Ángel Lavariega Gabriel
Expediente 234/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 234/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ángel Lavariega Gabriel
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el quejoso ********, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, dentro del plazo ... se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales correspondientes. .. archívese este expediente como asunto totalmente concluido. .. Notifíquese.
- Principal
RADICACIÓN DE LA DEMANDA Con la demanda de amparo presentada por ********, contra actos del Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Oaxaca, que hace consistir en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: Los cobros desiguales, injusto y excesivos que hacen a comuneros por cualquier trámite a realizar" (sic) ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 234/2023. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. ...En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. DESECHAMIENTO Ahora bien, se advierte que respecto de los actos atribuidos al Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Oaxaca (los cobros desiguales, injustos y excesivos para realizar trámites), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, debido a que no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, por los motivos legales que en seguida se expondrán. El arábigo 113 de la normativa de la materia establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Efectivamente, el ordinal transcrito, impone la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable improcedencia, desecharla de plano, sobre la base de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causal de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Por otra parte, el precepto 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la legislación aplicable, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, del precepto inserto en segundo orden se advierte que el juicio de protección de los derechos fundamentales tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, del dispositivo 5, fracción II, de la ley de la materia se desprende que la autoridad responsable será parte en el juicio constitucional y que tendrá tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La norma citada también establece que para los efectos de la ley de la materia, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de un ente público, que afecten derechos en los términos que ese ordinal dispone y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El análisis sistemático de los preceptos citados pone de relieve que el acto de autoridad constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio constitucional. En otro punto, es necesario señalar que el Alto Tribunal de la Nación ha establecido que una autoridad para los efectos del juicio de amparo será el ente de hecho o de derecho que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni requerir del consenso de la voluntad del afectado; en ese contexto, la Superioridad puntualizó que una autoridad será la que ejerza facultades decisorias que le son atribuidas por la ley y, por ende, que constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. ..Por otro lado, resulta oportuno establecer las bases para distinguir un acto de autoridad y en ese sentido es necesario acudir a la clasificación que la teoría general del derecho ha realizado respecto de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un plano similar, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí se han creado por la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, laboral y agrario en ciertos supuestos. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deberán acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas pactadas por ellas o las contempladas por la legislación aplicable; en ese contexto, ambas partes se encuentran en un nivel equivalente, lo que refleja la existencia de una bilateralidad en el funcionamiento de tales relaciones. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre los gobernantes y los gobernados en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por eso el Pacto Supremo establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, las cuales también se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, en este último rubro se encuentran las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el dispositivo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. Desde esa perspectiva, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. ..De acuerdo con lo anterior para que el acto de un órgano estatal sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación, es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. En otro aspecto, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y su eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce, es decir, su génesis sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras, si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio de protección de los derechos fundamentales, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características señaladas en los párrafos precedentes. En ese sentido es necesario atender a la naturaleza del acto que se impugna para determinar si proviene o no de una autoridad o de un particular con carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio constitucional. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Federal; y, 22, 23, 32, 33, 36, 99 y 107 de la Ley Agraria, los cuales disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 27. [.] VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas [.] La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. [.]". Ley Agraria en vigor. "Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El comisariado ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La asamblea revisará los asientos que el comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo". "Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; División del ejido o su fusión con otros ejidos; Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 32. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente". "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 36. Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido". "Artículo 99. Los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad son: La personalidad jurídica del núcleo de población y su propiedad sobre la tierra; La existencia del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de la asamblea de comuneros en los términos que establezca el estatuto comunal y la costumbre; La protección especial a las tierras comunales que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, salvo que se aporten a una sociedad en los términos del artículo 100 de esta ley; y Los derechos y las obligaciones de los comuneros conforme a la ley y el estatuto comunal". "Artículo 107. Son aplicables a las comunidades todas las disposiciones que para los ejidos prevé esta ley, en lo que no contravengan lo dispuesto en este Capítulo". De los numerales transcritos se desprende que constitucionalmente se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales, cuyo órgano supremo es la Asamblea General, con la organización y funciones que señale la ley; cuáles son sus facultades; que el Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, su constitución, facultades y obligaciones; cuáles son las facultades y obligaciones del Consejo de Vigilancia; los efectos jurídicos del reconocimiento de la comunidad; y las disposiciones que le son aplicables. De ahí, que los actos del Comisariado Ejidal de un núcleo agrario no puedan considerarse como de autoridad para los efectos del amparo, toda vez que ninguno de los normativos transcritos les otorga la facultad de imperio, sino se encuentran en una relación de coordinación; lo que se corrobora con el numeral 21 de la legislación agraria, que dispone: "Artículo 21.- Son órganos de los ejidos: La asamblea; El comisariado ejidal; y El consejo de vigilancia". De la norma inserta se obtiene que la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia son órganos del ejido, esto es, no son órganos del Estado; por tanto, al no ser los ejidos entes estatales, sus autoridades no lo son para efectos del juicio de amparo. Máxime que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Agraria, la Asamblea y Comisariado Ejidales no podrían ser considerados en estricto sentido autoridades del Estado, pues desde su iniciativa de diez de febrero de mil novecientos noventa y dos, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se les perfiló no como "autoridades", sino como órganos de representación y ejecución del ejido, en los términos siguientes: "[.] El ejido y los ejidatarios. Los núcleos de población ejidal y comunal demandan autonomía y libertad. Por ello, la transferencia de funciones a los campesinos es un objetivo de la transformación institucional que persigue la iniciativa. En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. La asamblea general, compuesta por todos los ejidatarios del núcleo de población, es el órgano supremo del ejido. Le corresponde decidir sobre las cuestiones de mayor importancia para el núcleo de población, fijándose los requisitos y formalidades para su instalación y para el ejercicio de su facultad de resolución en casos especiales. El comisariado ejidal será el responsable de la representación legal del núcleo y de la administración de sus bienes, mientras el consejo de vigilancia verificará su correcto ejercicio administrativo. La existencia de estos órganos no menoscaba la capacidad de la asamblea para designar otros que tengan por finalidad el mejor aprovechamiento y administración de los recursos del ejido. [.]". En ese contexto, se advierte que el Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Oaxaca, no es autoridad para efectos del juicio de amparo y tampoco son particulares cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad. Al respecto, los artículos 23 y 27 de la Ley Agraria, de los cuales el primero se transcribió previamente, y el segundo establece: "Artículo 27. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones VII a XIV del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de dos terceras partes de los asistentes a la asamblea." De tales numerales se desprende que la asamblea, como órgano supremo del ejido, tiene facultades relacionadas con la administración, modificación, distribución y terminación del ejido, así como al reconocimiento, separación de ejidatarios y lo concerniente a la regularización de los posesionarios; facultades que solo inciden al interior del ejido, por lo que son de índole netamente decisoria, en oposición a las ejecutivas; por ello, la Ley Agraria dispuso un órgano ejecutivo del ejido, encargado de la representación y gestión administrativa del núcleo de población ejidal, así como de la ejecución de las decisiones de la asamblea, este es, el Comisariado Ejidal; asimismo, que las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias tanto para los ausentes como para los disidentes, de igual manera, que en caso de empate, el Presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Así, de la Ley Agraria no se advierte que el Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Oaxaca, cuente con facultades para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, pues para ello, la propia ley establece los procedimientos para controvertir esas decisiones ante el Tribunal Agrario respectivo. Consecuentemente, los actos reclamados al Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Oaxaca, carecen de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, pues no son equivalentes al acto de una autoridad; por ello, no se puede considerar "acto de particulares equivalente a los de autoridad". Aunado a lo anterior, los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracción VI, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, disponen: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. [.] VI.- De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; [.]". Numerales de los que se desprende que la finalidad de los juicios agrarios es resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la propia ley; asimismo, que los tribunales en tal materia, conocerán de controversias entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población, entre otras hipótesis. De ahí, la relación que se da entre la parte quejosa con el Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Oaxaca, respecto de los cobros desiguales, injustos y excesivos para realizar trámites, es de coordinación y para su solución se instituyó un procedimiento jurisdiccional, como lo es el juicio agrario, por lo que los actos que el quejoso pretende que se analice en esta vía debe demandarlos ante el Tribunal Agrario respectivo, donde podrá reclamar, hacer valer y probar lo que a su interés convenga, en un juicio en que se respetarán las formalidades esenciales del procedimiento. Entonces, Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Oaxaca, en sus relaciones con el posesionario de tierras ejidales, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que se concluye que no son autoridades y tampoco particulares equivalentes a una autoridad para efectos del juicio de amparo. Luego, en contra de los actos reclamados a los entes públicos responsables no es procedente el juicio de amparo indirecto. En esos términos, se evidencia que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de ese ordenamiento; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente. En consecuencia, al patentizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de ese ordenamiento, en cuanto a los actos reclamados al Comisariado de los Bienes Comunales de Santa María Huatulco, Oaxaca, consistentes en los cobros desiguales, injustos y excesivos para realizar trámites, se desecha de plano la demanda, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta, con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, a la persona que menciona en su escrito de demanda, por así haberlo solicitado el quejoso, y para ello la Ley de Amparo no exige que dichas personas se encuentren facultadas para ejercer la profesión de abogado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL EXPEDIENTE En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, de conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se faculta al secretario de este Juzgado en turno para que firme de manera electrónica los oficios y comunicaciones oficiales que se emitan en cumplimiento a lo ordenado en este proveído y de las subsecuentes actuaciones dictadas en el presente asunto durante el periodo citado, o bien, en caso de que así se requiera lo haga de manera autógrafa, previa validación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) por parte del suscrito. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En atención a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones que hayan sido presentadas de manera física, para su debida integración en el expediente electrónico y, únicamente deberán imprimirse los documentos digitales e incorporarse al expediente físico lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, por lo que se instruye al Secretario de Juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización, de las promociones documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo en los términos ya indicados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.
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