Ángel López Corral

Expediente 416/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
416/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2020

Partes del expediente

  • Ángel López Corral

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Por otra parte, glósese a los autos el cuaderno original derivado del incidente de suspensión, y déjese por separado el duplicado del mismo, asimismo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. De los cuadernos incidentales Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veinte, se concedió la suspensión provisional y por interlocutoria de veintiuno de julio de dos mil veinte, en su segundo punto resolutivo, se negó la suspensión definitiva; por tanto, se declara que el cuaderno principal de dicho incidente es susceptible de depuración. Lo anterior, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a) del precitado acuerdo. Asimismo, el duplicado del cuaderno del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del ordenamiento antes citado, es susceptible de destrucción, además de que, como se advierte de autos, no obran documentos originales y este Juzgado estima que el presente asunto no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse; por lo que, se ordena agregar copia simple del presente proveído al duplicado del cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Devolución de billetes de depósito En otro sentido, toda vez de que, obra en la caja de valores de este Tribunal Federal el billete de depósito número N858949 expedido a nombre del quejoso Ángel López Corral, por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.); por tanto, previa constancia que obre en autos, hágase la devolución al quejoso del billete de depósito antes mencionado, por lo que, deberá comparecer personalmente ante este Juzgado, debidamente identificados con documento oficial vigente, en hora hábil de cualquier día de la semana, siempre y cuando éste no sea inhábil, para estar en aptitud de hacerle entrega de la garantía exhibida mediante billete de depósito, en la inteligencia de que no podrá hacerse por conducto de persona distinta, toda vez que el mismo fue expedido a favor del quejoso; lo anterior, por razón de seguridad para este Juzgado y de la propia parte quejosa. Lo anterior, previa cita que tenga a bien realizar la parte quejosa, en la "Agenda OJ", localizable en el Micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, en atención al artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de dos años, prescribirá a favor de la Tesorería de la Federación, en términos del numeral 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Notifíquese.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso ****, mediante el cual solicita se le devuelva el billete de depósito número ***expedido a su nombre, por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, que ampara la cantidad de ****), exhibido en el presente cuaderno incidental, a efecto de garantizar la suspensión otorgada a la parte quejosa. Atento a su contenido, indíquese a la promovente que, por el momento, no ha lugar a proveer de conformidad lo solicitado, en virtud de que el plazo de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes puedan recurrir el auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, se encuentra transcurriendo. Por lo que, el pronunciamiento relativo a la devolución de la fianza que refiere, se realizará una vez que la resolución que puso fin al juicio principal del que deriva la pieza incidental en que se actúa, se declare firme, aunado a que se deberá de estar a lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla (Bertha Vergara Álvarez), a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de treinta de septiembre de la presente anualidad, informa el resultado de la audiencia de catorce de agosto del año actual, dictado en los autos de la causa penal ***, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, por el hecho que la ley marca como delito de abuso de autoridad; en tales condiciones, se tiene por cumplido el requerimiento antes citado, por lo que, se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitido el disco óptico y las constancias que remite la autoridad responsable, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Documentales que merecen valor probatorio pleno de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703. Ahora bien, vistas las constancias que integran el juicio de amparo en el que se actúa se advierte que la parte quejosa reclama la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención dictada en su contra, en los autos de la causa penal JCJ/291/2020; sin embargo, resulta incuestionable que ha cambiado la situación jurídica del quejoso ***, en razón de que la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla (Bertha Vergara Álvarez), en audiencia de catorce de agosto de dos mil veinte, determinó dictar auto de no vinculación a proceso a favor del quejoso por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública, ilícito previsto y sancionado por el artículo 271, fracción I y homicidio culposo de comisión por omisión, previsto en el artículo 14 en relación directa al 15, 62 y 63, todos del Código Penal Vigente en el Estado de Morelos, en agravio de *** y ***. Además, en la misma audiencia resolvió dictar auto de vinculación a proceso en su contra, por cuanto hace al delito de abuso de autoridad, previsto y sancionado por el artículo 272, fracción II, en relación directa con el 269 bis, del citado ordenamiento jurídico. Atento a lo anterior, debe concluirse que ha operado un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados; ello es así porque, la autoridad judicial ya resolvió su situación legal dentro de la investigación, dictando por una parte auto de no vinculación a proceso, por los delitos de ejercicio ilícito de la función pública y homicidio culposo de comisión por omisión, así como auto de vinculación a proceso, por cuanto al delito de abuso de autoridad, los cuales son autónomos e independientes. Por lo cual, no se puede analizar la constitucionalidad de los actos que reclama, sin afectar estas últimas determinaciones. Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2482, registro 2017544, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del ordinal 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;..." Esto es así, pues del primer párrafo de la fracción XVII, del precepto 61, de la ley en consulta, se desprende que son requisitos para que opere la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, que se actualice lo siguiente: "1.- Que se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial ya sea en materia civil, familiar, penal o administrativo, o en un procedimiento seguido en forma de juicio.---2.- Que al promoverse el amparo se encuentre colocado el quejoso en un estado jurídico determinado, es decir, que aquél acto procedimental haya definido su posición frente al órgano jurídico.---3.- Que después de admitida la demanda sobrevenga, en el procedimiento, otro acto, cualquiera que sea la autoridad que lo dicte.---4.- Que el acto sobrevenido sea autónomo, es decir, que entre el acto reclamado y el nuevo acto no exista una relación de causalidad tal que la legalidad del primero traiga aparejada la irregularidad del segundo.---5.- Que al producirse el nuevo acto se agoten los efectos del reclamado, creando frente al quejoso una nueva situación jurídica que no derive de éste último.". Esta hipótesis se actualiza en el presente caso, por lo que se permite establecer que al producirse este nuevo acto, se dio un cambio de situación jurídica en relación con los actos que reclama el quejoso, lo que significa que ya pasó la oportunidad legal para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de actos precedentes al mismo, y las posibles violaciones deben considerarse irreparablemente consumadas, al haber cambiado su situación jurídica con el dictado de los autos de no vinculación a proceso y vinculación a proceso, tal como se advierte del disco óptico que adjuntó la juez responsable. Tiene aplicación al caso, por analogía jurídica, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional". En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, pues aún cuando el quejoso alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cambiado los efectos del acto que señaló como reclamado. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación la jurisprudencia identificada con el número 2ª./J/.10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo antes narrado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no ha sido rendido el informe justificado requerido a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, que conoce de la causa penal ***, sin embargo, no consta en este expediente que haya recibido el oficio mediante el cual se le requirió dicho informe, puesto que el acuse que obra en auto se desprende que el oficio se envió al Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuautla, no así a la autoridad señalada como responsable. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales se ordena reexpedir el oficio 9366/2020, anexando copia de la demanda de amparo y escrito de ampliación, a la autoridad señalada como responsable para ser remitido al domicilio en donde tiene residencia dicha autoridad. Por otra parte, se advierte que resultan necesarias diversas constancias para resolver el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, que conoce de la causa penal ***, para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional si se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la causa penal antes citada, instruida en contra del aquí quejoso ***, remitiendo copia certificada, legible y completa de las constancias que así lo acrediten. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de dar marguen a que la autoridad responsable rinda su respectivo informe justificado y remita las constancias requeridas, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Notifíquese.

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