Ángel Manuel Montaño Rosas

Expediente 289/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
289/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
09/02/2021

Partes del expediente

  • Ángel Manuel Montaño Rosas
  • Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por Javier Márquez Rabago, mediante el cual solicita copia simple de todas las constancias remitidas por la autoridad responsable; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase las copias que solicitan, previa constancia que se deje en autos. En la inteligencia, que la copia que solicita, se le entregará una vez que se permita al personal de este órgano jurisdiccional la entrada y salida durante la jornada laboral, para efectos de estar en aptitud de que se realice la fotocopia del documento que pide en su escrito. Lo anterior, en acatamiento al artículo 17 del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, que establece que en el horario previsto para la jornada presencial en los órganos jurisdiccionales, quedan prohibidas las salidas y reingresos del personal durante la misma. Notifíquese.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta se desprende que le asiste el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, a José Luis Sánchez Musi, quien tiene su domicilio en Alvarado número 143, local 3, modulo M, centro comercial Villa Mexicana, de esta ciudad. En ese tenor, ya que corresponde a este Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento de las partes a juicio, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además que el emplazamiento del tercero interesado en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarle el derecho fundamental de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto, de conformidad con lo dispuesto en la tesis IX.1o.26 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Noviembre de 1998, página 580, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." Por tanto, se ordena a la actuaria de este juzgado se sirva emplazar al presente juicio constitucional al tercero interesado de referencia en el domicilio indicado; asimismo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio de cinco de junio de dos mil diecinueve y el presente acuerdo. Asimismo, deberá requerirlo para que dentro del plazo de tres días hábiles, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo señalado en párrafos que anteceden, procede diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil veinte. Por último, ya que se encuentra ofrecida la prueba testimonial a cargo de Andrés Sarabia Aguirre, María de Jesús Sánchez Ramos y Emilio Montaño Rosas, y dado que la parte oferente de la prueba manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra imposibilitado de presentar los atestes de referencia, cítese a estos por conducto de la actuaria de este juzgado, en el domicilio proporcionado en autos, requiriéndolos para que comparezcan debidamente identificados ante la presencia judicial en la hora y fecha en que habrá de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto; bajo apercibimiento que de no comparecer, se les impondrá la multa en lo individual equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo; en el entendido de que, en su caso, pruebe ante este juzgado ser jornalero(a), obrero(a) o trabajador(a), la multa será de (1) una Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el último párrafo del artículo 238 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.4/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo III, Febrero de 1996, página 125 del tenor literal siguiente: "TESTIGOS, EN EL JUICIO DE AMPARO. BASTA QUE EL OFERENTE MANIFIESTE QUE NO PUEDE PRESENTARLOS, PARA QUE EL JUEZ DEBA CITARLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en el juicio de amparo, basta que el oferente de la prueba testimonial manifieste no poder, por sí mismo, presentar al testigo, para que el Juez deba citarlo con el apercibimiento de ley, sin que para ello sea necesario que aquél precise los motivos por los cuales está imposibilitado para hacerlo, pues además de que el texto de tal norma legal no establece este último requisito, ni tampoco previene la facultad del juzgador, los procedimientos o los criterios para calificar la idoneidad de los motivos en que se funda la petición o para desestimarla por considerar insuficientes los motivos de la solicitud, se trata de una norma de excepción al principio dispositivo que rige en la materia probatoria del procedimiento regulado por el Código en cita, que debe ser interpretada de manera estricta, por lo cual no cabe entenderla a modo de imponer al oferente la observancia de una formalidad que en nada contribuye a la finalidad perseguida por la norma de garantizar se aporten al proceso todos los medios de convicción para descubrir la verdad de los hechos debatidos." Notifíquese; personalmente a los testigos y emplácese al tercero interesado.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA AL TESTIGO ANDRES SARABIA AGUIRRE .Vista la certificación secretarial de cuenta se desprende que le asiste el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, a José Luis Sánchez Musi, quien tiene su domicilio en Alvarado número 143, local 3, modulo M, centro comercial Villa Mexicana, de esta ciudad. En ese tenor, ya que corresponde a este Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento de las partes a juicio, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además que el emplazamiento del tercero interesado en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarle el derecho fundamental de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto, de conformidad con lo dispuesto en la tesis IX.1o.26 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Noviembre de 1998, página 580, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." Por tanto, se ordena a la actuaria de este juzgado se sirva emplazar al presente juicio constitucional al tercero interesado de referencia en el domicilio indicado; asimismo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio de cinco de junio de dos mil diecinueve y el presente acuerdo. Asimismo, deberá requerirlo para que dentro del plazo de tres días hábiles, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo señalado en párrafos que anteceden, procede diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil veinte. Por último, ya que se encuentra ofrecida la prueba testimonial a cargo de Andrés Sarabia Aguirre, María de Jesús Sánchez Ramos y Emilio Montaño Rosas, y dado que la parte oferente de la prueba manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra imposibilitado de presentar los atestes de referencia, cítese a estos por conducto de la actuaria de este juzgado, en el domicilio proporcionado en autos, requiriéndolos para que comparezcan debidamente identificados ante la presencia judicial en la hora y fecha en que habrá de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto; bajo apercibimiento que de no comparecer, se les impondrá la multa en lo individual equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo; en el entendido de que, en su caso, pruebe ante este juzgado ser jornalero(a), obrero(a) o trabajador(a), la multa será de (1) una Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el último párrafo del artículo 238 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.4/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo III, Febrero de 1996, página 125 del tenor literal siguiente: "TESTIGOS, EN EL JUICIO DE AMPARO. BASTA QUE EL OFERENTE MANIFIESTE QUE NO PUEDE PRESENTARLOS, PARA QUE EL JUEZ DEBA CITARLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en el juicio de amparo, basta que el oferente de la prueba testimonial manifieste no poder, por sí mismo, presentar al testigo, para que el Juez deba citarlo con el apercibimiento de ley, sin que para ello sea necesario que aquél precise los motivos por los cuales está imposibilitado para hacerlo, pues además de que el texto de tal norma legal no establece este último requisito, ni tampoco previene la facultad del juzgador, los procedimientos o los criterios para calificar la idoneidad de los motivos en que se funda la petición o para desestimarla por considerar insuficientes los motivos de la solicitud, se trata de una norma de excepción al principio dispositivo que rige en la materia probatoria del procedimiento regulado por el Código en cita, que debe ser interpretada de manera estricta, por lo cual no cabe entenderla a modo de imponer al oferente la observancia de una formalidad que en nada contribuye a la finalidad perseguida por la norma de garantizar se aporten al proceso todos los medios de convicción para descubrir la verdad de los hechos debatidos." Notifíquese; personalmente a los testigos y emplácese al tercero interesado.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 26 y 27 FRACCION I INCISO b DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA y EMPLAZA AL TERCERO INTERESADO JOSE LUIS SANCHEZ MUSI.Vista la certificación secretarial de cuenta se desprende que le asiste el carácter de tercero interesado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, a José Luis Sánchez Musi, quien tiene su domicilio en Alvarado número 143, local 3, modulo M, centro comercial Villa Mexicana, de esta ciudad. En ese tenor, ya que corresponde a este Juzgado de Distrito garantizar el debido llamamiento de las partes a juicio, con el fin de otorgarles su derecho de audiencia y evitar irregularidades en el procedimiento del juicio constitucional; además que el emplazamiento del tercero interesado en el juicio de amparo, se decreta precisamente con el objeto de respetarle el derecho fundamental de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto, de conformidad con lo dispuesto en la tesis IX.1o.26 C, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Noviembre de 1998, página 580, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto." Por tanto, se ordena a la actuaria de este juzgado se sirva emplazar al presente juicio constitucional al tercero interesado de referencia en el domicilio indicado; asimismo, le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio de cinco de junio de dos mil diecinueve y el presente acuerdo. Asimismo, deberá requerirlo para que dentro del plazo de tres días hábiles, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo señalado en párrafos que anteceden, procede diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las nueve horas con cuarenta minutos del quince de enero de dos mil veinte. Por último, ya que se encuentra ofrecida la prueba testimonial a cargo de Andrés Sarabia Aguirre, María de Jesús Sánchez Ramos y Emilio Montaño Rosas, y dado que la parte oferente de la prueba manifestó bajo protesta de decir verdad que se encuentra imposibilitado de presentar los atestes de referencia, cítese a estos por conducto de la actuaria de este juzgado, en el domicilio proporcionado en autos, requiriéndolos para que comparezcan debidamente identificados ante la presencia judicial en la hora y fecha en que habrá de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto; bajo apercibimiento que de no comparecer, se les impondrá la multa en lo individual equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo; en el entendido de que, en su caso, pruebe ante este juzgado ser jornalero(a), obrero(a) o trabajador(a), la multa será de (1) una Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el último párrafo del artículo 238 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.4/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo III, Febrero de 1996, página 125 del tenor literal siguiente: "TESTIGOS, EN EL JUICIO DE AMPARO. BASTA QUE EL OFERENTE MANIFIESTE QUE NO PUEDE PRESENTARLOS, PARA QUE EL JUEZ DEBA CITARLOS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en el juicio de amparo, basta que el oferente de la prueba testimonial manifieste no poder, por sí mismo, presentar al testigo, para que el Juez deba citarlo con el apercibimiento de ley, sin que para ello sea necesario que aquél precise los motivos por los cuales está imposibilitado para hacerlo, pues además de que el texto de tal norma legal no establece este último requisito, ni tampoco previene la facultad del juzgador, los procedimientos o los criterios para calificar la idoneidad de los motivos en que se funda la petición o para desestimarla por considerar insuficientes los motivos de la solicitud, se trata de una norma de excepción al principio dispositivo que rige en la materia probatoria del procedimiento regulado por el Código en cita, que debe ser interpretada de manera estricta, por lo cual no cabe entenderla a modo de imponer al oferente la observancia de una formalidad que en nada contribuye a la finalidad perseguida por la norma de garantizar se aporten al proceso todos los medios de convicción para descubrir la verdad de los hechos debatidos." Notifíquese; personalmente a los testigos y emplácese al tercero interesado. Vista la demanda de amparo que promueve Ángel Manuel Montaño Rosas, contra actos del juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Ensenada, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite en sus términos la demanda de amparo; fórmese expediente 289/2019 y anótese su ingreso en el libro de este juzgado. Sin tramitarse el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, ya que la suspensión de los actos reclamados no fue solicitada expresamente; no obstante refiere que en el punto petitorio tercero "[...] Ordenar se formen los incidentes correspondientes a la Suspensión Provisional y definitiva que se solicita, señalando el día y hora para la audiencia Incidental.[...]" ello no entraña que hubiera pedido la suspensión de los actos reclamados, al no haberse precisado de manera específica, ni desprenderse así, del análisis integral de la demanda, lo cual constituye un requisito indispensable de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 128 de la Ley de Amparo, sin que con ello, se deje en estado de indefensión a la promovente, ya que acorde al artículo 130 de la ley de la materia, en el supuesto de que así lo desee, podrá solicitar la suspensión en cualquier tiempo, hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Federación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 245, materia común, con número de registro 186297, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUÉLLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. El artículo 146 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho Juez mandará correr traslado al Ministerio Público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. Ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe interpretar en forma aislada, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto en los numerales 120 y 141 de la ley citada, que establecen, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con las copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." Con fundamento en el artículo 117 de la ley de amparo, pídase informe justificado a las autoridades responsables enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, al que deberán anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del término de quince días hábiles siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables la pena en que incurren con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio que se les gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos, setenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6º.P.14K (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación con número de registro 2017604, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. PREVIO A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE AMPARO NO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y REQUERIRLO NUEVAMENTE PARA QUE SEÑALE LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE AQUÉLLA, SI CON ANTERIORIDAD LO APERCIBIÓ QUE DE NO EXISTIR CON LA DENOMINACIÓN SEÑALADA EN SU DEMANDA O SER ÉSTA IMPRECISA, SIN MAYOR TRÁMITE SE TENDRÍA COMO INEXISTENTE. La actuación del Juez de amparo de declarar la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables y suspender toda comunicación con éstas es legal, si previo a decretarla medió requerimiento anterior, en el que se apercibió al quejoso para que en caso de que las autoridades responsables no existieran con la denominación que señaló en su demanda o fuera imprecisa, sin mayor trámite se tendrían como inexistentes, pues el quejoso debía especificar su denominación correcta, después de señalarse ese apercibimiento, y no tener una actitud omisa para con el proceso de amparo, de no verificar la denominación exacta de las autoridades responsables; de manera que no corresponde al Juez recurrido, el dar vista y requerir al quejoso nuevamente para que señalara la denominación cierta de las autoridades. Aunado a que no existe precepto legal que prevea que, admitida la demanda de amparo y efectuado el apercibimiento respectivo, el Juez Federal deba realizar otro requerimiento a efecto de que se aclare su verdadera denominación." Se señalan las nueve horas con treinta minutos del dos de julio de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Respecto de los terceros interesados que refiere la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, este órgano jurisdiccional se reserva ordenar el emplazamiento respectivo, hasta en tanto, obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable; lo anterior, para constatar a quién, o quienes les asiste dicho carácter en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, fracción III, de la ley de la materia, así como el domicilio donde puedan ser emplazados. Asimismo, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como prueba, la documental que anexa a su demanda de amparo, misma que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se atiende y como autorizados de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Márquez Rabago y Cintia Karen Cueva Contreras; y, únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones a Christian Alejandro Arce López, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; de igual forma, se le tiene por autorizada para tal efecto a Verónica Sandoval Cortez, por así haberlo solicitado expresamente. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados en el presente sumario constitucional. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualesquiera de los actuarios de este juzgado, realicen las notificaciones que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar la secretaria. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. .

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