Ángel Lomelí Cárdenas

Expediente 1140/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1140/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Ángel Lomelí Cárdenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el ocho de octubre del año actual (fojas 117 a 119), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de nueve de octubre de la presente anualidad (foja 120), se dio vista a la parte quejosa con el oficio aludido y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el diez de octubre del presente año (foja 121); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el quince de julio del año en curso (fojas 51 a 65), se determinó conceder a Ángel Lomelí Cárdenas, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: a) Se desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. b) Para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que se pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Lo anterior, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. c) De igual modo, considerara que las cantidades remanentes a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberían ser debidamente actualizadas. Resolución que causó ejecutoria por ministerio de ley, toda vez que el recurso de revisión interpuesto contra dicha sentencia fue desechado por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad el veintiséis de agosto del año en curso, dentro del amparo en revisión 605/2019 (foja 100), mismo que causó estado el veinte de septiembre del año actual (foja 106). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el ocho de octubre del año actual (fojas 117 a 119), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se entregó el cheque 1495, a la parte quejosa, valioso por la cantidad de $4,618.64 (cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 64/100); devolución que se realizó el tres de octubre del año actual; de igual manera, informó la forma en que se realizaron las operaciones para dar cumplimiento al fallo protector. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $4,883.60 (cuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), que es la cuantía mínima a pagar, se obtiene el monto de $4,593.60 (cuatro mil quinientos noventa y tres pesos 60/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de abril del año en curso; en tanto que, el tres de octubre del mismo año se efectúo la devolución mediante cheque al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a septiembre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del presente año fue 103.476; y para el mes de septiembre del año en curso 103.942. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.004503. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $4,614.28 (cuatro mil seiscientos catorce pesos 28/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa la cantidad total de $4,618.64 (cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 64/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, con su correspondiente actualización. Sin que pase inadvertido que la responsable devolvió a la quejosa un excedente por la cantidad de $4.36 (cuatro pesos treinta y seis centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al solicitante de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el ocho de octubre del año actual (fojas 117 a 119), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Luego, mediante proveído de nueve de octubre de la presente anualidad (foja 120), se dio vista a la parte quejosa con el oficio aludido y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el diez de octubre del presente año (foja 121); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hasta el día de hoy se hubiere efectuado manifestación alguna. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada el quince de julio del año en curso (fojas 51 a 65), se determinó conceder a Ángel Lomelí Cárdenas, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: a) Se desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada Ley de Ingresos, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la quejosa en el presente ni en un futuro tales preceptos legales, hasta en tanto no se modifiquen dichas normativas. b) Para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa la cantidad que se pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Lo anterior, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. c) De igual modo, considerara que las cantidades remanentes a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberían ser debidamente actualizadas. Resolución que causó ejecutoria por ministerio de ley, toda vez que el recurso de revisión interpuesto contra dicha sentencia fue desechado por el Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad el veintiséis de agosto del año en curso, dentro del amparo en revisión 605/2019 (foja 100), mismo que causó estado el veinte de septiembre del año actual (foja 106). En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos, recibidos en este Juzgado Federal el ocho de octubre del año actual (fojas 117 a 119), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa y para tal efecto señaló que se entregó el cheque 1495, a la parte quejosa, valioso por la cantidad de $4,618.64 (cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 64/100); devolución que se realizó el tres de octubre del año actual; de igual manera, informó la forma en que se realizaron las operaciones para dar cumplimiento al fallo protector. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $4,883.60 (cuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 60/100 moneda nacional), que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, se le resta la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), que es la cuantía mínima a pagar, se obtiene el monto de $4,593.60 (cuatro mil quinientos noventa y tres pesos 60/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el treinta de abril del año en curso; en tanto que, el tres de octubre del mismo año se efectúo la devolución mediante cheque al peticionario del amparo; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo a septiembre de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo del presente año fue 103.476; y para el mes de septiembre del año en curso 103.942. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.004503. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $4,614.28 (cuatro mil seiscientos catorce pesos 28/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la parte quejosa la cantidad total de $4,618.64 (cuatro mil seiscientos dieciocho pesos 64/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, con su correspondiente actualización. Sin que pase inadvertido que la responsable devolvió a la quejosa un excedente por la cantidad de $4.36 (cuatro pesos treinta y seis centavos moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al solicitante de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta presentados por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte solicitante del amparo, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta presentados por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte solicitante del amparo, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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