Angel Manuel Vázquez Martínez

Expediente 1160/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1160/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
15/11/2019

Partes del expediente

  • Angel Manuel Vázquez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el oficio suscrito por la Presidenta encargada de despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de la razón levantada por el Actuario adscrito a dicho Tribunal de cinco de septiembre de dos mil diecinueve y del acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, mediante los cuales informa que ante el impedimento que tuvo el fedatario de su adscripción para citar a los testigos al desahogo de la prueba testimonial, determinó requerir a la parte oferente de dicha prueba para que presente a sus testigos, con el apercibimiento que de no hacerlo, declarará desierta esa probanza, dentro del expediente laboral ***********. requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, por conducto de la encargada de despacho María Natividad Bautista Linares, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, siguientes a que se desahogue la audiencia testimonial señalada para el nueve de diciembre del año en curso, remita copia certificada de la misma o en su defecto de lo que provea al respecto, dentro del expediente laboral ***********.

  2. Principal

    Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por ende, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, con copia de la sentencia requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: "1). De inmediato se pronuncie respecto del desahogo de la prueba que admitió en auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, consistente en la testimonial con cargo a Gabino Vázquez Hernandez y Gonzalo Becerril Sotelo ofrecida por la parte demandada, aquí tercera interesada, observando para ello, lo establecido en el artículo 81 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, y en caso de no haber ningún impedimento al respecto, 2. Desahogue dicho medio de prueba, o en su caso se pronuncie sobre el interés o no en su desahogo por parte de la oferente de la misma." Debiendo remitir las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 192, relacionado con el 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto, del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO", se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Número 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional.

  3. Principal

    PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad; por las razones citadas en el considerando QUINTO y para los efectos precisados en el punto considerativo SEXTO de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SÉPTIMO de esta sentencia.

  4. Principal

    Glósese a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta encargada de despacho por Ministerio de Ley del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en auto de veinte de septiembre del año en curso, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 71/2018; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y constancias anexadas, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Tiene aplicación por identidad de razón, la tesis I.5º.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Agosto de 1995, página 594, del rubro y texto: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia señalada para este día, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo.

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