Ángel Mauricio Sotelo Martínez
Expediente 47/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ángel Mauricio Sotelo Martínez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa por conducto de su Defensor Público Federal.
- Principal
En razón de que la parte quejosa licenciado JUVENTINO ROSAS ACEVES con el carácter de Defensor Público de los quejosos Irvin Ivan Valensuela Rangel y/o Jacobo Zúñiga Ovalle y Ángel Mauricio Sotelo Martínez, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el diecisiete de junio del año en curso; ni tampoco agoto el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de quince de junio del presente año, dictado en autos, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO QUE ESTABLECE LO SIGUIENTE: Uruapan, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa por conducto de su Defensor Público Federal.
- Principal
En razón de que la parte quejosa licenciado JUVENTINO ROSAS ACEVES con el carácter de Defensor Público de los quejosos Irvin Ivan Valensuela Rangel y/o Jacobo Zúñiga Ovalle y Ángel Mauricio Sotelo Martínez, no compareció ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el veintiuno de mayo del año en curso; ni tampoco agoto el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de los proveídos de dieciocho de mayo, veintisiete de enero, dos de marzo, catorce y veintidós de abril, todos del presente año, dictados en autos, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDOS QUE ESTABLECEN LO SIGUIENTE: Uruapan, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado vía electrónica por el encargado del despacho de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual informa que se designa al licenciado Juventino Rosas Aceves, como defensor público federal del quejoso Irvin Iván Valensuela Ranjel y/o Jacobo Zúñiga Ovalle y Ángel Mauricio Sotelo Martínez; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, se ordena notificar personalmente al defensor público federal de referencia el auto de veintisiete de enero, dos de marzo, catorce y veintidós de abril, todos de dos mil veintiuno, dictados en el presente juicio. Ahora, glósese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el Defensor Público Federal Juventino Rosas Aceves, designado a los quejosos; atento a su contenido, téngasele aceptando y protestando el cargo que le fue conferido en autos, asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. Ahora, como lo solicita el defensor público del quejoso, se le autoriza, el acceso al expediente electrónico formado con motivo del presente juicio, con el nombre de usuario juroace... Por lo que, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes SISE, realice la captura correspondiente en dicho sistema, para la debida consulta del expediente electrónico en el presente juicio de amparo, y habilitar al usuario en cita para su consulta. Haciendo la aclaración que éste no es un juicio en línea porque el defensor público federal en cita, no solicitó se le realicen las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pues para ello es necesaria la solicitud expresa, la cual no otorgó en su ocurso de cuenta; lo anterior, de conformidad con el artículo 39, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene al promovente señalado los correos electrónicos ... para los efectos del artículo 2, fracción XIX del acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Respecto a la manifestación que hace, relativa a que autoriza dichos correos electrónicos, para oír y recibir notificaciones, dígasele que no ha lugar, pues no existe normativa legal que permita notificar a las partes por ese medio; toda vez que, como ya se dijo, los correos electrónicos señalados únicamente son para los efectos de la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, ello, a fin de establecer contacto para las videoconferencias. Finalmente, dígase al defensor público de los quejosos, que la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, se desecho en auto de veintisiete de enero de la presente anualidad, se ahí que las manifestaciones que hace en su oficio de cuenta, únicamente se le tienen por hechas para los efectos legales a que haya lugar, no obstante, dígasele que tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante la instancia correspondiente. Notifíquese; y personalmente al Defensor Público Federal del quejoso el presente proveído, así como los diversos ahí descritos. Uruapan, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo presentada por Irvin Iván Valensuela Ranjel, Jacobo Zúñiga Ovalle y Ángel Mauricio Sotelo Martínez, contra actos que atribuyen al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 47/2021. Ahora bien, el acto reclamado, se hace consistir en: . Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Ahora, resulta importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia que establece: ...Determinado lo anterior, en el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza el análisis respectivo. Dicho numeral señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. ...Ahora, es necesario precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. ... En este juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. ... Principio de definitividad que la parte quejosa debió observar frente a los actos reclamados consistentes en la falta de atención médica integral y adecuada a los quejosos en cada uno de sus diferentes padecimientos en lo particular, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos...de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se estima así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida digna y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como los agraviados) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es la falta de atención médica integral y adecuada a los quejosos en cada uno de sus diferentes padecimientos en lo particular; adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si los quejosos acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos entre otra a la autoridad directiva del centro de reclusión donde se encuentran internos, mismo que se vincula con las condiciones de su estancia en el mismo, como la falta de atención médica integral y adecuada a los quejosos en cada uno de sus diferentes padecimientos en lo particular, es claro que resulta aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que los quejosos no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debieron acudir ante el juez de ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debieron acudir ante la autoridad penitenciaria a formular su petición y en caso de no serles favorable o no se les responda, plantear la controversia ante el Juez de Ejecución, lo que les permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria; de modo que al no hacerlo así, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y ello, a su vez de conformidad con la fracción V, del diverso 63 del mismo ordenamiento, provoca DESECHAR DE PLANO EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; máxime que no existe la posibilidad de que el ofrecimiento y recepción de pruebas, pueda cambiar la presentación que antecede, pues la causal de improcedencia invocada no se apoya en aspectos fácticos, sino que deriva de la propia ley que regula el medio de impugnación ordinario. ... Esto es, porque de la lectura de dichos preceptos se desprende que las personas privadas de su libertad, podrán acudir directamente al Juez de Ejecución, cuando se trate de peticiones urgentes, quien oficiosamente suspenderá el hecho o acto de que se trate, junto con sus efectos, hasta en tanto resuelva en definitiva el planteamiento formulado, además, si se trata de omisiones será la autoridad jurisdiccional quien estará facultada para conocer de las cuestiones relacionadas con las condiciones de internamiento, para lo cual determinará las acciones a realizar por la autoridad penitenciara; asimismo, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte ordenará la suspensión del acto motivo de la controversia si lo considera pertinente; previsiones que se estiman en términos similares a los que fija la Ley de Amparo para la suspensión. Luego, si el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una previsión para suspender los actos controvertidos, con los mismos alcances y sin mayores requisitos que la Ley de Amparo, es evidente no opera la excepción al principio de definitividad, por lo que no existe impedimento para desechar en este juicio, en los términos anotados. De igual forma, cabe destacar que a la fecha, no obstante de la situación que atraviesa el país debido a la pandemia originada por el virus Sars-Cov2, los Juzgados de ejecución se encuentran laborando ordinariamente a fin de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de la libertad. Finalmente, se destaca que lo expuesto tiene sustento, además, en la ejecutoria dictada el seis septiembre de dos mil dieciocho, por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, al resolver el amparo en revisión 146/2018. Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causal de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, de conformidad con lo dispuesto por el diverso numeral 113, de dicho ordenamiento legal. NOTIFICACIÓN PERSONAL A LOS QUEJOSOS MEDIANTE DESPACHO. Con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento DESPACHO al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, a fin de que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, se sirvan comisionar a quien corresponda, realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS Michoacán y notifique el contenido del presente auto a los quejosos Irvin Iván Valensuela Ranjel, Jacobo Zúñiga Ovalle y Ángel Mauricio Sotelo Martínez. Asimismo, los requiera para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombren a un abogado que los represente, apercibidos que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional les designará uno de oficio; de igual forma, los requiera para que en el mismo término indiquen si se encuentran privados de su libertad por delito federal o bien, por la comisión de un delito de fuero estatal. ... Por cuestiones de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad tanto de los quejosos como del funcionario que le notifique, se solicita comedidamente, a éste último, tenga a bien limitarse a asentar en el acta de notificación respectiva, que leyó y entregó copia de este acuerdo a los quejosos, absteniéndose de recabar la firma respectiva, lo que también deberá asentar en el acta correspondiente; ello a fin de respetar las medidas de sana distancia, lo anterior, en términos del artículo 11, del Acuerdo General 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación, al correo electrónico oficial. Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LOS QUEJOSOS. Uruapan, Michoacán, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde la pieza devuelta por el Administrador de Correos de esta ciudad, que contiene el despacho 93/2021 29/2021-D-A-A dirigida al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, deducido del auto de veintisiete de enero de del año en curso, la que se advierte la leyenda: Cerrado 1er visita 2 visita, 3er visita. En tales condiciones, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, reenvíese la comunicación oficial en cita al correo electrónico en el cual, este Juzgado ha logrado comunicación con la referida autoridad, a fin de que, de cumplimiento a lo ahí ordenado, tal y como se había ordenado desde un inicio. Se instruye al actuario judicial adscrito, que deberá confirmar la debida recepción del citado comunicado, levantando la correspondiente acta, a fin de tener certeza jurídica, de que el mismo fue recibido, y atendido. CÚMPLASE. Uruapan, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 376-AQ que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el despacho 93/2021 (29/2021-D-A-A), derivado del auto de veintisiete de enero del año en curso, que se le envió para que en auxilio y delegación de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el citado auto a los quejosos Irvin Iván Valensuela Ranjel, Jacobo Zúñiga Ovalle y Ángel Mauricio Sotelo Martínez, lo que ocurrió el cuatro de marzo de la presente anualidad, al tenor de la constancia anexa a la comunicación oficial devuelta. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, vista la actuación suscrita por la Actuaria Judicial adscrita al juzgado auxiliar, el cuatro de marzo del año en curso, en la cual notificó del auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno a los quejosos, se advierte que manifestaron lo siguiente: Quedan enterados del contenido íntegro que antecede y del requerimiento; manifiestan que Irvin y Jacobo Zúñiga con la misma persona. Manifestaciones que se tiene por hecha para los efectos legales a que haya lugar, por lo cual se tiene haciendo la aclaración que Irvin Iván Valensuela Ranjel y/o Jacobo Zúñiga Ovalle, son la misma persona. Por otro lado, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los quejosos por auto de veintisiete de enero del presente año, para que nombraran a un abogado que los represente, sin que lo hayan hecho; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mencionado auto y se procede a acordar lo conducente. Solicitud de designación de Defensor Público Federal. Ahora bien, del escrito de demanda de amparo se advierte que los quejosos no señalaron abogado que los represente en el presente juicio, por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a los quejosos Irvin Iván Valensuela Ranjel y/o Jacobo Zúñiga Ovalle y Ángel Mauricio Sotelo Martínez, se procede a girar atento oficio al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Michoacán, con residencia en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien designar un defensor público que asesore a los quejosos en el presente juicio. ...Notifíquese. Uruapan, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 441-AQ que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 93/2021 (29/2021-D-A-A), derivado del auto de veintisiete de enero del año en curso, por los motivos expuestos en la razón levantada el dieciséis de marzo pasado, por la actuaria de su adscripción. Lo anterior es así, ya que la finalidad es evitar confusiones, pues como lo indicó en la certificación de cuenta, la comunicación de mérito se remitió tanto vía correo electrónico oficial, así como vía postal, por ende, ya había sido enviada con data cuatro de marzo del año en curso, a ese Juzgado, registrándose con el numero D-662/2021, misma que fue devuelta diligenciada a este juzgado federal el dieciséis de marzo pasado. Bajo ese contexto, resulta innecesario realizar pronunciamiento al respecto, ya que como refiere la autoridad auxiliar, la comunicación oficial de que se trata, fue devuelta y acordada en auto de catorce de abril pasado, debidamente diligenciada. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 441-AQ que remite el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 93/2021 (29/2021-D-A-A), derivado del auto de veintisiete de enero del año en curso, por los motivos expuestos en la razón levantada el dieciséis de marzo pasado, por la actuaria de su adscripción. Lo anterior es así, ya que la finalidad es evitar confusiones, pues como lo indicó en la certificación de cuenta, la comunicación de mérito se remitió tanto vía correo electrónico oficial, así como vía postal, por ende, ya había sido enviada con data cuatro de marzo del año en curso, a ese Juzgado, registrándose con el numero D-662/2021, misma que fue devuelta diligenciada a este juzgado federal el dieciséis de marzo pasado. Bajo ese contexto, resulta innecesario realizar pronunciamiento al respecto, ya que como refiere la autoridad auxiliar, la comunicación oficial de que se trata, fue devuelta y acordada en auto de catorce de abril pasado, debidamente diligenciada. Acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes
- Angel de los Santos Garcia Lopez426/2020
- Angel Farid Tapia Villafaña577/2023
- Ángel Gregorio Vázquez Hernández474/2019
- Ángel Ismael Barajas Martínez198/2020
- Angel Martínez Cabrera324/2022
- Angel Martínez Cabrera329/2022
- ANGEL NICOLAS DIAZ SAUCEDO y Otros.477/2020
- Ángel Padilla Galvez347/2021
- Ángel Sandoval Vargas232/2018
- Ángel Sandoval Vargas235/2018
- Ángel Sandoval Vargas233/2018
- Ángel Sandoval Vargas236/2018