Ángel Manuel Gutiérrez Gutiérrez

Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
500/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Ángel Manuel Gutiérrez Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de noviembre de dos mil veintidós. I. Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad exactora, mediante el cual informa que realizó la entrega del excedente materia de la concesión de amparo a la parte quejosa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. II. Calificación de cumplimiento. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la vista que se le otorgó en relación con las constancias remitidas en atención a la sentencia de amparo, sin que hubiese hecho manifestación al respecto, por lo que, resulta procedente que este juzgado realice la calificación del cumplimiento al fallo protector. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos: "(.) 40. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. Bajo los lineamientos vertidos en la presente resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa...., para los efectos siguientes: I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas necesarias a fin de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, la aplicación de los preceptos 90 y 97; este último únicamente con relación a los supuestos previstos en el primer precepto, que han sido declarados inconstitucionales dese la fecha en que se suscitó el primer acto de aplicación que generó la afectación patrimonial de la parte quejosa, hasta el día que la norma general reclamada se reforme o derogue. Lo cual no implica que en el futuro se exente a la parte quejosa del pago del derecho registral por ese concepto, pues en todo caso se le cobrará dicho derecho en los términos que se precisarán en el punto dos (II) de este considerando; siendo estos preceptos: Los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, que disponen el mecanismo de pago de derechos registrales por la inscripción de compraventa sobre inmuebles. O bien, que no se realice de manera coactiva su cobro, e informe a este juzgado el resultado de tal gestión, pues con independencia de que dichas contribuciones sean de aquellas cuyo entero ocurre de manera voluntaria por el gobernado en forma de autoliquidación y no esté totalmente en manos de la autoridad evitar su pago, es posible que pueda llevar un registro de esta sentencia en los sistemas con que cuente, tales como el electrónico, y lograr de manera efectiva la exención que ahora gozará la parte quejosa con motivo de la presente concesión, pudiendo advertir incluso al gobernado sobre el pago de lo indebido, y en esa medida se observe la jurisprudencia P./J. 112/99, Novena Época, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". II. Para que se deje insubsistente el acto de aplicación de los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, dados los efectos que se han señalado en el párrafo precedente, y se cobre al solicitante del amparo únicamente la cantidad equivalente a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, debiendo restituirle al agraviado el numerario excedente que le corresponde respecto de las cantidades que haya pagado por servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad por la inscripción de la compraventa sobre inmuebles. 41. Lo anterior, al tener en consideración que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, toda vez que en aras de salvaguardar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. 42. Razón por la cual, la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido sólo implica que la parte peticionaria deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar. 43. Máxime que del contenido el artículo 110 de la Ley de la Hacienda del Estado de Querétaro, se advierte que cuando los derechos generados por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, se establezcan al millar y la cantidad que resulte a pagar sea inferior a tres punto setenta y cinco veces la Unidad de Medida y Actualización a que se refiere la Ley de la Unidad de Medida y Actualización del Estado de Querétaro, se cobrará esta última cantidad. 44. Encuentra sustento a la anterior determinación la Jurisprudencia 2ª./J.29/2012, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS..". En el entendido que, en la etapa de ejecución de sentencia deberá requerirse de la siguiente manera: El Titular de la Notaria Pública Dieciocho de la demarcación notarial de Querétaro, quien si a la fecha aún no ha efectuado el pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, por el pago de los servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (compraventa), éste deberá realizar los trámites correspondientes para efecto de que a la parte quejosa únicamente se le aplique la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, y devuelva a la promovente la cantidad que le corresponde con motivo de la retención por dicho concepto; y, b) En el evento de que el Titular de la Notaria Pública Dieciocho de la demarcación notarial de Querétaro, ya hubiere efectuado el pago a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, entonces esta última deberá proceder a la devolución de la cantidad que le corresponde a la parte quejosa por concepto de los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, controvertidos en este sumario. (.)" Por auto veinte de octubre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió su cumplimiento. Mediante oficio agregado en autos el veintisiete de octubre del año en curso, la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado, informó la desincorporación de los artículos declarados inconstitucionales, de la esfera jurídica de la parte quejosa, siempre que no fueran objeto de reforma; asimismo puso a disposición de la parte quejosa la referencia bancaria, por la cantidad de ....), como excedente del pago de los derechos registrales materia de la concesión de amparo; lo que, a la fecha ya entregó a la parte quejosa, como se advierte del oficio agregado en esta misma fecha. Confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se observa que la autoridad responsable dio cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pues se cumplieron los lineamientos ordenados en la misma. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Lo anterior, encuentra sustento en el contenido de la Jurisprudencia 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, Febrero de 2016, página 832 del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." II. Archivo y Destino de Expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por el Notario Público Número Dieciocho de la demarcación notarial de esta ciudad; mediante el cual informa que realizó el pago de los derechos registrales a la autoridad exactora y exhibe el recibo de pago expedido por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con número de operación ***; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducente. Finanzas informa desincorporación. Agréguese a los autos el oficio el oficio proveniente de la Secretaría de Finanzas Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual informa que los artículos declarados inconstitucionales han sido desincorporados de la esfera jurídica de la parte quejosa siempre y cuando no sean objeto de reforma; asimismo, que se encuentra a disposición de la parte quejosa el monto excedente de la sentencia dictada en autos, para lo cual deberá acudir a las instalaciones de la responsable a recoger la referencia bancaria, a fin de retirar el numerario en la institución bancaria que refiere. Vista cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y escrito con anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que deberá acudir a la brevedad a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en calle ***, con la finalidad de que le sea entregada la referencia bancaria correspondiente y pueda realizar el retiro del numerario que se encuentra a su disposición. Se hace la precisión que la autoridad de mérito refiere que derivado del fenómeno de salud pública emanado del virus COVID-19, la entrega de la mencionada referencia se realizará únicamente mediante cita previa, la cual puede ser agendada en la dirección electrónica https://procuraduriafiscal.queretaro.gob.mx/citas/, en el horario de diez a doce horas, de los días martes y jueves hábiles, para lo cual deberá acompañar identificación oficial y copia de la misma. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de octubre de dos mil veintidós. I. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, cumplan con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras en lo particular, a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. IV. Sobre la responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades responsables. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    RESUELVE: 61. ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, respecto de los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, así como por lo que respecta a su acto de aplicación, atribuidos al Gobernador y Legislatura, ambos del Estado de Querétaro, en los términos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia (vicio de fondo).

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