Ángel Legorreta López

Expediente 258/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
258/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Ángel Legorreta López
  • Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexos), mediante el cual, el Notificador del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, devuelve diligenciado el exhorto 284/2021-VII (número de orden 284/2021) del índice de este Órgano Jurisdiccional, por el que se encomendó notificar al quejoso ** el proveído de fecha dieciocho de mayo del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo; circunstancia de la que se toma conocimiento. En consecuencia, téngase a la autoridad exhortada devolviendo la citada comunicación; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta, se advierte que el quejoso no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso b) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ixtlahuaca, Estado de México, con fundamento en los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción a efecto de notificar personalmente al Ángel Legorreta López, la presente determinación. Facultándose al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del ordinal 21, párrafo tercero, de la ley que rige de procedimiento. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual, ** en cumplimiento a las prevenciones que le fueron realizadas en proveídos de veinte y veintiséis de abril del año en curso, aclara la fecha en que se emitió el acto que reclama de la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos en el Área de Litigación, dentro de la carpeta de investigación ** en ese sentido, se deja sin efectos el apercibimiento que le fue realizado. Ahora bien, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario determinar de forma clara y precisa el acto reclamado para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la quejosa. Y en ese sentido, del análisis integral al escrito inicial de demanda y desahogo de prevención, permite a este juzgador advertir que su pretensión está encaminada a reclamar los actos que se hacen consistir en: De la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México. La resolución emitida en audiencia de doce de abril del año en curso, en la que determinó no acordar favorable la solicitud del imputado de auxiliarse del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos en el Área de Litigación, para recabar las pruebas solicitadas por su defensa. Del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos en el Área de Litigación, actuando dentro de la carpeta de investigación **: El acuerdo ministerial de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Expuesto lo anterior, se debe analizar si existe o no motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que, respecto del acto reclamado a la Jueza de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley Amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo El cual establece el principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa al combatir actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, previo al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Sin embargo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso, o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; cuando se trate de persona extraña al procedimiento, o cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Cabe apuntar que, con relación a lo que precisa el promovente de la acción constitucional, sobre que es procedente el juicio de amparo porque el acto reclamado es de imposible reparación, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues mientras el primero de esos requisitos se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de restituirse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses; el segundo, relativo a la regla de la definitividad, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Consideraciones que se encuentran reflejadas en la jurisprudencia número 1a./J. 113/2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, página 350, que establece: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Así como en la diversa 11 2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, con número de registro 2017117, que establece: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. De modo que, la circunstancia de que se trate de un acto de imposible reparación, como lo argumenta el promovente del amparo, no genera una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados; es decir, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a la exigencia de definitividad para la procedencia del juicio de amparo. Pues a pesar de que se reclame un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, existe la obligación de verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario o medio de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Sentado lo anterior, contra la resolución emitida por la Juez responsable en audiencia de doce de abril del año en curso, en la que determinó no acordar favorable la solicitud del imputado de auxiliarse del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos en el Área de Litigación, para recabar las pruebas solicitadas por su defensa, procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tratarse de una actuación de mero trámite, mismo que establece: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Por lo que, al no haberse colmado dicho extremo, resulta improcedente el juicio de amparo intentado por el quejoso, contra la determinación emitida por la Juez responsable en audiencia de doce de abril del año en curso, en la que determinó no acordar favorable la solicitud del imputado de auxiliarse del Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos en el Área de Litigación, para recabar las pruebas solicitadas por su defensa; aunado a que no se ubica en alguno de los supuestos de excepción que contempla la Ley de Amparo para omitir su presentación. Luego, tocante al acto reclamado a la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos en el Área de Litigación, actuando dentro de la carpeta de investigación ** este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, pues dada la etapa procesal en la que se encuentra el procedimiento penal de origen el Agente del Ministerio Público responsable no puede considerarse como autoridad responsable para efectos del amparo, como se vera a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, y el diverso 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades que no pueden ser consideradas como responsables para efectos del amparo. En el caso concreto, la parte quejosa reclama el acuerdo ministerial de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, atribuible a la representación social dentro de la carpeta de investigación ** que dio origen a la carpeta administrativa 118/2020, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, misma que se encuentra en etapa intermedia, como lo manifiesta el propio quejoso, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo y escrito de desahogo de prevención. Luego, si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación de los delitos, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que se judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal parte, como lo establece el artículo 105 del Código Procedimental en comento, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Apoya lo anterior la tesis I.8o.P.23 P (10a.) del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 67, Junio de 2019, Tomo VI, visible a página 5285, con número de registro 2020129, de rubro y texto siguientes: MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional. En ese sentido, los actos reclamados al Agente del Ministerio Público responsable durante la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, no pueden catalogarse como actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. Incluso el numeral 211 del propio código, dispone que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: i de investigación, que a su vez de divide en inicial y complementaria, ii intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y iii la de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme. De esa forma, el procedimiento penal acusatorio se diferencia por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí; por lo que dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 Constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de Control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. Por ende, durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, pues se reitera, es el Juez de Control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado la actuación del Ministerio Público sobre omisión o dilación en llevar a cabo actos tendentes al desahogo de una prueba propuesta por el imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por encontrarse en un plano de igualdad. De ahí que la demanda de amparo sea improcedente. Apoya lo anterior la tesis V.2o.P.A.19 P 10a. sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, visible a página 2171, de contenido siguiente: ABSTENCIONES, OMISIONES O DILACIONES ATRIBUIDAS AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. NO CONSTITUYEN ACTOS DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Del artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos fundamentales. Así, cuando el imputado reclama al Ministerio Público abstenciones, omisiones o dilaciones durante la etapa de investigación complementaria en el proceso penal acusatorio, esos actos no pueden catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues su actuación se encuentra ceñida a la autorización y dirección del Juez de control. Al tomar en cuenta que del artículo 105, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte son: el imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Luego, el numeral 211 del propio código, dispone que el proceso penal acusatorio comprende las siguientes etapas: 1. De investigación: a) inicial y b) complementaria, 2. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y 3. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento; y que el proceso dará inicio con la audiencia inicial y terminará con la sentencia firme, procedimiento que se decanta por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. Bajo ese contexto, dentro del procedimiento acusatorio pueden distinguirse al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el Juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del Juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral y, finalmente, c) la realización del juicio, donde un Juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad o no del acusado. La etapa de investigación, particularmente tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado, misma que deberá iniciar con una denuncia, querella u otro requisito equivalente y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía, actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Así, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Por ello, de la etapa de investigación inicial hasta el momento de formular imputación, el Ministerio Público reviste el carácter de autoridad, pero posteriormente, dentro de la etapa de investigación complementaria, el representante social pierde ese carácter, pues quien tiene la dirección del procedimiento es el Juez de control, a cuya disposición se encuentra el imputado; es decir, el Ministerio Público se convierte en parte en el proceso penal y carece de atribuciones para seguir actuando motu proprio como autoridad, salvo los actos materiales de investigación que el código señalado establece puede realizar sin autorización judicial, en términos de su artículo 251. En ese sentido, es válido afirmar que durante la fase de investigación complementaria no puede atribuirse al Ministerio Público el carácter de autoridad, en relación con las abstenciones, omisiones o dilaciones en que eventualmente pudiera incurrir, en virtud de que respecto al desarrollo temporal de la fase mencionada, se encuentra en un plano de igualdad con relación al imputado, dado que en términos de los artículos 321, 322, 323 y 333 del código referido es el Juez de control, a cuyo cargo se encuentra la determinación del plazo de inicio, el otorgamiento de prórrogas, la conclusión e, incluso, la reapertura de la fase correspondiente. Lo anterior significa que si se señala como acto reclamado al Ministerio Público la omisión o dilación en llevar a cabo los actos tendentes al desahogo de una prueba propuesta por el imputado durante la fase de investigación complementaria, ese acto no debe catalogarse como de autoridad para los efectos del juicio dE amparo. En esas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia establecidas en párrafos que anteceden, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por la parte quejosa, contra los actos y autoridades ya precisados. Y toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ixtlahuaca, Estado de México, con fundamento en los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción a efecto de notificar personalmente al quejoso la presente determinación. Facultándose al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del ordinal 21, párrafo tercero, de la ley que rige de procedimiento. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal.

  4. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, a través del cual ** pretende desahogar la prevención decretada en proveído de fecha veinte de abril del presente año; lo anterior es así ya que, del ocurso de cuenta, se advierte que el promovente en su escrito aclaratorio sigue siendo impreciso respecto de la fecha en que se emitió el acuerdo del que se duele por la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Agencia Especializada en la Investigación de Delitos de Robo de Vehículos en el Área de Litigación, dentro de la carpeta de investigación TOL/FRV/FRV/107/119686/20/05, pues si bien es cierto, manifiesta que fue en fecha veintinueve de marzo, más no refiere de que anualidad, lo cual se considera un elemento esencial de la demanda de amparo, y así, este Juzgador poder estar en aras de pronunciarse respecto a la admisión o desechamiento del presente sumario intentado. En ese sentido, en virtud de que se aprecia que el quejoso no está siendo exacto en su cumplimiento a la prevención a la que fue conminado; por lo anterior, subsistente la prevención decretada en auto de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno. Se precisa a la parte quejosa que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de cinco días, en virtud de que no le ha transcurrido término alguno, dado que no ha sido notificado aún del requerimiento. Además, se le reitera que el escrito aclaratorio que presente deberá hacerlo junto con las copias para cada una de las partes; asimismo, se apercibe a la parte quejosa que para el caso de no desahogar en sus términos el requerimiento antes precisado, se les hará efectivo el apercibimiento con el cual se le conminó en el auto de prevención y, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.), que aprobó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de dos mil doce, Décima Época, con número de registro 2000702, que establece: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo.". Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Ixtlahuaca, Estado de México, con fundamento en los artículos 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y lo establecido en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, Estado de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a uno de los fedatarios de su adscripción a efecto de notificar personalmente al ** la presente determinación, y lo requiera en los términos precisados anteriormente. Facultándose al Juez exhortante para que desahogue todas aquellas diligencias que sean necesarias a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, incluso habilitar días y horas, en término del último párrafo del ordinal 21, párrafo tercero, de la ley que rige de procedimiento. Hecho lo anterior, se sirva devolverlo a este Juzgado Federal.

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