Ángel Martínez González
Expediente 668/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2020
Partes del expediente
- Ángel Martínez González
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, manifiesta que se encuentra conforme con la cantidad que le debe ser devuelta con motivo del amparo que le fue concedido en el presente juicio, la cual asciende a *** En ese sentido, y tomando en consideración que es obligación del Juzgado que haya dictado el fallo protector realizar las diligencias necesarias a efecto de que éste se cumpla, al constituir dicho cumplimiento una cuestión de orden público, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia número 236, visible en la página 159, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, Tercera Sala, cuyo rubro es: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO", y el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Administradora de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior "2" del Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, devuelva a la parte quejosa la cantidad de ****De igual modo, con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del mismo plazo de DIEZ DÍAS, acredite que en el ámbito de sus funciones dictó las medidas necesarias e hizo uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pudiera formular e imponer para que la autoridad precisada con anterioridad de cumplimiento en sus términos al fallo protector, en la inteligencia que los superiores jerárquicos también incurren en responsabilidad, conforme a lo dispuesto en los artículos referidos en párrafos precedentes, en caso de ser omisos al requerimiento que se les formula; sin perjuicio de seguir requiriéndoles con posterioridad hasta lograr el cabal cumplimiento del mismo. En el entendido que la intervención de una autoridad como superior jerárquico en el cumplimiento de una sentencia de amparo no sólo la constriñe a enterar a sus subordinados que deben acatar dicho fallo, remitiéndoles oficios recordatorios o comunicados. Bajo el apercibimiento que de ser omisas a lo solicitado, o bien, de no manifestar oportunamente las gestiones que se encuentran llevando a cabo para dar cumplimiento al fallo protector y justificar la causa de su retraso, lo que deberán acreditar con constancias fehacientes, las personas que ostenten los cargos de las autoridades requeridas, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 192, 193, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Además, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, esto es, se ordenará que se aperture el incidente de inejecución de sentencia, y los autos originales en que se actúa sean remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de mérito, sin perjuicio de que éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 198 del ordenamiento legal en cita, esto es, la separación del cargo de las autoridades omisas. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la cuenta, con fundamento en el "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.", agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta enviado por el Técnico de Enlace Administrativo, adscrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 26672/2020 del índice de este Juzgado Federal e informa que el mismo fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México con el número de papeleta 7490/2020, tal como se advierte de la papeleta que anexa al oficio que se provee; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En ese sentido, SOLICÍTESE de la manera más atenta al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, que en el momento procesal oportuno y conforme a las cargas de trabajo lo permitan, informe la determinación que tome en relación con la aceptación o no de la competencia declinada por este Juzgado de Distrito. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistas el estado procesal que guardan los autos, del que se desprende mediante proveído del once de septiembre del año en curso se ordenó turnar el presente juicio a fin de realizar el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que tomando en consideración las constancias que lo integran, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara SE DECLARA QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO en atención a lo siguiente: El cuatro de abril de dos mil catorce, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dictó sentencia definitiva en el presente juicio de amparo, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, cuyo efecto fue la insubsistencia jurídica de la resolución de veinticuatro de abril de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo ..... y, todo lo actuado, así como, reponer el procedimiento hasta la audiencia de ley, y proveer lo conducente sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por el quejoso en el escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil doce, en la oficialía de partes del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República. Inconforme con lo anterior, el Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, así como la parte quejosa y las autoridades de la entonces Procuraduría General del a República, interpusieron recurso de revisión, los cuales fueron resueltos en sesión del doce de diciembre de dos mil catorce por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el toca R.A. 114/2014-VI, en el que se ordenó reponer el procedimiento para efecto de que se llamara a juicio al Presidente de la Republica, reparar la omisión de emitir pronunciamiento respecto de los actos reclamados consistentes en los artículo 40, 65 a 71, 96 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica; 10, fracción VII, 11, fracción II, inciso d), 13, 50, 52 y 56 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica; 32, fracción IX, y 79, fracción XVI del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y criterios SESNSP/CR/03/2010, y SESNSP/CNCA/CR/05/2010 y ordenara la reposición de la foja veintinueve de la demanda de garantías, por lo que en auto del veintidós de enero siguiente se acató lo resuelto por la Superioridad. El siete de abril de dos mil quince, se dictó la sentencia respectiva en la que se sobreseyó en el juicio, y negó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con dicha decisión, el Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, así como la parte quejosa y las autoridades de la entonces Procuraduría General de la República, interpusieron recurso de revisión, el cual fue resuelto en sesión del nueve de junio de dos mil dieciséis por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el toca R.A. 188/2015-II, en el que se resolvió lo siguiente: El tres de agosto de dos mil dieciséis, el Presidente y el Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumieron la competencia originaria del recurso hecho valer por el autorizado de la parte quejosa. El veinticinco de enero de dos mil diecisiete, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió: "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión interpuesto por el quejoso en contra de la sentencia emitida por el tribunal que previno en el conocimiento del recurso. SEGUNDO. En la materia de la revisión competencia de esta Segunda Sala, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión, no ampara ni protege a ...., respecto de los artículos 13, 33, fracciones I, II y III, 34, fracción II, incisos a) y e), 46, fracción II, inciso a), 47 (excepto fracción III), 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, primera parte, 58, 59 y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, 83, 84 y 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y 40, fracción XV, 65 al 71, 96 y 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica. CUARTO. Se reserva jurisdicción al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en términos del considerando último de esta resolución." En cumplimiento a lo anterior, en sesión del veintinueve de junio de dos mil diecisiete, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el toca R.A. 188/2015, y modifico la sentencia para los siguientes efectos: "1. Las autoridades responsables dejen insubsistente la resolución de veinticuatro de abril de dos mil trece, dictada en el procedimiento administrativo CP/SEP/1021/11 y, todo lo actuado en éste 2. Emitan otra, en la que ordenen resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso, lo que se traduce en: a) El pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho; y, b) La anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que fue separado o destituido de manera injustificada.". Por lo que por auto del nueve de agosto de dos mil diecisiete, se requirió a las responsables para que remitieran la planilla de cuantificación correspondiente al quejoso por concepto de indemnización y demás prestaciones, desde que causó baja y hasta el momento en que se efectuara el pago. En cumplimiento a lo anterior, el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable remitió copia certificada de la planilla de cuantificación por concepto de remuneración diaria ordinaria, prima vacacional, aguinaldo y gratificación de fin de año, aplicando las deducciones de ley; y se dio vista al quejoso para que manifestara lo a que a derecho le conviniere. El treinta de agosto de dos mil diecisiete, se levantó un acta de diligencia de pago a favor del quejoso mediante el cual se le hizo entrega de los cheques 773, 778, 775, 776 y 777, por los siguientes conceptos: a) Cheque 773, por la cantidad liquida de $......, cantidad resultante de los descuentos de la ley a la cantidad bruta de $......., por concepto de remuneración diaria ordinaria (salarios y emolumentos) por el periodo comprendido de veintiocho de mayo de dos mil trece al treinta de agosto de dos mil diecisiete. b) Cheque número 778, por la cantidad liquida de $......, cantidad resultante de los descuentos de la ley a la cantidad bruta de $......, por concepto de prima vacacional por el periodo comprendido del veintiocho de mayo de dos mil trece al treinta de agosto de dos mil diecisiete. c) Cheque número 775, por la cantidad liquida de $...... por concepto de aguinaldo, por el periodo comprendido de veintiocho de mayo de dos mil trece al treinta de agosto de dos mil diecisiete. d) Cheque número 776, por la cantidad liquida de $......) por concepto de gratificación de fin de año por el periodo de veintiocho de mayo de dos mil trece al treinta de agosto de dos mil diecisiete. e) Cheque número 777, por la cantidad liquida de $.......), cantidad resultante de los descuentos de la ley a la cantidad bruta de $.....), por concepto de indemnización, veinte días de salario integrado por cada uno de los años de servicios prestados (quince años), y tres meses de salario base, de conformidad a lo establecido en las fracciones I y II de artículo 86 de la Procuraduría General de la Republica. Por acuerdo del ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se determinó que la responsable dio un cumplimiento defectuoso de la sentencia, pues no consideró el concepto de quinquenios, y se requirió al Director General de Recursos Humanos de la entonces Procuraduría General de la Republica para que remitiera la planilla de cuantificación del pago de conformidad a los lineamientos de la sentencia dictada en autos. En cumplimiento a lo anterior, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, la autoridad responsable remitió copia certificada de la planilla de cuantificación por concepto de remuneración diaria ordinaria, prima vacacional, aguinaldo y gratificación de fin de año, aplicando las deducciones de ley; y se dio vista al quejoso quien manifestó su inconformidad al respecto. Ante el desacuerdo de las partes con las cantidades adeudadas a que tenía derecho la parte quejosa por concepto de indemnización y demás prestaciones, el siete de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó abrir un incidente innominado, por lo que se tramitó una prueba pericial en materia de contabilidad, se tuvo como perito del quejoso a Andrés Fernando González Banda, se requirió a la autoridades involucradas en el procedimiento de ejecución de sentencia para que propusieran un especialista en la materia y, se solicitó a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la Republica, para que proporcionaran nombre y dirección de un perito para auxiliar en las labores de este juzgado. Seguidos los tramites de ley, el seis de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó la resolución del incidente innominado (foja 2248 a 2259), a través de la cual, en su único punto resolutivo, se precisó la cantidad de la diferencia que debía pagarse a la parte quejosa que ascendía a $....... Inconforme con dicha determinación, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la entonces Procuraduría General de la República, interpuso el recurso de queja en su contra de mismo que fue tramitado mediante auto del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Determinación que fue confirmada mediante resolución del veintisiete de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, en el toca Q.A. 259/2018 de su índice, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la resolución recurrida. 2. Ordene a la perito tercero en discordia, emita un nuevo dictamen en el que corrija las inconsistencias advertidas en la presente ejecutoria. 3. En su oportunidad, emita la resolución que conforme a derecho proceda." Una vez recibido el testimonio de la Superioridad, por auto del dieciséis de julio de dos mil diecinueve (foja 2376), se requirió a la designada perito en materia de contabilidad a efecto de que dentro del plazo de diez días rindiera su dictamen el relación con la prueba pericial admitida en autos, esto conforme a los efectos de la resolución dictados en el toca Q.A. 259/2018 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito. Posteriormente, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó la resolución del incidente innominado a través de la cual, en su único punto resolutivo, se precisó la cantidad de la diferencia que debía pagarse a la parte quejosa que ascendía a $....... Inconformes con dicha determinación, el Fiscal Federal adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República y Luis Alberto Cabrera Herrera, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpusieron recurso de queja en su contra, mismos que fueron tramitados mediante autos del cinco y seis de diciembre del año próximo pasado. Determinación que fue infundada mediante resolución del veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los tocas Q.A. 4/2020 y Q.A. 5/2020 de su índice. Por lo que en auto del once de agosto del año en curso se requirió al Consejo de Profesionalización y al Director General de Recursos Humanos, ambos de la ahora Fiscalía General de la República, en su carácter de autoridades responsables, para que acreditaran ante este juzgado con constancias fehacientes haber pagado al quejoso la cantidad de $......., por concepto de diferencias a pagar por la indemnización y demás prestaciones. Asimismo se requirió al Presidente del Consejo de Profesionalización en su carácter de superior jerárquico de dicho Consejo, y al Oficial Mayor de la Fiscalía General de la República, en su carácter de superior jerárquico del Director General de Recursos Humanos de la citada Fiscalía, para que acreditaran que en el ámbito de sus funciones dictaron las medidas necesarias e hicieron uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pudiera formular e imponer para que las autoridades precisadas dieran cumplimiento en sus términos a la sentencia dictada en el presente asunto. Seguidos los tramites de ley, mediante promoción registrada con el número de folio 9672, el Fiscal Federal adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, en su calidad de delegado de la autoridad responsable Fiscalía General de la República, remitió el acta de diligencia de pago en la que se hace constar la entrega al quejoso de los cheques: ? Cheque número 0000473 por la cantidad de $.......; y ? Cheque número 0000259, por la cantidad de $.....) Por lo que en auto del treinta y uno de agosto del año en curso se dio vista a la parte quejosa par que manifestara lo que a su derecho conviniera, quien mediante escrito registrado con folio 10085, manifestó su inconformidad con el cumplimiento dado por la responsable al fallo protector, ya que señaló que si bien le había sido cubierta la cantidad determinada, no se le cubrieron todas las prestaciones que se generaron por la omisión de dar cumplimiento al fallo protector, por lo que existen diferencias a cubrir en su favor. Ahora bien, con las actuaciones exhibidas ante este órgano jurisdiccional, la ejecutoria de amparo fue acatada por la autoridad obligada, contrario a las manifestaciones vertidas por la quejosa pues se advierte que la autoridad responsable ha pagado las cantidades de ; a) Cheque 773, por la cantidad liquida de $.......), cantidad resultante de los descuentos de la ley a la cantidad bruta de $......), por concepto de remuneración diaria ordinaria (salarios y emolumentos) por el periodo comprendido de veintiocho de mayo de dos mil trece al treinta de agosto de dos mil diecisiete. b) Cheque número 778, por la cantidad liquida de $....., cantidad resultante de los descuentos de la ley a la cantidad bruta de $....., por concepto de prima vacacional por el periodo comprendido del veintiocho de mayo de dos mil trece al treinta de agosto de dos mil diecisiete. c) Cheque número 775, por la cantidad liquida de $....... por concepto de aguinaldo, por el periodo comprendido de veintiocho de mayo de dos mil trece al treinta de agosto de dos mil diecisiete. d) Cheque número 776, por la cantidad liquida de $......) por concepto de gratificación de fin de año por el periodo de veintiocho de mayo de dos mil trece al treinta de agosto de dos mil diecisiete. e) Cheque número 777, por la cantidad liquida de $....., cantidad resultante de los descuentos de la ley a la cantidad bruta de $......, por concepto de indemnización, veinte días de salario integrado por cada uno de los años de servicios prestados (quince años), y tres meses de salario base, de conformidad a lo establecido en las fracciones I y II de artículo 86 de la Procuraduría General de la Republica. f) Cheque número 0000473 por la cantidad de $......; y g) Cheque número 0000259, por la cantidad de $...... por concepto de diferencias a pagar por la indemnización y demás prestaciones. Máxime que el Octavo Tribuanl Colegiado al resolver el toca 5/2020 de su índice determinó lo siguiente: Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, ya que la autoridad competente ha acatado debidamente la ejecutoria de amparo dictada en los presentes autos, toda vez que llevó a cabo las conductas con las cuales quedó constreñida; por tanto, se determina que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que en la fecha en que se actúa entró en vigor el ,ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19,, aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria del veintiocho de julio de dos mil veinte, en específico los artículos 1, y 2,, fracción II, a través de los cuales se establecen reglas para la reanudación en su totalidad de las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, permaneciendo las medidas de seguridad tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, así como el levantamiento de la suspensión de plazos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. En otro sentido y vista la cuenta, con fundamento el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, agréguese la demanda de amparo promovida por,,,,, por propio derecho, en contra de actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4° párrafo VI, 14, 16, 17, 22, 27 párrafos V y VI Y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos tratados internacionales que refiere; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 668/2020. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En ese contexto, con el propósito de dilucidar si este órgano jurisdiccional es competente para conocer de este asunto, es importante establecer que de un estudio efectuado a la demanda de amparo y al escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa acude a este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto reclamado que a continuación se indican: ,,,, Así, es menester destacar que los artículos 48, 49, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo entre otros, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Se transcriben a continuación los numerales 52 y 55 de la ley orgánica mencionada, que determinan los supuestos de competencia, mismos que a la letra disponen:,,,De los preceptos reproducidos se constata que a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa les corresponde conocer del amparo presentado contra los actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido este; refutando leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o bien para oponerse a actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido; además de las denuncias por incumplimiento a declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas de carácter administrativo. Por su parte, los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo tienen a su cargo la incoación, trámite y resolución de los amparos que se promueven para reclamar resoluciones del orden laboral o de actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste; impugnando leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas generales en materia de trabajo. Como se ve, estos numerales distribuyen la competencia con base en dos elementos fundamentales: la naturaleza del acto reclamado y el carácter de la autoridad responsable. .... Lo hasta aquí expuesto permite concluir que para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito, se debe atender a la naturaleza del acto y no a la relación jurídica sustancial de las partes, pues tal aspecto será materia del fondo del asunto, por lo que para efectos de fijar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto, deben analizarse, como se dijo, las prestaciones reclamadas, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cuestiones, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo, como serían en este caso, el que deba analizar el presente juicio. A efecto de analizar la competencia de este Juzgado, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. En efecto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo, el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación laboral y sus conflictos. Atendiendo a los criterios para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, se considera que el acto reclamado en la presente via es de naturaleza laboral, en atención a que de la demanda de amparo que se provee y anexos que se acompañaron a la misma, se desprende que la determinación correspondiente en el recurso que se señala como acto reclamado de autoridad, se emitió a consecuencia de la inconformidad por parte del ahora peticionario de garantías, en contra del dictamen de alta por riesgo de trabajo ST-2 del trece de enero de 2020, emitido con motivo de un accidente de trabajo ocurrido el diez de noviembre de dos mil diecinueve, recurso de inconformidad que fue interpuesto y resuelto en términos del artículo 294 de la Ley del Seguro Social en vigor. Por lo cual, se estima que los actos reclamados son de naturaleza eminentemente laboral, pues inciden de manera directa en los derechos que derivan de una alta médica por un accidente de trabajo, razón por la que este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, considera que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la presente demanda de garantías.... Lo anterior, no pugna con el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados, ni mucho menos los principios consagrados en el artículo 17 constitucional, referente al derecho fundamental de una justicia expedita al dictarse el fallo correspondiente, porque la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a una de las diversas ramas del derecho, quienes por ese motivo pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. En tales circunstancias, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de cuenta, puesto que como ha quedado establecido, la naturaleza del acto que por la presente vía se controvierte es de carácter eminentemente laboral. .... Ahora bien, se autoriza a los secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE .
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