional se combate, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, es inconcuso que este resulta improcedente, pues la orden de traslado del quejoso es impugnable en términos de los artículos 9º, fracción IX, 52, 107, 114, 116, 117, 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través de la apelación, la cual tiene por objeto modificar, revocar o nulificar la determinación en la que se ordenó el traslado de la parte quejosa. Así, del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa acudió directamente a promover la presente instancia constitucional sin que previamente haya interpuesto algún medio de impugnación de los previstos en la Ley Nacional de Ejecución en contra del traslado reclamado. De lo que se sigue que si acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de traslado del Centro Penitenciario a otro diverso, pero no agotó la controversia judicial que de conformidad con el artículo 52 en relación con los numerales 116, fracción IV, y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, constituye el medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para analizar la legalidad del traslado es evidente que el acto aquí reclamado no es definitivo. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, Materia Penal y Común, Registro digital 2023736, del rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad. Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, toda vez que el peticionario tiene la obligación de agotar los medios de defensa que concede la Ley Nacional de Ejecución Penal. 3. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza como domicilio procesal el ubicado en calle 10, avenida 6, número 600, en esta ciudad. Por otro lado, se le tiene señalando los correos electrónicos maxabogado2.mh@gmail.com y livictor26@hotmail.com, como medios de contacto para comunicaciones no procesales, al tenor del artículo 5° del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 4. AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas Maximiano Harris Valenzuela, Víctor Alfonso Ruiz Morales, Mauricio Jiménez López y César Parra Mendoza, debido a que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otra parte, se tiene a Alfonso Monge Salasar y Ana Gabriela Vega Quiroga, como personas autorizadas, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos quienes no gozarán de las demás facultades previstas en el numeral 12 párrafo primero, de la ley de la materia, toda vez que no cuentan con registro de cédula profesional en el sistema citado. 5. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, así como las diligencias correspondientes, para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Para los efectos de la notificación del presente acuerdo, así como para las subsecuentes, se requiere al actuario judicial que para llevar a cabo la encomienda siga los protocolos de protección que ha implementado el Consejo de la Judicatura Federal, esto es, deberá usar el equipo personal de protección que le ha sido entregado, es decir, careta, guantes, cubrebocas y traje especial, ello para resguardar su salud física, así como la de los justiciables. 6. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA CONTINUAR LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO MEDIANTE EL USO DE SU FIREL O E.FIRMA (ANTES FIEL). Se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 2º del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que las subsecuentes notificaciones se les realicen vía electrónica, a efecto de que, como se dijo, la tramitación del presente juicio continúe en la modalidad de juicio en línea. Lo anterior, conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, mismo que en términos de su artículo primero transitorio, entró en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el trece de junio de dos mil veinte, aunado a que si bien, la parte inconforme o alguna de las demás partes en el juicio de amparo elija una vía de notificación distinta a la electrónica, tal circunstancia no impide que esta o sus autorizados puedan promover escritos o interponer recursos mediante dicho sistema, siempre que satisfagan los requisitos conducentes. Por otra parte, se informa a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña, o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: registrarse en el sitio de internet http://serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir esos pasos: 1). Llenar el formulario, proporcionando su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyente, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario y Contraseña" y vincular al registro su firma electrónica (el registro de cada usuario es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo en nombre de otra). 2). Una vez que los usuarios cuenten con su usuario y contraseña podrán solicitar al Juzgado, la consulta del expediente electrónico proporcionando el nombre de usuario y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 3). Una vez acordada favorablemente la solicitud, el usuario podrá entrar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a través de su Nombre de "Usuario y Contraseña", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad de Certificaciones del Poder Judicial Federal, y que se encuentre vigente. 4). Una vez que el usuario acceda, podrá notificarse electrónicamente al ingresar al Juzgado de Distrito, ya sea en las opciones de Estrados o Expediente Electrónico, o bien, a través de un listado condensado que contendrá las resoluciones electrónicas pendientes de notificarse. 7. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obran en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda la información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de promociones y documentos presentados electrónicamente, proceda a su impresión e incorporación al expediente físico. 9. CAPTURA DEL FALLO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio o, en su caso, la resolución que le ponga fin, y, a efecto de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agréguese al expediente en que se actúa la constancia que así lo acredite. 10. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Conforme a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos en el presente juicio de amparo. 11. COPIAS. Se autoriza a las partes la expedición de un tanto de copias de las constancias que obren en el presente asunto sin previa solicitud por escrito, con la salvedad de que si llegase a ser necesario más de uno, su otorgamiento estará condicionada a la solicitud correspondiente.
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