Ángel Manuel Rosado Chamé
Expediente 1405/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1405/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/01/2019
Partes del expediente
- Ángel Manuel Rosado Chamé
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías; en tal virtud, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción dep los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Ahora, tomando en consideración que en la Secretaría de este Juzgado obra el oficio, por el que se informó que se acordó autorizar el segundo período vacacional de dos mil dieciocho, que comprende del diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho al cuatro de enero de dos mil diecinueve, por lo que se suspenderán las labores de la autoridad responsable señalada en el presente juicio de garantías; por tanto, déjese al resguardo de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado, el oficio que al efecto se emita del presente asunto, a fin que sea enviado y entregado el día en que reanude las labores las autoridades responsables
- Principal
POR LAS RAZONES EXPUESTAS, LO PROCEDENTE ES EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, MISMA QUE SE DEJA SIN EFECTOS...
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.Visto el escrito de demanda promovido por *****, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de esta ciudad; y, Actuario de su adscripción, residentes en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese su ingreso con el número 1405/2018, en el libro de gobierno respectivo. Previo a pronunciarse respecto a la admisión de la demanda de amparo, resulta pertinente considerar lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, ante todo, la obligación de examinar el libelo de garantías, para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano o parcialmente, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cobra aplicación, por identidad jurídica la tesis jurisprudencial, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: "ACTO RECLAMADO: LA OMISION DE LA RESPONSABLE DE RADICAR MI DEMANDA LABORAL, ASI COMO LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A LOS DEMANDADOS EN EL JUICIO DE ORIGEN TAL Y COMO LO PERCEPTUA EL ARTICULO 873 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO QUE A LA LETRA DICE: (.)". De la transcripción se observa que el promovente del amparo hace valer como actos reclamados destacados, los siguientes: La omisión de emitir el acuerdo de radicación por medio del cual la Junta responsable señale fecha y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del expediente laboral J/O/1270/2018. La falta de emplazamiento a la parte demandada en el expediente laboral de origen. Ahora, respecto del acto reclamado precisado con antelación en el inciso b), se advierte de manera manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al resultar un acto futuro, probable e incierto. Se asevera lo anterior porque en principio, los actos inminentes son aquellos respecto de los cuales prevalece la certeza de que se realizarán, ya sea de inmediato o cumplidas ciertas condiciones y debido a la plena convicción de que habrán de realizarse en tiempo cercano, es procedente contra ellos el juicio de amparo. En torno de las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha manifestado en el sentido que el agravio que el acto reclamado cause al quejoso debe ser actual, o que, por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación. Asimismo, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que el agravio debe ser directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, y no por quien sólo resienta un perjuicio indirecto, derivado del agravio que el acto ocasiona a otra persona pues, en este supuesto, esta última es a quien corresponde instaurar el juicio constitucional, tal como se advierte de la tesis de rubro y texto siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Asimismo, resulta aplicable al caso la tesis de Jurisprudencia de la literalidad siguiente: "AGRAVIO INDIRECTO. El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo." Así, el agravio que hace permisible la acción de amparo debe ser directo, es decir de realización presente, cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasada, cuando dichos efectos ya han concluido; o bien, que ese agravio sea inminentemente futuro, cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado; por tanto, el agravio futuro remoto, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda promover el juicio de amparo. Bajo esta tesitura, resulta posible establecer que la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que la responsable ha sido omisa y retardado la admisión de la demanda laboral que promovió ante ella y que por ende, a la fecha de presentación de dicha demanda, no existía certeza respecto del acto controvertido por la parte quejosa, es decir, la omisión de la responsable en ordenar emplazar a la parte demandada en el juicio laboral de origen, toda vez que, si bien el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda; y por ende, ordene el emplazamiento correspondiente a la parte demandada. Lo cierto es que, en el dispositivo 879 de la norma legal señalada, establece que, si la Junta nota alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días, acuerdo que deberá notificarse personalmente al actor, de ahí que no necesariamente en el auto de radicación deba procederse como lo enuncia la parte quejosa; es decir, que se fije fecha y hora y se ordene el emplazamiento de la parte demandada en el Juicio Ordinario Laboral de origen; por tanto, la omisión referida por el impetrante no le causa un agravio directo, al momento en que instó el presente juicio. En esa tesitura, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar en el presente juicio de garantías, por lo que hace al acto señalado en el inciso b) señalado con antelación. Máxime, que respecto del acto por el que se desecha parcialmente el presente juicio, es menester destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los recursos de inconformidad 71/2013, 97/2013 y 272/2013, sostuvo que ante una nueva reflexión, abandonó el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES"; toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por ende, al advertirse que el juicio laboral de origen se encuentra en una etapa en la que puede radicarse o no admitirse la demanda, es dable entonces establecer que el presente juicio de amparo se limitará a tal tópico, en función del acto reclamado consistente en la omisión de radicar la demanda laboral de origen. Corrobora la anterior determinación, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Ahora, por lo que hace al acto precisado por esta autoridad en el inciso a), con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, XII y XV; de la Constitución Federal, 1, fracción I, 107, 108, 115 y 116 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por ******, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de esta ciudad, con sede en esta ciudad. Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del término de quince días, al en que reciban el oficio en el que se les solicita; al que deberán acompañar los originales, o en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes o por medios digitales; apercibidos que no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $80.60 (ochenta pesos, con sesenta centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos, 00/100 moneda nacional), a cada uno, de conformidad con los dispuesto en los artículos 237 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el dispositivo 75, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria, de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, solicítese a las autoridades responsables para que en caso que la parte quejosa haya promovido diversa demanda de amparo contra el acto que reclama en esta vía constitucional, anexen copias certificadas de las constancias relacionadas con dicha acción; por otro lado, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, apercibidos que no hacerlo así, se les impondrá multa por el equivalente a Treinta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $80.60 (ochenta pesos, con sesenta centavos moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con los dispuesto en los artículos 237, fracción I y 251, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá lugar a las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su celebración. En términos del artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de demanda y como autorizado en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Domingo Rodulfo Cervantes Rosales, por tener registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que menciona, por no contar con el registro de referencia. Con sustento en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tiene por anunciada la documental consistente en las actuaciones del expediente laboral J/O/1270/2018, del índice de la Junta responsable, por lo que una vez que dicha autoridad las remita a este Juzgado como apoyo a su informe con justificación, se proveerá lo conducente respecto a su admisión y desahogo; asimismo, las pruebas instrumental de actuaciones; y, presuncional legal y humana, que ofrece la parte quejosa. Atendiendo a las cargas de trabajo con que cuenta este Juzgado y conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta al actuario judicial adscrito para que en caso de ser necesario se constituya al domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. NOTIFÍQUESE
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