Ángel López López
Expediente 1/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ángel López López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Se tiene por recibido el oficio firmado -electrónicamente- por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, del cual se advierte que ese órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada por este juzgado federal, el cual quedó registrado con el número 137/2023; circunstancia de la cual queda enterado este órgano jurisdiccional para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guarda este sumario y a la certificación secretarial que antecede, se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de tres de febrero del año en curso, como del proveído de veintitrés siguiente, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión en contra de dicho fallo. Por tanto, remítase de inmediato el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del citado medio de impugnación. Asimismo con fundamento en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase de su conocimiento que el expediente en que se actúa, quedó habilitado para su consulta electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que se substancie el medio de impugnación de mérito. Notifíquese
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se provee: Téngase por recibido -vía correo electrónico oficial del juzgado- y se ordena agregar a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, sin mayor proveído, el oficio firmado electrónicamente por el Titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa la designación de defensor público federal del quejoso, toda vez que el tres del actual se dictó sentencia en el presente juicio de amparo. Notifíquese
- Principal
Vistos los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1/2023-I, promovido por ****, por derecho propio, en contra de actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno el dos de enero siguiente, a este órgano jurisdiccional, ***, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y acto que se transcriben enseguida: "AUTORIDAD RESPONSABLE A). Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, CRESCENCIO CONTRERAS MARTÍNEZ, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, en funciones de juez de Control." ACTO RECLAMADO 1. La notificación oral de la ejecutoria que se me hizo en la audiencia celebrada el día 09 de enero de 2022, emitida en la causa penal 213/2022, hecha por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ***, adscrito al centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, en funciones de Juez de control." SEGUNDO. Trámite. Mediante acuerdo de tres de enero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1/2023-I, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; ordenó dar a la agente del Ministerio Público adscrita la intervención que legalmente le compete, lo que fue realizado en autos; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." 2" En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos que la parte quejosa reclama, consisten, en esencia, en los siguientes: 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis: 2a./J. 55/98, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época195745, Segunda Sala, Tomo VIII, Agosto de 1998, Pag. 227, Jurisprudencia (Común). ? La notificación oral realizada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en la causa penal 213/2022, de la sentencia definitiva condenatoria, declarada ejecutoriada, en la misma fecha, en procedimiento abreviado, en contra del aquí quejoso. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en funciones de Juez de Control, por conducto del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, aceptó la existencia del acto que se le reclama. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible a página 206, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Manifestación que constituye una confesión de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, y que se corrobora con la videograbación exhibida en DVD y las documentales que exhibió con su informe, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la citada legislación adjetiva del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setecientos tres, del Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." QUINTO. Causal de improcedencia. Previamente a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo, por ser de orden público, conforme lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y jurisprudencia número 814, localizable en la página 553, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese tenor, de manera oficiosa se observa la causal de improcedencia, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 61, fracción XXIII de la ley de Amparo, que establecen: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro o fuera de juicio, así como después de concluido, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por estos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos (de imposible reparación), para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender a algún derecho humano o sustantivo). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, los actos de imposible reparación se conciben como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos los cuales se entienden como aquéllos que lesionan derechos fundamentales como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, susceptible de ser analizados mediante juicio de amparo indirecto; en tanto los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesales puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste. La distinción entre un derecho sustantivo y uno adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, lo constituye la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso, el quejoso reclama la notificación oral realizada el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en la causa penal 213/2022, de la sentencia definitiva condenatoria, declarada ejecutoriada, en la misma fecha, en procedimiento abreviado, en contra del aquí quejoso. Asimismo, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado "El día 28 de diciembre de 2022; pues a pesar que se dictó el 9 de diciembre de este año fue hasta el referido día 28 del mismo mes y año una persona me explicó las consecuencias y alcances de la sentencia en mi contra." Bajo esa óptica, el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que sin prejuzgar sobre los vicios alegados en la demanda de amparo, la notificación respecto de la sentencia dictada en la causa penal 213/2022, cumplió satisfactoriamente su finalidad, pues, se insiste, a decir del propio quejoso, se enteró de las consecuencias de la sentencia ejecutoriada dictada en aquella fecha el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Por tanto, si la notificación que en esta vía de amparo se pretende combatir, tenía como fin último hacer del conocimiento al ahora promovente de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado y el mismo -fin- se logró, al haberse enterado el quejoso aun el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, de las consecuencias que la sentencia condenatoria que se le notificó, es inconcuso que no se está ante una violación formal adjetiva o procesal que le afecte en grado predominante o superior, para que proceda el juicio de amparo indirecto, pues al tener conocimiento del contenido y alcances de la sentencia, se encuentra en aptitud de hacer valer su derecho de defensa. De ahí que es claro que el acto que por esta vía constitucional se reclama no tiene una afectación de imposible reparación en perjuicio del quejoso, lo que torna improcedente el juicio de amparo que ahora se resuelve. Por lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia invocada procede sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), constitucional, lo que impide entrar al estudio de los conceptos de violación enderezados contra el acto reclamado precisado en supra líneas, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Finalmente, no es inadvertido que en auto de tres de enero de dos mil veintitrés, conforme a los artículos 2o "A" y 20, Apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, y al criterio jurisprudencial 91/2022, de la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, que establece el deber de los órganos jurisdiccionales de detonar en favor de las personas pertenecientes a una comunidad indígena las prerrogativas previstas en el citado numeral 2, a saber el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, ordenó requerir al titular de la Unidad de Defensa Penal del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en la Ciudad de México, para que designara defensor público con conocimiento en lengua mixteca y su cultura a fin de que asesore al quejoso en este sumario. Sin embargo, según se ha demostrado, el presente juicio de amparo es improcedente dado que la propia parte quejosa reconoció bajo protesta de decir verdad que ya tuvo conocimiento de las consecuencias y alcances de la sentencia dictada en su contra, además de que en el propio escrito inicial de demanda, designó a diversas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que no se aprecia afectación material alguna a sus derechos sustantivos. Sólo a mayor abundamiento, el deber de protección de los derechos de los pueblos indígenas no puede estar por encima de las restricciones que establece la legislación de amparo relacionados con la procedencia del juicio, en tanto que, si bien existe en su favor suplencia de la queja, ésta opera respecto de conceptos de violación o agravios, así como para recabar pruebas, pero no respecto de causas de improcedencia, que constituyen una cuestión oficiosa. Por lo expuesto y fundado, se ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho, contra el acto que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, consistente en la notificación oral de la sentencia definitiva de nueve de diciembre de dos mil veintidós, por los motivos indicados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
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